Todo empezó con un enigmático mensaje en las redes sociales. En plena oleada de escándalos de corrupción cercando al Gobierno, el domingo 14 de junio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, utilizó su cuenta en la red social X —la del tecno-oligarca Elon Musk— para lanzar un aviso. «Mañana muy atentos al BOE». La advertencia generó expectación y varias teorías alternativas sobre el contenido del anuncio. También una profunda satisfacción en el Ministerio de Justicia, donde presumían ufanos de haber conseguido atraer la atención sobre algo propio y ajeno a las polémicas con las que tienen que lidiar cada día. Primero en el BOE y este martes en el Consejo de Ministros se ha aprobado una macroconvocatoria de 700 plazas para jueces (500) y fiscales (200). Una ampliación récord de la planta judicial del 8,5% y un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal de un 7,13%. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de la cartera Félix Bolaños lo calificó de hito histórico y recordó que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización. «Es un paso trascendental», aseguró. De esas 500 nuevas plazas, 368 son para tribunales de instancia y 96 irán a órganos colegiados. Siete serán para magistrados del Tribunal Supremo : tres irán a la Sala primera de lo Civil, dos a la sala segunda de lo Penal y dos más a la sala cuarta de lo Social. Además 76 plazas irán a Audiencias Provinciales, nueve a Tribunales Superiores de Justicia y cuatro a la Audiencia Nacional.Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. El ministro Bolaños reconoció que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió al Ejecutivo que la entrada de esos nuevos jueces y magistrados sea gradual y los primeros en entrar en sus destinos, el próximo 31 de diciembre, serán los que vayan a órganos colegiados. El 1 de junio entrarán los destinados a Tribunales de Instancia en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y un tercer bloque de plazas tomará posesión el 1 de noviembre de 2027.Noticia relacionada general No No El Gobierno aprueba una nueva Ley de derecho al honor para combatir los abusos de los ‘deepfakes’ R. AlonsoBolaños ha sacado pecho, vanagloriándose de que se supera el «modelo arcaico y caro» y se avanza en la modernización de la justicia «gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia» que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Sin embargo, la precipitación con la que se ha llevado a cabo la reforma están convirtiendo la aplicación de la citada ley en una pesadilla. Problemas informáticos, adscripción de funcionarios, reorganización de las oficinas judiciales, cambios de ubicación, riesgo de extravíos de expedientes… El caos es absoluto. Desde Justicia atribuyen las críticas al inmovilismo de los operadores jurídicos, pero lo cierto es que no se cuestiona el fondo de la reforma, sino la falta de planificación, de directrices, de tiempo y, sobre todo, de medios.Es más, en paralelo al anuncio del ministro desde Moncloa, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedía al Ministerio de Justicia que reconsidere su negativa a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo, ya que de lo contrario cerca de 12.500 expedientes quedarán suspendidos en el segundo semestre del año. El órgano de gobierno de los jueces, que pide además la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales. En el CGPJ prevén que la situación de colapso actual obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que consideran «necesarias e imprescindibles» para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores. Todo empezó con un enigmático mensaje en las redes sociales. En plena oleada de escándalos de corrupción cercando al Gobierno, el domingo 14 de junio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, utilizó su cuenta en la red social X —la del tecno-oligarca Elon Musk— para lanzar un aviso. «Mañana muy atentos al BOE». La advertencia generó expectación y varias teorías alternativas sobre el contenido del anuncio. También una profunda satisfacción en el Ministerio de Justicia, donde presumían ufanos de haber conseguido atraer la atención sobre algo propio y ajeno a las polémicas con las que tienen que lidiar cada día. Primero en el BOE y este martes en el Consejo de Ministros se ha aprobado una macroconvocatoria de 700 plazas para jueces (500) y fiscales (200). Una ampliación récord de la planta judicial del 8,5% y un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal de un 7,13%. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de la cartera Félix Bolaños lo calificó de hito histórico y recordó que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización. «Es un paso trascendental», aseguró. De esas 500 nuevas plazas, 368 son para tribunales de instancia y 96 irán a órganos colegiados. Siete serán para magistrados del Tribunal Supremo : tres irán a la Sala primera de lo Civil, dos a la sala segunda de lo Penal y dos más a la sala cuarta de lo Social. Además 76 plazas irán a Audiencias Provinciales, nueve a Tribunales Superiores de Justicia y cuatro a la Audiencia Nacional.Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. El ministro Bolaños reconoció que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió al Ejecutivo que la entrada de esos nuevos jueces y magistrados sea gradual y los primeros en entrar en sus destinos, el próximo 31 de diciembre, serán los que vayan a órganos colegiados. El 1 de junio entrarán los destinados a Tribunales de Instancia en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y un tercer bloque de plazas tomará posesión el 1 de noviembre de 2027.Noticia relacionada general No No El Gobierno aprueba una nueva Ley de derecho al honor para combatir los abusos de los ‘deepfakes’ R. AlonsoBolaños ha sacado pecho, vanagloriándose de que se supera el «modelo arcaico y caro» y se avanza en la modernización de la justicia «gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia» que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Sin embargo, la precipitación con la que se ha llevado a cabo la reforma están convirtiendo la aplicación de la citada ley en una pesadilla. Problemas informáticos, adscripción de funcionarios, reorganización de las oficinas judiciales, cambios de ubicación, riesgo de extravíos de expedientes… El caos es absoluto. Desde Justicia atribuyen las críticas al inmovilismo de los operadores jurídicos, pero lo cierto es que no se cuestiona el fondo de la reforma, sino la falta de planificación, de directrices, de tiempo y, sobre todo, de medios.Es más, en paralelo al anuncio del ministro desde Moncloa, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedía al Ministerio de Justicia que reconsidere su negativa a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo, ya que de lo contrario cerca de 12.500 expedientes quedarán suspendidos en el segundo semestre del año. El órgano de gobierno de los jueces, que pide además la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales. En el CGPJ prevén que la situación de colapso actual obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que consideran «necesarias e imprescindibles» para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.
Todo empezó con un enigmático mensaje en las redes sociales. En plena oleada de escándalos de corrupción cercando al Gobierno, el domingo 14 de junio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, utilizó su cuenta en la red social X —la del tecno-oligarca Elon Musk— … para lanzar un aviso. «Mañana muy atentos al BOE». La advertencia generó expectación y varias teorías alternativas sobre el contenido del anuncio. También una profunda satisfacción en el Ministerio de Justicia, donde presumían ufanos de haber conseguido atraer la atención sobre algo propio y ajeno a las polémicas con las que tienen que lidiar cada día. Primero en el BOE y este martes en el Consejo de Ministros se ha aprobado una macroconvocatoria de 700 plazas para jueces (500) y fiscales (200). Una ampliación récord de la planta judicial del 8,5% y un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal de un 7,13%.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de la cartera Félix Bolaños lo calificó de hito histórico y recordó que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización. «Es un paso trascendental», aseguró. De esas 500 nuevas plazas, 368 son para tribunales de instancia y 96 irán a órganos colegiados. Siete serán para magistrados del Tribunal Supremo: tres irán a la Sala primera de lo Civil, dos a la sala segunda de lo Penal y dos más a la sala cuarta de lo Social. Además 76 plazas irán a Audiencias Provinciales, nueve a Tribunales Superiores de Justicia y cuatro a la Audiencia Nacional.
Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia. El ministro Bolaños reconoció que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió al Ejecutivo que la entrada de esos nuevos jueces y magistrados sea gradual y los primeros en entrar en sus destinos, el próximo 31 de diciembre, serán los que vayan a órganos colegiados. El 1 de junio entrarán los destinados a Tribunales de Instancia en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y un tercer bloque de plazas tomará posesión el 1 de noviembre de 2027.
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Bolaños ha sacado pecho, vanagloriándose de que se supera el «modelo arcaico y caro» y se avanza en la modernización de la justicia «gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia» que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico. Sin embargo, la precipitación con la que se ha llevado a cabo la reforma están convirtiendo la aplicación de la citada ley en una pesadilla. Problemas informáticos, adscripción de funcionarios, reorganización de las oficinas judiciales, cambios de ubicación, riesgo de extravíos de expedientes… El caos es absoluto. Desde Justicia atribuyen las críticas al inmovilismo de los operadores jurídicos, pero lo cierto es que no se cuestiona el fondo de la reforma, sino la falta de planificación, de directrices, de tiempo y, sobre todo, de medios.
Es más, en paralelo al anuncio del ministro desde Moncloa, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedía al Ministerio de Justicia que reconsidere su negativa a reforzar los juzgados especializados en cláusulas suelo, ya que de lo contrario cerca de 12.500 expedientes quedarán suspendidos en el segundo semestre del año. El órgano de gobierno de los jueces, que pide además la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales. En el CGPJ prevén que la situación de colapso actual obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que consideran «necesarias e imprescindibles» para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.
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