El Gobierno asiste expectante a los acuerdos que PP y Vox van forjando a nivel autonómico. Sin opciones de plantar cara a la suma de las derechas en las urnas ni en la gobernabilidad posterior, desde el PSOE se orientan ya en dar la batalla en los tribunales y en la opinión pública. La advertencia la lanzó el propio presidente Pedro Sánchez en público el viernes y la volvió a reiterar en privado a los suyos este lunes en la reunión de la dirección del partido. El Ejecutivo central será un dique de contención. Un «mensaje de esperanza», como lo definen fuentes socialistas, asegurando la «vigilancia» activa ante el desarrollo de los acuerdos. «Cada medida que vulnere derechos será recurrida, cada exceso que choque con la ley será frenado, cada discriminación será combatida», avanzan desde Ferraz, donde están dispuestos a exprimir al máximo el entendimiento con los de Santiago Abascal.La estrategia no es nueva. Ya resultó muy rentable en julio de 2023 cuando Sánchez supo ver una oportunidad de retener el poder en el escenario poselectoral de las municipales y autonómicas. Entonces, el presidente del Gobierno activó un adelanto de las generales en coincidencia con la entrada de Vox en las instituciones, cuyo efecto en el electorado le permitió seguir en La Moncloa pese a perder las elecciones. Ahora, se intentará repetir la jugada, aunque las posibilidades de vuelco no sean realistas. Fuentes socialistas consultadas reconocen que los términos del primer acuerdo rubricado por PP y Vox en Extremadura son «un filón» para volver a agitar el discurso del miedo. Cuestiones como la «prioridad nacional» en el acceso a los servicios públicos, que se han puesto negro sobre blanco en el pacto de investidura, son difícilmente aplicables, pero la sola mención ya sirve a las terminales socialistas para hilvanar un relato reactivo.De entrada, para debilitar la posición del PP. En el Gobierno llevan tiempo cuestionando la moderación del principal partido de la oposición y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusan de haber comprado el marco retórico de Vox. En este sentido, tratan también de abrir fisuras entre los territorios que tendrán que entenderse con los de Abascal —Extremadura ha abierto la senda que están llamados a transitar Aragón y Castilla y León— y quienes aspiran a no hacerlo, como Andalucía. En un acto de campaña en Córdoba este pasado fin de semana, Juanma Moreno mostró su incomodidad y aseguró que Andalucía no se puede «permitir el lujo» de sus «hermanos extremeños que han estado seis meses paralizados y bloqueados».Noticia relacionada general No No Génova defiende el pacto en Extremadura: «Millones de veces mejor que el Gobierno de Sánchez» Paloma Esteban«Ya ha dicho que no lo quiere para Andalucía. ¿Por qué lo quieren para los extremeños? (…) ¿Si es tan malo por qué lo firman?», se preguntó la portavoz del PSOE, Montse Mínguez en rueda de prensa. Se da la circunstancia de que Moreno le ha robado el argumento de campaña a la propia María Jesús Montero. Como ya hiciera en 2022, el PP se erigirá en la única alternativa para evitar que Vox tenga entrada en Andalucía, esto le sirvió hace cuatro años para conseguir la mayoría absoluta con voto prestado de los socialistas. En la sala de máquinas de La Moncloa también se utiliza lo pactado en Extremadura para hacer una proyección a nivel nacional, augurando que un futuro pacto entre Feijóo y Abascal para llegar al poder tendrá una agenda similar. No en vano, este lunes desde Génova se ocuparon en vender las bondades del acuerdo . «Millones de veces mejor que el Gobierno de Sánchez», dijo Miguel Tellado, que ha participado activamente en las negociaciones.Ayudas a ONGSin embargo, el PP ha tenido que salir a matizar algunos términos del acuerdo, suavizando la interpretación que desde Vox se ha hecho de cuestiones como limitar la asistencia a los inmigrantes irregulares a supuestos de «urgencias vitales» o la eliminación de las ayudas a las ONG, entre las que los de Abascal incluyen a Cáritas, vinculada a la Iglesia. «Lo que dice el texto es eliminar ayudas a las ONG que promuevan la inmigración ilegal. O sea, que cometan un delito», puntualizó Tellado. Ambos extremos le han permitido, sin embargo, al Gobierno acusar al PP de asumir postulados «xenófobos y racistas». Sánchez advierte de que la sanidad «está en peligro» y acusa al PP de dilapidar recursos allá donde gobiernaEn el Ejecutivo también van a utilizar estas iniciativas para confrontar modelos. Lo hizo este lunes el presidente del Gobierno en un acto sobre el 40º aniversario de la Ley General del Sanidad, reivindicando que la sanidad pública es «uno de los mayores logros de nuestro país» y previniendo: «No la pongamos en riesgo. Si no es por humanidad, que lo sea por eficiencia (…) protegerla es un acto de justicia, sí; pero también de inteligencia». Sánchez aseguró que el sistema «está en peligro» porque lo importante «no es dónde nació el paciente —en alusión directa a la citada «prioridad nacional»—, no es cuánto dinero tiene en la cuenta o cuántos años ha cotizado. Sin embargo, no ha hecho falta que Vox entre en ningún gobierno. El presidente lleva meses percutiendo en esta línea. De hecho, uno de sus últimos debates monográficos en el Congreso lo dedicó a esta cuestión, asumiendo —’de facto’— el rol de líder de la oposición a los ejecutivos autonómicos del PP. Este lunes volvió a «dirigirse a determinadas comunidades con determinados dirigentes políticos», recordando que «desde 2018 el Gobierno de España ha aumentado la inversión en sanidad en un 30% y ha transferido 300.000 millones de euros más que la administración previa, para que se dediquen a reformar el Estado del bienestar». «¿Dónde han ido esos recursos adicionales?», se preguntó, para zanjar: «¿Cómo es posible que habiendo transferido 300.000 millones de euros más, la sanidad sea una de las principales preocupaciones de los españoles?». El Gobierno asiste expectante a los acuerdos que PP y Vox van forjando a nivel autonómico. Sin opciones de plantar cara a la suma de las derechas en las urnas ni en la gobernabilidad posterior, desde el PSOE se orientan ya en dar la batalla en los tribunales y en la opinión pública. La advertencia la lanzó el propio presidente Pedro Sánchez en público el viernes y la volvió a reiterar en privado a los suyos este lunes en la reunión de la dirección del partido. El Ejecutivo central será un dique de contención. Un «mensaje de esperanza», como lo definen fuentes socialistas, asegurando la «vigilancia» activa ante el desarrollo de los acuerdos. «Cada medida que vulnere derechos será recurrida, cada exceso que choque con la ley será frenado, cada discriminación será combatida», avanzan desde Ferraz, donde están dispuestos a exprimir al máximo el entendimiento con los de Santiago Abascal.La estrategia no es nueva. Ya resultó muy rentable en julio de 2023 cuando Sánchez supo ver una oportunidad de retener el poder en el escenario poselectoral de las municipales y autonómicas. Entonces, el presidente del Gobierno activó un adelanto de las generales en coincidencia con la entrada de Vox en las instituciones, cuyo efecto en el electorado le permitió seguir en La Moncloa pese a perder las elecciones. Ahora, se intentará repetir la jugada, aunque las posibilidades de vuelco no sean realistas. Fuentes socialistas consultadas reconocen que los términos del primer acuerdo rubricado por PP y Vox en Extremadura son «un filón» para volver a agitar el discurso del miedo. Cuestiones como la «prioridad nacional» en el acceso a los servicios públicos, que se han puesto negro sobre blanco en el pacto de investidura, son difícilmente aplicables, pero la sola mención ya sirve a las terminales socialistas para hilvanar un relato reactivo.De entrada, para debilitar la posición del PP. En el Gobierno llevan tiempo cuestionando la moderación del principal partido de la oposición y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusan de haber comprado el marco retórico de Vox. En este sentido, tratan también de abrir fisuras entre los territorios que tendrán que entenderse con los de Abascal —Extremadura ha abierto la senda que están llamados a transitar Aragón y Castilla y León— y quienes aspiran a no hacerlo, como Andalucía. En un acto de campaña en Córdoba este pasado fin de semana, Juanma Moreno mostró su incomodidad y aseguró que Andalucía no se puede «permitir el lujo» de sus «hermanos extremeños que han estado seis meses paralizados y bloqueados».Noticia relacionada general No No Génova defiende el pacto en Extremadura: «Millones de veces mejor que el Gobierno de Sánchez» Paloma Esteban«Ya ha dicho que no lo quiere para Andalucía. ¿Por qué lo quieren para los extremeños? (…) ¿Si es tan malo por qué lo firman?», se preguntó la portavoz del PSOE, Montse Mínguez en rueda de prensa. Se da la circunstancia de que Moreno le ha robado el argumento de campaña a la propia María Jesús Montero. Como ya hiciera en 2022, el PP se erigirá en la única alternativa para evitar que Vox tenga entrada en Andalucía, esto le sirvió hace cuatro años para conseguir la mayoría absoluta con voto prestado de los socialistas. En la sala de máquinas de La Moncloa también se utiliza lo pactado en Extremadura para hacer una proyección a nivel nacional, augurando que un futuro pacto entre Feijóo y Abascal para llegar al poder tendrá una agenda similar. No en vano, este lunes desde Génova se ocuparon en vender las bondades del acuerdo . «Millones de veces mejor que el Gobierno de Sánchez», dijo Miguel Tellado, que ha participado activamente en las negociaciones.Ayudas a ONGSin embargo, el PP ha tenido que salir a matizar algunos términos del acuerdo, suavizando la interpretación que desde Vox se ha hecho de cuestiones como limitar la asistencia a los inmigrantes irregulares a supuestos de «urgencias vitales» o la eliminación de las ayudas a las ONG, entre las que los de Abascal incluyen a Cáritas, vinculada a la Iglesia. «Lo que dice el texto es eliminar ayudas a las ONG que promuevan la inmigración ilegal. O sea, que cometan un delito», puntualizó Tellado. Ambos extremos le han permitido, sin embargo, al Gobierno acusar al PP de asumir postulados «xenófobos y racistas». Sánchez advierte de que la sanidad «está en peligro» y acusa al PP de dilapidar recursos allá donde gobiernaEn el Ejecutivo también van a utilizar estas iniciativas para confrontar modelos. Lo hizo este lunes el presidente del Gobierno en un acto sobre el 40º aniversario de la Ley General del Sanidad, reivindicando que la sanidad pública es «uno de los mayores logros de nuestro país» y previniendo: «No la pongamos en riesgo. Si no es por humanidad, que lo sea por eficiencia (…) protegerla es un acto de justicia, sí; pero también de inteligencia». Sánchez aseguró que el sistema «está en peligro» porque lo importante «no es dónde nació el paciente —en alusión directa a la citada «prioridad nacional»—, no es cuánto dinero tiene en la cuenta o cuántos años ha cotizado. Sin embargo, no ha hecho falta que Vox entre en ningún gobierno. El presidente lleva meses percutiendo en esta línea. De hecho, uno de sus últimos debates monográficos en el Congreso lo dedicó a esta cuestión, asumiendo —’de facto’— el rol de líder de la oposición a los ejecutivos autonómicos del PP. Este lunes volvió a «dirigirse a determinadas comunidades con determinados dirigentes políticos», recordando que «desde 2018 el Gobierno de España ha aumentado la inversión en sanidad en un 30% y ha transferido 300.000 millones de euros más que la administración previa, para que se dediquen a reformar el Estado del bienestar». «¿Dónde han ido esos recursos adicionales?», se preguntó, para zanjar: «¿Cómo es posible que habiendo transferido 300.000 millones de euros más, la sanidad sea una de las principales preocupaciones de los españoles?».
El Gobierno asiste expectante a los acuerdos que PP y Vox van forjando a nivel autonómico. Sin opciones de plantar cara a la suma de las derechas en las urnas ni en la gobernabilidad posterior, desde el PSOE se orientan ya en dar la batalla … en los tribunales y en la opinión pública. La advertencia la lanzó el propio presidente Pedro Sánchez en público el viernes y la volvió a reiterar en privado a los suyos este lunes en la reunión de la dirección del partido. El Ejecutivo central será un dique de contención. Un «mensaje de esperanza», como lo definen fuentes socialistas, asegurando la «vigilancia» activa ante el desarrollo de los acuerdos. «Cada medida que vulnere derechos será recurrida, cada exceso que choque con la ley será frenado, cada discriminación será combatida», avanzan desde Ferraz, donde están dispuestos a exprimir al máximo el entendimiento con los de Santiago Abascal.
La estrategia no es nueva. Ya resultó muy rentable en julio de 2023 cuando Sánchez supo ver una oportunidad de retener el poder en el escenario poselectoral de las municipales y autonómicas. Entonces, el presidente del Gobierno activó un adelanto de las generales en coincidencia con la entrada de Vox en las instituciones, cuyo efecto en el electorado le permitió seguir en La Moncloa pese a perder las elecciones. Ahora, se intentará repetir la jugada, aunque las posibilidades de vuelco no sean realistas. Fuentes socialistas consultadas reconocen que los términos del primer acuerdo rubricado por PP y Vox en Extremadura son «un filón» para volver a agitar el discurso del miedo. Cuestiones como la «prioridad nacional» en el acceso a los servicios públicos, que se han puesto negro sobre blanco en el pacto de investidura, son difícilmente aplicables, pero la sola mención ya sirve a las terminales socialistas para hilvanar un relato reactivo.
De entrada, para debilitar la posición del PP. En el Gobierno llevan tiempo cuestionando la moderación del principal partido de la oposición y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusan de haber comprado el marco retórico de Vox. En este sentido, tratan también de abrir fisuras entre los territorios que tendrán que entenderse con los de Abascal —Extremadura ha abierto la senda que están llamados a transitar Aragón y Castilla y León— y quienes aspiran a no hacerlo, como Andalucía. En un acto de campaña en Córdoba este pasado fin de semana, Juanma Moreno mostró su incomodidad y aseguró que Andalucía no se puede «permitir el lujo» de sus «hermanos extremeños que han estado seis meses paralizados y bloqueados».
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«Ya ha dicho que no lo quiere para Andalucía. ¿Por qué lo quieren para los extremeños? (…) ¿Si es tan malo por qué lo firman?», se preguntó la portavoz del PSOE, Montse Mínguez en rueda de prensa. Se da la circunstancia de que Moreno le ha robado el argumento de campaña a la propia María Jesús Montero. Como ya hiciera en 2022, el PP se erigirá en la única alternativa para evitar que Vox tenga entrada en Andalucía, esto le sirvió hace cuatro años para conseguir la mayoría absoluta con voto prestado de los socialistas. En la sala de máquinas de La Moncloa también se utiliza lo pactado en Extremadura para hacer una proyección a nivel nacional, augurando que un futuro pacto entre Feijóo y Abascal para llegar al poder tendrá una agenda similar. No en vano, este lunes desde Génova se ocuparon en vender las bondades del acuerdo. «Millones de veces mejor que el Gobierno de Sánchez», dijo Miguel Tellado, que ha participado activamente en las negociaciones.
Ayudas a ONG
Sin embargo, el PP ha tenido que salir a matizar algunos términos del acuerdo, suavizando la interpretación que desde Vox se ha hecho de cuestiones como limitar la asistencia a los inmigrantes irregulares a supuestos de «urgencias vitales» o la eliminación de las ayudas a las ONG, entre las que los de Abascal incluyen a Cáritas, vinculada a la Iglesia. «Lo que dice el texto es eliminar ayudas a las ONG que promuevan la inmigración ilegal. O sea, que cometan un delito», puntualizó Tellado. Ambos extremos le han permitido, sin embargo, al Gobierno acusar al PP de asumir postulados «xenófobos y racistas».
Sánchez advierte de que la sanidad «está en peligro» y acusa al PP de dilapidar recursos allá donde gobierna
En el Ejecutivo también van a utilizar estas iniciativas para confrontar modelos. Lo hizo este lunes el presidente del Gobierno en un acto sobre el 40º aniversario de la Ley General del Sanidad, reivindicando que la sanidad pública es «uno de los mayores logros de nuestro país» y previniendo: «No la pongamos en riesgo. Si no es por humanidad, que lo sea por eficiencia (…) protegerla es un acto de justicia, sí; pero también de inteligencia». Sánchez aseguró que el sistema «está en peligro» porque lo importante «no es dónde nació el paciente —en alusión directa a la citada «prioridad nacional»—, no es cuánto dinero tiene en la cuenta o cuántos años ha cotizado.
Sin embargo, no ha hecho falta que Vox entre en ningún gobierno. El presidente lleva meses percutiendo en esta línea. De hecho, uno de sus últimos debates monográficos en el Congreso lo dedicó a esta cuestión, asumiendo —’de facto’— el rol de líder de la oposición a los ejecutivos autonómicos del PP. Este lunes volvió a «dirigirse a determinadas comunidades con determinados dirigentes políticos», recordando que «desde 2018 el Gobierno de España ha aumentado la inversión en sanidad en un 30% y ha transferido 300.000 millones de euros más que la administración previa, para que se dediquen a reformar el Estado del bienestar». «¿Dónde han ido esos recursos adicionales?», se preguntó, para zanjar: «¿Cómo es posible que habiendo transferido 300.000 millones de euros más, la sanidad sea una de las principales preocupaciones de los españoles?».
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