La decisión de remitir el auto del juez Juan Carlos Peinado al promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado quejas formales ante la Comisión Europea para que urja a España a que modifique el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces de forma que doce de los veinte vocales sean elegidos directamente por la carrera. La necesidad de que este cambio de modelo se lleve a cabo no es nueva; de hecho fue un requisito para la renovación del CGPJ en junio de 2024 con la mediación de Bruselas, pero dos años después sigue sin ver la luz y el caso Peinado es para muchos la gota que colma el vaso. En esta ocasión es la asociación ‘Por una Justicia Independendiente’ la que ha registrado un escrito ante la Comisión Europea para que en el informe sobre el Estado de derecho del próximo mes de julio se plasme la necesidad de que estas recomendaciones se traduzcan en una obligación. El hecho de que vaya a ser la Comisión Disciplinaria del CGPJ la que tenga la última palabra sobre una eventual sanción al instructor del caso Begoña y que se haya sido una queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la que activó a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló el pasado fin de semana, es una clara muestra de la politización del órgano que afecta directamente a la independencia judicial. Noticia relacionada general No No Un CGPJ dividido abre la puerta a que se expediente al juez Peinado por sus sospechas sobre la Policía Nati VillanuevaEn el escrito presentado ante la Comisión Europea de Justicia, al que ha tenido acceso ABC, la plataforma denuncia el progresivo deterioro institucional en España y la politización de la justicia y exige un cambio estructural y urgente en el actual sistema de elección del CGPJ. A su juicio, la decisión de una fracturada Comisión Permanente de investigar las sospechas sobre los escoltas de Begoña Díaz que Peinado plasmó en el auto de medidas cautelares representa un peligroso y evidente ejemplo de injerencia que vulnera la separación de poderes. Como los vocales que votaron en contra de esta remisión al Promotor y como puso de manifiesto la acusación popular Iustitia Europa, la asociación ‘Por una justicia independiente’ considera que las distintas resoluciones judiciales deben ser revisadas siempre mediante los mecanismos ordinarios de recurso previstos estrictamente en la ley, y nunca mediante procedimientos disciplinarios de carácter paralelo.Señala el colectivo que este episodio ha vuelto a situar bajo la lupa la politización del CGPJ y de la Comisión Disciplinaria integrada por siete vocales que decidirá en última instancia sobre la eventual sanción al magistrado. Elegidos por la carrera El escrito advierte que el modelo con el que se volvió a renovar el CGPJ en junio de 2024 (con el compromiso de elevar una propuesta para hacer posible el cambio) volvió a eliminar la necesaria apariencia de independencia judicial exigida por Europa, por lo que insta a que de forma «inmediata» se vuelva al modelo original de 1980, en el que doce de los veinte vocales del CGPJ eran exclusivamente jueces y magistrados elegidos directamente entre sus propios pares de profesión. Solo aplicando esta medida se logrará garantizar plenamente la separación de poderes, dice la asociación, blindando la indispensable confianza ciudadana frente a posibles abusos institucionales. El escrito se hace eco de que el actual modelo de reparto político (en el que los veinte vocales son elegidos por Congreso y Senado) desoye de forma sistemática las múltiples advertencias de importantes organismos internacionales y en este sentido citan la sentencia del TJUE de mayo de 2023 en la que se insistía en la necesidad de que los órganos disciplinarios sean absolutamente independientes e imparciales. El último informe oficial del Greco , añade, lamenta abiertamente que España continúe sin aplicar la crucial recomendación de que los vocales sean elegidos por los propios jueces para así reducir la evidente intervención del poder político. También la Comisión de Venecia ha insistido recientemente (el pasado octubre) en reforzar de manera sustancial la elección directa por parte de los magistrados españoles. Existe un riesgo latente, dicen, de que aumenten los litigios prejudiciales ante el Tribunal europeo y que se dictamine sobre la incompatibilidad del actual sistema español con los tratados de la Unión. Ante la evidencia del «continuo deterioro institucional», la asociación exige a la Comisión Europea a que adopte inmediatamente las medidas legales oportunas y que la reforma del sistema de elección sea «incluida y apoyada» en el próximo informe sobre el Estado de Derecho que se hará público en unos días. La decisión de remitir el auto del juez Juan Carlos Peinado al promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado quejas formales ante la Comisión Europea para que urja a España a que modifique el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces de forma que doce de los veinte vocales sean elegidos directamente por la carrera. La necesidad de que este cambio de modelo se lleve a cabo no es nueva; de hecho fue un requisito para la renovación del CGPJ en junio de 2024 con la mediación de Bruselas, pero dos años después sigue sin ver la luz y el caso Peinado es para muchos la gota que colma el vaso. En esta ocasión es la asociación ‘Por una Justicia Independendiente’ la que ha registrado un escrito ante la Comisión Europea para que en el informe sobre el Estado de derecho del próximo mes de julio se plasme la necesidad de que estas recomendaciones se traduzcan en una obligación. El hecho de que vaya a ser la Comisión Disciplinaria del CGPJ la que tenga la última palabra sobre una eventual sanción al instructor del caso Begoña y que se haya sido una queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la que activó a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló el pasado fin de semana, es una clara muestra de la politización del órgano que afecta directamente a la independencia judicial. Noticia relacionada general No No Un CGPJ dividido abre la puerta a que se expediente al juez Peinado por sus sospechas sobre la Policía Nati VillanuevaEn el escrito presentado ante la Comisión Europea de Justicia, al que ha tenido acceso ABC, la plataforma denuncia el progresivo deterioro institucional en España y la politización de la justicia y exige un cambio estructural y urgente en el actual sistema de elección del CGPJ. A su juicio, la decisión de una fracturada Comisión Permanente de investigar las sospechas sobre los escoltas de Begoña Díaz que Peinado plasmó en el auto de medidas cautelares representa un peligroso y evidente ejemplo de injerencia que vulnera la separación de poderes. Como los vocales que votaron en contra de esta remisión al Promotor y como puso de manifiesto la acusación popular Iustitia Europa, la asociación ‘Por una justicia independiente’ considera que las distintas resoluciones judiciales deben ser revisadas siempre mediante los mecanismos ordinarios de recurso previstos estrictamente en la ley, y nunca mediante procedimientos disciplinarios de carácter paralelo.Señala el colectivo que este episodio ha vuelto a situar bajo la lupa la politización del CGPJ y de la Comisión Disciplinaria integrada por siete vocales que decidirá en última instancia sobre la eventual sanción al magistrado. Elegidos por la carrera El escrito advierte que el modelo con el que se volvió a renovar el CGPJ en junio de 2024 (con el compromiso de elevar una propuesta para hacer posible el cambio) volvió a eliminar la necesaria apariencia de independencia judicial exigida por Europa, por lo que insta a que de forma «inmediata» se vuelva al modelo original de 1980, en el que doce de los veinte vocales del CGPJ eran exclusivamente jueces y magistrados elegidos directamente entre sus propios pares de profesión. Solo aplicando esta medida se logrará garantizar plenamente la separación de poderes, dice la asociación, blindando la indispensable confianza ciudadana frente a posibles abusos institucionales. El escrito se hace eco de que el actual modelo de reparto político (en el que los veinte vocales son elegidos por Congreso y Senado) desoye de forma sistemática las múltiples advertencias de importantes organismos internacionales y en este sentido citan la sentencia del TJUE de mayo de 2023 en la que se insistía en la necesidad de que los órganos disciplinarios sean absolutamente independientes e imparciales. El último informe oficial del Greco , añade, lamenta abiertamente que España continúe sin aplicar la crucial recomendación de que los vocales sean elegidos por los propios jueces para así reducir la evidente intervención del poder político. También la Comisión de Venecia ha insistido recientemente (el pasado octubre) en reforzar de manera sustancial la elección directa por parte de los magistrados españoles. Existe un riesgo latente, dicen, de que aumenten los litigios prejudiciales ante el Tribunal europeo y que se dictamine sobre la incompatibilidad del actual sistema español con los tratados de la Unión. Ante la evidencia del «continuo deterioro institucional», la asociación exige a la Comisión Europea a que adopte inmediatamente las medidas legales oportunas y que la reforma del sistema de elección sea «incluida y apoyada» en el próximo informe sobre el Estado de Derecho que se hará público en unos días.
La decisión de remitir el auto del juez Juan Carlos Peinado al promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado quejas formales ante la Comisión Europea para que urja a España a que modifique el modelo de elección del … órgano de gobierno de los jueces de forma que doce de los veinte vocales sean elegidos directamente por la carrera. La necesidad de que este cambio de modelo se lleve a cabo no es nueva; de hecho fue un requisito para la renovación del CGPJ en junio de 2024 con la mediación de Bruselas, pero dos años después sigue sin ver la luz y el caso Peinado es para muchos la gota que colma el vaso.
En esta ocasión es la asociación ‘Por una Justicia Independendiente’ la que ha registrado un escrito ante la Comisión Europea para que en el informe sobre el Estado de derecho del próximo mes de julio se plasme la necesidad de que estas recomendaciones se traduzcan en una obligación. El hecho de que vaya a ser la Comisión Disciplinaria del CGPJ la que tenga la última palabra sobre una eventual sanción al instructor del caso Begoña y que se haya sido una queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la que activó a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló el pasado fin de semana, es una clara muestra de la politización del órgano que afecta directamente a la independencia judicial.
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En el escrito presentado ante la Comisión Europea de Justicia, al que ha tenido acceso ABC, la plataforma denuncia el progresivo deterioro institucional en España y la politización de la justicia y exige un cambio estructural y urgente en el actual sistema de elección del CGPJ. A su juicio, la decisión de una fracturada Comisión Permanente de investigar las sospechas sobre los escoltas de Begoña Díaz que Peinado plasmó en el auto de medidas cautelares representa un peligroso y evidente ejemplo de injerencia que vulnera la separación de poderes.
Como los vocales que votaron en contra de esta remisión al Promotor y como puso de manifiesto la acusación popular Iustitia Europa, la asociación ‘Por una justicia independiente’ considera que las distintas resoluciones judiciales deben ser revisadas siempre mediante los mecanismos ordinarios de recurso previstos estrictamente en la ley, y nunca mediante procedimientos disciplinarios de carácter paralelo.
Señala el colectivo que este episodio ha vuelto a situar bajo la lupa la politización del CGPJ y de la Comisión Disciplinaria integrada por siete vocales que decidirá en última instancia sobre la eventual sanción al magistrado.
Elegidos por la carrera
El escrito advierte que el modelo con el que se volvió a renovar el CGPJ en junio de 2024 (con el compromiso de elevar una propuesta para hacer posible el cambio) volvió a eliminar la necesaria apariencia de independencia judicial exigida por Europa, por lo que insta a que de forma «inmediata» se vuelva al modelo original de 1980, en el que doce de los veinte vocales del CGPJ eran exclusivamente jueces y magistrados elegidos directamente entre sus propios pares de profesión. Solo aplicando esta medida se logrará garantizar plenamente la separación de poderes, dice la asociación, blindando la indispensable confianza ciudadana frente a posibles abusos institucionales.
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El escrito se hace eco de que el actual modelo de reparto político (en el que los veinte vocales son elegidos por Congreso y Senado) desoye de forma sistemática las múltiples advertencias de importantes organismos internacionales y en este sentido citan la sentencia del TJUE de mayo de 2023 en la que se insistía en la necesidad de que los órganos disciplinarios sean absolutamente independientes e imparciales. El último informe oficial del Greco, añade, lamenta abiertamente que España continúe sin aplicar la crucial recomendación de que los vocales sean elegidos por los propios jueces para así reducir la evidente intervención del poder político.
También la Comisión de Venecia ha insistido recientemente (el pasado octubre) en reforzar de manera sustancial la elección directa por parte de los magistrados españoles. Existe un riesgo latente, dicen, de que aumenten los litigios prejudiciales ante el Tribunal europeo y que se dictamine sobre la incompatibilidad del actual sistema español con los tratados de la Unión.
Ante la evidencia del «continuo deterioro institucional», la asociación exige a la Comisión Europea a que adopte inmediatamente las medidas legales oportunas y que la reforma del sistema de elección sea «incluida y apoyada» en el próximo informe sobre el Estado de Derecho que se hará público en unos días.
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