La implantación de la zona de estacionamiento regulado (ORA) en el núcleo turístico de Matalascañas se encuentra en un laberinto político, administrativo y, ahora también, penal para el Ayuntamiento de Almonte. Al profundo descontento social que genera y la falta de apoyos en el Pleno municipal, se suma una investigación, otra potencial fuente de dolores de cabeza para el alcalde de este municipio de Huelva, Paco Bella, del grupo independiente Ilusiona. La magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado (plaza número 1) instruye unas diligencias previas con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato valorado en 47,12 millones de euros por un periodo de 30 años.La investigación judicial, abierta el pasado año a raíz de una denuncia presentada en sede policial , se encuentra aún en una fase incipiente. Según fuentes del caso, el juzgado se centra actualmente en el acopio de los expedientes municipales que dieron luz verde a la concesión, sin que por el momento se hayan concretado los delitos específicos que se derivarían de esta actuación.De forma paralela a estas pesquisas, la Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas —foco principal de la resistencia ciudadana contra el pago por aparcar en este tramo de costa anexo al Parque Nacional de Doñana— acudió a la Fiscalía Provincial de Huelva . Los vecinos denunciaron una supuesta prevaricación en diversos trámites e informes relacionados con los intentos del regidor de aprobar la ordenanza reguladora de las tarifas. El escrito ponía en la diana tanto la tramitación administrativa del proyecto como los informes jurídicos emitidos por la secretaría general del Consistorio.La Fiscalía derivó otra denuncia vecinal al juzgadoEl fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, emitió un decreto el pasado 22 de mayo en el que informaba a los denunciantes de que toda la documentación había sido derivada a la magistrada de La Palma del Condado que ya investiga el contrato. Tras analizar el servicio, el Ministerio Público concluyó que, de entrada, «no constan en este momento datos del delito de prevaricación », apelando a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para descartar, por ahora, «indicios de una actuación ilegal o arbitraria».En su decreto, Flores considera «prematuro» acudir a la vía penal e invita a la asociación a interponer un recurso contencioso-administrativo, jurisdicción a la que corresponde tutelar la legalidad de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que más adelante se deduzca testimonio si afloran indicios delictivos. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la juez instructora que ya escruta algunos documentos municipales.El ‘baile’ de subcontratas para un negocio millonarioLas cifras que se manejan en el nuevo negocio de la zona azul son de una magnitud astronómica para un municipio del tamaño de Almonte, que cuenta con 25.000 habitantes . Adjudicado el 18 de septiembre de 2025 a la empresa Dornier SA, el proyecto del Consistorio prevé una recaudación de casi 39 millones de euros a lo largo de las tres décadas de concesión.A cambio, la adjudicataria se comprometía a inyectar 2,1 millones de euros en metálico a las arcas municipales y a invertir otros 7,6 millones en el asfaltado necesario para habilitar 6.600 plazas en la vía pública, distribuidas entre la primera línea de playa y vías situadas a 500 metros de la costa.La concesionaria de la zona azul se presentó al concurso de la mano de un «proveedor» dedicado a buscar a una subcontrata para el asfaltado de las callesSin embargo, las sospechas que ahora sobrevuelan el proceso judicial se centran también en las empresas vinculadas a la ejecución material del contrato. Dornier se presentó al concurso aliada con la firma almonteña Reales Climatización Integral SLU, administrada por José Antonio Reales Martínez, quien figuraba como «proveedor» del asfaltado , trabajos que recaerían en la subcontrata Asfaltados Garrucho SA.El giro de guion se produjo en diciembre de 2025, con el contrato ya firmado. Dornier comunicó al Consistorio un cambio radical en la estructura de ejecución: sustituyó a su proveedor inicial por la sociedad Progestyona SL. Esta empresa es propiedad del mismo empresario, José Antonio Reales Martínez, a quien, de forma paralela, el Ayuntamiento de Almonte le adjudicó este mismo año la gestión de los aparcamientos municipales en la aldea de El Rocío por diez años. Asimismo, la subcontrata de asfaltado cambió a manos de la constructora Matías Arrom Bibiloni SL.Retirada de los parquímetrosMientras la justicia avanza en la revisión de los expedientes, el proyecto ha encallado en el terreno institucional. El gobierno local de Francisco Bella —histórico regidor bajo las siglas del PSOE entre 1991 y 2011, hoy al frente de Ilusiona— gobierna en minoría y ha visto cómo la oposición (Almonte 100×100, Mesa de Convergencia, PSOE y Vox) ha tumbado la ordenanza de la zona azul hasta en dos ocasiones en el Pleno.El golpe de gracia administrativo llegó a finales del pasado mes de mayo, cuando la Junta de Andalucía, atendiendo también a la reclamación de los propietarios, declaró ilegal la instauración de la zona azul decretada por el alcalde.El fracaso del estacionamiento regulado quedó patente el pasado 10 de junio. Ese día, operarios de la empresa concesionaria procedieron a la retirada de los parquímetros instalados en las calles de Matalascañas. Las máquinas debían haber empezado a cobrar a los 150.000 visitantes estivales que acuden a Matalascañas desde el 15 de mayo y hasta el 15 de septiembre. De la millonaria recaudación prevista a pie de playa solo quedan hoy parquímetros desmantelados y expedientes bajo la lupa de la Justicia, un doble revés que ahoga el proyecto estrella del gobierno local. La implantación de la zona de estacionamiento regulado (ORA) en el núcleo turístico de Matalascañas se encuentra en un laberinto político, administrativo y, ahora también, penal para el Ayuntamiento de Almonte. Al profundo descontento social que genera y la falta de apoyos en el Pleno municipal, se suma una investigación, otra potencial fuente de dolores de cabeza para el alcalde de este municipio de Huelva, Paco Bella, del grupo independiente Ilusiona. La magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado (plaza número 1) instruye unas diligencias previas con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato valorado en 47,12 millones de euros por un periodo de 30 años.La investigación judicial, abierta el pasado año a raíz de una denuncia presentada en sede policial , se encuentra aún en una fase incipiente. Según fuentes del caso, el juzgado se centra actualmente en el acopio de los expedientes municipales que dieron luz verde a la concesión, sin que por el momento se hayan concretado los delitos específicos que se derivarían de esta actuación.De forma paralela a estas pesquisas, la Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas —foco principal de la resistencia ciudadana contra el pago por aparcar en este tramo de costa anexo al Parque Nacional de Doñana— acudió a la Fiscalía Provincial de Huelva . Los vecinos denunciaron una supuesta prevaricación en diversos trámites e informes relacionados con los intentos del regidor de aprobar la ordenanza reguladora de las tarifas. El escrito ponía en la diana tanto la tramitación administrativa del proyecto como los informes jurídicos emitidos por la secretaría general del Consistorio.La Fiscalía derivó otra denuncia vecinal al juzgadoEl fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, emitió un decreto el pasado 22 de mayo en el que informaba a los denunciantes de que toda la documentación había sido derivada a la magistrada de La Palma del Condado que ya investiga el contrato. Tras analizar el servicio, el Ministerio Público concluyó que, de entrada, «no constan en este momento datos del delito de prevaricación », apelando a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para descartar, por ahora, «indicios de una actuación ilegal o arbitraria».En su decreto, Flores considera «prematuro» acudir a la vía penal e invita a la asociación a interponer un recurso contencioso-administrativo, jurisdicción a la que corresponde tutelar la legalidad de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que más adelante se deduzca testimonio si afloran indicios delictivos. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la juez instructora que ya escruta algunos documentos municipales.El ‘baile’ de subcontratas para un negocio millonarioLas cifras que se manejan en el nuevo negocio de la zona azul son de una magnitud astronómica para un municipio del tamaño de Almonte, que cuenta con 25.000 habitantes . Adjudicado el 18 de septiembre de 2025 a la empresa Dornier SA, el proyecto del Consistorio prevé una recaudación de casi 39 millones de euros a lo largo de las tres décadas de concesión.A cambio, la adjudicataria se comprometía a inyectar 2,1 millones de euros en metálico a las arcas municipales y a invertir otros 7,6 millones en el asfaltado necesario para habilitar 6.600 plazas en la vía pública, distribuidas entre la primera línea de playa y vías situadas a 500 metros de la costa.La concesionaria de la zona azul se presentó al concurso de la mano de un «proveedor» dedicado a buscar a una subcontrata para el asfaltado de las callesSin embargo, las sospechas que ahora sobrevuelan el proceso judicial se centran también en las empresas vinculadas a la ejecución material del contrato. Dornier se presentó al concurso aliada con la firma almonteña Reales Climatización Integral SLU, administrada por José Antonio Reales Martínez, quien figuraba como «proveedor» del asfaltado , trabajos que recaerían en la subcontrata Asfaltados Garrucho SA.El giro de guion se produjo en diciembre de 2025, con el contrato ya firmado. Dornier comunicó al Consistorio un cambio radical en la estructura de ejecución: sustituyó a su proveedor inicial por la sociedad Progestyona SL. Esta empresa es propiedad del mismo empresario, José Antonio Reales Martínez, a quien, de forma paralela, el Ayuntamiento de Almonte le adjudicó este mismo año la gestión de los aparcamientos municipales en la aldea de El Rocío por diez años. Asimismo, la subcontrata de asfaltado cambió a manos de la constructora Matías Arrom Bibiloni SL.Retirada de los parquímetrosMientras la justicia avanza en la revisión de los expedientes, el proyecto ha encallado en el terreno institucional. El gobierno local de Francisco Bella —histórico regidor bajo las siglas del PSOE entre 1991 y 2011, hoy al frente de Ilusiona— gobierna en minoría y ha visto cómo la oposición (Almonte 100×100, Mesa de Convergencia, PSOE y Vox) ha tumbado la ordenanza de la zona azul hasta en dos ocasiones en el Pleno.El golpe de gracia administrativo llegó a finales del pasado mes de mayo, cuando la Junta de Andalucía, atendiendo también a la reclamación de los propietarios, declaró ilegal la instauración de la zona azul decretada por el alcalde.El fracaso del estacionamiento regulado quedó patente el pasado 10 de junio. Ese día, operarios de la empresa concesionaria procedieron a la retirada de los parquímetros instalados en las calles de Matalascañas. Las máquinas debían haber empezado a cobrar a los 150.000 visitantes estivales que acuden a Matalascañas desde el 15 de mayo y hasta el 15 de septiembre. De la millonaria recaudación prevista a pie de playa solo quedan hoy parquímetros desmantelados y expedientes bajo la lupa de la Justicia, un doble revés que ahoga el proyecto estrella del gobierno local.
La implantación de la zona de estacionamiento regulado (ORA) en el núcleo turístico de Matalascañas se encuentra en un laberinto político, administrativo y, ahora también, penal para el Ayuntamiento de Almonte. Al profundo descontento social que genera y la falta de apoyos en el … Pleno municipal, se suma una investigación, otra potencial fuente de dolores de cabeza para el alcalde de este municipio de Huelva, Paco Bella, del grupo independiente Ilusiona. La magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado (plaza número 1) instruye unas diligencias previas con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato valorado en 47,12 millones de euros por un periodo de 30 años.
La investigación judicial, abierta el pasado año a raíz de una denuncia presentada en sede policial, se encuentra aún en una fase incipiente. Según fuentes del caso, el juzgado se centra actualmente en el acopio de los expedientes municipales que dieron luz verde a la concesión, sin que por el momento se hayan concretado los delitos específicos que se derivarían de esta actuación.
De forma paralela a estas pesquisas, la Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas —foco principal de la resistencia ciudadana contra el pago por aparcar en este tramo de costa anexo al Parque Nacional de Doñana— acudió a la Fiscalía Provincial de Huelva. Los vecinos denunciaron una supuesta prevaricación en diversos trámites e informes relacionados con los intentos del regidor de aprobar la ordenanza reguladora de las tarifas. El escrito ponía en la diana tanto la tramitación administrativa del proyecto como los informes jurídicos emitidos por la secretaría general del Consistorio.
La Fiscalía derivó otra denuncia vecinal al juzgado
El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, emitió un decreto el pasado 22 de mayo en el que informaba a los denunciantes de que toda la documentación había sido derivada a la magistrada de La Palma del Condado que ya investiga el contrato. Tras analizar el servicio, el Ministerio Público concluyó que, de entrada, «no constan en este momento datos del delito de prevaricación», apelando a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para descartar, por ahora, «indicios de una actuación ilegal o arbitraria».
En su decreto, Flores considera «prematuro» acudir a la vía penal e invita a la asociación a interponer un recurso contencioso-administrativo, jurisdicción a la que corresponde tutelar la legalidad de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que más adelante se deduzca testimonio si afloran indicios delictivos. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la juez instructora que ya escruta algunos documentos municipales.
El ‘baile’ de subcontratas para un negocio millonario
Las cifras que se manejan en el nuevo negocio de la zona azul son de una magnitud astronómica para un municipio del tamaño de Almonte, que cuenta con 25.000 habitantes. Adjudicado el 18 de septiembre de 2025 a la empresa Dornier SA, el proyecto del Consistorio prevé una recaudación de casi 39 millones de euros a lo largo de las tres décadas de concesión.
Newsletter
A cambio, la adjudicataria se comprometía a inyectar 2,1 millones de euros en metálico a las arcas municipales y a invertir otros 7,6 millones en el asfaltado necesario para habilitar 6.600 plazas en la vía pública, distribuidas entre la primera línea de playa y vías situadas a 500 metros de la costa.
La concesionaria de la zona azul se presentó al concurso de la mano de un «proveedor» dedicado a buscar a una subcontrata para el asfaltado de las calles
Sin embargo, las sospechas que ahora sobrevuelan el proceso judicial se centran también en las empresas vinculadas a la ejecución material del contrato. Dornier se presentó al concurso aliada con la firma almonteña Reales Climatización Integral SLU, administrada por José Antonio Reales Martínez, quien figuraba como «proveedor» del asfaltado, trabajos que recaerían en la subcontrata Asfaltados Garrucho SA.
El giro de guion se produjo en diciembre de 2025, con el contrato ya firmado. Dornier comunicó al Consistorio un cambio radical en la estructura de ejecución: sustituyó a su proveedor inicial por la sociedad Progestyona SL. Esta empresa es propiedad del mismo empresario, José Antonio Reales Martínez, a quien, de forma paralela, el Ayuntamiento de Almonte le adjudicó este mismo año la gestión de los aparcamientos municipales en la aldea de El Rocío por diez años. Asimismo, la subcontrata de asfaltado cambió a manos de la constructora Matías Arrom Bibiloni SL.
Retirada de los parquímetros
Mientras la justicia avanza en la revisión de los expedientes, el proyecto ha encallado en el terreno institucional. El gobierno local de Francisco Bella —histórico regidor bajo las siglas del PSOE entre 1991 y 2011, hoy al frente de Ilusiona— gobierna en minoría y ha visto cómo la oposición (Almonte 100×100, Mesa de Convergencia, PSOE y Vox) ha tumbado la ordenanza de la zona azul hasta en dos ocasiones en el Pleno.
El golpe de gracia administrativo llegó a finales del pasado mes de mayo, cuando la Junta de Andalucía, atendiendo también a la reclamación de los propietarios, declaró ilegal la instauración de la zona azul decretada por el alcalde.
El fracaso del estacionamiento regulado quedó patente el pasado 10 de junio. Ese día, operarios de la empresa concesionaria procedieron a la retirada de los parquímetros instalados en las calles de Matalascañas. Las máquinas debían haber empezado a cobrar a los 150.000 visitantes estivales que acuden a Matalascañas desde el 15 de mayo y hasta el 15 de septiembre. De la millonaria recaudación prevista a pie de playa solo quedan hoy parquímetros desmantelados y expedientes bajo la lupa de la Justicia, un doble revés que ahoga el proyecto estrella del gobierno local.
RSS de noticias de espana
