El Gobierno construye un cortafuegos para blindar a Pedro Sánchez tras el violento fin de semana de saqueos e incendios en el centro de Barcelona . Frente a las acusaciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este domingo -«Ya lo advirtieron, están sembrando el odio porque saben que van a perder. Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia», dijo en un acto en Salamanca-, La Moncloa trata de desvincular al jefe del Ejecutivo, cargar contra el líder de la oposición y atribuir la autoría intelectual del vandalismo a la «extrema derecha» y a los algoritmos de las redes sociales.Han sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quienes han tratado de articular este relato este lunes. Torres ha tachado de «absolutamente lamentable» el intento de responsabilizar a Sánchez de la violencia urbana, ironizando con si el presidente también fue el culpable de la quema de chabolas vivida en Ceuta el pasado agosto. También ha apuntado a Feijóo, a quien acusó de carecer de proyecto y de utilizar como único argumento «el insulto, la descalificación y el ataque vil». Por su parte, Saiz ha calificado de «absolutamente irresponsables» las palabras del dirigente popular, reprochándole su falta de contundencia al condenar las protestas frente a la sede del partido, Ferraz.A la hora de buscar a los responsables, Saiz ha evitado respaldar las teorías sobre injerencias extranjeras, limitándose a lanzar una pregunta retórica: «¿Quién sale ganando con estos episodios? Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha». Ambos ministros han señalado al entorno digital como el gran culpable de la crispación, reclamando mayor transparencia ante unas plataformas que, según Torres, «avivan la violencia» y mantienen a los jóvenes mal informados.Según adelantó ABC el pasado sábado, los disturbios que sacudieron el centro de Barcelona este fin de semana se originaron a raíz de una convocatoria masiva difundida a través de TikTok, WhatsApp y Telegram bajo el nombre de «Blocus», según informó ABC el pasado sábado. Con la falsa premisa de una protesta en defensa de la educación pública, el llamamiento instaba a emular los graves altercados vividos en Francia, con instrucciones para que los asistentes acudieran vestidos de negro, con pasamontañas y guantes para dificultar la acción de los Mossos d’Esquadra. El sábado por la tarde, alrededor de 600 jóvenes respondieron a la cita en los aledaños de la plaza de Cataluña, que desataron una oleada de violencia que nada tenía que ver con reivindicaciones sociales, sino que estaba directamente enfocada en el pillaje y la confrontación.El estallido de caos urbano dejó una gran destrucción en la capital catalana, saldándose con 23 establecimientos comerciales saqueados -incluyendo tiendas de electrónica, joyerías y firmas como Nike o Balenciaga- y 33 incendios en la vía pública. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 128 alborotadores, de los cuales 72 son menores de edad, y cuatro agentes resultaron heridos durante el operativo. Ante la magnitud de los daños materiales y el elevado porcentaje de adolescentes implicados, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona han advertido de que no habrá impunidad y de que serán las familias quienes deberán asumir la responsabilidad económica de los destrozos. Mientras, la Policía ya monitoriza la red ante las nuevas llamadas a la movilización fijadas para el 31 de octubre. El Gobierno construye un cortafuegos para blindar a Pedro Sánchez tras el violento fin de semana de saqueos e incendios en el centro de Barcelona . Frente a las acusaciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este domingo -«Ya lo advirtieron, están sembrando el odio porque saben que van a perder. Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia», dijo en un acto en Salamanca-, La Moncloa trata de desvincular al jefe del Ejecutivo, cargar contra el líder de la oposición y atribuir la autoría intelectual del vandalismo a la «extrema derecha» y a los algoritmos de las redes sociales.Han sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quienes han tratado de articular este relato este lunes. Torres ha tachado de «absolutamente lamentable» el intento de responsabilizar a Sánchez de la violencia urbana, ironizando con si el presidente también fue el culpable de la quema de chabolas vivida en Ceuta el pasado agosto. También ha apuntado a Feijóo, a quien acusó de carecer de proyecto y de utilizar como único argumento «el insulto, la descalificación y el ataque vil». Por su parte, Saiz ha calificado de «absolutamente irresponsables» las palabras del dirigente popular, reprochándole su falta de contundencia al condenar las protestas frente a la sede del partido, Ferraz.A la hora de buscar a los responsables, Saiz ha evitado respaldar las teorías sobre injerencias extranjeras, limitándose a lanzar una pregunta retórica: «¿Quién sale ganando con estos episodios? Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha». Ambos ministros han señalado al entorno digital como el gran culpable de la crispación, reclamando mayor transparencia ante unas plataformas que, según Torres, «avivan la violencia» y mantienen a los jóvenes mal informados.Según adelantó ABC el pasado sábado, los disturbios que sacudieron el centro de Barcelona este fin de semana se originaron a raíz de una convocatoria masiva difundida a través de TikTok, WhatsApp y Telegram bajo el nombre de «Blocus», según informó ABC el pasado sábado. Con la falsa premisa de una protesta en defensa de la educación pública, el llamamiento instaba a emular los graves altercados vividos en Francia, con instrucciones para que los asistentes acudieran vestidos de negro, con pasamontañas y guantes para dificultar la acción de los Mossos d’Esquadra. El sábado por la tarde, alrededor de 600 jóvenes respondieron a la cita en los aledaños de la plaza de Cataluña, que desataron una oleada de violencia que nada tenía que ver con reivindicaciones sociales, sino que estaba directamente enfocada en el pillaje y la confrontación.El estallido de caos urbano dejó una gran destrucción en la capital catalana, saldándose con 23 establecimientos comerciales saqueados -incluyendo tiendas de electrónica, joyerías y firmas como Nike o Balenciaga- y 33 incendios en la vía pública. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 128 alborotadores, de los cuales 72 son menores de edad, y cuatro agentes resultaron heridos durante el operativo. Ante la magnitud de los daños materiales y el elevado porcentaje de adolescentes implicados, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona han advertido de que no habrá impunidad y de que serán las familias quienes deberán asumir la responsabilidad económica de los destrozos. Mientras, la Policía ya monitoriza la red ante las nuevas llamadas a la movilización fijadas para el 31 de octubre.
El Gobierno construye un cortafuegos para blindar a Pedro Sánchez tras el violento fin de semana de saqueos e incendios en el centro de Barcelona. Frente a las acusaciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este domingo -«Ya lo advirtieron, están sembrando … el odio porque saben que van a perder. Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia», dijo en un acto en Salamanca-, La Moncloa trata de desvincular al jefe del Ejecutivo, cargar contra el líder de la oposición y atribuir la autoría intelectual del vandalismo a la «extrema derecha» y a los algoritmos de las redes sociales.
Han sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quienes han tratado de articular este relato este lunes. Torres ha tachado de «absolutamente lamentable» el intento de responsabilizar a Sánchez de la violencia urbana, ironizando con si el presidente también fue el culpable de la quema de chabolas vivida en Ceuta el pasado agosto. También ha apuntado a Feijóo, a quien acusó de carecer de proyecto y de utilizar como único argumento «el insulto, la descalificación y el ataque vil». Por su parte, Saiz ha calificado de «absolutamente irresponsables» las palabras del dirigente popular, reprochándole su falta de contundencia al condenar las protestas frente a la sede del partido, Ferraz.
A la hora de buscar a los responsables, Saiz ha evitado respaldar las teorías sobre injerencias extranjeras, limitándose a lanzar una pregunta retórica: «¿Quién sale ganando con estos episodios? Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha». Ambos ministros han señalado al entorno digital como el gran culpable de la crispación, reclamando mayor transparencia ante unas plataformas que, según Torres, «avivan la violencia» y mantienen a los jóvenes mal informados.
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Según adelantó ABC el pasado sábado, los disturbios que sacudieron el centro de Barcelona este fin de semana se originaron a raíz de una convocatoria masiva difundida a través de TikTok, WhatsApp y Telegram bajo el nombre de «Blocus», según informó ABC el pasado sábado. Con la falsa premisa de una protesta en defensa de la educación pública, el llamamiento instaba a emular los graves altercados vividos en Francia, con instrucciones para que los asistentes acudieran vestidos de negro, con pasamontañas y guantes para dificultar la acción de los Mossos d’Esquadra. El sábado por la tarde, alrededor de 600 jóvenes respondieron a la cita en los aledaños de la plaza de Cataluña, que desataron una oleada de violencia que nada tenía que ver con reivindicaciones sociales, sino que estaba directamente enfocada en el pillaje y la confrontación.
El estallido de caos urbano dejó una gran destrucción en la capital catalana, saldándose con 23 establecimientos comerciales saqueados -incluyendo tiendas de electrónica, joyerías y firmas como Nike o Balenciaga- y 33 incendios en la vía pública. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 128 alborotadores, de los cuales 72 son menores de edad, y cuatro agentes resultaron heridos durante el operativo. Ante la magnitud de los daños materiales y el elevado porcentaje de adolescentes implicados, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona han advertido de que no habrá impunidad y de que serán las familias quienes deberán asumir la responsabilidad económica de los destrozos. Mientras, la Policía ya monitoriza la red ante las nuevas llamadas a la movilización fijadas para el 31 de octubre.
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