El Partido Socialista ha emprendido ahora una enérgica lucha contra los fondos buitre como estandarte principal de su lucha para acabar con las dificultades del acceso a la vivienda. Es línea maestra de su estrategia electoral para encontrar una oportunidad con la que revalidar su mandato en Moncloa, pese a que la realidad muestra su errática política en este apartado: 272.000 desahucios en ocho años, los precios del metro cuadrado duplicados, la ‘desaparición’ de muchos inmuebles del mercado de alquiler y el problema que ha pasado de ser del 15 al número 1 de los ciudadanos españoles.Pero… fondos buitre. Algo a veces complejo de definir, pero que se entiende como una sociedad de capital riesgo o fondo de inversión libre que adquiere edificios a costes más reducidos y ventajosos por su voluminosidad (normalmente a empresas en riesgo de quiebra), con un fin meramente especulativo para luego venderlos por mucho más valor . Siempre han existido más allá de lo indecoroso o no de su negocio, y han acudido a ellos en caso de necesidad representantes de uno u otro partido político.Entre ellos, María Jesús Montero . La misma que esta semana ha llamado a posicionarse «frente a quienes protegen los intereses de los grandes tenedores, los fondos de inversión y los fondos buitre». La exconsejera de Hacienda vendió en 2014 70 edificios de oficinas que eran propiedad de la Junta a una sociedad estadounidense llamada William Polk Carey Inc . que se podría ajustar perfectamente a esa mencionada denominación.La venta de sedes andaluzasAdemás, ese fondo de inversión aprovechó el momento de debilidad de la administración autonómica para lograr un negocio redondo, pues por 300 millones de euros se convirtió en multipropietario de sedes administrativas de consejerías y agencias públicas ubicadas en zonas muy cotizadas de Sevilla, Málaga y grandes ciudades de la región. Un coste muy asumible. Y a su vez, la Junta se quedaba de alquiler en estos inmuebles pagando durante 20 años una renta que comenzó con 28,5 millones y que se encarecía con la subida del 1,5% anual, aunque hubo temporadas en los que la inflación fue negativa. Un negocio magnífico para William Polk Carey Inc. y ruinoso para la Junta, que nueve años después ya había desembolsado casi 280 millones de euros en el arriendo . Fue entonces, en 2023, cuando el Gobierno de Juanma Moreno decidió recomprar estos inmuebles por 328 millones.Montero ‘privatizó’ estos edificios público s para ajustar las cuentas en plena crisis financiera. Tuvo que hacer operaciones tan perjudiciales como esta para cuadrar los números y cumplir con el déficit establecido tanto por el Ejecutivo central como por la Unión Europea. Vendía a precio de saldo para poder mantener los mínimos servicios públicos.El PSOE sacó pecho entoncesNo obstante, la formación que por entonces comandaba Susana Díaz lo justificó asegurando que se debía a « un uso dinámico del patrimonio de la Administración que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan». Incluso, se enorgullecían de «colocar el mayor paquete de venta de inmuebles que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades autónomas».Entre los edificios, se encuentra la sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache, el ‘hogar’ de la Consejería de Agricultura (calle Tabladilla de Sevilla) y las dependencias de la Consejería de Inclusión Social , en la avenida de Hytasa. Los 70 inmuebles representan una quinta parte de los edificios administrativos de la Junta con una superficie construida de 259.070 metros cuadrados.«Vota con V de vivienda o con B de buitre»El portavoz del grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín , ha hecho referencia a esta nueva contradicción de Montero. «Vendió 70 edificios propiedad de la Administración autonómica a lo que ella denomina un fondo buitre, por 300 millones de euros para arreglar el problema de no cumplir con el objetivo de déficit».Mediante dicha operación, que ha enmarcado en la «desastrosa gestión» de Montero al frente de dicho departamento, la Junta «se quedaba de alquiler en esos edificios durante 20 años». «Hay que tener desvergüenza política para venir ahora a hablarnos de lo malo que son los fondos buitre y de lo bueno que son ellos», ha recalcado.«Vota con V de vivienda o con B de buitre», dice ahora el PSOE de Sánchez, que celebraba en 2023 la llegada de BlackRock al mercado inmobiliario español. Justo después de que comprara el edificio de María de Molina 50, en Madrid. «Para el PP, España se rompe, es una dictadura y no hay seguridad jurídica. Deberían explicárselo al mayor fondo privado internacional de inversiones», apuntaron en X los socialistas. De nuevo, han cambiado de opinión. El Partido Socialista ha emprendido ahora una enérgica lucha contra los fondos buitre como estandarte principal de su lucha para acabar con las dificultades del acceso a la vivienda. Es línea maestra de su estrategia electoral para encontrar una oportunidad con la que revalidar su mandato en Moncloa, pese a que la realidad muestra su errática política en este apartado: 272.000 desahucios en ocho años, los precios del metro cuadrado duplicados, la ‘desaparición’ de muchos inmuebles del mercado de alquiler y el problema que ha pasado de ser del 15 al número 1 de los ciudadanos españoles.Pero… fondos buitre. Algo a veces complejo de definir, pero que se entiende como una sociedad de capital riesgo o fondo de inversión libre que adquiere edificios a costes más reducidos y ventajosos por su voluminosidad (normalmente a empresas en riesgo de quiebra), con un fin meramente especulativo para luego venderlos por mucho más valor . Siempre han existido más allá de lo indecoroso o no de su negocio, y han acudido a ellos en caso de necesidad representantes de uno u otro partido político.Entre ellos, María Jesús Montero . La misma que esta semana ha llamado a posicionarse «frente a quienes protegen los intereses de los grandes tenedores, los fondos de inversión y los fondos buitre». La exconsejera de Hacienda vendió en 2014 70 edificios de oficinas que eran propiedad de la Junta a una sociedad estadounidense llamada William Polk Carey Inc . que se podría ajustar perfectamente a esa mencionada denominación.La venta de sedes andaluzasAdemás, ese fondo de inversión aprovechó el momento de debilidad de la administración autonómica para lograr un negocio redondo, pues por 300 millones de euros se convirtió en multipropietario de sedes administrativas de consejerías y agencias públicas ubicadas en zonas muy cotizadas de Sevilla, Málaga y grandes ciudades de la región. Un coste muy asumible. Y a su vez, la Junta se quedaba de alquiler en estos inmuebles pagando durante 20 años una renta que comenzó con 28,5 millones y que se encarecía con la subida del 1,5% anual, aunque hubo temporadas en los que la inflación fue negativa. Un negocio magnífico para William Polk Carey Inc. y ruinoso para la Junta, que nueve años después ya había desembolsado casi 280 millones de euros en el arriendo . Fue entonces, en 2023, cuando el Gobierno de Juanma Moreno decidió recomprar estos inmuebles por 328 millones.Montero ‘privatizó’ estos edificios público s para ajustar las cuentas en plena crisis financiera. Tuvo que hacer operaciones tan perjudiciales como esta para cuadrar los números y cumplir con el déficit establecido tanto por el Ejecutivo central como por la Unión Europea. Vendía a precio de saldo para poder mantener los mínimos servicios públicos.El PSOE sacó pecho entoncesNo obstante, la formación que por entonces comandaba Susana Díaz lo justificó asegurando que se debía a « un uso dinámico del patrimonio de la Administración que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan». Incluso, se enorgullecían de «colocar el mayor paquete de venta de inmuebles que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades autónomas».Entre los edificios, se encuentra la sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache, el ‘hogar’ de la Consejería de Agricultura (calle Tabladilla de Sevilla) y las dependencias de la Consejería de Inclusión Social , en la avenida de Hytasa. Los 70 inmuebles representan una quinta parte de los edificios administrativos de la Junta con una superficie construida de 259.070 metros cuadrados.«Vota con V de vivienda o con B de buitre»El portavoz del grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín , ha hecho referencia a esta nueva contradicción de Montero. «Vendió 70 edificios propiedad de la Administración autonómica a lo que ella denomina un fondo buitre, por 300 millones de euros para arreglar el problema de no cumplir con el objetivo de déficit».Mediante dicha operación, que ha enmarcado en la «desastrosa gestión» de Montero al frente de dicho departamento, la Junta «se quedaba de alquiler en esos edificios durante 20 años». «Hay que tener desvergüenza política para venir ahora a hablarnos de lo malo que son los fondos buitre y de lo bueno que son ellos», ha recalcado.«Vota con V de vivienda o con B de buitre», dice ahora el PSOE de Sánchez, que celebraba en 2023 la llegada de BlackRock al mercado inmobiliario español. Justo después de que comprara el edificio de María de Molina 50, en Madrid. «Para el PP, España se rompe, es una dictadura y no hay seguridad jurídica. Deberían explicárselo al mayor fondo privado internacional de inversiones», apuntaron en X los socialistas. De nuevo, han cambiado de opinión.
El Partido Socialista ha emprendido ahora una enérgica lucha contra los fondos buitre como estandarte principal de su lucha para acabar con las dificultades del acceso a la vivienda. Es línea maestra de su estrategia electoral para encontrar una oportunidad con la que … revalidar su mandato en Moncloa, pese a que la realidad muestra su errática política en este apartado: 272.000 desahucios en ocho años, los precios del metro cuadrado duplicados, la ‘desaparición’ de muchos inmuebles del mercado de alquiler y el problema que ha pasado de ser del 15 al número 1 de los ciudadanos españoles.
Pero… fondos buitre. Algo a veces complejo de definir, pero que se entiende como una sociedad de capital riesgo o fondo de inversión libre que adquiere edificios a costes más reducidos y ventajosos por su voluminosidad (normalmente a empresas en riesgo de quiebra), con un fin meramente especulativo para luego venderlos por mucho más valor. Siempre han existido más allá de lo indecoroso o no de su negocio, y han acudido a ellos en caso de necesidad representantes de uno u otro partido político.
Entre ellos, María Jesús Montero. La misma que esta semana ha llamado a posicionarse «frente a quienes protegen los intereses de los grandes tenedores, los fondos de inversión y los fondos buitre». La exconsejera de Hacienda vendió en 2014 70 edificios de oficinas que eran propiedad de la Junta a una sociedad estadounidense llamada William Polk Carey Inc. que se podría ajustar perfectamente a esa mencionada denominación.
La venta de sedes andaluzas
Además, ese fondo de inversión aprovechó el momento de debilidad de la administración autonómica para lograr un negocio redondo, pues por 300 millones de euros se convirtió en multipropietario de sedes administrativas de consejerías y agencias públicas ubicadas en zonas muy cotizadas de Sevilla, Málaga y grandes ciudades de la región.
Un coste muy asumible. Y a su vez, la Junta se quedaba de alquiler en estos inmuebles pagando durante 20 años una renta que comenzó con 28,5 millones y que se encarecía con la subida del 1,5% anual, aunque hubo temporadas en los que la inflación fue negativa.
Un negocio magnífico para William Polk Carey Inc. y ruinoso para la Junta, que nueve años después ya había desembolsado casi 280 millones de euros en el arriendo. Fue entonces, en 2023, cuando el Gobierno de Juanma Moreno decidió recomprar estos inmuebles por 328 millones.
Montero ‘privatizó’ estos edificios públicos para ajustar las cuentas en plena crisis financiera. Tuvo que hacer operaciones tan perjudiciales como esta para cuadrar los números y cumplir con el déficit establecido tanto por el Ejecutivo central como por la Unión Europea. Vendía a precio de saldo para poder mantener los mínimos servicios públicos.
El PSOE sacó pecho entonces
No obstante, la formación que por entonces comandaba Susana Díaz lo justificó asegurando que se debía a «un uso dinámico del patrimonio de la Administración que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan». Incluso, se enorgullecían de «colocar el mayor paquete de venta de inmuebles que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades autónomas».
Entre los edificios, se encuentra la sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache, el ‘hogar’ de la Consejería de Agricultura (calle Tabladilla de Sevilla) y las dependencias de la Consejería de Inclusión Social, en la avenida de Hytasa. Los 70 inmuebles representan una quinta parte de los edificios administrativos de la Junta con una superficie construida de 259.070 metros cuadrados.
«Vota con V de vivienda o con B de buitre»
El portavoz del grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha hecho referencia a esta nueva contradicción de Montero. «Vendió 70 edificios propiedad de la Administración autonómica a lo que ella denomina un fondo buitre, por 300 millones de euros para arreglar el problema de no cumplir con el objetivo de déficit».
Mediante dicha operación, que ha enmarcado en la «desastrosa gestión» de Montero al frente de dicho departamento, la Junta «se quedaba de alquiler en esos edificios durante 20 años». «Hay que tener desvergüenza política para venir ahora a hablarnos de lo malo que son los fondos buitre y de lo bueno que son ellos», ha recalcado.
«Vota con V de vivienda o con B de buitre», dice ahora el PSOE de Sánchez, que celebraba en 2023 la llegada de BlackRock al mercado inmobiliario español. Justo después de que comprara el edificio de María de Molina 50, en Madrid. «Para el PP, España se rompe, es una dictadura y no hay seguridad jurídica. Deberían explicárselo al mayor fondo privado internacional de inversiones», apuntaron en X los socialistas. De nuevo, han cambiado de opinión.
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