El Ministerio de Educación ha aprobado, en estos últimos días de descuento antes de las elecciones del 29 de noviembre, una de sus medidas más polémicas e ideológicas que ya anticipada la Lomloe o ley Celaá. Se trata del llamado Plan de Educación Inclusiva, una hoja de ruta con un marco común que, de facto, acaba con el modelo de educación especial. Una docena de comunidades autónomas (las gobernadas por el Partido Popular junto a Canarias) habían votado hace unas semanas en contra el desarrollo de este plan que el Gobierno presentó en la Conferencia Sectorial de Educación, presidido por la ministra de Educación, Milagros Tolón. En concreto, este plan supondría la incorporación de unos 45.000 alumnos de educación especial a la escuela ordinaria. Es decir, sería la última estocada a este modelo educativo.El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, señaló que en España hay más de 1,2 millones de alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje, en diferentes grados, y ha destacado que este plan se ha diseñado para atenderles. «El rechazo por parte de las autonomías del PP ha impedido que dotemos a España de un plan estratégico necesario, de una exigencia ética y una línea pedagógica demandada», indicó. Y añadió: «Vamos a continuar con el trabajo en favor de quienes más lo necesitan». Las comunidades del PP rechazaron este plan al considerar que «plantea un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos». Los populares defienden que la educación inclusiva y la educación especial «son compatibles y que la inclusión debe garantizar a cada alumno el entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades, ya sea en un centro ordinario o en un centro de educación especial».Se mostraron en contra de «un modelo que priorice una única modalidad de escolarización y defiende la libertad de elección de las familias, la atención personalizada y la coexistencia de diferentes modalidades educativas». El Ministerio de Educación ha aprobado, en estos últimos días de descuento antes de las elecciones del 29 de noviembre, una de sus medidas más polémicas e ideológicas que ya anticipada la Lomloe o ley Celaá. Se trata del llamado Plan de Educación Inclusiva, una hoja de ruta con un marco común que, de facto, acaba con el modelo de educación especial. Una docena de comunidades autónomas (las gobernadas por el Partido Popular junto a Canarias) habían votado hace unas semanas en contra el desarrollo de este plan que el Gobierno presentó en la Conferencia Sectorial de Educación, presidido por la ministra de Educación, Milagros Tolón. En concreto, este plan supondría la incorporación de unos 45.000 alumnos de educación especial a la escuela ordinaria. Es decir, sería la última estocada a este modelo educativo.El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, señaló que en España hay más de 1,2 millones de alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje, en diferentes grados, y ha destacado que este plan se ha diseñado para atenderles. «El rechazo por parte de las autonomías del PP ha impedido que dotemos a España de un plan estratégico necesario, de una exigencia ética y una línea pedagógica demandada», indicó. Y añadió: «Vamos a continuar con el trabajo en favor de quienes más lo necesitan». Las comunidades del PP rechazaron este plan al considerar que «plantea un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos». Los populares defienden que la educación inclusiva y la educación especial «son compatibles y que la inclusión debe garantizar a cada alumno el entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades, ya sea en un centro ordinario o en un centro de educación especial».Se mostraron en contra de «un modelo que priorice una única modalidad de escolarización y defiende la libertad de elección de las familias, la atención personalizada y la coexistencia de diferentes modalidades educativas».
El Ministerio de Educación ha aprobado, en estos últimos días de descuento antes de las elecciones del 29 de noviembre, una de sus medidas más polémicas e ideológicas que ya anticipada la Lomloe o ley Celaá. Se trata del llamado Plan de Educación Inclusiva, una … hoja de ruta con un marco común que, de facto, acaba con el modelo de educación especial.
Una docena de comunidades autónomas (las gobernadas por el Partido Popular junto a Canarias) habían votado hace unas semanas en contra el desarrollo de este plan que el Gobierno presentó en la Conferencia Sectorial de Educación, presidido por la ministra de Educación, Milagros Tolón. En concreto, este plan supondría la incorporación de unos 45.000 alumnos de educación especial a la escuela ordinaria. Es decir, sería la última estocada a este modelo educativo.
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, señaló que en España hay más de 1,2 millones de alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje, en diferentes grados, y ha destacado que este plan se ha diseñado para atenderles. «El rechazo por parte de las autonomías del PP ha impedido que dotemos a España de un plan estratégico necesario, de una exigencia ética y una línea pedagógica demandada», indicó. Y añadió: «Vamos a continuar con el trabajo en favor de quienes más lo necesitan».
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Beatriz L. Echazarreta
Las comunidades del PP rechazaron este plan al considerar que «plantea un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos». Los populares defienden que la educación inclusiva y la educación especial «son compatibles y que la inclusión debe garantizar a cada alumno el entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades, ya sea en un centro ordinario o en un centro de educación especial».
Se mostraron en contra de «un modelo que priorice una única modalidad de escolarización y defiende la libertad de elección de las familias, la atención personalizada y la coexistencia de diferentes modalidades educativas».
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