El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha admitido este lunes, en su visita a Zamora para participar en una entrega de premios ligada al cooperativismo y la economía social, que «hay que tener en cuenta los efectos sinérgicos» de los proyectos que se plantean en torno al centro de datos de Monfarracinos y atender esa realidad más allá de cada iniciativa individual.En su atención a los medios, Quiñones ha respondido a las preguntas sobre todo lo que rodea al centro de datos, un proyecto de interés autonómico que ha generado polémica en una zona donde se han creado plataformas vecinales contrarias a su puesta en marcha.El consejero ha abogado por respetar la normativa y por mantener la confianza en la administración pública en su vertiente técnica y jurídica, informa Ep. En esa línea, Quiñones ha subrayado que las decisiones sobre estos asuntos las toman funcionarios «con una alta cualificación» y ha remarcado que los proyectos salen adelante en función de criterios objetivos. Lo que sí ha admitido el consejero es que los vecinos tienen derecho a expresar sus dudas y sus opiniones, y ha recordado que la gente dispone de la vía de las alegaciones para trasladar su preocupación. «Se van a tener en consideración, se van a estudiar y se van a contestar», ha afirmado el responsable autonómico.Por otra parte, Suárez-Quiñones ha reconocido que las propias empresas promotoras tendrían que contestar a las cuestiones que preocupan a la ciudadanía con el fin de mostrar «una transparencia absoluta». El consejero ha hablado aquí de la acumulación de proyectos y ha recordado que hay sentencias judiciales que ya exigen abordar el conjunto de proyectos que afectan a una determinada zona sin limitarse en exclusiva a cada uno de ellos de forma individual.De igual modo, ha hablado del interés autonómico y de la posible reducción del pago de impuestos que esa declaración podría tener para la empresa promotora del centro de datos. «Los beneficios económicos para el territorio ante cualquier proyecto empresarial son indudables porque hay distintos tipos de entrada de dinero en las arcas públicas», ha recordado el consejero, que ha admitido que, en cuanto al ICIO, la tramitación abierta por la Junta podría evitar el pago por parte de la empresa. «Pero depende de qué tipo de planta y qué tipo de proyecto», ha zanjado. El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha admitido este lunes, en su visita a Zamora para participar en una entrega de premios ligada al cooperativismo y la economía social, que «hay que tener en cuenta los efectos sinérgicos» de los proyectos que se plantean en torno al centro de datos de Monfarracinos y atender esa realidad más allá de cada iniciativa individual.En su atención a los medios, Quiñones ha respondido a las preguntas sobre todo lo que rodea al centro de datos, un proyecto de interés autonómico que ha generado polémica en una zona donde se han creado plataformas vecinales contrarias a su puesta en marcha.El consejero ha abogado por respetar la normativa y por mantener la confianza en la administración pública en su vertiente técnica y jurídica, informa Ep. En esa línea, Quiñones ha subrayado que las decisiones sobre estos asuntos las toman funcionarios «con una alta cualificación» y ha remarcado que los proyectos salen adelante en función de criterios objetivos. Lo que sí ha admitido el consejero es que los vecinos tienen derecho a expresar sus dudas y sus opiniones, y ha recordado que la gente dispone de la vía de las alegaciones para trasladar su preocupación. «Se van a tener en consideración, se van a estudiar y se van a contestar», ha afirmado el responsable autonómico.Por otra parte, Suárez-Quiñones ha reconocido que las propias empresas promotoras tendrían que contestar a las cuestiones que preocupan a la ciudadanía con el fin de mostrar «una transparencia absoluta». El consejero ha hablado aquí de la acumulación de proyectos y ha recordado que hay sentencias judiciales que ya exigen abordar el conjunto de proyectos que afectan a una determinada zona sin limitarse en exclusiva a cada uno de ellos de forma individual.De igual modo, ha hablado del interés autonómico y de la posible reducción del pago de impuestos que esa declaración podría tener para la empresa promotora del centro de datos. «Los beneficios económicos para el territorio ante cualquier proyecto empresarial son indudables porque hay distintos tipos de entrada de dinero en las arcas públicas», ha recordado el consejero, que ha admitido que, en cuanto al ICIO, la tramitación abierta por la Junta podría evitar el pago por parte de la empresa. «Pero depende de qué tipo de planta y qué tipo de proyecto», ha zanjado.
El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha admitido este lunes, en su visita a Zamora para participar en una entrega de premios ligada al cooperativismo y la economía social, que «hay que tener en cuenta los … efectos sinérgicos» de los proyectos que se plantean en torno al centro de datos de Monfarracinos y atender esa realidad más allá de cada iniciativa individual.
En su atención a los medios, Quiñones ha respondido a las preguntas sobre todo lo que rodea al centro de datos, un proyecto de interés autonómico que ha generado polémica en una zona donde se han creado plataformas vecinales contrarias a su puesta en marcha.
El consejero ha abogado por respetar la normativa y por mantener la confianza en la administración pública en su vertiente técnica y jurídica, informa Ep. En esa línea, Quiñones ha subrayado que las decisiones sobre estos asuntos las toman funcionarios «con una alta cualificación» y ha remarcado que los proyectos salen adelante en función de criterios objetivos. Lo que sí ha admitido el consejero es que los vecinos tienen derecho a expresar sus dudas y sus opiniones, y ha recordado que la gente dispone de la vía de las alegaciones para trasladar su preocupación. «Se van a tener en consideración, se van a estudiar y se van a contestar», ha afirmado el responsable autonómico.
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Por otra parte, Suárez-Quiñones ha reconocido que las propias empresas promotoras tendrían que contestar a las cuestiones que preocupan a la ciudadanía con el fin de mostrar «una transparencia absoluta». El consejero ha hablado aquí de la acumulación de proyectos y ha recordado que hay sentencias judiciales que ya exigen abordar el conjunto de proyectos que afectan a una determinada zona sin limitarse en exclusiva a cada uno de ellos de forma individual.
De igual modo, ha hablado del interés autonómico y de la posible reducción del pago de impuestos que esa declaración podría tener para la empresa promotora del centro de datos. «Los beneficios económicos para el territorio ante cualquier proyecto empresarial son indudables porque hay distintos tipos de entrada de dinero en las arcas públicas», ha recordado el consejero, que ha admitido que, en cuanto al ICIO, la tramitación abierta por la Junta podría evitar el pago por parte de la empresa. «Pero depende de qué tipo de planta y qué tipo de proyecto», ha zanjado.
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