El caso de los ERE sigue años después. El juez que instruye la pieza separada relativa a las ayudas concedidas a SOS Cuétara ha acordado continuar por el procedimiento abreviado la causa contra cuatro investigados, entre ellos el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y la suegra del también exdirector general Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.La investigación gira en torno a la presunta concesión irregular de ayudas públicas por valor de, al menos, 4.277.701,62 euros para financiar la reestructuración laboral de SOS Cuétara entre 2004 y 2010 . Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.En un auto fechado el 3 de noviembre y notificado este viernes a las partes, el magistrado da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de veinte días, soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación de sus escritos de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, reclamen la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.Junto a Rivera y la suegra de Guerrero, el procedimiento continúa contra dos directivos de la consultora Vitalia, que intervino en la tramitación y gestión de las pólizas de seguros de rentas financiadas con fondos públicos.El juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros dos investigados , un representante de la empresa y un dirigente de CCOO, al considerar que no existen indicios suficientes para atribuirles una participación penalmente relevante en los hechos. Aunque ambos habrían mantenido reuniones con Guerrero, el instructor señala que no ha podido determinarse con la suficiente solvencia en qué medida pudieron influir en la financiación irregular de las pólizas.Uno de los principales elementos de la investigación es la presunta inclusión de la suegra de Guerrero entre las beneficiarias de las ayudas sociolaborales , pese a que no estaba afectada por el expediente de regulación de empleo ni mantenía una relación laboral con SOS Cuétara cuando fue incorporada a las pólizas.Según recoge el auto, esta inclusión habría sido posible por la ausencia de controles sobre los fondos públicos destinados a financiar las prejubilaciones de los trabajadores afectados por el ERE. El magistrado sostiene que Guerrero habría aprovechado esta falta de fiscalización para incorporar a su suegra al estudio de rentas de los extrabajadores, en connivencia con responsables de Vitalia.La operación habría permitido formalizar dos pólizas de seguro de rentas a favor de la familiar del ex alto cargo, cuyas primas habrían sido financiadas íntegramente por la Junta de Andalucía. El instructor vincula expresamente su inclusión con la relación de parentesco que mantenía con Guerrero.La investigación se centra en una ayuda de 4,2 millones de euros destinada al pago de indemnizacionesLa pieza judicial investiga las ayudas sociolaborales excepcionales concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2010 para financiar la reestructuración de SOS Cuétara y mejorar la cobertura económica de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo.En concreto, las actuaciones se centran en una ayuda de al menos 4.277.701,62 euros destinada al pago de indemnizaciones por despido de 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003, así como en la financiación de las dos pólizas de seguro suscritas a favor de la suegra de Guerrero.El magistrado considera que las ayudas se habrían concedido de forma arbitraria, mediante negociaciones verbales con responsables de la Administración autonómica y al margen del procedimiento legalmente establecido, sin las garantías de publicidad, control y fiscalización exigibles. El caso de los ERE sigue años después. El juez que instruye la pieza separada relativa a las ayudas concedidas a SOS Cuétara ha acordado continuar por el procedimiento abreviado la causa contra cuatro investigados, entre ellos el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y la suegra del también exdirector general Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.La investigación gira en torno a la presunta concesión irregular de ayudas públicas por valor de, al menos, 4.277.701,62 euros para financiar la reestructuración laboral de SOS Cuétara entre 2004 y 2010 . Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.En un auto fechado el 3 de noviembre y notificado este viernes a las partes, el magistrado da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de veinte días, soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación de sus escritos de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, reclamen la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.Junto a Rivera y la suegra de Guerrero, el procedimiento continúa contra dos directivos de la consultora Vitalia, que intervino en la tramitación y gestión de las pólizas de seguros de rentas financiadas con fondos públicos.El juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros dos investigados , un representante de la empresa y un dirigente de CCOO, al considerar que no existen indicios suficientes para atribuirles una participación penalmente relevante en los hechos. Aunque ambos habrían mantenido reuniones con Guerrero, el instructor señala que no ha podido determinarse con la suficiente solvencia en qué medida pudieron influir en la financiación irregular de las pólizas.Uno de los principales elementos de la investigación es la presunta inclusión de la suegra de Guerrero entre las beneficiarias de las ayudas sociolaborales , pese a que no estaba afectada por el expediente de regulación de empleo ni mantenía una relación laboral con SOS Cuétara cuando fue incorporada a las pólizas.Según recoge el auto, esta inclusión habría sido posible por la ausencia de controles sobre los fondos públicos destinados a financiar las prejubilaciones de los trabajadores afectados por el ERE. El magistrado sostiene que Guerrero habría aprovechado esta falta de fiscalización para incorporar a su suegra al estudio de rentas de los extrabajadores, en connivencia con responsables de Vitalia.La operación habría permitido formalizar dos pólizas de seguro de rentas a favor de la familiar del ex alto cargo, cuyas primas habrían sido financiadas íntegramente por la Junta de Andalucía. El instructor vincula expresamente su inclusión con la relación de parentesco que mantenía con Guerrero.La investigación se centra en una ayuda de 4,2 millones de euros destinada al pago de indemnizacionesLa pieza judicial investiga las ayudas sociolaborales excepcionales concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2010 para financiar la reestructuración de SOS Cuétara y mejorar la cobertura económica de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo.En concreto, las actuaciones se centran en una ayuda de al menos 4.277.701,62 euros destinada al pago de indemnizaciones por despido de 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003, así como en la financiación de las dos pólizas de seguro suscritas a favor de la suegra de Guerrero.El magistrado considera que las ayudas se habrían concedido de forma arbitraria, mediante negociaciones verbales con responsables de la Administración autonómica y al margen del procedimiento legalmente establecido, sin las garantías de publicidad, control y fiscalización exigibles.
El caso de los ERE sigue años después. El juez que instruye la pieza separada relativa a las ayudas concedidas a SOS Cuétara ha acordado continuar por el procedimiento abreviado la causa contra cuatro investigados, entre ellos el exdirector general de Trabajo y Seguridad … Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y la suegra del también exdirector general Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.
La investigación gira en torno a la presunta concesión irregular de ayudas públicas por valor de, al menos, 4.277.701,62 euros para financiar la reestructuración laboral de SOS Cuétara entre 2004 y 2010. Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En un auto fechado el 3 de noviembre y notificado este viernes a las partes, el magistrado da traslado de las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de veinte días, soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación de sus escritos de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, reclamen la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.
Junto a Rivera y la suegra de Guerrero, el procedimiento continúa contra dos directivos de la consultora Vitalia, que intervino en la tramitación y gestión de las pólizas de seguros de rentas financiadas con fondos públicos.
El juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otros dos investigados, un representante de la empresa y un dirigente de CCOO, al considerar que no existen indicios suficientes para atribuirles una participación penalmente relevante en los hechos. Aunque ambos habrían mantenido reuniones con Guerrero, el instructor señala que no ha podido determinarse con la suficiente solvencia en qué medida pudieron influir en la financiación irregular de las pólizas.
Uno de los principales elementos de la investigación es la presunta inclusión de la suegra de Guerrero entre las beneficiarias de las ayudas sociolaborales, pese a que no estaba afectada por el expediente de regulación de empleo ni mantenía una relación laboral con SOS Cuétara cuando fue incorporada a las pólizas.
Según recoge el auto, esta inclusión habría sido posible por la ausencia de controles sobre los fondos públicos destinados a financiar las prejubilaciones de los trabajadores afectados por el ERE. El magistrado sostiene que Guerrero habría aprovechado esta falta de fiscalización para incorporar a su suegra al estudio de rentas de los extrabajadores, en connivencia con responsables de Vitalia.
La operación habría permitido formalizar dos pólizas de seguro de rentas a favor de la familiar del ex alto cargo, cuyas primas habrían sido financiadas íntegramente por la Junta de Andalucía. El instructor vincula expresamente su inclusión con la relación de parentesco que mantenía con Guerrero.
La investigación se centra en una ayuda de 4,2 millones de euros destinada al pago de indemnizaciones
La pieza judicial investiga las ayudas sociolaborales excepcionales concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2010 para financiar la reestructuración de SOS Cuétara y mejorar la cobertura económica de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo.
En concreto, las actuaciones se centran en una ayuda de al menos 4.277.701,62 euros destinada al pago de indemnizaciones por despido de 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003, así como en la financiación de las dos pólizas de seguro suscritas a favor de la suegra de Guerrero.
El magistrado considera que las ayudas se habrían concedido de forma arbitraria, mediante negociaciones verbales con responsables de la Administración autonómica y al margen del procedimiento legalmente establecido, sin las garantías de publicidad, control y fiscalización exigibles.
RSS de noticias de espana
