Las últimas cifras oficiales del doble terremoto en la zona norte de Venezuela hablaban de 4.561 fallecidos, 16.740 heridos, 17.900 personas sin hogar y una infraestructura devastada cuya reconstrucción podría costar hasta 37.000 millones de dólares, en un contexto de asfixia económica y desconfianza institucional que se incrementó con la incapacidad del Estado para hacerse cargo de la situación las horas siguientes al terremoto.
El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la región centro-norte el pasado 24 de junio muestra las profundas grietas de un Estado cuya capacidad de respuesta institucional colapsó ante la emergencia
Las últimas cifras oficiales del doble terremoto en la zona norte de Venezuela hablaban de 4.561 fallecidos, 16.740 heridos, 17.900 personas sin hogar y una infraestructura devastada cuya reconstrucción podría costar hasta 37.000 millones de dólares, en un contexto de asfixia económica y desconfianza institucional que se incrementó con la incapacidad del Estado para hacerse cargo de la situación las horas siguientes al terremoto.
Antonio Rivero, exdirector de Protección Civil ha denunciado que el sistema de gestión de desastres falló por completo en las primeras 48 horas, dejando el salvamento en manos de la sociedad civil y redes vecinales. “Mientras los familiares clamaban por maquinaria pesada, la Fuerza Armada Nacional (FAN) fue desplegada inicialmente bajo una doctrina de control del orden público y aseguramiento territorial”, dijo Rivero.
Por otra parte, la interrupción de las telecomunicaciones impidió que víctimas atrapadas pudieran pedir ayuda, un error calificado como “garrafal” por el ingeniero José María De Viana, expresidente de la empresa de telefonía móvil Digitel, quien sostiene que la instalación inmediata de antenas satelitales habría salvado vidas.
A corto plazo, el reto está en los refugios. El Estado no solamente deberá diseñar una estrategia que permita la creación de soluciones habitacionales para los damnificados sino ofrecer calidad de vida adecuada mientras deban permanecer en los espacios que ha destinado para ofrecer un techo temporal a los que perdieron la vivienda.
El exdirector de Protección Civil ha denunciado que el sistema de gestión de desastres falló por completo en las primeras 48 horas
A pesar del hermetismo y las dificultades de acceso, iniciativas ciudadanas logran vencer la resistencia del Gobierno y mantienen su presencia en los refugios para devolver la dignidad a los damnificados que según las cifras oficiales superan los veinte mil. Mientras tratan de mantener el ritmo de donaciones después de tres semanas de los terremoto.
La tragedia ha puesto bajo la lupa la idea del estado constructor y al programa emblema del oficialismo Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). En La Guaira, urbanizaciones como Ciudad Chávez en Playa Grande o los OPPE de Tanaguarenas sufrieron colapsos totales o daños críticos a pesar de ser de las edificaciones más nuevas del estado. El exdirector de ingeniería municipal de Caracas, Sergio Sánchez, reveló que un decreto eximió a estos proyectos del control de las alcaldías, centralizando la ejecución en el Ministerio de Vivienda y eliminando el filtro de supervisión técnica local.
La tragedia ha puesto bajo la lupa la idea del estado constructor y al programa emblema del oficialismo Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)
La falta de ingeniería forense en las tareas de desescombro es otra preocupación técnica mayor. Especialistas advierten que se está perdiendo la oportunidad de realizar una “autopsia” a las estructuras caídas. El director de sostenibilidad de la Universidad Católica Andrés Bello, Joaquín Benítez, ha insistido en la necesidad de que la retirada de las ruinas sólo ocurra una vez que se hayan preservado las pruebas que permitan orientar las nuevas exigencias de construcción que surjan en el futuro.
El impacto financiero de los sismos es devastador para una economía que ya había perdido el 75% de su capacidad productiva desde 2012. La devaluación durante el mes de junio fue de 12,54 % y la inflación se disparó al 13,8%.
Para Venezuela el financiamiento de la reconstrucción, que algunos estiman en más de 37.000 millones de dólares representa el mayor desafío de largo plazo. Alejandro Grisanti, socio de la firma Ecoanalítica recuerda cómo en Chile, después del terremoto de 2010, se implementó un plan de reconstrucción que incluyó reasignación de presupuestos fiscales, emisión de bonos y uso de fondos soberanos además de otorgar subsidios habitacionales y el impulso de la inversión público-privada.
El régimen venezolano, que durante años se ha negado a incorporar al sector privado a los planes nacionales, está ante el reto de hacer un viraje ideológico que estimule la inversión privada. Por ahora condiciona la construcción masiva de viviendas al acceso a recursos retenidos en el exterior, pero muchos analistas aseguran que la llegada de dinero a Venezuela exigirá la presentación de planes que convenzan a la comunidad internacional. La palabra clave pareciera ser “confianza”, dice Grisanti, algo que no ofrece el régimen venezolano.
Desde Estados Unidos hay presiones para seguir avanzando en la transición y a pesar de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había negado cualquier posibilidad de retomar las conversaciones con la oposición, ya están en marcha conversaciones para la conformación de una mesa de trabajo conjunta con la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, presidida por Jorge Rodríguez y el bloque parlamentario opositor de la AN 2015. La mesa estará integrada por 20 personas (10 representantes de cada parte) y abordará temas clave como elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y leyes electorales.
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