La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha reestructurado su equipo de defensa ante la fase decisiva de la investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 con el fichaje del prestigioso penalista Pedro Colina, ahora en el despacho Kepler-Karst. El relevo se produce en un momento especialmente relevante de la instrucción que dirige la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que mantiene a la extitular de Emergencias como investigada.Según ha confirmado fuentes de la defensa de Pradas a ABC, la exconsellera afronta la continuación de la instrucción bajo la nueva defensa de Colina, junto a las penalistas Sandra Imedio y Paloma Crespo. Por su parte, el exmagistrado y abogado Eduardo Urbano se desliga del equipo judicial por motivos personales, sin descartar volver a intervenir de nuevo en el futuro.Kepler-Karst define a Colina, procedente del bufete Choclán, como uno de los principales especialistas de España en materia de Derecho Penal Económico, con más de tres décadas de experiencias en algunos de los procedimientos penales de mayor complejidad y repercusión mediática. Hasta ahora, encabezaba la representación del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en la causa de la ‘Operación Kitchen’.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Pradas pide a la juez los whatsapps de Pilar Bernabé y Miguel Polo del día de la danaColina es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Gestión de Empresa por la CEOE. Es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid e imparte docencia en diversos Másteres de Acceso al Ejercicio de la Abogacía (ICADE, Universidad Cisneros y Universidad Carlos III). Es coautor del Código Penal Comentado y con Jurisprudencia (La Ley), principal obra de referencia doctrinal en Derecho Penal de España, y ponente habitual en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense.El nuevo mandato de Colina no supone una ruptura completa de la defensa de Pradas, pues seguirán con él las penalistas Imedio y Crespo. El movimiento llega en un momento donde la causa judicial afronta una de las etapas de mayor trascendencia. La magistrada de Catarroja mantiene abiertas diligencias contra Pradas y su número dos en Emergencias, Emilio Argüeso. Los abogados de la exconsellera se han mostrado especialmente críticos con la instrucción de la juez Rui Tobarra, llegando a cuestionar su imparcialidad objetiva. Trasladó un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para criticar que la juez estaba prolongando «artificialmente» la investigación llamando a declarar como testigo a «todo aquel que haya tenido el más mínimo contacto con los hechos», al tiempo que ignora cualquier otra vía que contradiga su «tesis preestablecida»: la «desidia o inactividad de los investigados y el retraso en enviar los ES-Alert».Pradas apuntó a la instructora por, a su juicio, la «visión sesgada» y «bajo prejuicios» con la que está investigando lo ocurrido. «Mientras se practican diligencias que arrojan luz sobre la inocencia o la atenuación de responsabilidad de mi mandante, la instructora mantiene sus criterios iniciales sin el menor rubor, como si las diligencias de prueba que se van practicando, no existieran», cuestionó.Para su defensa, la juez ha adoptado una «tesis de culpabilidad prematura» con «juicios de valor lapidarios, la filtración sistemática de actuaciones que genera un juicio paralelo lesivo para la reputación de la investigada, y una actitud hostil hacia los informes de la Policía Judicial que contradicen su visión de los hechos, lo que en conjunto supone un ejercicio desequilibrado de la función jurisdiccional en una causa de gran trascendencia social». La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha reestructurado su equipo de defensa ante la fase decisiva de la investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 con el fichaje del prestigioso penalista Pedro Colina, ahora en el despacho Kepler-Karst. El relevo se produce en un momento especialmente relevante de la instrucción que dirige la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que mantiene a la extitular de Emergencias como investigada.Según ha confirmado fuentes de la defensa de Pradas a ABC, la exconsellera afronta la continuación de la instrucción bajo la nueva defensa de Colina, junto a las penalistas Sandra Imedio y Paloma Crespo. Por su parte, el exmagistrado y abogado Eduardo Urbano se desliga del equipo judicial por motivos personales, sin descartar volver a intervenir de nuevo en el futuro.Kepler-Karst define a Colina, procedente del bufete Choclán, como uno de los principales especialistas de España en materia de Derecho Penal Económico, con más de tres décadas de experiencias en algunos de los procedimientos penales de mayor complejidad y repercusión mediática. Hasta ahora, encabezaba la representación del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en la causa de la ‘Operación Kitchen’.MÁS INFORMACIÓN noticia Si Pradas pide a la juez los whatsapps de Pilar Bernabé y Miguel Polo del día de la danaColina es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Gestión de Empresa por la CEOE. Es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid e imparte docencia en diversos Másteres de Acceso al Ejercicio de la Abogacía (ICADE, Universidad Cisneros y Universidad Carlos III). Es coautor del Código Penal Comentado y con Jurisprudencia (La Ley), principal obra de referencia doctrinal en Derecho Penal de España, y ponente habitual en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense.El nuevo mandato de Colina no supone una ruptura completa de la defensa de Pradas, pues seguirán con él las penalistas Imedio y Crespo. El movimiento llega en un momento donde la causa judicial afronta una de las etapas de mayor trascendencia. La magistrada de Catarroja mantiene abiertas diligencias contra Pradas y su número dos en Emergencias, Emilio Argüeso. Los abogados de la exconsellera se han mostrado especialmente críticos con la instrucción de la juez Rui Tobarra, llegando a cuestionar su imparcialidad objetiva. Trasladó un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para criticar que la juez estaba prolongando «artificialmente» la investigación llamando a declarar como testigo a «todo aquel que haya tenido el más mínimo contacto con los hechos», al tiempo que ignora cualquier otra vía que contradiga su «tesis preestablecida»: la «desidia o inactividad de los investigados y el retraso en enviar los ES-Alert».Pradas apuntó a la instructora por, a su juicio, la «visión sesgada» y «bajo prejuicios» con la que está investigando lo ocurrido. «Mientras se practican diligencias que arrojan luz sobre la inocencia o la atenuación de responsabilidad de mi mandante, la instructora mantiene sus criterios iniciales sin el menor rubor, como si las diligencias de prueba que se van practicando, no existieran», cuestionó.Para su defensa, la juez ha adoptado una «tesis de culpabilidad prematura» con «juicios de valor lapidarios, la filtración sistemática de actuaciones que genera un juicio paralelo lesivo para la reputación de la investigada, y una actitud hostil hacia los informes de la Policía Judicial que contradicen su visión de los hechos, lo que en conjunto supone un ejercicio desequilibrado de la función jurisdiccional en una causa de gran trascendencia social».
La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha reestructurado su equipo de defensa ante la fase decisiva de la investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 con el fichaje del prestigioso … penalista Pedro Colina, ahora en el despacho Kepler-Karst. El relevo se produce en un momento especialmente relevante de la instrucción que dirige la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que mantiene a la extitular de Emergencias como investigada.
Según ha confirmado fuentes de la defensa de Pradas a ABC, la exconsellera afronta la continuación de la instrucción bajo la nueva defensa de Colina, junto a las penalistas Sandra Imedio y Paloma Crespo. Por su parte, el exmagistrado y abogado Eduardo Urbano se desliga del equipo judicial por motivos personales, sin descartar volver a intervenir de nuevo en el futuro.
Kepler-Karst define a Colina, procedente del bufete Choclán, como uno de los principales especialistas de España en materia de Derecho Penal Económico, con más de tres décadas de experiencias en algunos de los procedimientos penales de mayor complejidad y repercusión mediática. Hasta ahora, encabezaba la representación del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en la causa de la ‘Operación Kitchen’.
Colina es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Gestión de Empresa por la CEOE. Es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid e imparte docencia en diversos Másteres de Acceso al Ejercicio de la Abogacía (ICADE, Universidad Cisneros y Universidad Carlos III). Es coautor del Código Penal Comentado y con Jurisprudencia (La Ley), principal obra de referencia doctrinal en Derecho Penal de España, y ponente habitual en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense.
El nuevo mandato de Colina no supone una ruptura completa de la defensa de Pradas, pues seguirán con él las penalistas Imedio y Crespo. El movimiento llega en un momento donde la causa judicial afronta una de las etapas de mayor trascendencia. La magistrada de Catarroja mantiene abiertas diligencias contra Pradas y su número dos en Emergencias, Emilio Argüeso.
Los abogados de la exconsellera se han mostrado especialmente críticos con la instrucción de la juez Rui Tobarra, llegando a cuestionar su imparcialidad objetiva. Trasladó un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para criticar que la juez estaba prolongando «artificialmente» la investigación llamando a declarar como testigo a «todo aquel que haya tenido el más mínimo contacto con los hechos», al tiempo que ignora cualquier otra vía que contradiga su «tesis preestablecida»: la «desidia o inactividad de los investigados y el retraso en enviar los ES-Alert».
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Pradas apuntó a la instructora por, a su juicio, la «visión sesgada» y «bajo prejuicios» con la que está investigando lo ocurrido. «Mientras se practican diligencias que arrojan luz sobre la inocencia o la atenuación de responsabilidad de mi mandante, la instructora mantiene sus criterios iniciales sin el menor rubor, como si las diligencias de prueba que se van practicando, no existieran», cuestionó.
Para su defensa, la juez ha adoptado una «tesis de culpabilidad prematura» con «juicios de valor lapidarios, la filtración sistemática de actuaciones que genera un juicio paralelo lesivo para la reputación de la investigada, y una actitud hostil hacia los informes de la Policía Judicial que contradicen su visión de los hechos, lo que en conjunto supone un ejercicio desequilibrado de la función jurisdiccional en una causa de gran trascendencia social».
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