La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su partido va a registrar la reprobación de cinco ministros por su gestión de la crisis de Ceuta . Esto es sinónimo de que la Cámara Alta los censurará porque el PP, con mayoría absoluta, hace y deshace a su antojo. Tras el plantón de tres miembros del Gobierno a los senadores en apenas seis días, los populares han decidido que van a exigir formalmente su renuncia en un debate parlamentario sin ninguna vinculación jurídica, pero con un cierto peso simbólico. Los conservadores señalan a los tres ‘fugados’ de la plaza de la Marina Española, Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores) y Margarita Robles (Defensa), pero también a las titulares de las carteras de Sanidad, Mónica García, e Igualdad, Ana Redondo. En una rueda de prensa en el salón de Pasos Perdidos del Senado, García ha desgranado los motivos por los que su grupo pedirá —y aprobará con o sin apoyos— la reprobación de esos cinco ministros. Ya en la ‘no comparecencia’ de Marlaska en la Comisión de Interior, la semana pasada, Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, afirmó que su partido iba a reclamar una censura al desplante del titular de Interior. La senadora del PP eleva la apuesta a cinco nombres. Marlaska, por no reforzar la frontera de Ceuta pese a «los avisos de lo que iba a ocurrir»; Albares, por desconocer «el papel de Marruecos» ; Robles, por plantar a la Cámara Alta «en cuanto la Moncloa se lo ordenó»; García, por «el colapso sanitario» en la ciudad autónoma; y Redondo, por, a pesar de la situación en el enclave español del norte de África, no haber visitado a los ceutíes «ni un solo día».La Cámara Alta ha reprobado esta legislatura a ocho ministros —Fernando Grande-Marlaska (dos veces), Félix Bolaños, Óscar Puente (cuatro veces), José Manuel Albares, María Jesús Montero, Ana Redondo, Isabel Rodríguez y Sara Aagesen—, a los que podría unirse la titular de Defensa. El PP promueve con estas iniciativas una «ofensiva política», ha defendido García, frente al abandono que, según ella, sufre Ceuta. La pregunta es cuándo y cómo llegará la prometida «ofensiva judicial», que, según la senadora, los populares continúan estudiando. Cuando Marlaska plantó a la Comisión de Interior, su presidente, Fernando Martínez-Maíllo, adelantó que iban a sopesar medidas legales.La propia García, este miércoles, ha recordado que el artículo 110 de la Constitución establece sin distinciones que las cámaras y comisiones pueden reclamar la presencia de cualquier miembro del Gobierno. El artículo 66.2 del Reglamento del Senado, en idéntico sentido, recoge que los integrantes del Ejecutivo están obligados a comparecer. La Moncloa, sin embargo, comunicó hace dos semanas, después de que el PP hubiese registrado peticiones de comparecencia en el Congreso y el Senado, que los ministros tan solo iban a acudir a hablar sobre la situación en Ceuta a la Cámara Baja, la última semana de agosto, «para evitar duplicidades». Fuentes parlamentarias deslizan que podría elevarse un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, pero los populares no terminan de dar el paso.«Marruecos es un país seguro para el retorno de menores y de todos los inmigrantes en situación ilegal en Ceuta», insisten los popularesTampoco se ha hablado en el Grupo Popular de la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Senado —sería la octava—, aunque García ha dado por hecho en su comparecencia que el Gobierno disponía de información suficiente para prever la avalancha de inmigrantes que irrumpió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Al menos entraron en la ciudad autónoma de forma irregular, a pie o a nado, 72.000 personas. El Ejecutivo está preparando el traslado de quinientas niñas inmigrantes de Ceuta a la península, según ha avanzado esta mañana la Ser y ha confirmado en RNE la ministra Elma Saiz, y esta posibilidad tampoco gusta al PP. «El interés superior del menor es estar con su familia, siempre», ha dicho García. La senadora ha remarcado que el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea reconoce a Marruecos como un país seguro y que, por tanto, todos los inmigrantes en Ceuta en situación irregular, incluidos los menores, deberían ser devueltos al país vecino. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su partido va a registrar la reprobación de cinco ministros por su gestión de la crisis de Ceuta . Esto es sinónimo de que la Cámara Alta los censurará porque el PP, con mayoría absoluta, hace y deshace a su antojo. Tras el plantón de tres miembros del Gobierno a los senadores en apenas seis días, los populares han decidido que van a exigir formalmente su renuncia en un debate parlamentario sin ninguna vinculación jurídica, pero con un cierto peso simbólico. Los conservadores señalan a los tres ‘fugados’ de la plaza de la Marina Española, Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores) y Margarita Robles (Defensa), pero también a las titulares de las carteras de Sanidad, Mónica García, e Igualdad, Ana Redondo. En una rueda de prensa en el salón de Pasos Perdidos del Senado, García ha desgranado los motivos por los que su grupo pedirá —y aprobará con o sin apoyos— la reprobación de esos cinco ministros. Ya en la ‘no comparecencia’ de Marlaska en la Comisión de Interior, la semana pasada, Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, afirmó que su partido iba a reclamar una censura al desplante del titular de Interior. La senadora del PP eleva la apuesta a cinco nombres. Marlaska, por no reforzar la frontera de Ceuta pese a «los avisos de lo que iba a ocurrir»; Albares, por desconocer «el papel de Marruecos» ; Robles, por plantar a la Cámara Alta «en cuanto la Moncloa se lo ordenó»; García, por «el colapso sanitario» en la ciudad autónoma; y Redondo, por, a pesar de la situación en el enclave español del norte de África, no haber visitado a los ceutíes «ni un solo día».La Cámara Alta ha reprobado esta legislatura a ocho ministros —Fernando Grande-Marlaska (dos veces), Félix Bolaños, Óscar Puente (cuatro veces), José Manuel Albares, María Jesús Montero, Ana Redondo, Isabel Rodríguez y Sara Aagesen—, a los que podría unirse la titular de Defensa. El PP promueve con estas iniciativas una «ofensiva política», ha defendido García, frente al abandono que, según ella, sufre Ceuta. La pregunta es cuándo y cómo llegará la prometida «ofensiva judicial», que, según la senadora, los populares continúan estudiando. Cuando Marlaska plantó a la Comisión de Interior, su presidente, Fernando Martínez-Maíllo, adelantó que iban a sopesar medidas legales.La propia García, este miércoles, ha recordado que el artículo 110 de la Constitución establece sin distinciones que las cámaras y comisiones pueden reclamar la presencia de cualquier miembro del Gobierno. El artículo 66.2 del Reglamento del Senado, en idéntico sentido, recoge que los integrantes del Ejecutivo están obligados a comparecer. La Moncloa, sin embargo, comunicó hace dos semanas, después de que el PP hubiese registrado peticiones de comparecencia en el Congreso y el Senado, que los ministros tan solo iban a acudir a hablar sobre la situación en Ceuta a la Cámara Baja, la última semana de agosto, «para evitar duplicidades». Fuentes parlamentarias deslizan que podría elevarse un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, pero los populares no terminan de dar el paso.«Marruecos es un país seguro para el retorno de menores y de todos los inmigrantes en situación ilegal en Ceuta», insisten los popularesTampoco se ha hablado en el Grupo Popular de la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Senado —sería la octava—, aunque García ha dado por hecho en su comparecencia que el Gobierno disponía de información suficiente para prever la avalancha de inmigrantes que irrumpió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Al menos entraron en la ciudad autónoma de forma irregular, a pie o a nado, 72.000 personas. El Ejecutivo está preparando el traslado de quinientas niñas inmigrantes de Ceuta a la península, según ha avanzado esta mañana la Ser y ha confirmado en RNE la ministra Elma Saiz, y esta posibilidad tampoco gusta al PP. «El interés superior del menor es estar con su familia, siempre», ha dicho García. La senadora ha remarcado que el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea reconoce a Marruecos como un país seguro y que, por tanto, todos los inmigrantes en Ceuta en situación irregular, incluidos los menores, deberían ser devueltos al país vecino.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su partido va a registrar la reprobación de cinco ministros por su gestión de la crisis de Ceuta. Esto es sinónimo de que la Cámara Alta los censurará … porque el PP, con mayoría absoluta, hace y deshace a su antojo. Tras el plantón de tres miembros del Gobierno a los senadores en apenas seis días, los populares han decidido que van a exigir formalmente su renuncia en un debate parlamentario sin ninguna vinculación jurídica, pero con un cierto peso simbólico. Los conservadores señalan a los tres ‘fugados’ de la plaza de la Marina Española, Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores) y Margarita Robles (Defensa), pero también a las titulares de las carteras de Sanidad, Mónica García, e Igualdad, Ana Redondo.
En una rueda de prensa en el salón de Pasos Perdidos del Senado, García ha desgranado por la mañana los motivos por los que su grupo pedirá —y aprobará con o sin apoyos— la reprobación de esos cinco ministros. Ya en la ‘no comparecencia’ de Marlaska en la Comisión de Interior, la semana pasada, Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, afirmó que su partido iba a reclamar una censura al desplante del titular de Interior. La senadora del PP eleva la apuesta a cinco nombres. Marlaska, por no reforzar la frontera de Ceuta pese a «los avisos de lo que iba a ocurrir»; Albares, por desconocer «el papel de Marruecos»; Robles, por plantar a la Cámara Alta «en cuanto la Moncloa se lo ordenó»; García, por «el colapso sanitario» en la ciudad autónoma; y Redondo, por, a pesar de la situación en el enclave español del norte de África, no haber visitado a los ceutíes «ni un solo día».
La Cámara Alta ha reprobado esta legislatura a ocho ministros —Fernando Grande-Marlaska (dos veces), Félix Bolaños, Óscar Puente (cuatro veces), José Manuel Albares, María Jesús Montero, Ana Redondo, Isabel Rodríguez y Sara Aagesen—, a los que se unirá, casi con toda seguridad, la titular de Defensa. El PP promueve con estas iniciativas una «ofensiva política», ha defendido García, frente al abandono que, según ella, sufre Ceuta. La pregunta era cuándo y cómo llegará la prometida «ofensiva judicial», que, según la senadora, los populares continuaban estudiando. Cuando Marlaska plantó a la Comisión de Interior, su presidente, Fernando Martínez-Maíllo, adelantó que iban a sopesar medidas legales.
Parte de la incógnita la ha desvelado por la tarde el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien, en una comparecencia desde Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha anunciado que se ha visto en la obligación de preguntar al Tribunal Supremo si los integrantes del Ejecutivo tienen derecho a negarse a comparecer. «El Gobierno no puede decidir en qué cámara comparece ni cuándo lo hace ni si acepta ser controlado», ha advertido el presidente del PP.
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La propia García, horas antes, ha recordado que el artículo 110 de la Constitución establece sin distinciones que las cámaras y comisiones pueden reclamar la presencia de cualquier miembro del Gobierno. El artículo 66.2 del Reglamento del Senado, en idéntico sentido, recoge que los integrantes del Ejecutivo están obligados a comparecer. La Moncloa, sin embargo, comunicó hace dos semanas, después de que el PP hubiese registrado peticiones de comparecencia en el Congreso y el Senado, que los ministros tan solo iban a acudir a hablar sobre la situación en Ceuta a la Cámara Baja, la última semana de agosto, «para evitar duplicidades». Fuentes parlamentarias deslizaron la semana pasada que podría elevarse un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, pero los populares se encaminan primero al Supremo.
«Marruecos es un país seguro para el retorno de menores y de todos los inmigrantes en situación ilegal en Ceuta», insisten los populares
Tampoco se ha hablado en el Grupo Popular de la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Senado —sería la octava—, aunque García ha dado por hecho en su comparecencia que el Gobierno disponía de información suficiente para prever la avalancha de inmigrantes que irrumpió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Al menos entraron en la ciudad autónoma de forma irregular, a pie o a nado, 72.000 personas. El Ejecutivo está preparando el traslado de quinientas niñas inmigrantes de Ceuta a la península, según ha avanzado esta mañana la Ser y ha confirmado en RNE la ministra Elma Saiz, y esta posibilidad tampoco gusta al PP. «El interés superior del menor es estar con su familia, siempre», ha dicho García. La senadora ha remarcado que el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea reconoce a Marruecos como un país seguro y que, por tanto, todos los inmigrantes en Ceuta en situación irregular, incluidos los menores, deberían ser devueltos al país vecino.
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