La Audiencia de Valencia ha desestimado los recursos de apelación Francis Puig, hermano del expresidente autonómico Ximo Puig, y el empresario Juan Enrique Adell Bover, contra el auto en el que el juez de instrucción los procesó.Por tanto, y tras la apertura de juicio oral el pasado octubre, ambos se sentarán en el banquillo acusados de presunta falsedad en documento mercantil y estafa agravada en las ayudas de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña que recibieron las productoras que administraban para el fomento del valenciano y el catalán en medios de comunicación.Unos hechos que se remontan al periodo entre 2015 y 2018, cuando el socialista Ximo Puig presidía el Gobierno autonómico. No obstante, el Ejecutivo catalán remitió un escrito al juzgado en noviembre -un mes después de abrirse el juicio oral- indicando que no tenía constancia de «ningún perjuicio», por lo que no ejercería ninguna acción en el procedimiento.La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat Valenciana reclaman cuatro años de cárcel para Puig y tres para Adell Bover; mientras el PP -que denunció los hechos en 2019- pide hasta once años de prisión para el primero.Los dos procesados aludían en sus escritos a que habían sufrido «una evidente indefensión» durante la investigación porque no habían podido proponer diligencias en base al delito de estafa, al centrarse la causa en el de subvenciones, descartado después al no alcanzarse el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los ejercicios analizados. Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial rechazan, en un auto al que ha tenido acceso ABC, esos argumentos y recuerdan que la instrucción se sustenta en los hechos imputados -que los afectados han conocido desde el primer momento- y no en la calificación posterior de los mismos: «No se han introducido nuevos hechos punibles, ni se ha modificado el objeto del proceso».En ese sentido, señalan la «cercanía jurídica» entre la estafa y el fraude de subvenciones y avalan el trabajo realizado por el juez instructor: «El auto recurrido -el de apertura de procedimiento abreviado del 28 de enero de 2025- contiene un relato de hechos muy descriptivo y detallado de los hechos punibles, así como de la identidad de las personas que aparecen presuntamente implicadas en los mismos». No pueden pronunciarse, añaden, sobre el escrito de la Generalitat de Catalunya, pues sólo pueden hacerlo en referencia al auto recurrido.Las mercantiles a cargo del hermano del ex líder del PSPV-PSOE, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, habrían obtenido 33.842,48 y 9.397 euros, respectivamente. Por su parte, Canal Maestrat -dirigida por su socio- habría percibido 24.264,65 euros sin justificación. La Audiencia de Valencia ha desestimado los recursos de apelación Francis Puig, hermano del expresidente autonómico Ximo Puig, y el empresario Juan Enrique Adell Bover, contra el auto en el que el juez de instrucción los procesó.Por tanto, y tras la apertura de juicio oral el pasado octubre, ambos se sentarán en el banquillo acusados de presunta falsedad en documento mercantil y estafa agravada en las ayudas de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña que recibieron las productoras que administraban para el fomento del valenciano y el catalán en medios de comunicación.Unos hechos que se remontan al periodo entre 2015 y 2018, cuando el socialista Ximo Puig presidía el Gobierno autonómico. No obstante, el Ejecutivo catalán remitió un escrito al juzgado en noviembre -un mes después de abrirse el juicio oral- indicando que no tenía constancia de «ningún perjuicio», por lo que no ejercería ninguna acción en el procedimiento.La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat Valenciana reclaman cuatro años de cárcel para Puig y tres para Adell Bover; mientras el PP -que denunció los hechos en 2019- pide hasta once años de prisión para el primero.Los dos procesados aludían en sus escritos a que habían sufrido «una evidente indefensión» durante la investigación porque no habían podido proponer diligencias en base al delito de estafa, al centrarse la causa en el de subvenciones, descartado después al no alcanzarse el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los ejercicios analizados. Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial rechazan, en un auto al que ha tenido acceso ABC, esos argumentos y recuerdan que la instrucción se sustenta en los hechos imputados -que los afectados han conocido desde el primer momento- y no en la calificación posterior de los mismos: «No se han introducido nuevos hechos punibles, ni se ha modificado el objeto del proceso».En ese sentido, señalan la «cercanía jurídica» entre la estafa y el fraude de subvenciones y avalan el trabajo realizado por el juez instructor: «El auto recurrido -el de apertura de procedimiento abreviado del 28 de enero de 2025- contiene un relato de hechos muy descriptivo y detallado de los hechos punibles, así como de la identidad de las personas que aparecen presuntamente implicadas en los mismos». No pueden pronunciarse, añaden, sobre el escrito de la Generalitat de Catalunya, pues sólo pueden hacerlo en referencia al auto recurrido.Las mercantiles a cargo del hermano del ex líder del PSPV-PSOE, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, habrían obtenido 33.842,48 y 9.397 euros, respectivamente. Por su parte, Canal Maestrat -dirigida por su socio- habría percibido 24.264,65 euros sin justificación.
La Audiencia de Valencia ha desestimado los recursos de apelación Francis Puig, hermano del expresidente autonómico Ximo Puig, y el empresario Juan Enrique Adell Bover, contra el auto en el que el juez de instrucción los procesó.
Por tanto, y tras la apertura de juicio … oral el pasado octubre, ambos se sentarán en el banquillo acusados de presunta falsedad en documento mercantil y estafa agravada en las ayudas de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña que recibieron las productoras que administraban para el fomento del valenciano y el catalán en medios de comunicación.
Unos hechos que se remontan al periodo entre 2015 y 2018, cuando el socialista Ximo Puig presidía el Gobierno autonómico. El PP reclama hasta 11 años de cárcel.
El titular del antiguo Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia fijó fianzas de 147.589,29 euros para Francis Puig y de 99.614,33 euros para Juan Enrique Adell Bover. En caso de no abonarlas, se procederá al embargo de bienes o se requerirá a las sociedades implicadas -las productoras audiovisuales Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat- que respondan por los importes exigidos.
El juez excluyó expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019, como norma más beneficiosa para los reos, al establecer que la defraudación de las subvenciones debía ser superior a los 120.000 euros.
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