«Máximo respeto y confianza. No voy a aventurar el fallo. Sea cual sea el sentido lo acataremos como hacemos con todas las sentencias judiciales. Hasta ahí podíamos llegar». Con esas palabras el portavoz del PP, Borja Sémper, quiso anticiparse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , que se conocerá este jueves, y que puede resultar beneficioso para Carles Puigdemont si se cumple el guion. El día 16 está previsto el primer fallo de la justicia comunitaria acerca de la ley de amnistía. En concreto, debe pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que en su día elevaron el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre si los gastos del procés supusieron efectivamente un riesgo para los intereses financieros europeos en el primer caso; y en el segundo, sobre los miembros de los comités de defensa de la república (CDR).Más allá de que este fallo activará los siguientes movimientos en el Tribunal Constitucional, está por ver las consecuencias políticas que puede tener en Junts y su relación con el Gobierno. En todo caso, en Génova insisten en que «acatarán» el fallo «como hacen con todas las sentencias judiciales» – «faltaría más», llegó a decir Sémper- con la clara voluntad de marcar distancias con el Gobierno, abonado al discurso del ‘lawfare’ por todos los escándalos que le rodean, también al PSOE y al entorno familiar del presidente.Como publicó ABC, el PP asume ya que el fallo podría dar un balón de oxígeno a Puigdemont y, por extensión, al propio Ejecutivo. Sobre todo, porque el año pasado el abogado general de la UE consideró que la norma no fue contraria al derecho europeo en lo que tiene que ver con terrorismo ni chocó con los intereses económicos. Y lo más habitual es que esa posición coincida con el fallo posterior del tribunal. Fuentes comunitarias explican que sería muy raro que la sentencia enmendara la plana al abogado general.Noticia relacionada general No No El Gobierno convierte un artículo de fútbol de Rajoy en una ofensiva contra el PP Miguel LópezDe ahí que en Génova lleven tiempo trabajando con ese posible escenario. En realidad, el partido mantiene intacta la crítica hacia la ley y los objetivos políticos que tuvo. El propio Sémper lo repitió ayer en rueda de prensa: «La ley de amnistía fue una herramienta para obtener una investidura. El Gobierno siempre dijo que no tenía ninguna cabida y después de los resultados de las elecciones, se sacó de la chistera la ley de amnistía para tener el favor político de los beneficiados por esa ley», advirtió, recalcando que «no ha habido una legislatura, sino que hubo una investidura».Pero en privado muchos dirigentes asumen que los efectos de la ley de amnistía han quedado bastante amortizados . El PP centró su labor de oposición en el arranque de legislatura en esa ley y el acuerdo alcanzado con los independentistas que, entre otras cosas, permitió un cambio en el Código Penal adaptado a la necesidad de los dirigentes que fueron condenados. El objetivo era que la amnistía cubriera todos los supuestos, hasta que se dio de bruces con la malversación de la mano del Tribunal Supremo. La malversación no iba a poder ser amnistiable si el delito conllevó enriquecimiento personal, ánimo de lucro o afectó de manera directa a los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre esto último se pronunciará, precisamente el tribunal comunitario.El PP mantendrá su postura política, pero aceptará el fallo del próximo jueves. Y, sobre todo, como admiten fuentes de la dirección nacional, no pretenden conceder todo el foco a este asunto, sino mantener la presión sobre el Gobierno con los casos de corrupción que le asfixian desde hace dos años. Eso es lo que realmente «quema» al Ejecutivo, reconocen, y no tanto la amnistía, que ya dejó de desgastar al Gobierno hace tiempo. «Máximo respeto y confianza. No voy a aventurar el fallo. Sea cual sea el sentido lo acataremos como hacemos con todas las sentencias judiciales. Hasta ahí podíamos llegar». Con esas palabras el portavoz del PP, Borja Sémper, quiso anticiparse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , que se conocerá este jueves, y que puede resultar beneficioso para Carles Puigdemont si se cumple el guion. El día 16 está previsto el primer fallo de la justicia comunitaria acerca de la ley de amnistía. En concreto, debe pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que en su día elevaron el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre si los gastos del procés supusieron efectivamente un riesgo para los intereses financieros europeos en el primer caso; y en el segundo, sobre los miembros de los comités de defensa de la república (CDR).Más allá de que este fallo activará los siguientes movimientos en el Tribunal Constitucional, está por ver las consecuencias políticas que puede tener en Junts y su relación con el Gobierno. En todo caso, en Génova insisten en que «acatarán» el fallo «como hacen con todas las sentencias judiciales» – «faltaría más», llegó a decir Sémper- con la clara voluntad de marcar distancias con el Gobierno, abonado al discurso del ‘lawfare’ por todos los escándalos que le rodean, también al PSOE y al entorno familiar del presidente.Como publicó ABC, el PP asume ya que el fallo podría dar un balón de oxígeno a Puigdemont y, por extensión, al propio Ejecutivo. Sobre todo, porque el año pasado el abogado general de la UE consideró que la norma no fue contraria al derecho europeo en lo que tiene que ver con terrorismo ni chocó con los intereses económicos. Y lo más habitual es que esa posición coincida con el fallo posterior del tribunal. Fuentes comunitarias explican que sería muy raro que la sentencia enmendara la plana al abogado general.Noticia relacionada general No No El Gobierno convierte un artículo de fútbol de Rajoy en una ofensiva contra el PP Miguel LópezDe ahí que en Génova lleven tiempo trabajando con ese posible escenario. En realidad, el partido mantiene intacta la crítica hacia la ley y los objetivos políticos que tuvo. El propio Sémper lo repitió ayer en rueda de prensa: «La ley de amnistía fue una herramienta para obtener una investidura. El Gobierno siempre dijo que no tenía ninguna cabida y después de los resultados de las elecciones, se sacó de la chistera la ley de amnistía para tener el favor político de los beneficiados por esa ley», advirtió, recalcando que «no ha habido una legislatura, sino que hubo una investidura».Pero en privado muchos dirigentes asumen que los efectos de la ley de amnistía han quedado bastante amortizados . El PP centró su labor de oposición en el arranque de legislatura en esa ley y el acuerdo alcanzado con los independentistas que, entre otras cosas, permitió un cambio en el Código Penal adaptado a la necesidad de los dirigentes que fueron condenados. El objetivo era que la amnistía cubriera todos los supuestos, hasta que se dio de bruces con la malversación de la mano del Tribunal Supremo. La malversación no iba a poder ser amnistiable si el delito conllevó enriquecimiento personal, ánimo de lucro o afectó de manera directa a los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre esto último se pronunciará, precisamente el tribunal comunitario.El PP mantendrá su postura política, pero aceptará el fallo del próximo jueves. Y, sobre todo, como admiten fuentes de la dirección nacional, no pretenden conceder todo el foco a este asunto, sino mantener la presión sobre el Gobierno con los casos de corrupción que le asfixian desde hace dos años. Eso es lo que realmente «quema» al Ejecutivo, reconocen, y no tanto la amnistía, que ya dejó de desgastar al Gobierno hace tiempo.
«Máximo respeto y confianza. No voy a aventurar el fallo. Sea cual sea el sentido lo acataremos como hacemos con todas las sentencias judiciales. Hasta ahí podíamos llegar». Con esas palabras el portavoz del PP, Borja Sémper, quiso anticiparse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) … , que se conocerá este jueves, y que puede resultar beneficioso para Carles Puigdemont si se cumple el guion. El día 16 está previsto el primer fallo de la justicia comunitaria acerca de la ley de amnistía. En concreto, debe pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que en su día elevaron el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre si los gastos del procés supusieron efectivamente un riesgo para los intereses financieros europeos en el primer caso; y en el segundo, sobre los miembros de los comités de defensa de la república (CDR).
Más allá de que este fallo activará los siguientes movimientos en el Tribunal Constitucional, está por ver las consecuencias políticas que puede tener en Junts y su relación con el Gobierno. En todo caso, en Génova insisten en que «acatarán» el fallo «como hacen con todas las sentencias judiciales» – «faltaría más», llegó a decir Sémper- con la clara voluntad de marcar distancias con el Gobierno, abonado al discurso del ‘lawfare’ por todos los escándalos que le rodean, también al PSOE y al entorno familiar del presidente.
Como publicó ABC, el PP asume ya que el fallo podría dar un balón de oxígeno a Puigdemont y, por extensión, al propio Ejecutivo. Sobre todo, porque el año pasado el abogado general de la UE consideró que la norma no fue contraria al derecho europeo en lo que tiene que ver con terrorismo ni chocó con los intereses económicos. Y lo más habitual es que esa posición coincida con el fallo posterior del tribunal. Fuentes comunitarias explican que sería muy raro que la sentencia enmendara la plana al abogado general.
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De ahí que en Génova lleven tiempo trabajando con ese posible escenario. En realidad, el partido mantiene intacta la crítica hacia la ley y los objetivos políticos que tuvo. El propio Sémper lo repitió ayer en rueda de prensa: «La ley de amnistía fue una herramienta para obtener una investidura. El Gobierno siempre dijo que no tenía ninguna cabida y después de los resultados de las elecciones, se sacó de la chistera la ley de amnistía para tener el favor político de los beneficiados por esa ley», advirtió, recalcando que «no ha habido una legislatura, sino que hubo una investidura».
Pero en privado muchos dirigentes asumen que los efectos de la ley de amnistía han quedado bastante amortizados. El PP centró su labor de oposición en el arranque de legislatura en esa ley y el acuerdo alcanzado con los independentistas que, entre otras cosas, permitió un cambio en el Código Penal adaptado a la necesidad de los dirigentes que fueron condenados. El objetivo era que la amnistía cubriera todos los supuestos, hasta que se dio de bruces con la malversación de la mano del Tribunal Supremo. La malversación no iba a poder ser amnistiable si el delito conllevó enriquecimiento personal, ánimo de lucro o afectó de manera directa a los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre esto último se pronunciará, precisamente el tribunal comunitario.
El PP mantendrá su postura política, pero aceptará el fallo del próximo jueves. Y, sobre todo, como admiten fuentes de la dirección nacional, no pretenden conceder todo el foco a este asunto, sino mantener la presión sobre el Gobierno con los casos de corrupción que le asfixian desde hace dos años. Eso es lo que realmente «quema» al Ejecutivo, reconocen, y no tanto la amnistía, que ya dejó de desgastar al Gobierno hace tiempo.
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