Hace solo tres meses, el pasado mes de junio, la Policía local de Santiago desalojó a un peregrino que había acampado en los soportales de la Plaza del Obradoiro. Lo hicieron a primera hora de la mañana, antes de las 8, después de que el hombre hubiese pasado la noche en una tienda como remate de su peregrinación a Compostela. La estampa que este viernes ofrece esta emblemática plaza es mucho más llamativa y alarmante. Una d ecenas de tiendas se agolpan junto a esos mismos soportales desde hace días, sin que la Policía que depende del consistorio que gobierna Goretti Sanmartín mueva ficha. Lo hacen ante la mirada sorprendida de los turistas y caminantes que cada día recalan en el monumento, Patrimonio de la Humanidad, y que ahora conviven con quienes claman por una vivienda digna. Ante la permisividad para con esta protesta, Sanmartín aseguró que «no hay fondos públicos» destinados a la acampada y pidió «solidaridad» con los manifestantes . También instó a poner el foco en el problema de la vivienda, defendiendo los decretos que se votaron en el Congreso y que finalmente no fructificaron.Sin embargo, entrando en el fondo del asunto de la acampada, la nacionalista evitó dar explicaciones sobre una presunta connivencia por parte del consistorio que los populares, a través de su portavoz Borja Verea, no dudaron en afearle. De entrada, y preguntada sobre si esta protesta cuenta con algún tipo de autorización oficial, Sanmartín señaló echó balones fuera y se limitó a decir que lo que deberían preocupar a la gente son otras cuestiones «absolutamente relevantes» como el «problema gravísimo de falta de vivienda digna». No obstante, y al ser interpelada expresamente sobre si la acampada está financiada con fondos públicos, la regidora compostelana señaló que «evidentemente no hay fondos públicos utilizados» para ella.«Yo insisto, creo que este es un asunto que no le interesa a los vecinos, a los vecinos lo que le preocupa es la resolución al problema de la vivienda (…) Hay que tener en estos momentos solidaridad por completo con las personas que están legítimamente ejerciendo el derecho a demanda algo tan importante como el derecho a tener una vivienda digna. Creo que no tiene ninguna lógica que intentemos desviar atención con otros temas absolutamente secundarios y menores», trató de zanjar la nacionalista antes de que desde el PP le formulasen dos preguntas claves. La primera, si el ayuntamiento de Santiago tiene previsto actuar para recuperar la normalidad en la plaza. No hubo respuesta. La segunda, si el consistorio que lidera autorizó el uso por parte de los acampados de electricidad procedente del Pazo de Raxoi . Una cuestión de calado que Sanmartín no negó, pero a la que dio esquinazo.MÁS INFORMACIÓN noticia Si La acampada por la vivienda llega a Santiago: decenas de personas pasan la noche en el ObradoiroSobre la acusación de que el concello de la capital gallega pueda estar dándole suministro eléctrico a los participantes en la acampada desatada por el bautizado como decreto Maricarmen, la regidora evitó hacer valoraciones, sin tener presente la insistencia en el supuesto hecho. «Tenemos constancia de que los acampados utilizaron electricidad desde el propio Pazo de Raxoi. Había un cable suministrando electricidad, procedente de fondos públicos. ¿Es cierto? ¿Autorizó el Ayuntamiento esta utilización de fondos públicos?», reprocharon al consistorio de la ciudad. La respuesta, escueta: «Son temas absolutamente secundarios» concluyó Sanmartín. En rueda de prensa, Verea trasladó que entienden la preocupación de las personas que están protestando por la vivienda, ya que es un problema «real» en la ciudad y hay muchos vecinos que tienen «enormes dificultades» para encontrar una a un precio que «puedan asumir». Aunque, subrayó el político a continuación, sorprende la actitud de la mandataria local al «actuar como espectadora o animadora» , como «si el problema no fuese también con ella». «Después de más de tres años, ¿hay más vivienda? ¿Hay vivienda a mejor precio y de mayor calidad?», preguntó el portavoz refiriéndose a la gestión del Gobierno local en la materia.Al hilo de estas cuestiones y, durante su intervención, la mandataria compostelana defendió la gestión municipal en el capítulo de vivienda, poniendo de ejemplo la recuperación y rehabilitación de edificios en ruinas , los programas de adquisición y rehabilitación de inmuebles en la ciudad histórica, las modificaciones fiscales para gravar las viviendas vacías de grandes propietarios y bonificar las viviendas protegidas, la movilización de suelo para vivienda protegida y la cesión de parcelas a la Xunta con esta finalidad. Además, en su recorrido por las políticas sociales, la alcaldesa compostelana anotó que algunas decisiones municipales, como la declaración de zona de mercado residencial tensionado, están empezando a producir algunos resultados, aunque se trata de un proceso «a medio y largo plazo».Igualmente, Sanmartín recordó que las Comunidades Autónomas tienen competencias «fundamentales» en materia de vivienda y reclamó a la Xunta «que las ejerza». «En el caso de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya sabemos con qué filosofía ejercen esas competencias simplemente negocio para las constructoras sí, pero vivienda pública no. Propaganda sí, pero medidas no», criticó. En este sentido, desde el PP local quisieron trazar este viernes una línea entre las reivindicaciones de los manifestantes y aceptar una «ocupación indefinida» del Obradoiro, el espacio «más representativo» de la ciudad y que «es de todos los santiagueses». Para Verea, hay normas para utilizar el espacio público y «deben de ser iguales para todos». Hace solo tres meses, el pasado mes de junio, la Policía local de Santiago desalojó a un peregrino que había acampado en los soportales de la Plaza del Obradoiro. Lo hicieron a primera hora de la mañana, antes de las 8, después de que el hombre hubiese pasado la noche en una tienda como remate de su peregrinación a Compostela. La estampa que este viernes ofrece esta emblemática plaza es mucho más llamativa y alarmante. Una d ecenas de tiendas se agolpan junto a esos mismos soportales desde hace días, sin que la Policía que depende del consistorio que gobierna Goretti Sanmartín mueva ficha. Lo hacen ante la mirada sorprendida de los turistas y caminantes que cada día recalan en el monumento, Patrimonio de la Humanidad, y que ahora conviven con quienes claman por una vivienda digna. Ante la permisividad para con esta protesta, Sanmartín aseguró que «no hay fondos públicos» destinados a la acampada y pidió «solidaridad» con los manifestantes . También instó a poner el foco en el problema de la vivienda, defendiendo los decretos que se votaron en el Congreso y que finalmente no fructificaron.Sin embargo, entrando en el fondo del asunto de la acampada, la nacionalista evitó dar explicaciones sobre una presunta connivencia por parte del consistorio que los populares, a través de su portavoz Borja Verea, no dudaron en afearle. De entrada, y preguntada sobre si esta protesta cuenta con algún tipo de autorización oficial, Sanmartín señaló echó balones fuera y se limitó a decir que lo que deberían preocupar a la gente son otras cuestiones «absolutamente relevantes» como el «problema gravísimo de falta de vivienda digna». No obstante, y al ser interpelada expresamente sobre si la acampada está financiada con fondos públicos, la regidora compostelana señaló que «evidentemente no hay fondos públicos utilizados» para ella.«Yo insisto, creo que este es un asunto que no le interesa a los vecinos, a los vecinos lo que le preocupa es la resolución al problema de la vivienda (…) Hay que tener en estos momentos solidaridad por completo con las personas que están legítimamente ejerciendo el derecho a demanda algo tan importante como el derecho a tener una vivienda digna. Creo que no tiene ninguna lógica que intentemos desviar atención con otros temas absolutamente secundarios y menores», trató de zanjar la nacionalista antes de que desde el PP le formulasen dos preguntas claves. La primera, si el ayuntamiento de Santiago tiene previsto actuar para recuperar la normalidad en la plaza. No hubo respuesta. La segunda, si el consistorio que lidera autorizó el uso por parte de los acampados de electricidad procedente del Pazo de Raxoi . Una cuestión de calado que Sanmartín no negó, pero a la que dio esquinazo.MÁS INFORMACIÓN noticia Si La acampada por la vivienda llega a Santiago: decenas de personas pasan la noche en el ObradoiroSobre la acusación de que el concello de la capital gallega pueda estar dándole suministro eléctrico a los participantes en la acampada desatada por el bautizado como decreto Maricarmen, la regidora evitó hacer valoraciones, sin tener presente la insistencia en el supuesto hecho. «Tenemos constancia de que los acampados utilizaron electricidad desde el propio Pazo de Raxoi. Había un cable suministrando electricidad, procedente de fondos públicos. ¿Es cierto? ¿Autorizó el Ayuntamiento esta utilización de fondos públicos?», reprocharon al consistorio de la ciudad. La respuesta, escueta: «Son temas absolutamente secundarios» concluyó Sanmartín. En rueda de prensa, Verea trasladó que entienden la preocupación de las personas que están protestando por la vivienda, ya que es un problema «real» en la ciudad y hay muchos vecinos que tienen «enormes dificultades» para encontrar una a un precio que «puedan asumir». Aunque, subrayó el político a continuación, sorprende la actitud de la mandataria local al «actuar como espectadora o animadora» , como «si el problema no fuese también con ella». «Después de más de tres años, ¿hay más vivienda? ¿Hay vivienda a mejor precio y de mayor calidad?», preguntó el portavoz refiriéndose a la gestión del Gobierno local en la materia.Al hilo de estas cuestiones y, durante su intervención, la mandataria compostelana defendió la gestión municipal en el capítulo de vivienda, poniendo de ejemplo la recuperación y rehabilitación de edificios en ruinas , los programas de adquisición y rehabilitación de inmuebles en la ciudad histórica, las modificaciones fiscales para gravar las viviendas vacías de grandes propietarios y bonificar las viviendas protegidas, la movilización de suelo para vivienda protegida y la cesión de parcelas a la Xunta con esta finalidad. Además, en su recorrido por las políticas sociales, la alcaldesa compostelana anotó que algunas decisiones municipales, como la declaración de zona de mercado residencial tensionado, están empezando a producir algunos resultados, aunque se trata de un proceso «a medio y largo plazo».Igualmente, Sanmartín recordó que las Comunidades Autónomas tienen competencias «fundamentales» en materia de vivienda y reclamó a la Xunta «que las ejerza». «En el caso de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya sabemos con qué filosofía ejercen esas competencias simplemente negocio para las constructoras sí, pero vivienda pública no. Propaganda sí, pero medidas no», criticó. En este sentido, desde el PP local quisieron trazar este viernes una línea entre las reivindicaciones de los manifestantes y aceptar una «ocupación indefinida» del Obradoiro, el espacio «más representativo» de la ciudad y que «es de todos los santiagueses». Para Verea, hay normas para utilizar el espacio público y «deben de ser iguales para todos».
Hace solo tres meses, el pasado mes de junio, la Policía local de Santiago desalojó a un peregrino que había acampado en los soportales de la Plaza del Obradoiro. Lo hicieron a primera hora de la mañana, antes de las 8, después de que el … hombre hubiese pasado la noche en una tienda como remate de su peregrinación a Compostela. La estampa que este viernes ofrece esta emblemática plaza es mucho más llamativa y alarmante. Una decenas de tiendas se agolpan junto a esos mismos soportales desde hace días, sin que la Policía que depende del consistorio que gobierna Goretti Sanmartín mueva ficha. Lo hacen ante la mirada sorprendida de los turistas y caminantes que cada día recalan en el monumento, Patrimonio de la Humanidad, y que ahora conviven con quienes claman por una vivienda digna. Ante la permisividad para con esta protesta, Sanmartín aseguró que «no hay fondos públicos» destinados a la acampada y pidió «solidaridad» con los manifestantes. También instó a poner el foco en el problema de la vivienda, defendiendo los decretos que se votaron en el Congreso y que finalmente no fructificaron.
Sin embargo, entrando en el fondo del asunto de la acampada, la nacionalista evitó dar explicaciones sobre una presunta connivencia por parte del consistorio que los populares, a través de su portavoz Borja Verea, no dudaron en afearle. De entrada, y preguntada sobre si esta protesta cuenta con algún tipo de autorización oficial, Sanmartín señaló echó balones fuera y se limitó a decir que lo que deberían preocupar a la gente son otras cuestiones «absolutamente relevantes» como el «problema gravísimo de falta de vivienda digna». No obstante, y al ser interpelada expresamente sobre si la acampada está financiada con fondos públicos, la regidora compostelana señaló que «evidentemente no hay fondos públicos utilizados» para ella.
«Yo insisto, creo que este es un asunto que no le interesa a los vecinos, a los vecinos lo que le preocupa es la resolución al problema de la vivienda (…) Hay que tener en estos momentos solidaridad por completo con las personas que están legítimamente ejerciendo el derecho a demanda algo tan importante como el derecho a tener una vivienda digna. Creo que no tiene ninguna lógica que intentemos desviar atención con otros temas absolutamente secundarios y menores», trató de zanjar la nacionalista antes de que desde el PP le formulasen dos preguntas claves. La primera, si el ayuntamiento de Santiago tiene previsto actuar para recuperar la normalidad en la plaza. No hubo respuesta. La segunda, si el consistorio que lidera autorizó el uso por parte de los acampados de electricidad procedente del Pazo de Raxoi. Una cuestión de calado que Sanmartín no negó, pero a la que dio esquinazo.
Sobre la acusación de que el concello de la capital gallega pueda estar dándole suministro eléctrico a los participantes en la acampada desatada por el bautizado como decreto Maricarmen, la regidora evitó hacer valoraciones, sin tener presente la insistencia en el supuesto hecho. «Tenemos constancia de que los acampados utilizaron electricidad desde el propio Pazo de Raxoi. Había un cable suministrando electricidad, procedente de fondos públicos. ¿Es cierto? ¿Autorizó el Ayuntamiento esta utilización de fondos públicos?», reprocharon al consistorio de la ciudad. La respuesta, escueta: «Son temas absolutamente secundarios» concluyó Sanmartín.
En rueda de prensa, Verea trasladó que entienden la preocupación de las personas que están protestando por la vivienda, ya que es un problema «real» en la ciudad y hay muchos vecinos que tienen «enormes dificultades» para encontrar una a un precio que «puedan asumir». Aunque, subrayó el político a continuación, sorprende la actitud de la mandataria local al «actuar como espectadora o animadora», como «si el problema no fuese también con ella». «Después de más de tres años, ¿hay más vivienda? ¿Hay vivienda a mejor precio y de mayor calidad?», preguntó el portavoz refiriéndose a la gestión del Gobierno local en la materia.
Al hilo de estas cuestiones y, durante su intervención, la mandataria compostelana defendió la gestión municipal en el capítulo de vivienda, poniendo de ejemplo la recuperación y rehabilitación de edificios en ruinas, los programas de adquisición y rehabilitación de inmuebles en la ciudad histórica, las modificaciones fiscales para gravar las viviendas vacías de grandes propietarios y bonificar las viviendas protegidas, la movilización de suelo para vivienda protegida y la cesión de parcelas a la Xunta con esta finalidad. Además, en su recorrido por las políticas sociales, la alcaldesa compostelana anotó que algunas decisiones municipales, como la declaración de zona de mercado residencial tensionado, están empezando a producir algunos resultados, aunque se trata de un proceso «a medio y largo plazo».
Igualmente, Sanmartín recordó que las Comunidades Autónomas tienen competencias «fundamentales» en materia de vivienda y reclamó a la Xunta «que las ejerza». «En el caso de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya sabemos con qué filosofía ejercen esas competencias simplemente negocio para las constructoras sí, pero vivienda pública no. Propaganda sí, pero medidas no», criticó. En este sentido, desde el PP local quisieron trazar este viernes una línea entre las reivindicaciones de los manifestantes y aceptar una «ocupación indefinida» del Obradoiro, el espacio «más representativo» de la ciudad y que «es de todos los santiagueses». Para Verea, hay normas para utilizar el espacio público y «deben de ser iguales para todos».
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