Garamendi convoca a las organizaciones territoriales y sectoriales a una reunión de coordinación para hacer seguimiento de participación e incidencias Leer Garamendi convoca a las organizaciones territoriales y sectoriales a una reunión de coordinación para hacer seguimiento de participación e incidencias Leer
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La CEOE ha decidido finalmente no impugnar la huelga general por la vivienda impulsada por CCOO y UGT, pero eso no significa que los empresarios se pongan de perfil ante esta inusual convocatoria. La patronal no descarta emprender acciones legales tras el 11 de noviembre, en función de cómo se desarrollen los paros. Y para vigilar el transcurso de la jornada en las empresas Antonio Garamendi ha movilizado a todas las patronales territoriales y sectoriales, para coordinar el seguimiento y disponer de información en tiempo real sobre posibles irregularidades.
Las organizaciones se reunirán el próximo martes para conformar un equipo específico para el seguimiento de la huelga, tal y como explican a este medio fuentes al tanto del objetivo del encuentro. Como es habitual ante este tipo de convocatorias, la patronal nacional coordinará a todos los territorios y sectores. El objetivo es recabar toda la información posible de lo que sucede aguas abajo en el tejido productivo durante la jornada del 11-N.
Se activarán distintos mecanismos de coordinación para recopilar información sobre paros de actividad, dificultades de acceso a centros de trabajo, piquetes o interrupciones de suministros. También se recabarán datos de participación para medir el impacto de la huelga en las empresas asociadas y poder elaborar balances por sectores y territorios. Asimismo, se ofrecerá asesoramiento jurídico a las compañías sobre el derecho de huelga de los trabajadores y las obligaciones empresariales.
Sobre este último punto, algunas organizaciones territoriales ya han elaborado sus propias guías para empresas, como CEOE Valladolid, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) o la Federación de Empresas de La Rioja (FER). Además de instrucciones para empresas y trabajadores, estas patronales también han habilitado canales específicos para que sus asociados puedan comunicar incidencias y datos de participación durante la jornada. La patronal vallisoletana, por ejemplo, prevé emplear la información recopilada en ese canal para valorar la repercusión en la actividad de la provincia y visibilizar las dificultades de quienes decidan acudir a sus puestos o mantener abiertos sus negocios.
En su guía, la patronal riojana recomienda expresamente documentar las incidencias para disponer de pruebas ante eventuales reclamaciones y registrar impedimentos de acceso, actuaciones de piquetes, coacciones, daños e incumplimientos de servicios mínimos. E incluso aconseja conservar fotografías, grabaciones y testimonios obtenidos legalmente. La FELE, por su parte, indica que centralizará la información que reciba de las empresas para medir el impacto de la convocatoria y detectar problemas en los centros de trabajo.
Son los mecanismos habituales de seguimiento de una convocatoria de huelga, pero en esta ocasión cobran especial relevancia porque, aunque la CEOE ha optado por no recurrir legalmente la huelga, los empresarios no descartan actuaciones posteriores al 11-N. La patronal vigilará el impacto de la convocatoria en términos de «coste» para las empresas, para después «tomar las medidas que correspondan», explican fuentes del equipo de Garamendi que resumen la estrategia: «ver primero lo que sucede y actuar en consecuencia».
Es el nuevo planteamiento, una vez descartado el recurso judicial contra la convocatoria. Este mismo lunes Garamendi anunciaba que la CEOE impugnaría la huelga por considerarla ilegal, al no surgir de un conflicto laboral y convocarse en precampaña electoral. Pero a última hora del jueves la patronal informaba de que finalmente no recurriría. Fuentes de la cúpula de la organización empresarial revelan que en esos tres días el presidente consultó con los servicios jurídicos y también valoró las distintas opciones con su núcleo duro. Finalmente optó por esperar.
La CEOE no denuncia ahora por varios motivos. El principal es que son conscientes de que los tribunales hubieran tumbado la impugnación y de que, en todo caso, la sentencia de resolución no hubiera estado antes del 11 de noviembre. Pero al mismo tiempo la CEOE no quiere ponerse en el foco. El argumento empresarial es que esta huelga va contra el Gobierno por sus políticas fallidas en materia de vivienda y ahí quieren situar el marco.
En los sindicatos ven el giro de guion respecto a la impugnación con cierta sorpresa. «Dijeron desde el principio que esta huelga era ilegal, ¿por qué no la denuncian?», reflexionan en la cúpula de una de las centrales sindicales. Lo cierto es que ni en CCOO ni en UGT ha habido preocupación por un posible recurso de los empresarios, ya que en la convocatoria de huelga han hilado fino la reivindicación por el derecho a la vivienda y su vinculación con el poder adquisitivo y con la exigencia de subidas salariales a la CEOE.
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