El Gobierno cuela en el nuevo decreto de vivienda la fallida reforma de la ley del suelo

Una norma con carácter especulativo que resucita las recetas del pelotazo urbanístico. «Es una ley ideológica que genera riqueza y desigualdad y un copia y pega de la que presentó Rajoy en 2008», llegó a denunciar el diputado de Sumar Alberto Ibáñez. Así definieron los de Yolanda Díaz en el Congreso la reforma de la ley del suelo que PSOE y PNV llevaron a la Cámara Baja a principios de 2025. Socialistas y ‘jeltzales’ se quedaron prácticamente solos defendiendo una propuesta que no fracasó una vez, sino dos, con el voto en contra del Partido Popular y los socios del Gobierno de Pedro Sánchez (la primera intentona fue en mayo de 2024 cuando Vivienda se vio obligada a retirar el texto minutos antes de la votación ante la falta de apoyo parlamentario). Ahora, en esta recta final de legislatura, el PSOE vuelve a la carga y cuela esta fallida reforma de la ley del suelo en el nuevo decreto de vivienda, que incluye la congelación del precio de los alquileres hasta 2028. La intención es aprobarlo en el último Consejo de Ministros del curso, el próximo martes, eso sí, esta vez, con el apoyo amarrado de todos los socios del bloque de investidura de cara a evitar repetir la derrota ya sufrida en el hemiciclo en abril, que se opuso a la prórroga aprobada un mes antes entre otras medidas.Tal y como ha podido comprobar ABC, que ha tenido acceso al primer borrador del texto, el Ejecutivo añade a este segundo paquete de ayudas en materia de vivienda, supuestamente diseñado con el fin de aliviar los efectos de la emergencia habitacional que sufre nuestro país, medidas prácticamente calcadas a las que ya rechazó el año pasado el Parlamento, incluido Sumar, que llegó a presentar observaciones en el Consejo de Ministros y que ahora, en cambio, traga con ellas. Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo reconocen a este diario que el decreto integra la reforma de la ley del suelo, si bien aclaran que no incorpora la limitación de la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas. «Hay algunas [medidas] que van porque son razonables, pero otras no», explican estas mismas voces.En cualquier caso, se trata de modificaciones en más de una decena de artículos de la norma, entre otros, que los proyectos urbanísticos sólo se podrán impugnar durante sus cuatro primeros años o la creación de un listado específico de defectos formales que podrán determinar la nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística con el que se busca evitar que ciertos grupos o individuos utilicen la legislación para presentar reclamaciones con la intención de obtener compensaciones económicas a cambio de retirar sus denuncias.Además, de la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler (podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos venzan hasta el 30 de junio de ese año), el nuevo decreto de vivienda al que presumiblemente dará luz verde la Moncloa el 28 de julio recoge medidas como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, así como el aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas. En cuanto a la polémica moratoria antidesahucios para proteger a las familias vulnerables, también rechazada a principios de este año por el Congreso, fuentes gubernamentales del ala de Sumar, fuentes gubernamentales del ala de Sumar señalan que el borrador de la norma también incluye una propuesta «a negociar» con los grupos, si bien, no ha trascendido el contenido. Hay cambios en más de una decena de artículos de la última ley del suelo, entre ellos, la creación de un listado específico de defectos formales que podrán determinar la nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticaPara su convalidación a la vuelta del verano (probablemente en un pleno extraordinario celebrado en la última semana de agosto, según ha podido saber ABC) será necesaria nuevamente una mayoría que invistió a Pedro Sánchez, pero que, aún tres años después, sigue sin poder darse por sentada por lo que PSOE y Sumar han de volver a hacer malabares para evitar un nuevo revés parlamentario. Por el momento, solo el PNV, impulsor de la reforma de la ley del suelo junto con los socialistas, han valorado positiva y públicamente el primer texto remitido por el Gobierno a las distintas fuerzas. Debe incluirse la citada norma en el decreto, defiende su portavoz, Maribel Vaquero, para «dar mayor seguridad jurídica, agilizar planeamientos y evitar bloqueos». Junts, en cambio, cuestionó el borrador por no incluir sus medidas fiscales y anticoupación. Los neoconvergentes dicen no ver reflejadas las desgravaciones fiscales a inquilinos, pequeños propietarios e hipotecados.Podemos se descuelgaPodemos también se ha descolgado del decreto. La formación morada exige a Sánchez retirar la reforma de la ley del suelo como «condición ineludible» para sentarse siquiera negociar el resto de la propuesta. Es una «línea roja», sentencian los de Ione Belarra, que ponen el foco especialmente en dos de los elementos de la norma que quiere ‘colar’ el Ejecutivo. Por un lado, en la modificación del sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico, la cual, denuncian, «implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros». «También limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas», ahondan los morados a este respecto pese a que Sumar defiende lo contrario. Respecto al segundo de ellos, la alteración del régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados, Podemos cree que «eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin». En definitiva, se queja en el partido fundado por Pablo Iglesias: «Es una reforma que el Gobierno intenta colar en el decreto que es prácticamente igual a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024 y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV» y se ha ejecutado «con nocturnidad y alevosía», ha señalado su secretaria general este jueves en una comparecencia ofrecida ante los medios en el Escritorio de la Cámara Baja. «Y no se va a hacer con los votos de Podemos», sentencia Belarra. Una norma con carácter especulativo que resucita las recetas del pelotazo urbanístico. «Es una ley ideológica que genera riqueza y desigualdad y un copia y pega de la que presentó Rajoy en 2008», llegó a denunciar el diputado de Sumar Alberto Ibáñez. Así definieron los de Yolanda Díaz en el Congreso la reforma de la ley del suelo que PSOE y PNV llevaron a la Cámara Baja a principios de 2025. Socialistas y ‘jeltzales’ se quedaron prácticamente solos defendiendo una propuesta que no fracasó una vez, sino dos, con el voto en contra del Partido Popular y los socios del Gobierno de Pedro Sánchez (la primera intentona fue en mayo de 2024 cuando Vivienda se vio obligada a retirar el texto minutos antes de la votación ante la falta de apoyo parlamentario). Ahora, en esta recta final de legislatura, el PSOE vuelve a la carga y cuela esta fallida reforma de la ley del suelo en el nuevo decreto de vivienda, que incluye la congelación del precio de los alquileres hasta 2028. La intención es aprobarlo en el último Consejo de Ministros del curso, el próximo martes, eso sí, esta vez, con el apoyo amarrado de todos los socios del bloque de investidura de cara a evitar repetir la derrota ya sufrida en el hemiciclo en abril, que se opuso a la prórroga aprobada un mes antes entre otras medidas.Tal y como ha podido comprobar ABC, que ha tenido acceso al primer borrador del texto, el Ejecutivo añade a este segundo paquete de ayudas en materia de vivienda, supuestamente diseñado con el fin de aliviar los efectos de la emergencia habitacional que sufre nuestro país, medidas prácticamente calcadas a las que ya rechazó el año pasado el Parlamento, incluido Sumar, que llegó a presentar observaciones en el Consejo de Ministros y que ahora, en cambio, traga con ellas. Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo reconocen a este diario que el decreto integra la reforma de la ley del suelo, si bien aclaran que no incorpora la limitación de la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas. «Hay algunas [medidas] que van porque son razonables, pero otras no», explican estas mismas voces.En cualquier caso, se trata de modificaciones en más de una decena de artículos de la norma, entre otros, que los proyectos urbanísticos sólo se podrán impugnar durante sus cuatro primeros años o la creación de un listado específico de defectos formales que podrán determinar la nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística con el que se busca evitar que ciertos grupos o individuos utilicen la legislación para presentar reclamaciones con la intención de obtener compensaciones económicas a cambio de retirar sus denuncias.Además, de la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler (podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos venzan hasta el 30 de junio de ese año), el nuevo decreto de vivienda al que presumiblemente dará luz verde la Moncloa el 28 de julio recoge medidas como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, así como el aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas. En cuanto a la polémica moratoria antidesahucios para proteger a las familias vulnerables, también rechazada a principios de este año por el Congreso, fuentes gubernamentales del ala de Sumar, fuentes gubernamentales del ala de Sumar señalan que el borrador de la norma también incluye una propuesta «a negociar» con los grupos, si bien, no ha trascendido el contenido. Hay cambios en más de una decena de artículos de la última ley del suelo, entre ellos, la creación de un listado específico de defectos formales que podrán determinar la nulidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticaPara su convalidación a la vuelta del verano (probablemente en un pleno extraordinario celebrado en la última semana de agosto, según ha podido saber ABC) será necesaria nuevamente una mayoría que invistió a Pedro Sánchez, pero que, aún tres años después, sigue sin poder darse por sentada por lo que PSOE y Sumar han de volver a hacer malabares para evitar un nuevo revés parlamentario. Por el momento, solo el PNV, impulsor de la reforma de la ley del suelo junto con los socialistas, han valorado positiva y públicamente el primer texto remitido por el Gobierno a las distintas fuerzas. Debe incluirse la citada norma en el decreto, defiende su portavoz, Maribel Vaquero, para «dar mayor seguridad jurídica, agilizar planeamientos y evitar bloqueos». Junts, en cambio, cuestionó el borrador por no incluir sus medidas fiscales y anticoupación. Los neoconvergentes dicen no ver reflejadas las desgravaciones fiscales a inquilinos, pequeños propietarios e hipotecados.Podemos se descuelgaPodemos también se ha descolgado del decreto. La formación morada exige a Sánchez retirar la reforma de la ley del suelo como «condición ineludible» para sentarse siquiera negociar el resto de la propuesta. Es una «línea roja», sentencian los de Ione Belarra, que ponen el foco especialmente en dos de los elementos de la norma que quiere ‘colar’ el Ejecutivo. Por un lado, en la modificación del sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico, la cual, denuncian, «implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros». «También limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas», ahondan los morados a este respecto pese a que Sumar defiende lo contrario. Respecto al segundo de ellos, la alteración del régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados, Podemos cree que «eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin». En definitiva, se queja en el partido fundado por Pablo Iglesias: «Es una reforma que el Gobierno intenta colar en el decreto que es prácticamente igual a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024 y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV» y se ha ejecutado «con nocturnidad y alevosía», ha señalado su secretaria general este jueves en una comparecencia ofrecida ante los medios en el Escritorio de la Cámara Baja. «Y no se va a hacer con los votos de Podemos», sentencia Belarra.  

Una norma con carácter especulativo que resucita las recetas del pelotazo urbanístico. «Es una ley ideológica que genera riqueza y desigualdad y un copia y pega de la que presentó Rajoy en 2008», llegó a denunciar el diputado de Sumar Alberto Ibáñez. Así definieron los … de Yolanda Díaz en el Congreso la reforma de la ley del suelo que PSOE y PNV llevaron a la Cámara Baja a principios de 2025. Socialistas y ‘jeltzales’ se quedaron prácticamente solos defendiendo una propuesta que no fracasó una vez, sino dos, con el voto en contra del Partido Popular y los socios del Gobierno de Pedro Sánchez (la primera intentona fue en mayo de 2024 cuando Vivienda se vio obligada a retirar el texto minutos antes de la votación ante la falta de apoyo parlamentario).

 RSS de noticias de espana