«Vamos a sudar la camiseta», repite estos días la Moncloa, aprovechando que el calendario coincide con el Mundial e intentando distraer con una cortina de humo que lo único que evidencia es una férrea resistencia numantina. Sin embargo, se dispersa enseguida cuando uno mira el marcador: la semana pasada el Congreso tumbó el real decreto ley que autorizaba créditos extraordinarios al sector público institucional, el octavo que el Parlamento desautoriza a Pedro Sánchez en lo que va de legislatura. Ocho decretos leyes derogados en tres años, más del doble de los que sumaron juntos, en cuarenta y cuatro años de democracia, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Entre los cinco, solo perdieron tres: el desaire de 1979 a Suárez con la prórroga de un ente inmobiliario franquista, el traspié en la votación de impuestos al tabaco que sufrió Zapatero en 2006 y el tropiezo de Rajoy con la estiba portuaria en 2017. Si se añaden los dos que la Cámara Baja rechazó al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, también con Sánchez a la cabeza, el actual presidente triplica a sus antecesores en fracasos en este tipo de normas.Sánchez, en solitario, y solo teniendo en cuenta los ocho de esta legislatura, supera el historial completo de la democracia, y lo ha hecho en el tiempo que a otros les llevó perder un único decreto ley. Cada uno de ellos evidencia que el presidente no cuenta con una mayoría clara en el Congreso: el gravamen a las energéticas, el escudo social, el refuerzo del subsidio de desempleo que exigía Bruselas —aprobado después en una segunda intentona— y, ahora, los créditos extraordinarios, entre otros. El quid de la cuestión radica en que estas son normas urgentes y es muy excepcional que la Cámara Baja se las tumbe al Gobierno. Ese que sostiene que la legislatura sigue activa, a pesar de verlos caer uno detrás de otro. Noticia relacionada general No No Moncloa planea medidas de vivienda a golpe de real decreto para burlar al Congreso Ainhoa MartínezEstas derrotas se producen en paralelo a la complicada agenda judicial que atraviesa el Ejecutivo. El 22 de junio, el Tribunal Supremo sentenció a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, los dos primeros con penas de prisión de veinticuatro y diecinueve años respectivamente. Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización socialista, sigue investigado y en libertad provisional. Apenas un pasillo más allá, Begoña Gómez, residiendo en el palacio presidencial, ha sido enviada a juicio con jurado popular por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, aunque la Fiscalía ha pedido su sobreseimiento y la Audiencia de Madrid decide este mismo mes si lo confirma. Y David Sánchez, su hermano, espera sentencia por beneficiarse supuestamente de un puesto público creado a medida para él.Todavía no hay sentencia firme en la mayoría de casos que rodean a Sánchez, pero el desgaste judicial, semana a semana sin que ninguna victoria parlamentaria relevante aúpe el ánimo de los suyos, ha minado aún más el control del presidente sobre las Cortes. El Senado ha aprobado por mayoría absoluta una moción de reprobación al Gobierno por los casos que salpican al PSOE, al igual que el Congreso le pidió que se sometiese a una cuestión de confianza la semana pasada. En esta línea, los socios de investidura han sustituido la lealtad por algo parecido a un ultimátum, exigiendo elecciones o un cambio de rumbo del propio PSOE, con la ‘vía Starmer’ como solución más novedosa, lanzada desde Junts. Mientras, el Partido Popular sueña con una moción de censura para la que, a día de hoy, no dan los números. Frente a este panorama, Sánchez ha apostado por jugar su propio partido para intentar dominar el relato. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, insiste en que la legislatura «merece la pena» a pesar de que el presidente triplica a todos sus antecesores en decretos leyes derogados, de que no se han aprobado grandes normas más allá de la amnistía a los encausados por el ‘procés’ y de que el Consejo de Ministros ha sido incapaz de presentar siquiera ni unos solos presupuestos en estos tres años. El Gobierno aguanta, ahora con la excusa de las cuentas públicas como objetivo. De momento, si no hay un cambio de planes, lo previsible es que el Ejecutivo presente en el Congreso la senda de estabilidad en las dos sesiones plenarias que se han habilitado: 14 y 23 de este mes. Si fracasa, será la tercera vez en esta legislatura que no logre sacar adelante los objetivos previos a los presupuestos. La fotografía es complicada de maquillar. Apenas se legisla por la vía ordinaria, se gobierna a golpe de decretos leyes de urgencia que el Parlamento desactiva cada vez con más frecuencia y la agenda pública se rige más por los autos que llegan desde el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que por lo que pasa en las Cortes. El marcador ahora mismo es de ocho reales decretos leyes derogados esta legislatura —diez contando los dos de la anterior—. El de los tribunales todavía no se ha cerrado. «Vamos a sudar la camiseta», repite estos días la Moncloa, aprovechando que el calendario coincide con el Mundial e intentando distraer con una cortina de humo que lo único que evidencia es una férrea resistencia numantina. Sin embargo, se dispersa enseguida cuando uno mira el marcador: la semana pasada el Congreso tumbó el real decreto ley que autorizaba créditos extraordinarios al sector público institucional, el octavo que el Parlamento desautoriza a Pedro Sánchez en lo que va de legislatura. Ocho decretos leyes derogados en tres años, más del doble de los que sumaron juntos, en cuarenta y cuatro años de democracia, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Entre los cinco, solo perdieron tres: el desaire de 1979 a Suárez con la prórroga de un ente inmobiliario franquista, el traspié en la votación de impuestos al tabaco que sufrió Zapatero en 2006 y el tropiezo de Rajoy con la estiba portuaria en 2017. Si se añaden los dos que la Cámara Baja rechazó al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, también con Sánchez a la cabeza, el actual presidente triplica a sus antecesores en fracasos en este tipo de normas.Sánchez, en solitario, y solo teniendo en cuenta los ocho de esta legislatura, supera el historial completo de la democracia, y lo ha hecho en el tiempo que a otros les llevó perder un único decreto ley. Cada uno de ellos evidencia que el presidente no cuenta con una mayoría clara en el Congreso: el gravamen a las energéticas, el escudo social, el refuerzo del subsidio de desempleo que exigía Bruselas —aprobado después en una segunda intentona— y, ahora, los créditos extraordinarios, entre otros. El quid de la cuestión radica en que estas son normas urgentes y es muy excepcional que la Cámara Baja se las tumbe al Gobierno. Ese que sostiene que la legislatura sigue activa, a pesar de verlos caer uno detrás de otro. Noticia relacionada general No No Moncloa planea medidas de vivienda a golpe de real decreto para burlar al Congreso Ainhoa MartínezEstas derrotas se producen en paralelo a la complicada agenda judicial que atraviesa el Ejecutivo. El 22 de junio, el Tribunal Supremo sentenció a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, los dos primeros con penas de prisión de veinticuatro y diecinueve años respectivamente. Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización socialista, sigue investigado y en libertad provisional. Apenas un pasillo más allá, Begoña Gómez, residiendo en el palacio presidencial, ha sido enviada a juicio con jurado popular por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, aunque la Fiscalía ha pedido su sobreseimiento y la Audiencia de Madrid decide este mismo mes si lo confirma. Y David Sánchez, su hermano, espera sentencia por beneficiarse supuestamente de un puesto público creado a medida para él.Todavía no hay sentencia firme en la mayoría de casos que rodean a Sánchez, pero el desgaste judicial, semana a semana sin que ninguna victoria parlamentaria relevante aúpe el ánimo de los suyos, ha minado aún más el control del presidente sobre las Cortes. El Senado ha aprobado por mayoría absoluta una moción de reprobación al Gobierno por los casos que salpican al PSOE, al igual que el Congreso le pidió que se sometiese a una cuestión de confianza la semana pasada. En esta línea, los socios de investidura han sustituido la lealtad por algo parecido a un ultimátum, exigiendo elecciones o un cambio de rumbo del propio PSOE, con la ‘vía Starmer’ como solución más novedosa, lanzada desde Junts. Mientras, el Partido Popular sueña con una moción de censura para la que, a día de hoy, no dan los números. Frente a este panorama, Sánchez ha apostado por jugar su propio partido para intentar dominar el relato. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, insiste en que la legislatura «merece la pena» a pesar de que el presidente triplica a todos sus antecesores en decretos leyes derogados, de que no se han aprobado grandes normas más allá de la amnistía a los encausados por el ‘procés’ y de que el Consejo de Ministros ha sido incapaz de presentar siquiera ni unos solos presupuestos en estos tres años. El Gobierno aguanta, ahora con la excusa de las cuentas públicas como objetivo. De momento, si no hay un cambio de planes, lo previsible es que el Ejecutivo presente en el Congreso la senda de estabilidad en las dos sesiones plenarias que se han habilitado: 14 y 23 de este mes. Si fracasa, será la tercera vez en esta legislatura que no logre sacar adelante los objetivos previos a los presupuestos. La fotografía es complicada de maquillar. Apenas se legisla por la vía ordinaria, se gobierna a golpe de decretos leyes de urgencia que el Parlamento desactiva cada vez con más frecuencia y la agenda pública se rige más por los autos que llegan desde el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que por lo que pasa en las Cortes. El marcador ahora mismo es de ocho reales decretos leyes derogados esta legislatura —diez contando los dos de la anterior—. El de los tribunales todavía no se ha cerrado.
«Vamos a sudar la camiseta», repite estos días la Moncloa, aprovechando que el calendario coincide con el Mundial e intentando distraer con una cortina de humo que lo único que evidencia es una férrea resistencia numantina. Sin embargo, se dispersa enseguida cuando uno mira … el marcador: la semana pasada el Congreso tumbó el real decreto ley que autorizaba créditos extraordinarios al sector público institucional, el octavo que el Parlamento desautoriza a Pedro Sánchez en lo que va de legislatura.
Ocho decretos leyes derogados en tres años, más del doble de los que sumaron juntos, en cuarenta y cuatro años de democracia, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Entre los cinco, solo perdieron tres: el desaire de 1979 a Suárez con la prórroga de un ente inmobiliario franquista, el traspié en la votación de impuestos al tabaco que sufrió Zapatero en 2006 y el tropiezo de Rajoy con la estiba portuaria en 2017. Si se añaden los dos que la Cámara Baja rechazó al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, también con Sánchez a la cabeza, el actual presidente triplica a sus antecesores en fracasos en este tipo de normas.
Sánchez, en solitario, y solo teniendo en cuenta los ocho de esta legislatura, supera el historial completo de la democracia, y lo ha hecho en el tiempo que a otros les llevó perder un único decreto ley. Cada uno de ellos evidencia que el presidente no cuenta con una mayoría clara en el Congreso: el gravamen a las energéticas, el escudo social, el refuerzo del subsidio de desempleo que exigía Bruselas —aprobado después en una segunda intentona— y, ahora, los créditos extraordinarios, entre otros. El quid de la cuestión radica en que estas son normas urgentes y es muy excepcional que la Cámara Baja se las tumbe al Gobierno. Ese que sostiene que la legislatura sigue activa, a pesar de verlos caer uno detrás de otro.
Noticia relacionada
Estas derrotas se producen en paralelo a la complicada agenda judicial que atraviesa el Ejecutivo. El 22 de junio, el Tribunal Supremo sentenció a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, los dos primeros con penas de prisión de veinticuatro y diecinueve años respectivamente. Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización socialista, sigue investigado y en libertad provisional. Apenas un pasillo más allá, Begoña Gómez, residiendo en el palacio presidencial, ha sido enviada a juicio con jurado popular por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, aunque la Fiscalía ha pedido su sobreseimiento y la Audiencia de Madrid decide este mismo mes si lo confirma. Y David Sánchez, su hermano, espera sentencia por beneficiarse supuestamente de un puesto público creado a medida para él.
Todavía no hay sentencia firme en la mayoría de casos que rodean a Sánchez, pero el desgaste judicial, semana a semana sin que ninguna victoria parlamentaria relevante aúpe el ánimo de los suyos, ha minado aún más el control del presidente sobre las Cortes. El Senado ha aprobado por mayoría absoluta una moción de reprobación al Gobierno por los casos que salpican al PSOE, al igual que el Congreso le pidió que se sometiese a una cuestión de confianza la semana pasada. En esta línea, los socios de investidura han sustituido la lealtad por algo parecido a un ultimátum, exigiendo elecciones o un cambio de rumbo del propio PSOE, con la ‘vía Starmer’ como solución más novedosa, lanzada desde Junts. Mientras, el Partido Popular sueña con una moción de censura para la que, a día de hoy, no dan los números.
Frente a este panorama, Sánchez ha apostado por jugar su propio partido para intentar dominar el relato. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, insiste en que la legislatura «merece la pena» a pesar de que el presidente triplica a todos sus antecesores en decretos leyes derogados, de que no se han aprobado grandes normas más allá de la amnistía a los encausados por el ‘procés’ y de que el Consejo de Ministros ha sido incapaz de presentar siquiera ni unos solos presupuestos en estos tres años.
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El Gobierno aguanta, ahora con la excusa de las cuentas públicas como objetivo. De momento, si no hay un cambio de planes, lo previsible es que el Ejecutivo presente en el Congreso la senda de estabilidad en las dos sesiones plenarias que se han habilitado: 14 y 23 de este mes. Si fracasa, será la tercera vez en esta legislatura que no logre sacar adelante los objetivos previos a los presupuestos. La fotografía es complicada de maquillar. Apenas se legisla por la vía ordinaria, se gobierna a golpe de decretos leyes de urgencia que el Parlamento desactiva cada vez con más frecuencia y la agenda pública se rige más por los autos que llegan desde el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que por lo que pasa en las Cortes. El marcador ahora mismo es de ocho reales decretos leyes derogados esta legislatura —diez contando los dos de la anterior—. El de los tribunales todavía no se ha cerrado.
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