Illa cumple dos años en el Govern con un PSC a la baja y en manos de Puigdemont y Sánchez

Salvador Illa ha superado la mitad de su mandato —tomó posesión el 10 de agosto de 2024— envuelto en una gran paradoja: saca pecho de la ‘normalización’ en Cataluña, tras los años del ‘procés’, pero el PSC pierde apoyo demoscópico, lo gana ERC y le brotan múltiples crisis que no consigue cerrar. Tiene presupuestos aprobados —a la segunda y en su segundo año— pero está en manos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para cumplir con su promesa estrella de una nueva financiación.Mientras tanto, en estos más de 700 días, el Govern ha sumado más suspensos que aprobados. Financiación, recaudación tributaria, educación (Cataluña queda fuera del próximo informe PISA), Rodalies, vivienda y derechos lingüísticos siguen condicionando una legislatura dependiente de ERC y Comuns, en Barcelona, y estrechamente ligada a la suerte política de Sánchez, que sigue en manos de Junts en el Congreso. Aunque el PSC ganaría una nueva cita con las urnas, el desgaste electoral en estos dos años se manifiesta en todas las encuestas. Los socialistas obtuvieron 42 diputados en 2024 y el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat los sitúa entre 36 y 38 asientos. En según qué horquillas, el tripartito no sumaría 68 escaños (la mayoría absoluta justa) con los que cuenta ahora. La fuerte subida de Aliança, al margen de ‘robar’ voto a Junts y ERC, complica las expectativas de Illa.Su mandato arrancó con las cuentas de Pere Aragonès (ERC) de 2023 prorrogadas y no aprobó sus primeros presupuestos hasta hace un mes, después de retirar el proyecto para evitar una derrota parlamentaria. ERC y los Comuns, finalmente, dieron su apoyo pero dejando claro que los 42 diputados del PSC no bastan para gobernar sin negociar cada decisión. Junqueras y Jéssica Albiach han arrancado grandes cesiones (financiación y vivienda, sobre todo) en contra de las promesas de los socialistas.La financiación autonómica es el principal compromiso pendiente. El nuevo modelo se ha hecho a partir de las necesidades de la Generalitat, tirando de ‘excel’. El acuerdo con ERC fija un sistema singular comparable al modelo foral vasco y navarro. La reforma supone 4.700 millones adicionales para Cataluña, pero no cuenta con el apoyo del PP ni de las regiones del PSOE. En septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobará la propuesta y se enviará al Congreso.Es ahí donde Junts jugará sus cartas. Los de Puigdemont aseguran que no es su propuesta pero resulta difícil que voten en contra. Tratarán de conseguir algo más. Tampoco se ha cumplido el calendario para que la Generalitat recaude el IRPF y sitúe a la Agencia Tributaria de Cataluña como la única responsable de este impuesto en la comunidad y lo controle, con el fin de hacerlo con todos los impuestos y tener la llave de la caja.La reforma de financiación autonómica supone 4.700 millones adicionales para Cataluña, pero no cuenta con el apoyo del PP ni de las regiones del PSOEEntre las crisis a gestionar, Illa heredó los peores resultados en educación recogidos en el informe PISA. Pero no podrá medir de forma fiable si ha empezado a revertirlos. Un supuesto error en las pruebas de 2025 dejó fuera a demasiados alumnos (el 23%) e impedirá compararlas con anteriores ediciones y otros territorios (que limitan el corte al 5%). Además, el próximo curso arrancará con una huelga de profesores convocada para el 8 de septiembre. Rodalies (los Cercanías de Cataluña) es otro escollo de gestión. El accidente mortal de Gelida (Barcelona) y la crisis ferroviaria coincidieron con la hospitalización de Illa y mantuvieron durante meses las incidencias como noticia principal. La consejera Sílvia Paneque ha sido reprobada varias veces en el Parlament por su mala gestión. El Govern confía, en cualquier caso, en que el traspaso de esta competencia y la inversión prometida por el Gobierno resuelvan la situación. La gran apuesta de Illa, tal y como insiste, es la vivienda. Ha prometido aumentar el parque protegido y movilizar suelo para construir, pero ni la limitación de los alquileres ha mejorado el acceso a la vivienda ni todas las medidas tienen encaje legal. Recientemente, el Consejo de Garantías Estatutarias concluyó que la propuesta para limitar las compras invade competencias y restringe de forma desproporcionada la propiedad y la libertad de empresa. El mercado se contrae y el sector lamenta este tipo de iniciativas.Bilingüismo y DGAIAEn política lingüística tampoco ha habido ruptura con los gobiernos independentistas. Illa ha reforzado la estructura dedicada a la promoción del catalán con sanciones o coacciones por usar el español y mantiene la inmersión lingüística obligatoria en las aulas. Así, continúa litigando contra las resoluciones judiciales que recuerdan que debe aplicar un modelo bilingüe. En la oposición defendía el bilingüismo en las escuelas, pero desde el Govern sigue sin aplicar con carácter general un mínimo del 25 por ciento de español.Finalmente, a estos frentes se suma, entre otros, la crisis de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia). El caso está, ahora, en manos de la Fiscalía Anticorrupción por los posibles pagos ‘fantasma’ que no fueron a los jóvenes destinatarios. Además, la Sindicatura de Cuentas cifró en 4,7 millones de euros la cantidad de posibles pagos indebidos a jóvenes que no cumplían los requisitos. Salvador Illa ha superado la mitad de su mandato —tomó posesión el 10 de agosto de 2024— envuelto en una gran paradoja: saca pecho de la ‘normalización’ en Cataluña, tras los años del ‘procés’, pero el PSC pierde apoyo demoscópico, lo gana ERC y le brotan múltiples crisis que no consigue cerrar. Tiene presupuestos aprobados —a la segunda y en su segundo año— pero está en manos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para cumplir con su promesa estrella de una nueva financiación.Mientras tanto, en estos más de 700 días, el Govern ha sumado más suspensos que aprobados. Financiación, recaudación tributaria, educación (Cataluña queda fuera del próximo informe PISA), Rodalies, vivienda y derechos lingüísticos siguen condicionando una legislatura dependiente de ERC y Comuns, en Barcelona, y estrechamente ligada a la suerte política de Sánchez, que sigue en manos de Junts en el Congreso. Aunque el PSC ganaría una nueva cita con las urnas, el desgaste electoral en estos dos años se manifiesta en todas las encuestas. Los socialistas obtuvieron 42 diputados en 2024 y el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat los sitúa entre 36 y 38 asientos. En según qué horquillas, el tripartito no sumaría 68 escaños (la mayoría absoluta justa) con los que cuenta ahora. La fuerte subida de Aliança, al margen de ‘robar’ voto a Junts y ERC, complica las expectativas de Illa.Su mandato arrancó con las cuentas de Pere Aragonès (ERC) de 2023 prorrogadas y no aprobó sus primeros presupuestos hasta hace un mes, después de retirar el proyecto para evitar una derrota parlamentaria. ERC y los Comuns, finalmente, dieron su apoyo pero dejando claro que los 42 diputados del PSC no bastan para gobernar sin negociar cada decisión. Junqueras y Jéssica Albiach han arrancado grandes cesiones (financiación y vivienda, sobre todo) en contra de las promesas de los socialistas.La financiación autonómica es el principal compromiso pendiente. El nuevo modelo se ha hecho a partir de las necesidades de la Generalitat, tirando de ‘excel’. El acuerdo con ERC fija un sistema singular comparable al modelo foral vasco y navarro. La reforma supone 4.700 millones adicionales para Cataluña, pero no cuenta con el apoyo del PP ni de las regiones del PSOE. En septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobará la propuesta y se enviará al Congreso.Es ahí donde Junts jugará sus cartas. Los de Puigdemont aseguran que no es su propuesta pero resulta difícil que voten en contra. Tratarán de conseguir algo más. Tampoco se ha cumplido el calendario para que la Generalitat recaude el IRPF y sitúe a la Agencia Tributaria de Cataluña como la única responsable de este impuesto en la comunidad y lo controle, con el fin de hacerlo con todos los impuestos y tener la llave de la caja.La reforma de financiación autonómica supone 4.700 millones adicionales para Cataluña, pero no cuenta con el apoyo del PP ni de las regiones del PSOEEntre las crisis a gestionar, Illa heredó los peores resultados en educación recogidos en el informe PISA. Pero no podrá medir de forma fiable si ha empezado a revertirlos. Un supuesto error en las pruebas de 2025 dejó fuera a demasiados alumnos (el 23%) e impedirá compararlas con anteriores ediciones y otros territorios (que limitan el corte al 5%). Además, el próximo curso arrancará con una huelga de profesores convocada para el 8 de septiembre. Rodalies (los Cercanías de Cataluña) es otro escollo de gestión. El accidente mortal de Gelida (Barcelona) y la crisis ferroviaria coincidieron con la hospitalización de Illa y mantuvieron durante meses las incidencias como noticia principal. La consejera Sílvia Paneque ha sido reprobada varias veces en el Parlament por su mala gestión. El Govern confía, en cualquier caso, en que el traspaso de esta competencia y la inversión prometida por el Gobierno resuelvan la situación. La gran apuesta de Illa, tal y como insiste, es la vivienda. Ha prometido aumentar el parque protegido y movilizar suelo para construir, pero ni la limitación de los alquileres ha mejorado el acceso a la vivienda ni todas las medidas tienen encaje legal. Recientemente, el Consejo de Garantías Estatutarias concluyó que la propuesta para limitar las compras invade competencias y restringe de forma desproporcionada la propiedad y la libertad de empresa. El mercado se contrae y el sector lamenta este tipo de iniciativas.Bilingüismo y DGAIAEn política lingüística tampoco ha habido ruptura con los gobiernos independentistas. Illa ha reforzado la estructura dedicada a la promoción del catalán con sanciones o coacciones por usar el español y mantiene la inmersión lingüística obligatoria en las aulas. Así, continúa litigando contra las resoluciones judiciales que recuerdan que debe aplicar un modelo bilingüe. En la oposición defendía el bilingüismo en las escuelas, pero desde el Govern sigue sin aplicar con carácter general un mínimo del 25 por ciento de español.Finalmente, a estos frentes se suma, entre otros, la crisis de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia). El caso está, ahora, en manos de la Fiscalía Anticorrupción por los posibles pagos ‘fantasma’ que no fueron a los jóvenes destinatarios. Además, la Sindicatura de Cuentas cifró en 4,7 millones de euros la cantidad de posibles pagos indebidos a jóvenes que no cumplían los requisitos.  

Salvador Illa ha superado la mitad de su mandato —tomó posesión el 10 de agosto de 2024— envuelto en una gran paradoja: saca pecho de la ‘normalización’ en Cataluña, tras los años del ‘procés’, pero el PSC pierde apoyo demoscópico, lo gana ERC y … le brotan múltiples crisis que no consigue cerrar. Tiene presupuestos aprobados —a la segunda y en su segundo año— pero está en manos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para cumplir con su promesa estrella de una nueva financiación.

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