Comportamientos de alumnos que «afectan directamente» y «gravemente» al profesorado u otro personal del centro entre los que pueden estar las faltas de respeto, insultos y otras agresiones verbales, daños a sus bienes, robos o los ataques físicos. El apartado que recoge este tipo de incidencias en las aulas ha experimentado un 30 por ciento de incremento durante el curso pasado 2025-2026, según recoge el Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León. En total, se registraron 9.320 conflictos de este tipo , mientras que en el ciclo inmediatamente anterior eran 7.169 y en el precedente 7.458. Suponen una de cada seis incidencias de convivencia de las anotadas por el citado organismo, mientras que en los dos cursos anteriores ese dato era del 14,93 por ciento y el 13,78, respectivamente. Algo que también destacan desde el Observatorio es que, dentro de estos comportamientos, hay un descenso en los que se califican por parte de los propios colegios e institutos como grave s. Así, el 7,7 por ciento de los incidentes fueron considerados de este tipo el pasado curso respecto al 8 por ciento de los dos precedentes. Por lo que, según aparece reflejado en el documento, desde los centros se manifiesta que los casos más severos son «minoritarios o puntuales». Por el contrario, desde la sección de enseñanza del sindicato CSIF en Castilla y León ven con «preocupación» la evolución «al alza» de estos datos. Señalan, además, que estos casos que influyen en la relación directa entre profesores y alumnos se centran, sobre todo, en «los últimos cursos de Educación Primaria y en los primeros de la ESO» .Y es que, según explica su presidenta, Isabel Madruga, la «pérdida de hábitos de respeto» ha ido en aumento y a «faltas de consideración o desobediencia reiterada» se suman ahora «insultos» en «redes sociales o grupos» y «actitudes desafiantes frente a las correcciones pedagógicas».La «autoridad» del docentePor ello, consideran que es fundamental «el refuerzo de la figura de autoridad del docente », así como que estos puedan disponer de «herramientas suficientes para hacer frente a situaciones complejas en el aula». En esa misma línea, piden el «respaldo total» de la administración y que se «simplifiquen» los protocolos de actuación. La Junta cuenta en este apartado con un programa de asistencia jurídica dirigido a alumnos, profesores y otro personal educativo para el «apoyo directo» de quienes hayan sido «víctimas en el entorno escolar de cualquier tipo de violencia». El informe separa en este caso entre las solicitudes que no incluyen las coberturas del programa, las que sí están recogidas pero el interesado no quiere iniciar actuaciones legales y quienes quieren seguir ese proceso, incluyendo también la asistencia letrada en juicio.En el segundo, las peticiones se incrementaron hasta las 92, respecto a las 83 y 75 de los ejercicios anteriores. En el apartado de quienes decidieron emprender acciones legales, figuran catorce, todos ellos docentes -6 y 9 en los años precedentes. De los anotados en el último curso, cuatro corresponden a hombres y otros diez a mujeres, mientras que siete de ellos se registraron en un Centro de Educación Infantil y Primaria y ese mismo número en institutos. Sindicatos muestran «preocupación» por el «alza» de las «faltas de respeto», «desobediencia» e «interrupciones» de la actividad académicaSegún el sindicato CSIF, el curso pasado se llegó, además, a un «récord de disrupción en el aula», las interrupciones por parte del alumnado que interrumpen las clases, alcanzando las 37.069 incidencias en el 2025-2026. Son un 18 por ciento más que en el ciclo anterior y un dato similar a las algo más de 36.600 de hace dos cursos. Son las incidencias más numerosas que contabiliza el Observatorio con más de seis de cada diez y, según el registro, afectan al desarrollo normal de las clases, pero también, según la organización sindical hace ya mella en los docentes al tener que «dedicar más tiempo a gestionar conductas conflictivas que a impartir su materia».Muy por detrás de estos casos, en segundo lugar se sitúan los que tienen que ver con los conflictos entre el alumnado pero que no son con casos de acoso escolar. Suponen más del 17 por ciento -16,20 el año anterior- de los registros el pasado curso. En este apartado, los datos también crecen y pasan de 7.776 a 9.940. Según detalla el propio Observatorio, la mayor parte de este tipo de conflictos entre iguales se «resolvería con la formación en habilidades sociales» y se «reitera» como «causa» de estas incidencias «la mala utilización de las redes sociales» . Los conflictos de este tipo más numerosos son los que están relacionados con aspectos «físicos, madurativos o relacionales» -3.330-, pero los que más han crecido son los que tienen que ver con la identidad sexual del alumnado hasta las 282.Ya en los casos tipificados como acoso escolar , fueron 136 -88 y 93 en los ciclos anteriores-, un 12,3 por ciento de los protocolos abiertos y «afectando al 0,038 por ciento del alumnado», señalan en el informe. Valladolid y Burgos se sitúan a la cabeza, con 26 cada uno. En cuanto a las etapas educativas, es Educación Secundaria la que acumula mayor número de este tipo de incidentes (74), seguida de Primaria (50). Del total autonómico, 24 -cerca del 18 por ciento- fueron lo que se denominado ciberacoso. Lo que se ha disparado son esos protocolos de actuación abiertos para analizar los posibles casos. Han pasado de 630 a 1.108.Para estas situaciones, existe, tal y como recoge el documento, un programa de atención psicológica para el alumnado por casos de acoso, pero también puede dirigirse a los docentes en conflictos «de especial gravedad». Según los datos, el pasado curso se atendieron 28 casos, de los cuales 14 eran confirmados como acoso y más de la mitad eran de la etapa Infantil y Primaria. Los casos de acoso escolar confirmados fueron 136, un 12,3 por ciento de los protocolos abiertos, que llegaron a superar los milEn total, el alumnado que registró algún tipo de incidencia y que infringió alguna de las normas de convivencia o de régimen interno de su centro supuso el 4,54 por ciento -15.582- de los estudiantes matriculados en el 2025-2026 en enseñanzas no universitarias, dos décimas que en el anterior y tres que en el precedente. Los reincidentes son un 1,63 por ciento -más de 5.000- y a quienes se les considera «multirreincidentes» el 0,82 -2.877-.Se registran, además, los robos y destrozos de materiales en los centros. Un dato que crece en los últimos cursos. En el periodo más reciente analizado, fueron 1.517 y suponían el 2,60 por ciento de las incidencias totales, mientras que la falsificación de documentos o identidad descendieron hasta los 401. Los expedientes académicos abiertos ascienden a 919 y son el 6,17 por ciento del alumnado con incidencias. Casi la mitad de las medidas correctoras son la expulsión durante menos de cinco días En cuanto a las medidas correctoras puestas en marcha para atajar este tipo de comportamientos que quiebran la convivencia en las aulas, casi la mitad tuvieron que ver con la suspensión de la asistencia a clase durante un periodo no superior a cinco días lectivos y cerca del 11 por ciento por periodo superior a cinco jornadas e inferior a un mes. Casi una de cada cinco de las acciones tuvieron que ver con la no participación en actividades extraescolares y en 149 casos se adoptó la determinación de cambio de centro. Una de cada cuatro medidas estaban vinculadas a las denominadas prácticas restaurativas. En esa línea, subrayan que las actividades desarrolladas en los centros para la mejora de la convivencia han subido a las 10.335.Como conclusión del informe, el Observatorio apunta que la convivencia escolar en Castilla y León presenta una «situación globalmente positiva y estable», donde los «índices de conflictividad grave continúan siendo reducidos» y los «mecanismos de detección, mediación e intervención» tienen «un alto grado de implantación». El «principal desafío» pasa por «seguir mejorando el bienestar emocional del alumnado» y la «convivencia» con una «cultura preventiva basada en el respeto». «Como retos prioritarios», marca el reducir las «conductas disruptivas», «reforzar la educación emocional», la «detección temprana» y el «apoyo al profesorado», entre otras cuestiones. Comportamientos de alumnos que «afectan directamente» y «gravemente» al profesorado u otro personal del centro entre los que pueden estar las faltas de respeto, insultos y otras agresiones verbales, daños a sus bienes, robos o los ataques físicos. El apartado que recoge este tipo de incidencias en las aulas ha experimentado un 30 por ciento de incremento durante el curso pasado 2025-2026, según recoge el Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León. En total, se registraron 9.320 conflictos de este tipo , mientras que en el ciclo inmediatamente anterior eran 7.169 y en el precedente 7.458. Suponen una de cada seis incidencias de convivencia de las anotadas por el citado organismo, mientras que en los dos cursos anteriores ese dato era del 14,93 por ciento y el 13,78, respectivamente. Algo que también destacan desde el Observatorio es que, dentro de estos comportamientos, hay un descenso en los que se califican por parte de los propios colegios e institutos como grave s. Así, el 7,7 por ciento de los incidentes fueron considerados de este tipo el pasado curso respecto al 8 por ciento de los dos precedentes. Por lo que, según aparece reflejado en el documento, desde los centros se manifiesta que los casos más severos son «minoritarios o puntuales». Por el contrario, desde la sección de enseñanza del sindicato CSIF en Castilla y León ven con «preocupación» la evolución «al alza» de estos datos. Señalan, además, que estos casos que influyen en la relación directa entre profesores y alumnos se centran, sobre todo, en «los últimos cursos de Educación Primaria y en los primeros de la ESO» .Y es que, según explica su presidenta, Isabel Madruga, la «pérdida de hábitos de respeto» ha ido en aumento y a «faltas de consideración o desobediencia reiterada» se suman ahora «insultos» en «redes sociales o grupos» y «actitudes desafiantes frente a las correcciones pedagógicas».La «autoridad» del docentePor ello, consideran que es fundamental «el refuerzo de la figura de autoridad del docente », así como que estos puedan disponer de «herramientas suficientes para hacer frente a situaciones complejas en el aula». En esa misma línea, piden el «respaldo total» de la administración y que se «simplifiquen» los protocolos de actuación. La Junta cuenta en este apartado con un programa de asistencia jurídica dirigido a alumnos, profesores y otro personal educativo para el «apoyo directo» de quienes hayan sido «víctimas en el entorno escolar de cualquier tipo de violencia». El informe separa en este caso entre las solicitudes que no incluyen las coberturas del programa, las que sí están recogidas pero el interesado no quiere iniciar actuaciones legales y quienes quieren seguir ese proceso, incluyendo también la asistencia letrada en juicio.En el segundo, las peticiones se incrementaron hasta las 92, respecto a las 83 y 75 de los ejercicios anteriores. En el apartado de quienes decidieron emprender acciones legales, figuran catorce, todos ellos docentes -6 y 9 en los años precedentes. De los anotados en el último curso, cuatro corresponden a hombres y otros diez a mujeres, mientras que siete de ellos se registraron en un Centro de Educación Infantil y Primaria y ese mismo número en institutos. Sindicatos muestran «preocupación» por el «alza» de las «faltas de respeto», «desobediencia» e «interrupciones» de la actividad académicaSegún el sindicato CSIF, el curso pasado se llegó, además, a un «récord de disrupción en el aula», las interrupciones por parte del alumnado que interrumpen las clases, alcanzando las 37.069 incidencias en el 2025-2026. Son un 18 por ciento más que en el ciclo anterior y un dato similar a las algo más de 36.600 de hace dos cursos. Son las incidencias más numerosas que contabiliza el Observatorio con más de seis de cada diez y, según el registro, afectan al desarrollo normal de las clases, pero también, según la organización sindical hace ya mella en los docentes al tener que «dedicar más tiempo a gestionar conductas conflictivas que a impartir su materia».Muy por detrás de estos casos, en segundo lugar se sitúan los que tienen que ver con los conflictos entre el alumnado pero que no son con casos de acoso escolar. Suponen más del 17 por ciento -16,20 el año anterior- de los registros el pasado curso. En este apartado, los datos también crecen y pasan de 7.776 a 9.940. Según detalla el propio Observatorio, la mayor parte de este tipo de conflictos entre iguales se «resolvería con la formación en habilidades sociales» y se «reitera» como «causa» de estas incidencias «la mala utilización de las redes sociales» . Los conflictos de este tipo más numerosos son los que están relacionados con aspectos «físicos, madurativos o relacionales» -3.330-, pero los que más han crecido son los que tienen que ver con la identidad sexual del alumnado hasta las 282.Ya en los casos tipificados como acoso escolar , fueron 136 -88 y 93 en los ciclos anteriores-, un 12,3 por ciento de los protocolos abiertos y «afectando al 0,038 por ciento del alumnado», señalan en el informe. Valladolid y Burgos se sitúan a la cabeza, con 26 cada uno. En cuanto a las etapas educativas, es Educación Secundaria la que acumula mayor número de este tipo de incidentes (74), seguida de Primaria (50). Del total autonómico, 24 -cerca del 18 por ciento- fueron lo que se denominado ciberacoso. Lo que se ha disparado son esos protocolos de actuación abiertos para analizar los posibles casos. Han pasado de 630 a 1.108.Para estas situaciones, existe, tal y como recoge el documento, un programa de atención psicológica para el alumnado por casos de acoso, pero también puede dirigirse a los docentes en conflictos «de especial gravedad». Según los datos, el pasado curso se atendieron 28 casos, de los cuales 14 eran confirmados como acoso y más de la mitad eran de la etapa Infantil y Primaria. Los casos de acoso escolar confirmados fueron 136, un 12,3 por ciento de los protocolos abiertos, que llegaron a superar los milEn total, el alumnado que registró algún tipo de incidencia y que infringió alguna de las normas de convivencia o de régimen interno de su centro supuso el 4,54 por ciento -15.582- de los estudiantes matriculados en el 2025-2026 en enseñanzas no universitarias, dos décimas que en el anterior y tres que en el precedente. Los reincidentes son un 1,63 por ciento -más de 5.000- y a quienes se les considera «multirreincidentes» el 0,82 -2.877-.Se registran, además, los robos y destrozos de materiales en los centros. Un dato que crece en los últimos cursos. En el periodo más reciente analizado, fueron 1.517 y suponían el 2,60 por ciento de las incidencias totales, mientras que la falsificación de documentos o identidad descendieron hasta los 401. Los expedientes académicos abiertos ascienden a 919 y son el 6,17 por ciento del alumnado con incidencias. Casi la mitad de las medidas correctoras son la expulsión durante menos de cinco días En cuanto a las medidas correctoras puestas en marcha para atajar este tipo de comportamientos que quiebran la convivencia en las aulas, casi la mitad tuvieron que ver con la suspensión de la asistencia a clase durante un periodo no superior a cinco días lectivos y cerca del 11 por ciento por periodo superior a cinco jornadas e inferior a un mes. Casi una de cada cinco de las acciones tuvieron que ver con la no participación en actividades extraescolares y en 149 casos se adoptó la determinación de cambio de centro. Una de cada cuatro medidas estaban vinculadas a las denominadas prácticas restaurativas. En esa línea, subrayan que las actividades desarrolladas en los centros para la mejora de la convivencia han subido a las 10.335.Como conclusión del informe, el Observatorio apunta que la convivencia escolar en Castilla y León presenta una «situación globalmente positiva y estable», donde los «índices de conflictividad grave continúan siendo reducidos» y los «mecanismos de detección, mediación e intervención» tienen «un alto grado de implantación». El «principal desafío» pasa por «seguir mejorando el bienestar emocional del alumnado» y la «convivencia» con una «cultura preventiva basada en el respeto». «Como retos prioritarios», marca el reducir las «conductas disruptivas», «reforzar la educación emocional», la «detección temprana» y el «apoyo al profesorado», entre otras cuestiones.
Comportamientos de alumnos que «afectan directamente» y «gravemente» al profesorado u otro personal del centro entre los que pueden estar las faltas de respeto, insultos y otras agresiones verbales, daños a sus bienes, robos o los ataques físicos. El apartado que recoge este tipo … de incidencias en las aulas ha experimentado un 30 por ciento de incremento durante el curso pasado 2025-2026, según recoge el Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León.
En total, se registraron 9.320 conflictos de este tipo, mientras que en el ciclo inmediatamente anterior eran 7.169 y en el precedente 7.458. Suponen una de cada seis incidencias de convivencia de las anotadas por el citado organismo, mientras que en los dos cursos anteriores ese dato era del 14,93 por ciento y el 13,78, respectivamente.
Algo que también destacan desde el Observatorio es que, dentro de estos comportamientos, hay un descenso en los que se califican por parte de los propios colegios e institutos como graves. Así, el 7,7 por ciento de los incidentes fueron considerados de este tipo el pasado curso respecto al 8 por ciento de los dos precedentes. Por lo que, según aparece reflejado en el documento, desde los centros se manifiesta que los casos más severos son «minoritarios o puntuales».
Por el contrario, desde la sección de enseñanza del sindicato CSIF en Castilla y León ven con «preocupación» la evolución «al alza» de estos datos. Señalan, además, que estos casos que influyen en la relación directa entre profesores y alumnos se centran, sobre todo, en «los últimos cursos de Educación Primaria y en los primeros de la ESO».
Y es que, según explica su presidenta, Isabel Madruga, la «pérdida de hábitos de respeto» ha ido en aumento y a «faltas de consideración o desobediencia reiterada» se suman ahora «insultos» en «redes sociales o grupos» y «actitudes desafiantes frente a las correcciones pedagógicas».
La «autoridad» del docente
Por ello, consideran que es fundamental «el refuerzo de la figura de autoridad del docente», así como que estos puedan disponer de «herramientas suficientes para hacer frente a situaciones complejas en el aula». En esa misma línea, piden el «respaldo total» de la administración y que se «simplifiquen» los protocolos de actuación.
La Junta cuenta en este apartado con un programa de asistencia jurídica dirigido a alumnos, profesores y otro personal educativo para el «apoyo directo» de quienes hayan sido «víctimas en el entorno escolar de cualquier tipo de violencia». El informe separa en este caso entre las solicitudes que no incluyen las coberturas del programa, las que sí están recogidas pero el interesado no quiere iniciar actuaciones legales y quienes quieren seguir ese proceso, incluyendo también la asistencia letrada en juicio.
En el segundo, las peticiones se incrementaron hasta las 92, respecto a las 83 y 75 de los ejercicios anteriores. En el apartado de quienes decidieron emprender acciones legales, figuran catorce, todos ellos docentes -6 y 9 en los años precedentes. De los anotados en el último curso, cuatro corresponden a hombres y otros diez a mujeres, mientras que siete de ellos se registraron en un Centro de Educación Infantil y Primaria y ese mismo número en institutos.
Sindicatos muestran «preocupación» por el «alza» de las «faltas de respeto», «desobediencia» e «interrupciones» de la actividad académica
Según el sindicato CSIF, el curso pasado se llegó, además, a un «récord de disrupción en el aula», las interrupciones por parte del alumnado que interrumpen las clases, alcanzando las 37.069 incidencias en el 2025-2026. Son un 18 por ciento más que en el ciclo anterior y un dato similar a las algo más de 36.600 de hace dos cursos.
Son las incidencias más numerosas que contabiliza el Observatorio con más de seis de cada diez y, según el registro, afectan al desarrollo normal de las clases, pero también, según la organización sindical hace ya mella en los docentes al tener que «dedicar más tiempo a gestionar conductas conflictivas que a impartir su materia».
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Muy por detrás de estos casos, en segundo lugar se sitúan los que tienen que ver con los conflictos entre el alumnado pero que no son con casos de acoso escolar. Suponen más del 17 por ciento -16,20 el año anterior- de los registros el pasado curso. En este apartado, los datos también crecen y pasan de 7.776 a 9.940. Según detalla el propio Observatorio, la mayor parte de este tipo de conflictos entre iguales se «resolvería con la formación en habilidades sociales» y se «reitera» como «causa» de estas incidencias «la mala utilización de las redes sociales». Los conflictos de este tipo más numerosos son los que están relacionados con aspectos «físicos, madurativos o relacionales» -3.330-, pero los que más han crecido son los que tienen que ver con la identidad sexual del alumnado hasta las 282.
Ya en los casos tipificados como acoso escolar, fueron 136 -88 y 93 en los ciclos anteriores-, un 12,3 por ciento de los protocolos abiertos y «afectando al 0,038 por ciento del alumnado», señalan en el informe. Valladolid y Burgos se sitúan a la cabeza, con 26 cada uno. En cuanto a las etapas educativas, es Educación Secundaria la que acumula mayor número de este tipo de incidentes (74), seguida de Primaria (50). Del total autonómico, 24 -cerca del 18 por ciento- fueron lo que se denominado ciberacoso. Lo que se ha disparado son esos protocolos de actuación abiertos para analizar los posibles casos. Han pasado de 630 a 1.108.
Para estas situaciones, existe, tal y como recoge el documento, un programa de atención psicológica para el alumnado por casos de acoso, pero también puede dirigirse a los docentes en conflictos «de especial gravedad». Según los datos, el pasado curso se atendieron 28 casos, de los cuales 14 eran confirmados como acoso y más de la mitad eran de la etapa Infantil y Primaria.
Los casos de acoso escolar confirmados fueron 136, un 12,3 por ciento de los protocolos abiertos, que llegaron a superar los mil
En total, el alumnado que registró algún tipo de incidencia y que infringió alguna de las normas de convivencia o de régimen interno de su centro supuso el 4,54 por ciento -15.582- de los estudiantes matriculados en el 2025-2026 en enseñanzas no universitarias, dos décimas que en el anterior y tres que en el precedente. Los reincidentes son un 1,63 por ciento -más de 5.000- y a quienes se les considera «multirreincidentes» el 0,82 -2.877-.
Se registran, además, los robos y destrozos de materiales en los centros. Un dato que crece en los últimos cursos. En el periodo más reciente analizado, fueron 1.517 y suponían el 2,60 por ciento de las incidencias totales, mientras que la falsificación de documentos o identidad descendieron hasta los 401. Los expedientes académicos abiertos ascienden a 919 y son el 6,17 por ciento del alumnado con incidencias.
Casi la mitad de las medidas correctoras son la expulsión durante menos de cinco días
En cuanto a las medidas correctoras puestas en marcha para atajar este tipo de comportamientos que quiebran la convivencia en las aulas, casi la mitad tuvieron que ver con la suspensión de la asistencia a clase durante un periodo no superior a cinco días lectivos y cerca del 11 por ciento por periodo superior a cinco jornadas e inferior a un mes. Casi una de cada cinco de las acciones tuvieron que ver con la no participación en actividades extraescolares y en 149 casos se adoptó la determinación de cambio de centro. Una de cada cuatro medidas estaban vinculadas a las denominadas prácticas restaurativas. En esa línea, subrayan que las actividades desarrolladas en los centros para la mejora de la convivencia han subido a las 10.335.
Como conclusión del informe, el Observatorio apunta que la convivencia escolar en Castilla y León presenta una «situación globalmente positiva y estable», donde los «índices de conflictividad grave continúan siendo reducidos» y los «mecanismos de detección, mediación e intervención» tienen «un alto grado de implantación».
El «principal desafío» pasa por «seguir mejorando el bienestar emocional del alumnado» y la «convivencia» con una «cultura preventiva basada en el respeto». «Como retos prioritarios», marca el reducir las «conductas disruptivas», «reforzar la educación emocional», la «detección temprana» y el «apoyo al profesorado», entre otras cuestiones.
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