En Bambú 12, sede nacional de Vox, buscan respuestas por parte del Gobierno para entender los entresijos de los procedimientos y los datos detrás de la ‘ley de nietos’. No satisfechos con lograr que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de más de 400.000 personas que la nacionalidad española gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente), los de Santiago Abascal acuden al Congreso con una ofensiva parlamentaria: una batería de preguntas y requerimientos de información para conocer el número total de solicitudes de nacionalidad, cuántas incluían las pruebas de exilio y los procedimientos para verificar la veracidad de los documentos. Vox, en todas las peticiones parlamentarias presentadas —a las que ha tenido acceso ABC—, pone en duda los procesos de verificación de las pruebas que evidencian supuestamente el exilio de los familiares de beneficiados por la norma. No es una acusación infundada. La instrucción, dictada cuatro días después de la entrada en vigor de la ‘ley de nietos’, eliminaba la necesidad de presentar documentos políticos que confirmasen el exilio. El solicitante debía incluir, tan solo, un certificado de nacimiento que demostrara que era hijo o nieto de un ciudadano español y la prueba del viaje o estancia en el extranjero —un pasaporte o documentación de embarque en barcos de inmigrantes— que acreditara que el familiar español emigró entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La batería de preguntas cuestiona la «falta aparente de comprobaciones que permitan verificar la documentación» y explica que esto genera dudas «sobre la aparición de posibles fraudes». «¿Cuántas de esas solicitudes se han presentado junto con documentos para probar el exilio? ¿Cuántas de ellas han aportado documentación emitida por partidos políticos, sindicatos u otras entidades? ¿Se ha admitido documentación emitida por el Partido Comunista de Cuba?», hacen hincapié desde Vox.La oposición total de Vox frente a la ‘ley de nietos’ radica, en parte, en el desconocimiento con la cifra total de nacionalizados. A 31 de agosto de este año, 600.684 solicitudes habían sido aprobadas (de un total de 1.317.108), mientras que se desconoce cuántas de las 716.424 fueron resueltas desfavorablemente y cuántas permanecían pendientes de respuesta. Los de Abascal exigen conocer el estado de todas ellas. Ponen en duda, además, las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, cuando ofreció la cifra de 2,4 millones de personas que habían «manifestado su interés» en optar por la nacionalidad española: «¿A qué hacía referencia exactamente el ministro?».Los de Abascal preguntan por qué Albares dijo que 2,4 millones habían «manifestado su interés» por optar a la nacionalidadPor ello, en una de las solicitudes de información, Vox pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez el número de solicitudes —al amparo de la polémica instrucción de Puente— en las que la salida de España del familiar del solicitante se produjo entre 1936 y 1978, entre el 1936 y 1955 (año utilizado en la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007) y entre 1956 y 1978. En el primero de los casos, solicitan el número de solicitudes en las que se hayan aportado algún tipo de documento para probar el exilio; de estas, preguntan por las pruebas emitidas «por partidos políticos, sindicatos u otras entidades» y, más concretamente, por cuáles fueron emitidas por el Partido Comunista de Cuba.Circunscripciones sin vínculo Gracias a la ‘ley de nietos’, los nacionalizados que no hubieran residido en España podían elegir libremente la circunscripción electoral a la que inscribirse a efectos electorales. En varias ocasiones, Vox ha sospechado que la utilidad de estos empadronamientos es para aportar nuevos votantes en provincias pequeñas o despobladas donde pocos votos podrían cambiar un escaño de color. En este sentido, en Bambú piden saber el número de nuevos nacionalizados registrados en municipios «sin acreditar un verdadero arraigo familiar o histórico». Pregunta, finalmente, si, debido al caos provocado por la suspensión judicial, se revisará el censo.El Gobierno dispone de veinte días para responder a todas las cuestiones impulsadas por Vox en un plazo de veinte días, aunque podría solicitar de forma motivada una ampliación de otros veinte para ofrecer la información por escrito. El Ejecutivo mantiene una estrategia de hermetismo en las respuestas a batería de preguntas. Habitualmente, evitan desarrollar las contestaciones y, en un tema como la ‘ley de nietos’, no se espera que compartan los datos y criterios más delicados sobre las nacionalizaciones que promueven y que el Supremo tiene bajo examen. En Bambú 12, sede nacional de Vox, buscan respuestas por parte del Gobierno para entender los entresijos de los procedimientos y los datos detrás de la ‘ley de nietos’. No satisfechos con lograr que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de más de 400.000 personas que la nacionalidad española gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente), los de Santiago Abascal acuden al Congreso con una ofensiva parlamentaria: una batería de preguntas y requerimientos de información para conocer el número total de solicitudes de nacionalidad, cuántas incluían las pruebas de exilio y los procedimientos para verificar la veracidad de los documentos. Vox, en todas las peticiones parlamentarias presentadas —a las que ha tenido acceso ABC—, pone en duda los procesos de verificación de las pruebas que evidencian supuestamente el exilio de los familiares de beneficiados por la norma. No es una acusación infundada. La instrucción, dictada cuatro días después de la entrada en vigor de la ‘ley de nietos’, eliminaba la necesidad de presentar documentos políticos que confirmasen el exilio. El solicitante debía incluir, tan solo, un certificado de nacimiento que demostrara que era hijo o nieto de un ciudadano español y la prueba del viaje o estancia en el extranjero —un pasaporte o documentación de embarque en barcos de inmigrantes— que acreditara que el familiar español emigró entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La batería de preguntas cuestiona la «falta aparente de comprobaciones que permitan verificar la documentación» y explica que esto genera dudas «sobre la aparición de posibles fraudes». «¿Cuántas de esas solicitudes se han presentado junto con documentos para probar el exilio? ¿Cuántas de ellas han aportado documentación emitida por partidos políticos, sindicatos u otras entidades? ¿Se ha admitido documentación emitida por el Partido Comunista de Cuba?», hacen hincapié desde Vox.La oposición total de Vox frente a la ‘ley de nietos’ radica, en parte, en el desconocimiento con la cifra total de nacionalizados. A 31 de agosto de este año, 600.684 solicitudes habían sido aprobadas (de un total de 1.317.108), mientras que se desconoce cuántas de las 716.424 fueron resueltas desfavorablemente y cuántas permanecían pendientes de respuesta. Los de Abascal exigen conocer el estado de todas ellas. Ponen en duda, además, las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, cuando ofreció la cifra de 2,4 millones de personas que habían «manifestado su interés» en optar por la nacionalidad española: «¿A qué hacía referencia exactamente el ministro?».Los de Abascal preguntan por qué Albares dijo que 2,4 millones habían «manifestado su interés» por optar a la nacionalidadPor ello, en una de las solicitudes de información, Vox pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez el número de solicitudes —al amparo de la polémica instrucción de Puente— en las que la salida de España del familiar del solicitante se produjo entre 1936 y 1978, entre el 1936 y 1955 (año utilizado en la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007) y entre 1956 y 1978. En el primero de los casos, solicitan el número de solicitudes en las que se hayan aportado algún tipo de documento para probar el exilio; de estas, preguntan por las pruebas emitidas «por partidos políticos, sindicatos u otras entidades» y, más concretamente, por cuáles fueron emitidas por el Partido Comunista de Cuba.Circunscripciones sin vínculo Gracias a la ‘ley de nietos’, los nacionalizados que no hubieran residido en España podían elegir libremente la circunscripción electoral a la que inscribirse a efectos electorales. En varias ocasiones, Vox ha sospechado que la utilidad de estos empadronamientos es para aportar nuevos votantes en provincias pequeñas o despobladas donde pocos votos podrían cambiar un escaño de color. En este sentido, en Bambú piden saber el número de nuevos nacionalizados registrados en municipios «sin acreditar un verdadero arraigo familiar o histórico». Pregunta, finalmente, si, debido al caos provocado por la suspensión judicial, se revisará el censo.El Gobierno dispone de veinte días para responder a todas las cuestiones impulsadas por Vox en un plazo de veinte días, aunque podría solicitar de forma motivada una ampliación de otros veinte para ofrecer la información por escrito. El Ejecutivo mantiene una estrategia de hermetismo en las respuestas a batería de preguntas. Habitualmente, evitan desarrollar las contestaciones y, en un tema como la ‘ley de nietos’, no se espera que compartan los datos y criterios más delicados sobre las nacionalizaciones que promueven y que el Supremo tiene bajo examen.
En Bambú 12, sede nacional de Vox, buscan respuestas por parte del Gobierno para entender los entresijos de los procedimientos y los datos detrás de la ‘ley de nietos’. No satisfechos con lograr que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente las inscripciones en el Censo … Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de más de 400.000 personas que la nacionalidad española gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente), los de Santiago Abascal acuden al Congreso con una ofensiva parlamentaria: una batería de preguntas y requerimientos de información para conocer el número total de solicitudes de nacionalidad, cuántas incluían las pruebas de exilio y los procedimientos para verificar la veracidad de los documentos.
Vox, en todas las peticiones parlamentarias presentadas —a las que ha tenido acceso ABC—, pone en duda los procesos de verificación de las pruebas que evidencian supuestamente el exilio de los familiares de beneficiados por la norma. No es una acusación infundada. La instrucción, dictada cuatro días después de la entrada en vigor de la ‘ley de nietos’, eliminaba la necesidad de presentar documentos políticos que confirmasen el exilio. El solicitante debía incluir, tan solo, un certificado de nacimiento que demostrara que era hijo o nieto de un ciudadano español y la prueba del viaje o estancia en el extranjero —un pasaporte o documentación de embarque en barcos de inmigrantes— que acreditara que el familiar español emigró entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
La batería de preguntas cuestiona la «falta aparente de comprobaciones que permitan verificar la documentación» y explica que esto genera dudas «sobre la aparición de posibles fraudes». «¿Cuántas de esas solicitudes se han presentado junto con documentos para probar el exilio? ¿Cuántas de ellas han aportado documentación emitida por partidos políticos, sindicatos u otras entidades? ¿Se ha admitido documentación emitida por el Partido Comunista de Cuba?», hacen hincapié desde Vox.
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La oposición total de Vox frente a la ‘ley de nietos’ radica, en parte, en el desconocimiento con la cifra total de nacionalizados. A 31 de agosto de este año, 600.684 solicitudes habían sido aprobadas (de un total de 1.317.108), mientras que se desconoce cuántas de las 716.424 fueron resueltas desfavorablemente y cuántas permanecían pendientes de respuesta. Los de Abascal exigen conocer el estado de todas ellas. Ponen en duda, además, las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, cuando ofreció la cifra de 2,4 millones de personas que habían «manifestado su interés» en optar por la nacionalidad española: «¿A qué hacía referencia exactamente el ministro?».
Los de Abascal preguntan por qué Albares dijo que 2,4 millones habían «manifestado su interés» por optar a la nacionalidad
Por ello, en una de las solicitudes de información, Vox pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez el número de solicitudes —al amparo de la polémica instrucción de Puente— en las que la salida de España del familiar del solicitante se produjo entre 1936 y 1978, entre el 1936 y 1955 (año utilizado en la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007) y entre 1956 y 1978. En el primero de los casos, solicitan el número de solicitudes en las que se hayan aportado algún tipo de documento para probar el exilio; de estas, preguntan por las pruebas emitidas «por partidos políticos, sindicatos u otras entidades» y, más concretamente, por cuáles fueron emitidas por el Partido Comunista de Cuba.
Circunscripciones sin vínculo
Gracias a la ‘ley de nietos’, los nacionalizados que no hubieran residido en España podían elegir libremente la circunscripción electoral a la que inscribirse a efectos electorales. En varias ocasiones, Vox ha sospechado que la utilidad de estos empadronamientos es para aportar nuevos votantes en provincias pequeñas o despobladas donde pocos votos podrían cambiar un escaño de color. En este sentido, en Bambú piden saber el número de nuevos nacionalizados registrados en municipios «sin acreditar un verdadero arraigo familiar o histórico». Pregunta, finalmente, si, debido al caos provocado por la suspensión judicial, se revisará el censo.
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El Gobierno dispone de veinte días para responder a todas las cuestiones impulsadas por Vox en un plazo de veinte días, aunque podría solicitar de forma motivada una ampliación de otros veinte para ofrecer la información por escrito. El Ejecutivo mantiene una estrategia de hermetismo en las respuestas a batería de preguntas. Habitualmente, evitan desarrollar las contestaciones y, en un tema como la ‘ley de nietos’, no se espera que compartan los datos y criterios más delicados sobre las nacionalizaciones que promueven y que el Supremo tiene bajo examen.
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