El plazo medio de pago de las administraciones públicas aumentó hasta los 70 días cuando el plazo legal máximo se sitúa en 30 Leer El plazo medio de pago de las administraciones públicas aumentó hasta los 70 días cuando el plazo legal máximo se sitúa en 30 Leer
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Las administraciones públicas españolas aumentaron el año pasado tres días el plazo de pago medio a sus proveedores, que ya duplica el máximo legal y se sitúa en 70 días. Eso sí, no todas la Administración tarda lo mismo en realizar sus pagos. De hecho, Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha defendido que la administración central y las administraciones autonómicas «pagan bien», el problema está en los ayuntamientos: más de la mitad de los encuestados por la plataforma expresan que las administraciones locales son las que más tardan en pagar.
Pese a que estas sean las identificadas como las más tardías, los plazos medios de pago del ente público (administración general, regional y local) rebasan en su gran mayoría lo establecido legalmente, así lo confirma más del 80% de las empresas consultadas.
La plataforma también ha avisado de que algunas administraciones públicas maquillan sus plazos medios de pago retrasando la entrada de facturas en el sistema electrónico oficial, es decir, la compra de productos o servicios a empresas se realiza mucho antes de que la factura «cuente» para el Estado.
Cañete, que también preside la patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec, ha expresado su preocupación por el ratio de impagados en 2025: un 3,3%. En comparación al anterior año se ha producido una gran bajada, ya que se situaba en el 5,2%, pero desde la plataforma indican que esta cifra es peligrosa y que habría que disminuirla, al menos, hasta el 2,5%, y más en un contexto de incertidumbre geopolítica e inflación, que disminuye los márgenes de las empresas.
La plataforma también ha expresado que el 85% de las empresas encuestadas afirman que las grandes compañías (más de 250 trabajadores y 50 millones de facturación anual) supera el plazo legal de pago, que es de 60 días, en 2025. Una cifra que contrasta con el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas: «Las pymes están pagando incluso muy por debajo de los 60 días», explica Cañete: solo el 13% de los encuestados identifican a pymes y autónomos como los que más tardaron en pagar en 2025.
Pero el flujo de dinero en sentido contrario se produce con más problemas. Solo el 15% las grandes empresas pagan dentro del plazo a las pymes. Esta diferencia provoca que el tejido de las entidades con pocos trabajadores y facturación anual acabe financiando a otras compañías gigantes en esos apartados, como explica Cañete: «En el momento que hay inflación y el precio del dinero tiene intereses, pagar tarde significa financiarte a través de tu proveedor a coste cero porque te ahorras la inflación y te ahorras los intereses de demora».
Pero no solo eso, sino que estos gigantes empresariales, que son los que en muchas ocasiones se llevan los grandes contratos públicos, duplican o incluso triplican los plazos legales de pago a las empresas más pequeñas que subcontratan. Por eso, lo que la plataforma propone, es que sean las propias administraciones públicas las que realicen el pago directamente a las empresas subcontratadas, para evitar que una obra pública que se ha pagado en forma y tiempo, acabe generando falta de liquidez a las pymes que participan en ella.
Además, la plataforma también ha expresado que el 60% de sus encuestados han tenido en 2025 acuerdos comerciales que exigen plazos de pagos superiores a los 60 días, algo que es ilegal. A todo esto se suma que las pymes se niegan a exigir los intereses de demora para no perder clientes.
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