Un mes después de que la tierra crujiera por partida doble aquel 24 de junio del 2026, la gran grieta que hoy atraviesa Venezuela es más institucional que tectónica. Pasada la etapa de los rescates de sobrevivientes, el Estado se enfrenta a la tarea de atención a las víctimas, la reconstrucción de las zonas afectadas, la recuperación económica y la estabilidad política que seguía siendo frágil tras los sucesos del 3 de enero que culminaron con la detención de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y el nombramiento de Delcy Rodríguez como su sucesora.
Las autoridades han reconocido hasta ahora casi 5.400 personas fallecidas, pero los familiares siguen exigiendo que se siga buscando cadáveres entre los escombros
Un mes después de que la tierra crujiera por partida doble aquel 24 de junio del 2026, la gran grieta que hoy atraviesa Venezuela es más institucional que tectónica. Pasada la etapa de los rescates de sobrevivientes, el Estado se enfrenta a la tarea de atención a las víctimas, la reconstrucción de las zonas afectadas, la recuperación económica y la estabilidad política que seguía siendo frágil tras los sucesos del 3 de enero que culminaron con la detención de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y el nombramiento de Delcy Rodríguez como su sucesora.
A solo 10 kilómetros de profundidad, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon Caracas, pero especialmente a sectores de la costa como Caraballeda y Playa Grande, en el estado costero de La Guaira, a unos 20 kilómetros al norte de la capital, donde el terreno se caracteriza por estar formado por capas de sedimentos. Estos suelos blandos amplificaron las vibraciones y la liberación de energía, sumada a posibles fallas estructurales de las edificaciones, transformaron la sacudida en una trampa mortal para al menos 5.398 personas y significaron el desplome de 190 inmuebles en cuestión de segundos.
El exdirector de Protección Civil, Antonio Rivero, ha sido especialmente crítico con las Fuerzas Armadas, que “se emplearon según una doctrina de seguridad del Estado y no de apoyar a los ciudadanos”. La institución militar, que en estos casos representa el músculo de apoyo logístico, la maquinaria pesada y la mano de obra masiva, sigue siendo señalado como el gran ausente en labores de rescate, de remoción de escombros y apoyo a las víctimas.
La ayuda internacional se movilizó hacia Venezuela con mucha más velocidad que el propio Estado y fueron brigadas mexicanas, salvadoreñas, estadounidenses, españolas, chilenas y de otros países las que primero se desplegaron en La Guaira y en los edificios de Caracas afectados tratando de rescatar personas con vida. Vecinos del sector y otros voluntarios sin experiencia ni maquinaria se sumaron a las labores iniciales mientras reclamaban una ayuda oficial que demoró en llegar.
Un informe técnico elaborado por Transparencia Venezuela revela que el Estado venezolano alcanzó su máximo despliegue de recursos operacionales 18 días después del sismo, y a esta parálisis se sumó la interrupción prolongada de los servicios de agua, electricidad y de telecomunicaciones en las zonas más afectadas que obstaculizaron más las labores de rescate.
Un mes después de los terremotos, los familiares de los desaparecidos exigen que se sigan buscando los cuerpos bajo los escombros, y lo que se observa en las zonas afectadas es que los trabajos de remoción todavía están crudos, a la vez que surgen dudas de cómo será la gestión de los más de dos millones de toneladas de escombros que produjeron los sismos.
Los portavoces oficiales han negado que los escombros sean arrojados al mar, pero algunas imágenes contradicen lo dicho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Una vez finalizada la etapa de rescate de sobrevivientes, la gran preocupación son los miles de damnificados que dejaron los terremotos. Mientras continúa la remoción de escombros y la recuperación de cuerpos, el reto ahora es garantizar platos de comida caliente y contención emocional en los campamentos de damnificados, que albergan a más de 23.000 personas, según las escuetas cifras que suministra el gobierno en sus partes diarios.
El Gobierno niega que los escombros sean arrojados al mar, pero algunas imágenes lo contradicen
A un mes de la tragedia, las ayudas y manos voluntarias, como es habitual, comienzan a disminuir y se estima que buena parte de las brigadas de cooperación internacional que están en Venezuela retornen a sus lugares de origen en los próximos días. Los esfuerzos individuales que hasta ahora han ayudado en refugios y centros de acopio ya no tienen el mismo entusiasmo de los días posteriores a la tragedia y la gestión de los recursos, que ya no llegan en la misma magnitud, también se hace más delicada.
La directora ejecutiva de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, señala que la organización, que trabaja bajo el amparo de la iglesia católica, considera que el desafío es la distribución de recursos para que la asistencia pueda mantenerse a mediano y largo plazo.
“A partir del mes ya tenemos que atender por prioridades. Hay albergues transitorios, la gente que se queda en casa de la familia, otros son afectados secundarios, no se le cayó nada, pero perdió el trabajo, está en su casa. Pero todos están en tragedia”, dice.
Venezuela también enfrenta una reconstrucción económica y física de gran escala. El doblete sísmico ha alterado por completo las prioridades macroeconómicas del país, obligando a reorientar presupuestos hacia infraestructuras básicas e infraestructura habitacional.
El doblete sísmico ha alterado por completo las prioridades macroeconómicas del país
El PNUD había calculado para Venezuela un crecimiento del 7,4 % durante el 2026, impulsado por el petróleo y advertía una inflación de 271,6 % y un consumo interno deprimido por un salario mínimo rezagado frente a una canasta alimentaria de 700 dólares. Con miles de estructuras comprometidas y un costo de la destrucción que supera los 37 mil millones de dólares según datos de la ONU, las condiciones de ese mercado interno podrían cambiar.
El debate en Venezuela comienza a desplazarse hacia la reconstrucción. Algunos analistas ven una oportunidad para que el Gobierno supere los prejuicios ideológicos y trabaje de la mano con el capital privado.
“Los terremotos, por sí solos, no determinan el futuro económico de un país. Lo que marca la diferencia es la capacidad para organizar y financiar la reconstrucción”, dice Alejandro Grisanti, CEO de la firma Ecoanalítica.
En este contexto, ofrecer viviendas a los damnificados será una prioridad. El lunes, el Ejecutivo anunció la entrega de viviendas a 240 familias afectadas por los terremotos y este martes inició la evaluación de terrenos en La Guaira para la construcción de viviendas, según información divulgada a través de Venezolana de Televisión. Pero las promesas gubernamentales de nuevos desarrollos urbanísticos son recibidas con gran escepticismo por los damnificados mientras aumentan las dudas sobre la calidad de las construcciones de la Gran Misión Vivienda que se hicieron a prisa y sin fiscalización en la década pasada y que hoy muestran los embates de los sismos.
El verdadero obstáculo para la recuperación radica en la fragilidad de las instituciones, sostenidas por el tutelaje de Estados Unidos
Sin embargo, el verdadero obstáculo para la recuperación venezolana radica en la fragilidad de sus instituciones. La tarea de levantar un país golpeado por pérdidas mil millonarias choca con la desconfianza hacia unas autoridades actuales sostenidas sin apoyo popular y por el tutelaje de Estados Unidos.
La reconstrucción no solo dependerá de la llegada de capitales o maquinaria, sino de la posibilidad de edificar una institucionalidad creíble. En este sentido, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos está facilitando el diálogo entre el Parlamento oficialista y la oposición del 2015 respaldada por Washington, fijando para los primeros días de agosto el inicio de una transición política en la que María Corina Machado desempeñaría un rol clave en la reconciliación del país.
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