La presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta exige más recursos técnicos y humanos para poder agilizar la realización de pruebas de determinación de edad a los hombres y mujeres que han llegado en la última semana y que dicen ser menores. La avalancha de llegadas, con alrededor de 1.500 niños recién arribados a Ceuta en tan solo siete días, ha generado un desafío sin precedentes para unos servicios asistenciales que están desbordados. Habitualmente el Instituto de Medicina Legal ceutí cuenta con siete profesionales habilitados (de los cuales solo tres son forenses) para la realización de este tipo de exámenes clínicos, además del resto de funciones habituales del servicio como el resto de valoraciones médicas judicializadas o las autopsias que, como consecuencia de lo ocurrido, también han aumentado considerablemente.Aunque es habitual, explican fuentes del Gobierno de la ciudad a ABC, la realización de estas pruebas para determinar la edad de los menores que acogen en su sistema, la concurrencia de tantas personas a la vez dificulta que los recursos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), donde se realizan las pruebas radiográficas, y el propio equipo de forenses radicados en la ciudad, puedan efectuar todas los exámenes necesarios para evitar que mayores de 18 años accedan a unos servicios a los que no tienen derecho . Y hacerlo, además, con la celeridad que la situación requiere.En Ceuta, explican fuentes policiales, hay una Brigada de Extranjería permanente que realiza estos trámites de filiación de los inmigrantes que llegan a la población tanto por vía marítima como por vía terrestre. Antes del asalto de la semana, desde la última crisis de 2021, pasada rara vez se concentraba en una misma semana la llegada de más de una decena de menores, de los cuales no todos requerían una prueba para determinar la edad, ya fuera por las evidencias visuales o por portar encima la documentación. De golpe, según fuentes que trabajan sobre el terreno, se han encontrado con más de 300 personas que dicen ser menores y que su testimonio genera muchas dudas a esta misma brigada que se encarga en un primer término de determinar si la persona es menor o mayor de edad. Ese es el único equipo policial trabajando sobre el terreno, ya que hasta anoche, según fuentes de la Policía, el Ministerio del Interior no ha reforzado este servicio para agilizar los procesos .La multiplicación exponencial de la demanda choca con los recursos tanto técnicos como disponibles como la capacidad humana para hacerlos funcionar y analizar posteriormente los resultados. En el Hospital Universitario de Ceuta, el único que hay en la ciudad, hay solo tres salas de radiografía para realizar las pruebas óseas a los menores y el resto de urgencias que atienden a diario, con un mayor volumen de trabajo por las lesiones de los que lograron acceder durante la entrada.El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anunció este mismo miércoles por la tarde el refuerzo de forenses con doce profesionales llegados desde otros puntos del país -sin especificar cuántos son forenses-, cuya labor prioritaria será la de realizar las autopsias de los que han perdido la vida, cuyos cadáveres se encuentran en una gran morgue en el antiguo hospital militar de Ceuta. El resto de tareas, como la determinación de edad de los menores, irán en un segundo lugar, cuestión que preocupa a la administración local ya que eso retrasa todo el proceso administrativo y les obliga a dar atención como menores a personas que posiblemente no lo sean. A lo largo del último año, en Madrid, de 378 personas procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla con la contingencia migratoria que completaron la prueba radiológica, 266 fueron declaradas mayores de edad y 112 menores, quedándose 470 expedientes sin resolver. Un dato parecido al de Extremadura, donde la Junta informó de que, de 329 pruebas de edad realizadas por el Servicio Extremeño de Salud, 260 concluyeron que la persona tenía más de 18 años. En Canarias, donde la misma falta de recursos que ahora en Ceuta impidió realizar la totalidad de las pruebas que el Gobierno regional hubiera deseado, un cuarto del medio millar a los que se les realizó dieron positivo.La importancia de esta pruebaEn un contexto como el de la crisis migratoria sin precedentes que se está viviendo en Ceuta, estas pruebas adquieren especial relevancia , ya que de su resultado depende si el inmigrante pasa a estar bajo la tutela del sistema de protección de menores o si es considerado mayor de edad y, en consecuencia, su situación se vehicule por otra vía. La celeridad en la obtención de los resultados es crucial para las administraciones. Las pruebas óseas son uno de los principales instrumentos utilizados por las autoridades españolas para determinar si una persona que afirma ser menor de edad lo es realmente cuando no dispone de documentación válida, cuestión que se repite en la gran mayoría de los casos, o existen dudas fundadas sobre su edad.El procedimiento comienza con una exploración médica y una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal, normalmente a petición de la Fiscalía de Menores. La prueba más habitual consiste en una radiografía de la mano y la muñeca izquierda para analizar el grado de desarrollo de los huesos. Complementariamente también suele realizarse una radiografía dental (ortopantomografía) para estudiar la erupción y maduración de las muelas del juicio. En los casos en que persisten las dudas, puede completarse el estudio con una prueba de la clavícula. Los especialistas comparan las imágenes obtenidas con atlas médicos internacionales que permiten estimar la edad biológica. No obstante, el resultado no fija una edad exacta, sino una horquilla de probabilidad, motivo por el que los informes incorporan un margen de incertidumbre reconocido por la comunidad científica.Aunque el resultado se puede obtener en horas o pocos días, la carga de trabajo puede ampliar esos plazos y ralentizar la reubicaciónEn la práctica, los informes suelen emitirse en un plazo de horas o pocos días, dependiendo de la carga de trabajo del Instituto de Medicina Legal. Una carga que, en el caso de Ceuta estos días, es casi inasumible. Por eso la ciudad pide más ayuda al Estado para acelerar la obtención de unos datos clave para tomar decisiones. Con la información obtenida de esas pruebas, la Fiscalía de menores adopta la decisión sobre si la persona debe ser tratada como menor o como mayor de edad, una resolución que resulta determinante tanto para su situación jurídica como para los recursos asistenciales que le corresponden. Durante toda la tramitación existe una coordinación entre el ministerio público, las Brigada de Extranjería de la Policía y la comunidad autónoma donde permanece la persona.La prueba de edad es clave para determinar si alguien que dice ser menor tiene en realidad menos de 18 años y debe ser acogido por el EstadoSi se determina que se trata de un niño menor de 18 años, son los servicios sociales de la autonomía en la que se encuentran, en este caso la Ciudad Autónoma de Ceuta, los que tienen que hacerse cargo de su tutela. Teniendo en cuenta que la localidad está en contingencia migratoria, correspondería al Gobierno a través de los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia su derivación a otra comunidad que no tenga tanta presión migratoria.La reubicación, inminenteEl Gobierno de Ceuta ya ha solicitado al Estado la activación del mecanismo de reubicación de los menores que hay en la ciudad. En la actualidad, tal como relató este miércoles ABC, la cifra de capacidad ordinaria se multiplica por más de treinta, con una sobreocupación de más del 2.800 por ciento. En las últimas horas han salido de la localidad un grupo de menores que habían llegado antes del inicio de la crisis y, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia se prevé reubicar a los primeros llegados durante la avalancha de forma inminente. La ley establece que, una vez son identificados, se les debe encontrar un nuevo recurso en la península en un plazo máximo de 15 días.El problema recae ahora en la negativa de varias comunidades a cumplir lo que determina el mecanismo aprobado hace un año con todas las autonomías del PP en contra. Algunas regiones como Aragón y Extremadura, gobernadas en coalición por populares y Vox, ya han advertido su rechazo a admitir la acogida de los menores que sean trasladados. Lo mismo dice ahora Madrid, como dijo la Comunidad en su día, pese a que acabó asumiendo su tutela para evitar un conflicto judicial. La administración que preside Isabel Díaz Ayuso, como ocurre también con otros gabinetes autonómicos, mantiene un pulso con el Gobierno en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a cuenta de este Real Decreto. La presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta exige más recursos técnicos y humanos para poder agilizar la realización de pruebas de determinación de edad a los hombres y mujeres que han llegado en la última semana y que dicen ser menores. La avalancha de llegadas, con alrededor de 1.500 niños recién arribados a Ceuta en tan solo siete días, ha generado un desafío sin precedentes para unos servicios asistenciales que están desbordados. Habitualmente el Instituto de Medicina Legal ceutí cuenta con siete profesionales habilitados (de los cuales solo tres son forenses) para la realización de este tipo de exámenes clínicos, además del resto de funciones habituales del servicio como el resto de valoraciones médicas judicializadas o las autopsias que, como consecuencia de lo ocurrido, también han aumentado considerablemente.Aunque es habitual, explican fuentes del Gobierno de la ciudad a ABC, la realización de estas pruebas para determinar la edad de los menores que acogen en su sistema, la concurrencia de tantas personas a la vez dificulta que los recursos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), donde se realizan las pruebas radiográficas, y el propio equipo de forenses radicados en la ciudad, puedan efectuar todas los exámenes necesarios para evitar que mayores de 18 años accedan a unos servicios a los que no tienen derecho . Y hacerlo, además, con la celeridad que la situación requiere.En Ceuta, explican fuentes policiales, hay una Brigada de Extranjería permanente que realiza estos trámites de filiación de los inmigrantes que llegan a la población tanto por vía marítima como por vía terrestre. Antes del asalto de la semana, desde la última crisis de 2021, pasada rara vez se concentraba en una misma semana la llegada de más de una decena de menores, de los cuales no todos requerían una prueba para determinar la edad, ya fuera por las evidencias visuales o por portar encima la documentación. De golpe, según fuentes que trabajan sobre el terreno, se han encontrado con más de 300 personas que dicen ser menores y que su testimonio genera muchas dudas a esta misma brigada que se encarga en un primer término de determinar si la persona es menor o mayor de edad. Ese es el único equipo policial trabajando sobre el terreno, ya que hasta anoche, según fuentes de la Policía, el Ministerio del Interior no ha reforzado este servicio para agilizar los procesos .La multiplicación exponencial de la demanda choca con los recursos tanto técnicos como disponibles como la capacidad humana para hacerlos funcionar y analizar posteriormente los resultados. En el Hospital Universitario de Ceuta, el único que hay en la ciudad, hay solo tres salas de radiografía para realizar las pruebas óseas a los menores y el resto de urgencias que atienden a diario, con un mayor volumen de trabajo por las lesiones de los que lograron acceder durante la entrada.El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anunció este mismo miércoles por la tarde el refuerzo de forenses con doce profesionales llegados desde otros puntos del país -sin especificar cuántos son forenses-, cuya labor prioritaria será la de realizar las autopsias de los que han perdido la vida, cuyos cadáveres se encuentran en una gran morgue en el antiguo hospital militar de Ceuta. El resto de tareas, como la determinación de edad de los menores, irán en un segundo lugar, cuestión que preocupa a la administración local ya que eso retrasa todo el proceso administrativo y les obliga a dar atención como menores a personas que posiblemente no lo sean. A lo largo del último año, en Madrid, de 378 personas procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla con la contingencia migratoria que completaron la prueba radiológica, 266 fueron declaradas mayores de edad y 112 menores, quedándose 470 expedientes sin resolver. Un dato parecido al de Extremadura, donde la Junta informó de que, de 329 pruebas de edad realizadas por el Servicio Extremeño de Salud, 260 concluyeron que la persona tenía más de 18 años. En Canarias, donde la misma falta de recursos que ahora en Ceuta impidió realizar la totalidad de las pruebas que el Gobierno regional hubiera deseado, un cuarto del medio millar a los que se les realizó dieron positivo.La importancia de esta pruebaEn un contexto como el de la crisis migratoria sin precedentes que se está viviendo en Ceuta, estas pruebas adquieren especial relevancia , ya que de su resultado depende si el inmigrante pasa a estar bajo la tutela del sistema de protección de menores o si es considerado mayor de edad y, en consecuencia, su situación se vehicule por otra vía. La celeridad en la obtención de los resultados es crucial para las administraciones. Las pruebas óseas son uno de los principales instrumentos utilizados por las autoridades españolas para determinar si una persona que afirma ser menor de edad lo es realmente cuando no dispone de documentación válida, cuestión que se repite en la gran mayoría de los casos, o existen dudas fundadas sobre su edad.El procedimiento comienza con una exploración médica y una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal, normalmente a petición de la Fiscalía de Menores. La prueba más habitual consiste en una radiografía de la mano y la muñeca izquierda para analizar el grado de desarrollo de los huesos. Complementariamente también suele realizarse una radiografía dental (ortopantomografía) para estudiar la erupción y maduración de las muelas del juicio. En los casos en que persisten las dudas, puede completarse el estudio con una prueba de la clavícula. Los especialistas comparan las imágenes obtenidas con atlas médicos internacionales que permiten estimar la edad biológica. No obstante, el resultado no fija una edad exacta, sino una horquilla de probabilidad, motivo por el que los informes incorporan un margen de incertidumbre reconocido por la comunidad científica.Aunque el resultado se puede obtener en horas o pocos días, la carga de trabajo puede ampliar esos plazos y ralentizar la reubicaciónEn la práctica, los informes suelen emitirse en un plazo de horas o pocos días, dependiendo de la carga de trabajo del Instituto de Medicina Legal. Una carga que, en el caso de Ceuta estos días, es casi inasumible. Por eso la ciudad pide más ayuda al Estado para acelerar la obtención de unos datos clave para tomar decisiones. Con la información obtenida de esas pruebas, la Fiscalía de menores adopta la decisión sobre si la persona debe ser tratada como menor o como mayor de edad, una resolución que resulta determinante tanto para su situación jurídica como para los recursos asistenciales que le corresponden. Durante toda la tramitación existe una coordinación entre el ministerio público, las Brigada de Extranjería de la Policía y la comunidad autónoma donde permanece la persona.La prueba de edad es clave para determinar si alguien que dice ser menor tiene en realidad menos de 18 años y debe ser acogido por el EstadoSi se determina que se trata de un niño menor de 18 años, son los servicios sociales de la autonomía en la que se encuentran, en este caso la Ciudad Autónoma de Ceuta, los que tienen que hacerse cargo de su tutela. Teniendo en cuenta que la localidad está en contingencia migratoria, correspondería al Gobierno a través de los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia su derivación a otra comunidad que no tenga tanta presión migratoria.La reubicación, inminenteEl Gobierno de Ceuta ya ha solicitado al Estado la activación del mecanismo de reubicación de los menores que hay en la ciudad. En la actualidad, tal como relató este miércoles ABC, la cifra de capacidad ordinaria se multiplica por más de treinta, con una sobreocupación de más del 2.800 por ciento. En las últimas horas han salido de la localidad un grupo de menores que habían llegado antes del inicio de la crisis y, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia se prevé reubicar a los primeros llegados durante la avalancha de forma inminente. La ley establece que, una vez son identificados, se les debe encontrar un nuevo recurso en la península en un plazo máximo de 15 días.El problema recae ahora en la negativa de varias comunidades a cumplir lo que determina el mecanismo aprobado hace un año con todas las autonomías del PP en contra. Algunas regiones como Aragón y Extremadura, gobernadas en coalición por populares y Vox, ya han advertido su rechazo a admitir la acogida de los menores que sean trasladados. Lo mismo dice ahora Madrid, como dijo la Comunidad en su día, pese a que acabó asumiendo su tutela para evitar un conflicto judicial. La administración que preside Isabel Díaz Ayuso, como ocurre también con otros gabinetes autonómicos, mantiene un pulso con el Gobierno en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a cuenta de este Real Decreto.
La presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta exige más recursos técnicos y humanos para poder agilizar la realización de pruebas de determinación de edad a los hombres y mujeres que han llegado en la última semana y que dicen ser menores. … La avalancha de llegadas, con alrededor de 1.500 niños recién arribados a Ceuta en tan solo siete días, ha generado un desafío sin precedentes para unos servicios asistenciales que están desbordados. Habitualmente el Instituto de Medicina Legal ceutí cuenta con siete profesionales habilitados (de los cuales solo tres son forenses) para la realización de este tipo de exámenes clínicos, además del resto de funciones habituales del servicio como el resto de valoraciones médicas judicializadas o las autopsias que, como consecuencia de lo ocurrido, también han aumentado considerablemente.
Aunque es habitual, explican fuentes del Gobierno de la ciudad a ABC, la realización de estas pruebas para determinar la edad de los menores que acogen en su sistema, la concurrencia de tantas personas a la vez dificulta que los recursos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), donde se realizan las pruebas radiográficas, y el propio equipo de forenses radicados en la ciudad, puedan efectuar todas los exámenes necesarios para evitar que mayores de 18 años accedan a unos servicios a los que no tienen derecho. Y hacerlo, además, con la celeridad que la situación requiere.
En Ceuta, explican fuentes policiales, hay una Brigada de Extranjería permanente que realiza estos trámites de filiación de los inmigrantes que llegan a la población tanto por vía marítima como por vía terrestre. Antes del asalto de la semana, desde la última crisis de 2021, pasada rara vez se concentraba en una misma semana la llegada de más de una decena de menores, de los cuales no todos requerían una prueba para determinar la edad, ya fuera por las evidencias visuales o por portar encima la documentación. De golpe, según fuentes que trabajan sobre el terreno, se han encontrado con más de 300 personas que dicen ser menores y que su testimonio genera muchas dudas a esta misma brigada que se encarga en un primer término de determinar si la persona es menor o mayor de edad. Ese es el único equipo policial trabajando sobre el terreno, ya que hasta anoche, según fuentes de la Policía, el Ministerio del Interior no ha reforzado este servicio para agilizar los procesos.
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La multiplicación exponencial de la demanda choca con los recursos tanto técnicos como disponibles como la capacidad humana para hacerlos funcionar y analizar posteriormente los resultados. En el Hospital Universitario de Ceuta, el único que hay en la ciudad, hay solo tres salas de radiografía para realizar las pruebas óseas a los menores y el resto de urgencias que atienden a diario, con un mayor volumen de trabajo por las lesiones de los que lograron acceder durante la entrada.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anunció este mismo miércoles por la tarde el refuerzo de forenses con doce profesionales llegados desde otros puntos del país -sin especificar cuántos son forenses-, cuya labor prioritaria será la de realizar las autopsias de los que han perdido la vida, cuyos cadáveres se encuentran en una gran morgue en el antiguo hospital militar de Ceuta. El resto de tareas, como la determinación de edad de los menores, irán en un segundo lugar, cuestión que preocupa a la administración local ya que eso retrasa todo el proceso administrativo y les obliga a dar atención como menores a personas que posiblemente no lo sean. A lo largo del último año, en Madrid, de 378 personas procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla con la contingencia migratoria que completaron la prueba radiológica, 266 fueron declaradas mayores de edad y 112 menores, quedándose 470 expedientes sin resolver. Un dato parecido al de Extremadura, donde la Junta informó de que, de 329 pruebas de edad realizadas por el Servicio Extremeño de Salud, 260 concluyeron que la persona tenía más de 18 años. En Canarias, donde la misma falta de recursos que ahora en Ceuta impidió realizar la totalidad de las pruebas que el Gobierno regional hubiera deseado, un cuarto del medio millar a los que se les realizó dieron positivo.
La importancia de esta prueba
En un contexto como el de la crisis migratoria sin precedentes que se está viviendo en Ceuta, estas pruebas adquieren especial relevancia, ya que de su resultado depende si el inmigrante pasa a estar bajo la tutela del sistema de protección de menores o si es considerado mayor de edad y, en consecuencia, su situación se vehicule por otra vía. La celeridad en la obtención de los resultados es crucial para las administraciones. Las pruebas óseas son uno de los principales instrumentos utilizados por las autoridades españolas para determinar si una persona que afirma ser menor de edad lo es realmente cuando no dispone de documentación válida, cuestión que se repite en la gran mayoría de los casos, o existen dudas fundadas sobre su edad.
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El procedimiento comienza con una exploración médica y una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal, normalmente a petición de la Fiscalía de Menores. La prueba más habitual consiste en una radiografía de la mano y la muñeca izquierda para analizar el grado de desarrollo de los huesos. Complementariamente también suele realizarse una radiografía dental (ortopantomografía) para estudiar la erupción y maduración de las muelas del juicio. En los casos en que persisten las dudas, puede completarse el estudio con una prueba de la clavícula. Los especialistas comparan las imágenes obtenidas con atlas médicos internacionales que permiten estimar la edad biológica. No obstante, el resultado no fija una edad exacta, sino una horquilla de probabilidad, motivo por el que los informes incorporan un margen de incertidumbre reconocido por la comunidad científica.
Aunque el resultado se puede obtener en horas o pocos días, la carga de trabajo puede ampliar esos plazos y ralentizar la reubicación
En la práctica, los informes suelen emitirse en un plazo de horas o pocos días, dependiendo de la carga de trabajo del Instituto de Medicina Legal. Una carga que, en el caso de Ceuta estos días, es casi inasumible. Por eso la ciudad pide más ayuda al Estado para acelerar la obtención de unos datos clave para tomar decisiones. Con la información obtenida de esas pruebas, la Fiscalía de menores adopta la decisión sobre si la persona debe ser tratada como menor o como mayor de edad, una resolución que resulta determinante tanto para su situación jurídica como para los recursos asistenciales que le corresponden. Durante toda la tramitación existe una coordinación entre el ministerio público, las Brigada de Extranjería de la Policía y la comunidad autónoma donde permanece la persona.
La prueba de edad es clave para determinar si alguien que dice ser menor tiene en realidad menos de 18 años y debe ser acogido por el Estado
Si se determina que se trata de un niño menor de 18 años, son los servicios sociales de la autonomía en la que se encuentran, en este caso la Ciudad Autónoma de Ceuta, los que tienen que hacerse cargo de su tutela. Teniendo en cuenta que la localidad está en contingencia migratoria, correspondería al Gobierno a través de los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia su derivación a otra comunidad que no tenga tanta presión migratoria.
La reubicación, inminente
El Gobierno de Ceuta ya ha solicitado al Estado la activación del mecanismo de reubicación de los menores que hay en la ciudad. En la actualidad, tal como relató este miércoles ABC, la cifra de capacidad ordinaria se multiplica por más de treinta, con una sobreocupación de más del 2.800 por ciento. En las últimas horas han salido de la localidad un grupo de menores que habían llegado antes del inicio de la crisis y, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia se prevé reubicar a los primeros llegados durante la avalancha de forma inminente. La ley establece que, una vez son identificados, se les debe encontrar un nuevo recurso en la península en un plazo máximo de 15 días.
El problema recae ahora en la negativa de varias comunidades a cumplir lo que determina el mecanismo aprobado hace un año con todas las autonomías del PP en contra. Algunas regiones como Aragón y Extremadura, gobernadas en coalición por populares y Vox, ya han advertido su rechazo a admitir la acogida de los menores que sean trasladados. Lo mismo dice ahora Madrid, como dijo la Comunidad en su día, pese a que acabó asumiendo su tutela para evitar un conflicto judicial. La administración que preside Isabel Díaz Ayuso, como ocurre también con otros gabinetes autonómicos, mantiene un pulso con el Gobierno en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a cuenta de este Real Decreto.
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