Cuatro años después de que un tren de media distancia de Renfe entre Valencia y Zaragoza quedara detenido entre las llamas del incendio de Bejís (Castellón), sus pasajeros ni siquiera han recibido una disculpa y, mucho menos, una explicación. El convoy se adentró el 16 de agosto de 2022 en una zona tomada por el fuego y obligó a los viajeros a enfrentarse a un paisaje terrorífico provocando que una veintena de personas resultaran heridas al tratar de huir del ‘infierno’. Sin embargo, pese a la gravedad del accidente sobre el que aún pesa la losa de una presunta negligencia, la investigación judicial sigue guardada en un cajón de los juzgados de Segorbe. Con todas las pruebas a su disposición desde hace once meses, la magistrada achaca al exceso de trabajo el retraso en la decisión de reabrir la causa o confirmar su archivo provisional.Las víctimas del incidente denuncian una paralización total en las diligencias practicadas. En marzo de 2023, se ordenó el sobreseimiento de la instrucción a la espera de recibir un informe clave sobre el volcado de diferentes dispositivos electrónicos, encargado al Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil. Entonces figuraban como investigados la maquinista que pilotaba el tren, un responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y otros dos responsables del Servicio de Prevención de Incendios de esta provincia. Ninguno de ellos llegó a declarar en sede judicial.Isabel Irlandés, una de las pasajeras que viajaba junto a sus dos hijos en el conocido como ‘tren del infierno’ de Bejís, lamenta a ABC que la actual instructora tenga el caso desde hace un año con toda la documentación, pero no lo abra. «Asegura que tiene mucho trabajo, pero es que ya son cuatro años. Tiene en su poder más de mil páginas de sumario con informes policiales, reportes forestales y todas las pruebas, pero no se digna a retomarlo», clama esta mujer, que sufrió quemaduras por las que padece hoy un grado de 37 por ciento de discapacidad. «Mis hijos también están mal, yo me quedé sin trabajo y sin casa porque no podía pagar los gastos y estoy esperando a que un tribunal médico me dé la incapacidad total», señala.La afectada recuerda que el procedimiento ha pasado ya por las manos de cuatro jueces y que su abogado ha presentado distintos recursos hasta conseguir que la Audiencia Provincial de Castellón instara al juzgado de Segorbe a continuar con las actuaciones. El informe determinante de los investigadores de la Benemérita forma parte de la instrucción desde abril de 2024, después de que una providencia meses atrás urgiera celeridad a la Policía Judicial. Constataba que la Central de Prevención de Castellón tuvo el suficiente tiempo para avisar y detener el tren antes de llegar al fuego.El análisis del instituto armado desliza que a las 17:27 ya circulaban fotografías, algunas compartidas en grupos de trabajo de la empresa pública Vaersa en Telegram, que mostraban el alcance de las llamas y su proximidad a las vías, con especial referencia a la estación de Torás-Bejís. Entre ese aviso y el momento en que el convoy quedó atrapado en el fuego transcurrieron casi treinta minutos. Las imágenes, según recoge el informe, permitían apreciar «el alcance y dirección del incendio» y la posición del frente respecto a las vías ferroviarias.«Me quedé sin trabajo y casa porque no podía pagar los gastos y estoy esperando a que un tribunal me dé la incapacidad total»En marzo de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón desestimó el recurso presentado por una de las perjudicadas y confirmó el auto de la instructora. El tribunal, sin embargo, no entró a valorar la petición de reapertura de las diligencias al considerar que esa cuestión no era objeto del procedimiento recurrido. Desde entonces, el expediente continúa pendiente de una decisión en Segorbe, donde la sucesión de magistrados destinados responde a uno de los factores que explican la demora. De hecho, hasta cuatro jueces han tenido contacto con una investigación especialmente compleja, en un partido judicial constantemente sometido a cambios y traslados. La actual titular se incorporó en septiembre del pasado año y mantiene el procedimiento en estudio. Imagen de Isabel Irlandés, una de las víctimas del tren del incendio de Bejís. ABCPara las víctimas, las explicaciones administrativas no sirven para justificar la espera. «A nosotros nadie nos ha contactado para hacerse responsable, ni siquiera para pedir disculpas, ni por dignidad humana ni por sentido común», critica Irlandés. En el plano político, este trágico episodio también dejó abiertas responsabilidades que nunca se tradujeron en consecuencias políticas. El incendio, que asoló 20.000 hectáreas, se produjo bajo el Gobierno valenciano de Ximo Puig, con Gabriela Bravo —su pareja— al frente de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública, y con las competencias de emergencias adscritas a su departamento. La coordinación y la gestión de la información fueron objeto de críticas, especialmente por la tardanza al comunicar el grave incidente a los responsables ferroviarios. Cuatro años después de que un tren de media distancia de Renfe entre Valencia y Zaragoza quedara detenido entre las llamas del incendio de Bejís (Castellón), sus pasajeros ni siquiera han recibido una disculpa y, mucho menos, una explicación. El convoy se adentró el 16 de agosto de 2022 en una zona tomada por el fuego y obligó a los viajeros a enfrentarse a un paisaje terrorífico provocando que una veintena de personas resultaran heridas al tratar de huir del ‘infierno’. Sin embargo, pese a la gravedad del accidente sobre el que aún pesa la losa de una presunta negligencia, la investigación judicial sigue guardada en un cajón de los juzgados de Segorbe. Con todas las pruebas a su disposición desde hace once meses, la magistrada achaca al exceso de trabajo el retraso en la decisión de reabrir la causa o confirmar su archivo provisional.Las víctimas del incidente denuncian una paralización total en las diligencias practicadas. En marzo de 2023, se ordenó el sobreseimiento de la instrucción a la espera de recibir un informe clave sobre el volcado de diferentes dispositivos electrónicos, encargado al Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil. Entonces figuraban como investigados la maquinista que pilotaba el tren, un responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y otros dos responsables del Servicio de Prevención de Incendios de esta provincia. Ninguno de ellos llegó a declarar en sede judicial.Isabel Irlandés, una de las pasajeras que viajaba junto a sus dos hijos en el conocido como ‘tren del infierno’ de Bejís, lamenta a ABC que la actual instructora tenga el caso desde hace un año con toda la documentación, pero no lo abra. «Asegura que tiene mucho trabajo, pero es que ya son cuatro años. Tiene en su poder más de mil páginas de sumario con informes policiales, reportes forestales y todas las pruebas, pero no se digna a retomarlo», clama esta mujer, que sufrió quemaduras por las que padece hoy un grado de 37 por ciento de discapacidad. «Mis hijos también están mal, yo me quedé sin trabajo y sin casa porque no podía pagar los gastos y estoy esperando a que un tribunal médico me dé la incapacidad total», señala.La afectada recuerda que el procedimiento ha pasado ya por las manos de cuatro jueces y que su abogado ha presentado distintos recursos hasta conseguir que la Audiencia Provincial de Castellón instara al juzgado de Segorbe a continuar con las actuaciones. El informe determinante de los investigadores de la Benemérita forma parte de la instrucción desde abril de 2024, después de que una providencia meses atrás urgiera celeridad a la Policía Judicial. Constataba que la Central de Prevención de Castellón tuvo el suficiente tiempo para avisar y detener el tren antes de llegar al fuego.El análisis del instituto armado desliza que a las 17:27 ya circulaban fotografías, algunas compartidas en grupos de trabajo de la empresa pública Vaersa en Telegram, que mostraban el alcance de las llamas y su proximidad a las vías, con especial referencia a la estación de Torás-Bejís. Entre ese aviso y el momento en que el convoy quedó atrapado en el fuego transcurrieron casi treinta minutos. Las imágenes, según recoge el informe, permitían apreciar «el alcance y dirección del incendio» y la posición del frente respecto a las vías ferroviarias.«Me quedé sin trabajo y casa porque no podía pagar los gastos y estoy esperando a que un tribunal me dé la incapacidad total»En marzo de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón desestimó el recurso presentado por una de las perjudicadas y confirmó el auto de la instructora. El tribunal, sin embargo, no entró a valorar la petición de reapertura de las diligencias al considerar que esa cuestión no era objeto del procedimiento recurrido. Desde entonces, el expediente continúa pendiente de una decisión en Segorbe, donde la sucesión de magistrados destinados responde a uno de los factores que explican la demora. De hecho, hasta cuatro jueces han tenido contacto con una investigación especialmente compleja, en un partido judicial constantemente sometido a cambios y traslados. La actual titular se incorporó en septiembre del pasado año y mantiene el procedimiento en estudio. Imagen de Isabel Irlandés, una de las víctimas del tren del incendio de Bejís. ABCPara las víctimas, las explicaciones administrativas no sirven para justificar la espera. «A nosotros nadie nos ha contactado para hacerse responsable, ni siquiera para pedir disculpas, ni por dignidad humana ni por sentido común», critica Irlandés. En el plano político, este trágico episodio también dejó abiertas responsabilidades que nunca se tradujeron en consecuencias políticas. El incendio, que asoló 20.000 hectáreas, se produjo bajo el Gobierno valenciano de Ximo Puig, con Gabriela Bravo —su pareja— al frente de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública, y con las competencias de emergencias adscritas a su departamento. La coordinación y la gestión de la información fueron objeto de críticas, especialmente por la tardanza al comunicar el grave incidente a los responsables ferroviarios.
Cuatro años después de que un tren de media distancia de Renfe entre Valencia y Zaragoza quedara detenido entre las llamas del incendio de Bejís (Castellón), sus pasajeros ni siquiera han recibido una disculpa y, mucho menos, una explicación. El convoy se adentró el 16 … de agosto de 2022 en una zona tomada por el fuego y obligó a los viajeros a enfrentarse a un paisaje terrorífico provocando que una veintena de personas resultaran heridas al tratar de huir del ‘infierno’. Sin embargo, pese a la gravedad del accidente sobre el que aún pesa la losa de una presunta negligencia, la investigación judicial sigue guardada en un cajón de los juzgados de Segorbe. Con todas las pruebas a su disposición desde hace once meses, la magistrada achaca al exceso de trabajo el retraso en la decisión de reabrir la causa o confirmar su archivo provisional.
Las víctimas del incidente denuncian una paralización total en las diligencias practicadas. En marzo de 2023, se ordenó el sobreseimiento de la instrucción a la espera de recibir un informe clave sobre el volcado de diferentes dispositivos electrónicos, encargado al Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil. Entonces figuraban como investigados la maquinista que pilotaba el tren, un responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y otros dos responsables del Servicio de Prevención de Incendios de esta provincia. Ninguno de ellos llegó a declarar en sede judicial.
Isabel Irlandés, una de las pasajeras que viajaba junto a sus dos hijos en el conocido como ‘tren del infierno’ de Bejís, lamenta a ABC que la actual instructora tenga el caso desde hace un año con toda la documentación, pero no lo abra. «Asegura que tiene mucho trabajo, pero es que ya son cuatro años. Tiene en su poder más de mil páginas de sumario con informes policiales, reportes forestales y todas las pruebas, pero no se digna a retomarlo», clama esta mujer, que sufrió quemaduras por las que padece hoy un grado de 37 por ciento de discapacidad. «Mis hijos también están mal, yo me quedé sin trabajo y sin casa porque no podía pagar los gastos y estoy esperando a que un tribunal médico me dé la incapacidad total», señala.
La afectada recuerda que el procedimiento ha pasado ya por las manos de cuatro jueces y que su abogado ha presentado distintos recursos hasta conseguir que la Audiencia Provincial de Castellón instara al juzgado de Segorbe a continuar con las actuaciones. El informe determinante de los investigadores de la Benemérita forma parte de la instrucción desde abril de 2024, después de que una providencia meses atrás urgiera celeridad a la Policía Judicial. Constataba que la Central de Prevención de Castellón tuvo el suficiente tiempo para avisar y detener el tren antes de llegar al fuego.
El análisis del instituto armado desliza que a las 17:27 ya circulaban fotografías, algunas compartidas en grupos de trabajo de la empresa pública Vaersa en Telegram, que mostraban el alcance de las llamas y su proximidad a las vías, con especial referencia a la estación de Torás-Bejís. Entre ese aviso y el momento en que el convoy quedó atrapado en el fuego transcurrieron casi treinta minutos. Las imágenes, según recoge el informe, permitían apreciar «el alcance y dirección del incendio» y la posición del frente respecto a las vías ferroviarias.
«Me quedé sin trabajo y casa porque no podía pagar los gastos y estoy esperando a que un tribunal me dé la incapacidad total»
En marzo de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón desestimó el recurso presentado por una de las perjudicadas y confirmó el auto de la instructora. El tribunal, sin embargo, no entró a valorar la petición de reapertura de las diligencias al considerar que esa cuestión no era objeto del procedimiento recurrido. Desde entonces, el expediente continúa pendiente de una decisión en Segorbe, donde la sucesión de magistrados destinados responde a uno de los factores que explican la demora. De hecho, hasta cuatro jueces han tenido contacto con una investigación especialmente compleja, en un partido judicial constantemente sometido a cambios y traslados. La actual titular se incorporó en septiembre del pasado año y mantiene el procedimiento en estudio.
(ABC)
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Para las víctimas, las explicaciones administrativas no sirven para justificar la espera. «A nosotros nadie nos ha contactado para hacerse responsable, ni siquiera para pedir disculpas, ni por dignidad humana ni por sentido común», critica Irlandés. En el plano político, este trágico episodio también dejó abiertas responsabilidades que nunca se tradujeron en consecuencias políticas. El incendio, que asoló 20.000 hectáreas, se produjo bajo el Gobierno valenciano de Ximo Puig, con Gabriela Bravo —su pareja— al frente de la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública, y con las competencias de emergencias adscritas a su departamento. La coordinación y la gestión de la información fueron objeto de críticas, especialmente por la tardanza al comunicar el grave incidente a los responsables ferroviarios.
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