El argumentario se queda cojo. Después de meses cargando contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, por la que el presidente del Gobierno incluso se querelló por prevaricación, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido este jueves avalar el grueso de la investigación del titular del juzgado 41. Cinco magistrados han confirmado que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación . Acuerdan, eso sí, retirar las medidas cautelares que se le impusieron, esto es, podrá volver a usar su pasaporte y no tendrá que acudir quincenalmente a firmar a Plaza Castilla.La decisión ha generado un profundo malestar en Moncloa. Fuentes gubernamentales la califican de «aberrante» y de manera oficial vuelve a insistirse en la «inocencia» de la esposa de Pedro Sánchez. «Todo el que conoce la instrucción sabe que se trata de una causa política que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno», sentencian desde el Ejecutivo.Algunos de los cargos socialistas consultados reconocen que esperaban una decisión en este sentido y alimentan el discurso del ‘lawfare’ en la misma semana en la que se ha condenado también a David Sánchez. En el Gobierno no se sienten cómodos con este anglicismo —«nosotros no usamos esa palabra», dicen— pero prefieren desarrollarlo con una crítica aún más demoledora. «Estamos ante causas políticas que buscan acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno y eso lo ve toda España», sentencian. En este punto, blanden la coincidencia demoscópica que hace una semana arrojaban varias encuestas, en las que se recogía un cuestionamiento mayoritario de la independencia de la Justicia. «Los ciudadanos están percibiendo que se judicializa la política», resuelven en Moncloa, donde tratan de dotar de un tono severo a sus palabras. En este sentido, la decisión de que Gómez sea juzgada por un jurado popular debería percibirse con cierto alivio, sin embargo, un dirigente se pregunta: «¿Puede haber alguien que no tenga ya una idea preconcebida sobre la esposa del presidente?». El argumentario se queda cojo. Después de meses cargando contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, por la que el presidente del Gobierno incluso se querelló por prevaricación, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido este jueves avalar el grueso de la investigación del titular del juzgado 41. Cinco magistrados han confirmado que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación . Acuerdan, eso sí, retirar las medidas cautelares que se le impusieron, esto es, podrá volver a usar su pasaporte y no tendrá que acudir quincenalmente a firmar a Plaza Castilla.La decisión ha generado un profundo malestar en Moncloa. Fuentes gubernamentales la califican de «aberrante» y de manera oficial vuelve a insistirse en la «inocencia» de la esposa de Pedro Sánchez. «Todo el que conoce la instrucción sabe que se trata de una causa política que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno», sentencian desde el Ejecutivo.Algunos de los cargos socialistas consultados reconocen que esperaban una decisión en este sentido y alimentan el discurso del ‘lawfare’ en la misma semana en la que se ha condenado también a David Sánchez. En el Gobierno no se sienten cómodos con este anglicismo —«nosotros no usamos esa palabra», dicen— pero prefieren desarrollarlo con una crítica aún más demoledora. «Estamos ante causas políticas que buscan acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno y eso lo ve toda España», sentencian. En este punto, blanden la coincidencia demoscópica que hace una semana arrojaban varias encuestas, en las que se recogía un cuestionamiento mayoritario de la independencia de la Justicia. «Los ciudadanos están percibiendo que se judicializa la política», resuelven en Moncloa, donde tratan de dotar de un tono severo a sus palabras. En este sentido, la decisión de que Gómez sea juzgada por un jurado popular debería percibirse con cierto alivio, sin embargo, un dirigente se pregunta: «¿Puede haber alguien que no tenga ya una idea preconcebida sobre la esposa del presidente?».
El argumentario se queda cojo. Después de meses cargando contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, por la que el presidente del Gobierno incluso se querelló por prevaricación, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido este jueves avalar el grueso de la investigación del … titular del juzgado 41. Cinco magistrados han confirmado que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación. Acuerdan, eso sí, retirar las medidas cautelares que se le impusieron, esto es, podrá volver a usar su pasaporte y no tendrá que acudir quincenalmente a firmar a Plaza Castilla.
La decisión ha generado un profundo malestar en Moncloa. Fuentes gubernamentales la califican de «aberrante» y de manera oficial vuelve a insistirse en la «inocencia» de la esposa de Pedro Sánchez. «Todo el que conoce la instrucción sabe que se trata de una causa política que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno», sentencian desde el Ejecutivo.
Algunos de los cargos socialistas consultados reconocen que esperaban una decisión en este sentido y alimentan el discurso del ‘lawfare’ en la misma semana en la que se ha condenado también a David Sánchez. En el Gobierno no se sienten cómodos con este anglicismo —«nosotros no usamos esa palabra», dicen— pero prefieren desarrollarlo con una crítica aún más demoledora. «Estamos ante causas políticas que buscan acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno y eso lo ve toda España», sentencian.
En este punto, blanden la coincidencia demoscópica que hace una semana arrojaban varias encuestas, en las que se recogía un cuestionamiento mayoritario de la independencia de la Justicia. «Los ciudadanos están percibiendo que se judicializa la política», resuelven en Moncloa, donde tratan de dotar de un tono severo a sus palabras. En este sentido, la decisión de que Gómez sea juzgada por un jurado popular debería percibirse con cierto alivio, sin embargo, un dirigente se pregunta: «¿Puede haber alguien que no tenga ya una idea preconcebida sobre la esposa del presidente?».
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