El olor a urnas ha transformado el Palacio de la Moncloa en una maquinaria de anuncios en el tiempo de descuento. A escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador hasta el fondo, convirtiendo el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el principal escaparate de su campaña. Ante unos sondeos que auguran su salida del poder — la última encuesta de GAD3 para ABC le da una mayoría absoluta de 198 escaños a PP y Vox —, el Ejecutivo ha diseñado una estrategia de movilización a la desesperada basada en el despliegue de medidas asistenciales, reales decretos leyes de urgencia y una incesante lluvia de subvenciones concedidas «a dedo». Un uso intensivo de los resortes del Estado que compromete miles de millones de euros de las arcas públicas.Desde que el desahucio de una anciana de 87 años, la difunta Maricarmen Abascal, convulsionó la política nacional, el Ejecutivo ha vendido al peso el número de iniciativas publicadas contra reloj en el BOE y aprobadas por el Consejo de Ministros en las tres sesiones que se han celebrado hasta ahora. En apenas un mes, Sánchez ha regado la precampaña con hasta 36 medidas y anuncios políticos que comprometen miles de millones de euros públicos en un intento desesperado por movilizar al electorado progresista.Los anuncios más importantes que ha realizado el Ejecutivo desde que disolvió las Cortes Generales se asientan alrededor de tres caladeros de voto distintos: los pensionistas, los empleados públicos y el sector primario. La medida anunciada de mayor impacto a largo plazo es la garantía de revalorizar las pensiones conforme al IPC prevista para 2027. Blindar este incremento para los más de nueve millones de pensionistas supondrá un enorme esfuerzo para las arcas públicas de más de 12.600 millones de euros anuales.En paralelo, Sánchez también agitó la bandera de lo público comprometiendo una subida salarial del 4,5 por ciento para los empleados estatales, autonómicos y locales. Una promesa que exigirá un desembolso que rondará los 6.500 millones. Por su parte, el Ejecutivo ha encadenado además tres grandes partidas económicas dirigidas a los agricultores y ganaderos que superan los 126 millones de euros. Estas incluyen una ampliación de 57,6 millones para seguros agrarios afectados por los incendios, 50,17 millones procedentes de fondos europeos para compensar el encarecimiento de los fertilizantes, y 19,13 millones destinados a programas de sanidad animal frente a crisis veterinarias como la lengua azul.La vivienda como salvavidas electoralLa verdadera sala de máquinas de esta frenética precampaña arrancó en el Consejo de Ministros del 6 de octubre, el ‘día uno’ desde la convocatoria de los comicios. En esa jornada, Sánchez protagonizó un mitin encubierto durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, una comparecencia que terminó costándole la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central (JEC) por vulnerar la neutralidad exigida a los poderes públicos en periodo electoral. Consciente de que la incapacidad para solucionar la crisis inmobiliaria amenaza con desmovilizar al votante progresista, el Ejecutivo tramitó cuatro expedientes clave en materia de vivienda.Ese mismo día se volvieron a aprobar los dos reales decretos leyes que habían sido rechazados por el Congreso de los Diputados escasos días antes. La estrategia del Gobierno sorteó el fracaso parlamentario sometiendo ambos textos a votación en la Diputación Permanente, el órgano interino donde el bloque progresista sí mantiene la mayoría, aunque ni siquiera de esta manera ha querido someterlos a votación aún, amparándose en el plazo de 30 días desde su publicación en el BOE. Conocidos como los ‘decretos Maricarmen’, se presentaron con modificaciones mínimas para asegurar su viabilidad técnica y no incurrir en un fraude de ley, incluyendo la prórroga forzosa de los alquileres por dos años, el veto total a los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, y la limitación a las compras ejecutadas por los denominados fondos buitre.El Ejecutivo continuó su ofensiva habitacional el 20 de octubre, concediendo 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado, y otros 45 millones para financiar la construcción y rehabilitación de residencias universitarias en Madrid, Albacete, Burgos, Sevilla, Castellón, Jaén y Lérida destinado para los estudiantes.Además de los ‘decretos Maricarmen’, el Gobierno ha destinado 225 millones de euros en subvenciones en materia de viviendaEl relato de la Moncloa se nutre también de viejas promesas contenidas en el acuerdo original de coalición con Sumar en 2023, e iniciativas que fueron guardadas en un cajón durante la legislatura y que ahora han sido reactivadas ante el paso de las urnas. Se han prorrogado para 2027 las ayudas de 100 euros para adquirir gafas y lentillas, dirigidas a los menores de hasta 16 años. A este movimiento se suma la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y un acuerdo de tramitación urgente sobre la información previa al consentimiento en los abortos.Estas medidas asistenciales se completaron con el mantenimiento de las plazas de grado en Medicina, medidas de protección a la infancia y atención integral a jóvenes vulnerables. El Gobierno también aprobó nuevas medidas para aliviar la crisis de Ceuta, con un decreto ley de apoyo financiero para la ciudad y otro más específico para proteger a las víctimas de violencia machista. Asimismo, los ayuntamientos de Andalucía y Extremadura recibieron una partida urgente orientada a contratar a desempleados locales en las labores de reparación de los daños meteorológicos.Concesiones «a dedo»Con todo, el mecanismo administrativo más empleado por el Consejo de Ministros durante esta recta final de legislatura ha sido la «concesión directa». Esta herramienta permite a los ministerios esquivar los trámites e inyectar fondos millonarios sin ningún tipo de concurso público amparándose en la supuesta urgencia de la situación. En solo tres semanas, el Ejecutivo ha tramitado nada menos que 17 expedientes mediante esta vía.El 13 de octubre, el BOE regó con fondos a las redes de transporte público regular en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Durante esa misma jornada se aprobaron acuerdos para apuntalar las nuevas plantas de ensamblaje de baterías eléctricas radicadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de rescatar con diversas ayudas a sectores del calzado, textil, cuero y turismo regional.Este goteo alcanzó también en los últimos días a los Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional, al proyecto riojano de la Ciudad del Envase, a las actividades lúdicas de la Fundación ONCE y a la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa. El Gobierno incluso llegó a aprobar asignaciones al Comité Olímpico Español para promover el deporte en los centros de migraciones, y para la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil adscrita al propio Ministerio de Transportes. Un exprimir absoluto de todos y cada uno de los engranajes de la maquinaria del Estado a las mismas puertas de las urnas. El olor a urnas ha transformado el Palacio de la Moncloa en una maquinaria de anuncios en el tiempo de descuento. A escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador hasta el fondo, convirtiendo el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el principal escaparate de su campaña. Ante unos sondeos que auguran su salida del poder — la última encuesta de GAD3 para ABC le da una mayoría absoluta de 198 escaños a PP y Vox —, el Ejecutivo ha diseñado una estrategia de movilización a la desesperada basada en el despliegue de medidas asistenciales, reales decretos leyes de urgencia y una incesante lluvia de subvenciones concedidas «a dedo». Un uso intensivo de los resortes del Estado que compromete miles de millones de euros de las arcas públicas.Desde que el desahucio de una anciana de 87 años, la difunta Maricarmen Abascal, convulsionó la política nacional, el Ejecutivo ha vendido al peso el número de iniciativas publicadas contra reloj en el BOE y aprobadas por el Consejo de Ministros en las tres sesiones que se han celebrado hasta ahora. En apenas un mes, Sánchez ha regado la precampaña con hasta 36 medidas y anuncios políticos que comprometen miles de millones de euros públicos en un intento desesperado por movilizar al electorado progresista.Los anuncios más importantes que ha realizado el Ejecutivo desde que disolvió las Cortes Generales se asientan alrededor de tres caladeros de voto distintos: los pensionistas, los empleados públicos y el sector primario. La medida anunciada de mayor impacto a largo plazo es la garantía de revalorizar las pensiones conforme al IPC prevista para 2027. Blindar este incremento para los más de nueve millones de pensionistas supondrá un enorme esfuerzo para las arcas públicas de más de 12.600 millones de euros anuales.En paralelo, Sánchez también agitó la bandera de lo público comprometiendo una subida salarial del 4,5 por ciento para los empleados estatales, autonómicos y locales. Una promesa que exigirá un desembolso que rondará los 6.500 millones. Por su parte, el Ejecutivo ha encadenado además tres grandes partidas económicas dirigidas a los agricultores y ganaderos que superan los 126 millones de euros. Estas incluyen una ampliación de 57,6 millones para seguros agrarios afectados por los incendios, 50,17 millones procedentes de fondos europeos para compensar el encarecimiento de los fertilizantes, y 19,13 millones destinados a programas de sanidad animal frente a crisis veterinarias como la lengua azul.La vivienda como salvavidas electoralLa verdadera sala de máquinas de esta frenética precampaña arrancó en el Consejo de Ministros del 6 de octubre, el ‘día uno’ desde la convocatoria de los comicios. En esa jornada, Sánchez protagonizó un mitin encubierto durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, una comparecencia que terminó costándole la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central (JEC) por vulnerar la neutralidad exigida a los poderes públicos en periodo electoral. Consciente de que la incapacidad para solucionar la crisis inmobiliaria amenaza con desmovilizar al votante progresista, el Ejecutivo tramitó cuatro expedientes clave en materia de vivienda.Ese mismo día se volvieron a aprobar los dos reales decretos leyes que habían sido rechazados por el Congreso de los Diputados escasos días antes. La estrategia del Gobierno sorteó el fracaso parlamentario sometiendo ambos textos a votación en la Diputación Permanente, el órgano interino donde el bloque progresista sí mantiene la mayoría, aunque ni siquiera de esta manera ha querido someterlos a votación aún, amparándose en el plazo de 30 días desde su publicación en el BOE. Conocidos como los ‘decretos Maricarmen’, se presentaron con modificaciones mínimas para asegurar su viabilidad técnica y no incurrir en un fraude de ley, incluyendo la prórroga forzosa de los alquileres por dos años, el veto total a los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, y la limitación a las compras ejecutadas por los denominados fondos buitre.El Ejecutivo continuó su ofensiva habitacional el 20 de octubre, concediendo 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado, y otros 45 millones para financiar la construcción y rehabilitación de residencias universitarias en Madrid, Albacete, Burgos, Sevilla, Castellón, Jaén y Lérida destinado para los estudiantes.Además de los ‘decretos Maricarmen’, el Gobierno ha destinado 225 millones de euros en subvenciones en materia de viviendaEl relato de la Moncloa se nutre también de viejas promesas contenidas en el acuerdo original de coalición con Sumar en 2023, e iniciativas que fueron guardadas en un cajón durante la legislatura y que ahora han sido reactivadas ante el paso de las urnas. Se han prorrogado para 2027 las ayudas de 100 euros para adquirir gafas y lentillas, dirigidas a los menores de hasta 16 años. A este movimiento se suma la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y un acuerdo de tramitación urgente sobre la información previa al consentimiento en los abortos.Estas medidas asistenciales se completaron con el mantenimiento de las plazas de grado en Medicina, medidas de protección a la infancia y atención integral a jóvenes vulnerables. El Gobierno también aprobó nuevas medidas para aliviar la crisis de Ceuta, con un decreto ley de apoyo financiero para la ciudad y otro más específico para proteger a las víctimas de violencia machista. Asimismo, los ayuntamientos de Andalucía y Extremadura recibieron una partida urgente orientada a contratar a desempleados locales en las labores de reparación de los daños meteorológicos.Concesiones «a dedo»Con todo, el mecanismo administrativo más empleado por el Consejo de Ministros durante esta recta final de legislatura ha sido la «concesión directa». Esta herramienta permite a los ministerios esquivar los trámites e inyectar fondos millonarios sin ningún tipo de concurso público amparándose en la supuesta urgencia de la situación. En solo tres semanas, el Ejecutivo ha tramitado nada menos que 17 expedientes mediante esta vía.El 13 de octubre, el BOE regó con fondos a las redes de transporte público regular en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Durante esa misma jornada se aprobaron acuerdos para apuntalar las nuevas plantas de ensamblaje de baterías eléctricas radicadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de rescatar con diversas ayudas a sectores del calzado, textil, cuero y turismo regional.Este goteo alcanzó también en los últimos días a los Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional, al proyecto riojano de la Ciudad del Envase, a las actividades lúdicas de la Fundación ONCE y a la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa. El Gobierno incluso llegó a aprobar asignaciones al Comité Olímpico Español para promover el deporte en los centros de migraciones, y para la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil adscrita al propio Ministerio de Transportes. Un exprimir absoluto de todos y cada uno de los engranajes de la maquinaria del Estado a las mismas puertas de las urnas.
El olor a urnas ha transformado el Palacio de la Moncloa en una maquinaria de anuncios en el tiempo de descuento. A escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador hasta el fondo, convirtiendo … el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el principal escaparate de su campaña. Ante unos sondeos que auguran su salida del poder —la última encuesta de GAD3 para ABC le da una mayoría absoluta de 198 escaños a PP y Vox—, el Ejecutivo ha diseñado una estrategia de movilización a la desesperada basada en el despliegue de medidas asistenciales, reales decretos leyes de urgencia y una incesante lluvia de subvenciones concedidas «a dedo». Un uso intensivo de los resortes del Estado que compromete miles de millones de euros de las arcas públicas.
Desde que el desahucio de una anciana de 87 años, la difunta Maricarmen Abascal, convulsionó la política nacional, el Ejecutivo ha vendido al peso el número de iniciativas publicadas contra reloj en el BOE y aprobadas por el Consejo de Ministros en las tres sesiones que se han celebrado hasta ahora. En apenas un mes, Sánchez ha regado la precampaña con hasta 36 medidas y anuncios políticos que comprometen miles de millones de euros públicos en un intento desesperado por movilizar al electorado progresista.
Los anuncios más importantes que ha realizado el Ejecutivo desde que disolvió las Cortes Generales se asientan alrededor de tres caladeros de voto distintos: los pensionistas, los empleados públicos y el sector primario. La medida anunciada de mayor impacto a largo plazo es la garantía de revalorizar las pensiones conforme al IPC prevista para 2027. Blindar este incremento para los más de nueve millones de pensionistas supondrá un enorme esfuerzo para las arcas públicas de más de 12.600 millones de euros anuales.
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En paralelo, Sánchez también agitó la bandera de lo público comprometiendo una subida salarial del 4,5 por ciento para los empleados estatales, autonómicos y locales. Una promesa que exigirá un desembolso que rondará los 6.500 millones. Por su parte, el Ejecutivo ha encadenado además tres grandes partidas económicas dirigidas a los agricultores y ganaderos que superan los 126 millones de euros. Estas incluyen una ampliación de 57,6 millones para seguros agrarios afectados por los incendios, 50,17 millones procedentes de fondos europeos para compensar el encarecimiento de los fertilizantes, y 19,13 millones destinados a programas de sanidad animal frente a crisis veterinarias como la lengua azul.
La vivienda como salvavidas electoral
La verdadera sala de máquinas de esta frenética precampaña arrancó en el Consejo de Ministros del 6 de octubre, el ‘día uno’ desde la convocatoria de los comicios. En esa jornada, Sánchez protagonizó un mitin encubierto durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, una comparecencia que terminó costándole la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central (JEC) por vulnerar la neutralidad exigida a los poderes públicos en periodo electoral. Consciente de que la incapacidad para solucionar la crisis inmobiliaria amenaza con desmovilizar al votante progresista, el Ejecutivo tramitó cuatro expedientes clave en materia de vivienda.
Ese mismo día se volvieron a aprobar los dos reales decretos leyes que habían sido rechazados por el Congreso de los Diputados escasos días antes. La estrategia del Gobierno sorteó el fracaso parlamentario sometiendo ambos textos a votación en la Diputación Permanente, el órgano interino donde el bloque progresista sí mantiene la mayoría, aunque ni siquiera de esta manera ha querido someterlos a votación aún, amparándose en el plazo de 30 días desde su publicación en el BOE. Conocidos como los ‘decretos Maricarmen’, se presentaron con modificaciones mínimas para asegurar su viabilidad técnica y no incurrir en un fraude de ley, incluyendo la prórroga forzosa de los alquileres por dos años, el veto total a los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, y la limitación a las compras ejecutadas por los denominados fondos buitre.
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El Ejecutivo continuó su ofensiva habitacional el 20 de octubre, concediendo 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado, y otros 45 millones para financiar la construcción y rehabilitación de residencias universitarias en Madrid, Albacete, Burgos, Sevilla, Castellón, Jaén y Lérida destinado para los estudiantes.
Además de los ‘decretos Maricarmen’, el Gobierno ha destinado 225 millones de euros en subvenciones en materia de vivienda
El relato de la Moncloa se nutre también de viejas promesas contenidas en el acuerdo original de coalición con Sumar en 2023, e iniciativas que fueron guardadas en un cajón durante la legislatura y que ahora han sido reactivadas ante el paso de las urnas. Se han prorrogado para 2027 las ayudas de 100 euros para adquirir gafas y lentillas, dirigidas a los menores de hasta 16 años. A este movimiento se suma la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y un acuerdo de tramitación urgente sobre la información previa al consentimiento en los abortos.
Estas medidas asistenciales se completaron con el mantenimiento de las plazas de grado en Medicina, medidas de protección a la infancia y atención integral a jóvenes vulnerables. El Gobierno también aprobó nuevas medidas para aliviar la crisis de Ceuta, con un decreto ley de apoyo financiero para la ciudad y otro más específico para proteger a las víctimas de violencia machista. Asimismo, los ayuntamientos de Andalucía y Extremadura recibieron una partida urgente orientada a contratar a desempleados locales en las labores de reparación de los daños meteorológicos.
Concesiones «a dedo»
Con todo, el mecanismo administrativo más empleado por el Consejo de Ministros durante esta recta final de legislatura ha sido la «concesión directa». Esta herramienta permite a los ministerios esquivar los trámites e inyectar fondos millonarios sin ningún tipo de concurso público amparándose en la supuesta urgencia de la situación. En solo tres semanas, el Ejecutivo ha tramitado nada menos que 17 expedientes mediante esta vía.
El 13 de octubre, el BOE regó con fondos a las redes de transporte público regular en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Durante esa misma jornada se aprobaron acuerdos para apuntalar las nuevas plantas de ensamblaje de baterías eléctricas radicadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de rescatar con diversas ayudas a sectores del calzado, textil, cuero y turismo regional.
Este goteo alcanzó también en los últimos días a los Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional, al proyecto riojano de la Ciudad del Envase, a las actividades lúdicas de la Fundación ONCE y a la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa. El Gobierno incluso llegó a aprobar asignaciones al Comité Olímpico Español para promover el deporte en los centros de migraciones, y para la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Infantil adscrita al propio Ministerio de Transportes. Un exprimir absoluto de todos y cada uno de los engranajes de la maquinaria del Estado a las mismas puertas de las urnas.
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