En agosto, como cada año, la Audiencia Nacional viví un mes de inusitada tranquilidad, solo alterada por la investigación abierta por la crisis en Ceuta. No acostumbra este tribunal a la calma, ni siquiera en un mes inhábil en la Justicia, donde solo se tramitan procedimientos urgentes. Fuera de los focos que han acaparado este año el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o la fontanera del PSOE, Leire Díez, hay asuntos que encontrarán su final tras años de travesía judicial. El tribunal, que ha clamado en las últimas fechas por el posible colapso ante la falta de personal, afrontará el periodo estival con deberes en forma de sentencias. Hace ya más de 17 años, cuando Mariano Rajoy afrontaba su segundo año de mandato, España se sorprendía con el estallido del caso Gürtel y, en concreto, con la detención del empresario que dio nombre —por la traducción al alemán de su apellido—, Francisco Correa. La causa, que comenzó a gestarse en 2007 tras la denuncia del exconcejal del PP José Luis Peñas, comenzaba entonces un periodo infinito de declaraciones, revelaciones y juicios.Las grabaciones de Peñas, indultado en 2024, pusieron al descubierto los cimientos de la corrupción en España, una trama que se lucró gracias a adjudicaciones de obras públicas y grandes eventos. El procedimiento, que por momentos pareció inabarcable, languidece ya en la Audiencia Nacional, pendiente de dictar la última sentencia relacionada con la causa.Fue a finales del pasado año cuando el tribunal declaró el visto para sentencia tras varias semanas en las que se juzgó la estructura utilizada por los implicados en el caso para blanquear dinero. La mayoría de los acusados, incluidos los principales cabecillas del caso, reconocieron los delitos que se les imputaban, una dinámica que ya venían repitiendo desde hacía varios años. Gürtel pasará a la historia de la Audiencia Nacional como uno de los gigantes que sufrió la falta de medios y se vio abocado a una instrucción por momentos interminable. Esta última vista oral, la duodécima celebrada en el procedimiento, no traerá consigo grandes sorpresas, pero sí cerrará de forma definitiva una causa que, hasta la fecha, ha dejado hasta el momento al menos 94 condenados.Jordi Pujol, de 96 años de edad, fue eximido del juicio justo antes de que comenzase por su estado cognitivoLa Sala de lo Penal también tiene en su lista de fallos pendientes el relativo al clan de los Pujol, encabezado por el hombre que presidió la Generalitat de Cataluña durante 23 años. Sin embargo, el tribunal decidió antes del inicio de la vista oral eximir a Jordi Pujol i Soley, de 96 años, del juicio tras ser examinado por los forenses, que concluyeron que había sufrido un deterioro cognitivo severo.Caso PujolFue en julio de 2014 cuando el exdirigente catalán emitió un comunicado en el que reconoció que su familia tuvo durante décadas dinero sin declarar en el extranjero, una fortuna que procedería de su padre, Florenci, y que no habría regularizado porque no habría encontrado el momento adecuado para hacerlo. Por aquel entonces, la Audiencia Nacional ya llevaba dos años investigándole.El juez José de la Mata concluyó la instrucción en 2020, pero el juicio no arrancó hasta noviembre de 2025. El mismo quedó visto para sentencia el pasado 14 de mayo tras seis meses y, pese a la no presencia del patriarca, el tribunal debe decidir el sino de los siete hijos del expresidente, que se enfrentan a penas de entre 8 y 29 años de cárcel por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.La Fiscalía Anticorrupción considera que los siete hijos de Pujol, una expareja del primogénito y una decena de acusados más habrían formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.El abogado de Puigdemont afronta más de 9 años de cárcel por su presunta implicación en la operación MitoLa Audiencia Nacional afronta su segundo verano pendiente de dictar la sentencia por la operación Mito, la macrocausa que tiene como protagonista a José Ramón Prado Bugallo, el todopoderoso narco gallego Sito Miñanco. Se trata de un caso especialmente sangrante, en tanto que la vista oral arrancó en noviembre de 2024 y, pese a concluir en marzo de 2025, todavía está a la espera del fallo. El procedimiento tiene especial interés no solo por su historia de película —el transporte en buques de cargamentos de cocaína a España y el blanqueo de sus beneficios—, sino porque en el banquillo de los acusados se sentó el actual abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. El letrado, en concreto, está señalado por haber participado supuestamente en una operación de blanqueo para tratar de recuperar 890.000 euros que fueron incautados en Barajas y que, según los investigadores, pertenecía a la red del ‘narco’ gallego. La Fiscalía Antidroga pide para Sito Miñanco 31 años y 6 meses de cárcel, y una multa de nada menos que 950 millones de euros. Boye, por su parte, se enfrenta a 9 años y 9 meses de prisión más una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial. En agosto, como cada año, la Audiencia Nacional viví un mes de inusitada tranquilidad, solo alterada por la investigación abierta por la crisis en Ceuta. No acostumbra este tribunal a la calma, ni siquiera en un mes inhábil en la Justicia, donde solo se tramitan procedimientos urgentes. Fuera de los focos que han acaparado este año el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o la fontanera del PSOE, Leire Díez, hay asuntos que encontrarán su final tras años de travesía judicial. El tribunal, que ha clamado en las últimas fechas por el posible colapso ante la falta de personal, afrontará el periodo estival con deberes en forma de sentencias. Hace ya más de 17 años, cuando Mariano Rajoy afrontaba su segundo año de mandato, España se sorprendía con el estallido del caso Gürtel y, en concreto, con la detención del empresario que dio nombre —por la traducción al alemán de su apellido—, Francisco Correa. La causa, que comenzó a gestarse en 2007 tras la denuncia del exconcejal del PP José Luis Peñas, comenzaba entonces un periodo infinito de declaraciones, revelaciones y juicios.Las grabaciones de Peñas, indultado en 2024, pusieron al descubierto los cimientos de la corrupción en España, una trama que se lucró gracias a adjudicaciones de obras públicas y grandes eventos. El procedimiento, que por momentos pareció inabarcable, languidece ya en la Audiencia Nacional, pendiente de dictar la última sentencia relacionada con la causa.Fue a finales del pasado año cuando el tribunal declaró el visto para sentencia tras varias semanas en las que se juzgó la estructura utilizada por los implicados en el caso para blanquear dinero. La mayoría de los acusados, incluidos los principales cabecillas del caso, reconocieron los delitos que se les imputaban, una dinámica que ya venían repitiendo desde hacía varios años. Gürtel pasará a la historia de la Audiencia Nacional como uno de los gigantes que sufrió la falta de medios y se vio abocado a una instrucción por momentos interminable. Esta última vista oral, la duodécima celebrada en el procedimiento, no traerá consigo grandes sorpresas, pero sí cerrará de forma definitiva una causa que, hasta la fecha, ha dejado hasta el momento al menos 94 condenados.Jordi Pujol, de 96 años de edad, fue eximido del juicio justo antes de que comenzase por su estado cognitivoLa Sala de lo Penal también tiene en su lista de fallos pendientes el relativo al clan de los Pujol, encabezado por el hombre que presidió la Generalitat de Cataluña durante 23 años. Sin embargo, el tribunal decidió antes del inicio de la vista oral eximir a Jordi Pujol i Soley, de 96 años, del juicio tras ser examinado por los forenses, que concluyeron que había sufrido un deterioro cognitivo severo.Caso PujolFue en julio de 2014 cuando el exdirigente catalán emitió un comunicado en el que reconoció que su familia tuvo durante décadas dinero sin declarar en el extranjero, una fortuna que procedería de su padre, Florenci, y que no habría regularizado porque no habría encontrado el momento adecuado para hacerlo. Por aquel entonces, la Audiencia Nacional ya llevaba dos años investigándole.El juez José de la Mata concluyó la instrucción en 2020, pero el juicio no arrancó hasta noviembre de 2025. El mismo quedó visto para sentencia el pasado 14 de mayo tras seis meses y, pese a la no presencia del patriarca, el tribunal debe decidir el sino de los siete hijos del expresidente, que se enfrentan a penas de entre 8 y 29 años de cárcel por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.La Fiscalía Anticorrupción considera que los siete hijos de Pujol, una expareja del primogénito y una decena de acusados más habrían formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.El abogado de Puigdemont afronta más de 9 años de cárcel por su presunta implicación en la operación MitoLa Audiencia Nacional afronta su segundo verano pendiente de dictar la sentencia por la operación Mito, la macrocausa que tiene como protagonista a José Ramón Prado Bugallo, el todopoderoso narco gallego Sito Miñanco. Se trata de un caso especialmente sangrante, en tanto que la vista oral arrancó en noviembre de 2024 y, pese a concluir en marzo de 2025, todavía está a la espera del fallo. El procedimiento tiene especial interés no solo por su historia de película —el transporte en buques de cargamentos de cocaína a España y el blanqueo de sus beneficios—, sino porque en el banquillo de los acusados se sentó el actual abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. El letrado, en concreto, está señalado por haber participado supuestamente en una operación de blanqueo para tratar de recuperar 890.000 euros que fueron incautados en Barajas y que, según los investigadores, pertenecía a la red del ‘narco’ gallego. La Fiscalía Antidroga pide para Sito Miñanco 31 años y 6 meses de cárcel, y una multa de nada menos que 950 millones de euros. Boye, por su parte, se enfrenta a 9 años y 9 meses de prisión más una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.
En agosto, como cada año, la Audiencia Nacional viví un mes de inusitada tranquilidad, solo alterada por la investigación abierta por la crisis en Ceuta. No acostumbra este tribunal a la calma, ni siquiera en un mes inhábil en la Justicia, donde solo se … tramitan procedimientos urgentes. Fuera de los focos que han acaparado este año el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o la fontanera del PSOE, Leire Díez, hay asuntos que encontrarán su final tras años de travesía judicial. El tribunal, que ha clamado en las últimas fechas por el posible colapso ante la falta de personal, afrontará el periodo estival con deberes en forma de sentencias.
Hace ya más de 17 años, cuando Mariano Rajoy afrontaba su segundo año de mandato, España se sorprendía con el estallido del caso Gürtel y, en concreto, con la detención del empresario que dio nombre —por la traducción al alemán de su apellido—, Francisco Correa. La causa, que comenzó a gestarse en 2007 tras la denuncia del exconcejal del PP José Luis Peñas, comenzaba entonces un periodo infinito de declaraciones, revelaciones y juicios.
Las grabaciones de Peñas, indultado en 2024, pusieron al descubierto los cimientos de la corrupción en España, una trama que se lucró gracias a adjudicaciones de obras públicas y grandes eventos. El procedimiento, que por momentos pareció inabarcable, languidece ya en la Audiencia Nacional, pendiente de dictar la última sentencia relacionada con la causa.
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Dijo que le ofrecieron dinero por rectificar
Fue a finales del pasado año cuando el tribunal declaró el visto para sentencia tras varias semanas en las que se juzgó la estructura utilizada por los implicados en el caso para blanquear dinero. La mayoría de los acusados, incluidos los principales cabecillas del caso, reconocieron los delitos que se les imputaban, una dinámica que ya venían repitiendo desde hacía varios años.
Gürtel pasará a la historia de la Audiencia Nacional como uno de los gigantes que sufrió la falta de medios y se vio abocado a una instrucción por momentos interminable. Esta última vista oral, la duodécima celebrada en el procedimiento, no traerá consigo grandes sorpresas, pero sí cerrará de forma definitiva una causa que, hasta la fecha, ha dejado hasta el momento al menos 94 condenados.
Jordi Pujol, de 96 años de edad, fue eximido del juicio justo antes de que comenzase por su estado cognitivo
La Sala de lo Penal también tiene en su lista de fallos pendientes el relativo al clan de los Pujol, encabezado por el hombre que presidió la Generalitat de Cataluña durante 23 años. Sin embargo, el tribunal decidió antes del inicio de la vista oral eximir a Jordi Pujol i Soley, de 96 años, del juicio tras ser examinado por los forenses, que concluyeron que había sufrido un deterioro cognitivo severo.
Caso Pujol
Fue en julio de 2014 cuando el exdirigente catalán emitió un comunicado en el que reconoció que su familia tuvo durante décadas dinero sin declarar en el extranjero, una fortuna que procedería de su padre, Florenci, y que no habría regularizado porque no habría encontrado el momento adecuado para hacerlo. Por aquel entonces, la Audiencia Nacional ya llevaba dos años investigándole.
El juez José de la Mata concluyó la instrucción en 2020, pero el juicio no arrancó hasta noviembre de 2025. El mismo quedó visto para sentencia el pasado 14 de mayo tras seis meses y, pese a la no presencia del patriarca, el tribunal debe decidir el sino de los siete hijos del expresidente, que se enfrentan a penas de entre 8 y 29 años de cárcel por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los siete hijos de Pujol, una expareja del primogénito y una decena de acusados más habrían formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
El abogado de Puigdemont afronta más de 9 años de cárcel por su presunta implicación en la operación Mito
La Audiencia Nacional afronta su segundo verano pendiente de dictar la sentencia por la operación Mito, la macrocausa que tiene como protagonista a José Ramón Prado Bugallo, el todopoderoso narco gallego Sito Miñanco. Se trata de un caso especialmente sangrante, en tanto que la vista oral arrancó en noviembre de 2024 y, pese a concluir en marzo de 2025, todavía está a la espera del fallo.
El procedimiento tiene especial interés no solo por su historia de película —el transporte en buques de cargamentos de cocaína a España y el blanqueo de sus beneficios—, sino porque en el banquillo de los acusados se sentó el actual abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. El letrado, en concreto, está señalado por haber participado supuestamente en una operación de blanqueo para tratar de recuperar 890.000 euros que fueron incautados en Barajas y que, según los investigadores, pertenecía a la red del ‘narco’ gallego.
La Fiscalía Antidroga pide para Sito Miñanco 31 años y 6 meses de cárcel, y una multa de nada menos que 950 millones de euros. Boye, por su parte, se enfrenta a 9 años y 9 meses de prisión más una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.
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