Las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox al proyecto de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación ( Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2027 ) de Castilla-La Mancha han decaído tras el voto en contra del PSOE en el Pleno de las Cortes regionales. La oposición ha criticado el contenido y, especialmente, la tramitación de la misma por el procedimiento de urgencia, mientras que el Gobierno regional ha defendido la necesidad de que esté aprobada antes del 31 de diciembre .El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido el proyecto, que consta de 23 artículos y se estructura en tres grandes bloques (medidas tributarias, administrativas y de simplificación y racionalización normativa).Entre las principales novedades fiscales ha destacado la modificación del IRPF para adaptar sus tramos a la evolución de las rentas, teniendo en cuenta que los salarios han aumentado un 26% en los últimos diez años, y ha estimado que alrededor de 30.000 contribuyentes de rentas medias podrán beneficiarse de esta medida.Ruiz Molina ha asegurado que la norma cumple todos los principios exigibles y ha defendido que responde a los objetivos que PP y Vox dicen perseguir en sus respectivas enmiendas.«Ley ómnibus»Por su parte, el diputado regional del PP Santiago Serrano ha justificado la enmienda a la totalidad por considerar que el procedimiento elegido por el Gobierno « limita la función del Parlamento y convierte a las Cortes en un mero convalidador», sin margen suficiente para analizar y debatir una norma de esta amplitud.Serrano ha calificado el proyecto de ley de «ómnibus» y de «cajón desastre» al incluir modificaciones sobre materias tan diversas como la prevención de incendios, las cooperativas, el juego, las carreteras, la agricultura, la ganadería o el patrimonio cultural, además de introducir cambios en el silencio administrativo de numerosas leyes. « Cada una de estas cuestiones debería contar con un debate específico y un diálogo previo con los sectores afectados», ha criticado.El diputado popular ha señalado además que no entiende cómo una Ley de Acompañamientos entre en vigor antes que estos y ha acusado al PSOE de recortar de forma sistemática la capacidad de actuación de la oposición. Y aunque ha reconocido que hay medidas de la Ley con las que pueden estar de acuerdo, como la deflactación del IRPF, ha considerado que la propuesta fiscal del Gobierno se queda en un «mero maquillaje».Financiación de las medidasDe su lado, el diputado regional de Vox Francisco José Cobo ha denunciado la falta de garantías sobre la viabilidad económica de las medidas incluidas en el proyecto. Ha puesto en duda que los beneficios fiscales anunciados, 400 millones de euros, estén correctamente incorporados a las previsiones presupuestarias y ha pedido explicaciones sobre sus consecuencias en los ingresos de la comunidad.Cobo ha advertido de la existencia de pasivos contingentes y ha calificado los Presupuestos de unas cuentas que «nacen rotas», al considerar que el Gobierno presenta medidas sin decir suficientemente cómo se financiarán. «No basta con cambiar una norma, hay que garantizar que las subvenciones tengan esa financiación », ha señalado.Del mismo modo, el diputado regional ha reclamado información concreta sobre las partidas que se amplían, los trámites que se eliminan con la simplificación administrativa y el grado de ejecución del gasto. Asimismo, ha advertido de las consecuencias que determinadas decisiones podrían tener sobre el déficit y el cumplimiento de la regla de gasto. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox al proyecto de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación ( Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2027 ) de Castilla-La Mancha han decaído tras el voto en contra del PSOE en el Pleno de las Cortes regionales. La oposición ha criticado el contenido y, especialmente, la tramitación de la misma por el procedimiento de urgencia, mientras que el Gobierno regional ha defendido la necesidad de que esté aprobada antes del 31 de diciembre .El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido el proyecto, que consta de 23 artículos y se estructura en tres grandes bloques (medidas tributarias, administrativas y de simplificación y racionalización normativa).Entre las principales novedades fiscales ha destacado la modificación del IRPF para adaptar sus tramos a la evolución de las rentas, teniendo en cuenta que los salarios han aumentado un 26% en los últimos diez años, y ha estimado que alrededor de 30.000 contribuyentes de rentas medias podrán beneficiarse de esta medida.Ruiz Molina ha asegurado que la norma cumple todos los principios exigibles y ha defendido que responde a los objetivos que PP y Vox dicen perseguir en sus respectivas enmiendas.«Ley ómnibus»Por su parte, el diputado regional del PP Santiago Serrano ha justificado la enmienda a la totalidad por considerar que el procedimiento elegido por el Gobierno « limita la función del Parlamento y convierte a las Cortes en un mero convalidador», sin margen suficiente para analizar y debatir una norma de esta amplitud.Serrano ha calificado el proyecto de ley de «ómnibus» y de «cajón desastre» al incluir modificaciones sobre materias tan diversas como la prevención de incendios, las cooperativas, el juego, las carreteras, la agricultura, la ganadería o el patrimonio cultural, además de introducir cambios en el silencio administrativo de numerosas leyes. « Cada una de estas cuestiones debería contar con un debate específico y un diálogo previo con los sectores afectados», ha criticado.El diputado popular ha señalado además que no entiende cómo una Ley de Acompañamientos entre en vigor antes que estos y ha acusado al PSOE de recortar de forma sistemática la capacidad de actuación de la oposición. Y aunque ha reconocido que hay medidas de la Ley con las que pueden estar de acuerdo, como la deflactación del IRPF, ha considerado que la propuesta fiscal del Gobierno se queda en un «mero maquillaje».Financiación de las medidasDe su lado, el diputado regional de Vox Francisco José Cobo ha denunciado la falta de garantías sobre la viabilidad económica de las medidas incluidas en el proyecto. Ha puesto en duda que los beneficios fiscales anunciados, 400 millones de euros, estén correctamente incorporados a las previsiones presupuestarias y ha pedido explicaciones sobre sus consecuencias en los ingresos de la comunidad.Cobo ha advertido de la existencia de pasivos contingentes y ha calificado los Presupuestos de unas cuentas que «nacen rotas», al considerar que el Gobierno presenta medidas sin decir suficientemente cómo se financiarán. «No basta con cambiar una norma, hay que garantizar que las subvenciones tengan esa financiación », ha señalado.Del mismo modo, el diputado regional ha reclamado información concreta sobre las partidas que se amplían, los trámites que se eliminan con la simplificación administrativa y el grado de ejecución del gasto. Asimismo, ha advertido de las consecuencias que determinadas decisiones podrían tener sobre el déficit y el cumplimiento de la regla de gasto.
Las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox al proyecto de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación (Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2027) de Castilla-La Mancha han decaído tras el voto en contra del PSOE en el … Pleno de las Cortes regionales. La oposición ha criticado el contenido y, especialmente, la tramitación de la misma por el procedimiento de urgencia, mientras que el Gobierno regional ha defendido la necesidad de que esté aprobada antes del 31 de diciembre.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido el proyecto, que consta de 23 artículos y se estructura en tres grandes bloques (medidas tributarias, administrativas y de simplificación y racionalización normativa).
Entre las principales novedades fiscales ha destacado la modificación del IRPF para adaptar sus tramos a la evolución de las rentas, teniendo en cuenta que los salarios han aumentado un 26% en los últimos diez años, y ha estimado que alrededor de 30.000 contribuyentes de rentas medias podrán beneficiarse de esta medida.
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Ruiz Molina ha asegurado que la norma cumple todos los principios exigibles y ha defendido que responde a los objetivos que PP y Vox dicen perseguir en sus respectivas enmiendas.
«Ley ómnibus»
Por su parte, el diputado regional del PP Santiago Serrano ha justificado la enmienda a la totalidad por considerar que el procedimiento elegido por el Gobierno «limita la función del Parlamento y convierte a las Cortes en un mero convalidador», sin margen suficiente para analizar y debatir una norma de esta amplitud.
Serrano ha calificado el proyecto de ley de «ómnibus» y de «cajón desastre» al incluir modificaciones sobre materias tan diversas como la prevención de incendios, las cooperativas, el juego, las carreteras, la agricultura, la ganadería o el patrimonio cultural, además de introducir cambios en el silencio administrativo de numerosas leyes. «Cada una de estas cuestiones debería contar con un debate específico y un diálogo previo con los sectores afectados», ha criticado.
El diputado popular ha señalado además que no entiende cómo una Ley de Acompañamientos entre en vigor antes que estos y ha acusado al PSOE de recortar de forma sistemática la capacidad de actuación de la oposición. Y aunque ha reconocido que hay medidas de la Ley con las que pueden estar de acuerdo, como la deflactación del IRPF, ha considerado que la propuesta fiscal del Gobierno se queda en un «mero maquillaje».
Financiación de las medidas
De su lado, el diputado regional de Vox Francisco José Cobo ha denunciado la falta de garantías sobre la viabilidad económica de las medidas incluidas en el proyecto. Ha puesto en duda que los beneficios fiscales anunciados, 400 millones de euros, estén correctamente incorporados a las previsiones presupuestarias y ha pedido explicaciones sobre sus consecuencias en los ingresos de la comunidad.
Cobo ha advertido de la existencia de pasivos contingentes y ha calificado los Presupuestos de unas cuentas que «nacen rotas», al considerar que el Gobierno presenta medidas sin decir suficientemente cómo se financiarán. «No basta con cambiar una norma, hay que garantizar que las subvenciones tengan esa financiación», ha señalado.
Del mismo modo, el diputado regional ha reclamado información concreta sobre las partidas que se amplían, los trámites que se eliminan con la simplificación administrativa y el grado de ejecución del gasto. Asimismo, ha advertido de las consecuencias que determinadas decisiones podrían tener sobre el déficit y el cumplimiento de la regla de gasto.
Bloquear la ley
La diputada socialista Silvia Fernández ha rechazado los argumentos de PP y Vox y ha considerado que sus enmiendas contienen reproches al Gobierno que poco tienen que ver con el contenido del proyecto. Frente a las críticas económicas de Vox, ha defendido la evolución financiera de la comunidad y ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera región que más ha reducido su deuda desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno.
Fernández ha explicado que la ley pretende introducir las mejoras tributarias y administrativas necesarias para hacer posibles los compromisos presupuestarios y ha defendido que el texto ha seguido un procedimiento previo. «Solo veo a dos partidos que únicamente quieren paralizar su aprobación», ha indicado.
El consejero de Hacienda ha insistido en que el objetivo es que la ley esté aprobada antes del 31 de diciembre
En sus turnos de réplica, el diputado del Partido Popular ha defendido que no pretenden bloquear la norma, sino garantizar un debate parlamentario con mayor transparencia y evitar modificaciones posteriores derivadas de «una aprobación precipitada».
Por último, el consejero de Hacienda ha insistido en que el objetivo es que la ley esté aprobada antes del 31 de diciembre y ha señalado que los grupos han dispuesto de tiempo suficiente para estudiarla, recordando que juntos han presentado 93 enmiendas parciales.
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