Las iniciativas del Gobierno para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años en pleno pulso con las grandes plataformas y vetar a los que no tengan 18 en espectáculos taurinos lanzan mensajes contradictorios sobre la autonomía de los adolescentes. Expertos consultados creen que puede darse sensación de «arbitrariedad» al compararse con normas ya en vigor, como poder abortar a partir de los 16 sin consentimiento de tus representantes legales, u propuestas que el Gobierno estudia, como bajar la edad del voto a esa edad. La madurez de los adolescentes se ha convertido en un terreno de debate jurídico, político y social, donde conviven leyes e iniciativas legislativas permisivas para unas decisiones y restrictivas para otras.El pretexto de los cambios legales siempre es la protección a la infancia y adolescencia. Pero hay riesgo de no ofrecer un marco claro entre anuncio y reforma. Juristas y psicólogos especialistas en menores advierten en ABC de los peligros que suponen estos límites basados en una edad concreta sin atender a los tratados internacionales, sin analizar los riesgos y sin ofrecer alternativas a la prohibición. Y si bien todos entienden la necesidad de introducir límites de edad en el ordenamiento jurídico, también coinciden en que hay que tener en cuenta que son umbrales legales que «generalizan» y «presuponen» las capacidades de los chavales. La madurez de un adolescente no llega con un cumpleaños concreto, asegura la psicóloga forense Marta de Prado , que explica que el desarrollo madurativo es «gradual» y depende de muchos factores. Hay niños que tienen una «historia personal» o han crecido en un entorno que les facilita un grado de madurez mayor a los que crecen en una «burbuja». Eso influye en su capacidad cognitiva para tomar decisiones complejas, continúa. Es decir, una adolescente de 16 años podría estar mucho más desprotegida en lo digital que una de 14 que por el contexto que le tocó vivir está más capacitada para gestionar su información en un perfil de Instagram o TikTok. Este ejemplo ya evidencia que, a pesar de ese eventual límite en la edad, al ser el desarrollo madurativo gradual, se dejaría desprotegidos a una parte de adolescentes con la prohibición por edad, a la vez que a otros sí capacitados se les privaría de un derecho. Porque una cosa es la petición del consentimiento parental hasta los 16 (actualmente está en los 14) para acceder a las redes sociales y otra la prohibición directa. Esta visión «fragmentada» del legislador puede generar confusión en los adolescentes. «Me pongo en la mirada de ellos y es un caos , porque se plantean: ‘¿Cómo es posible que me digas que soy mayor para unas cosas y pequeño para otras?’», explica esta psicóloga, que dice que esto podría generar «tensiones por falta de entendimiento» y situaciones de «desobediencia» por tratarse de una restricción difícil de comprender. Otro ejemplo: que encuentren canales clandestinos a través de los que acceder y saltarse las normas donde ahí sí que no existe ningún tipo de control o protección. «Me pongo en la mirada de ellos y es un caos, se plantean: ‘¿Cómo es posible que me digas que soy mayor unas cosas y pequeño para otras?’» Marta de Prado Psicóloga forense especialista en menores«Proteger no equivale a aislar», insiste De Prado, que en conversación con ABC explica, sobre todo, que lo más importante es que el Estado trabaje para ofrecer a familias, tutores y profesores herramientas que les hagan entender el entorno digital al que se enfrentan los niños para así poder ayudarlos a moverse con seguridad en ellos.Desde el ámbito jurídico, Leopoldo Abad , catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, pone en duda que la fijación de edades responda siempre al interés superior del menor. Es más, sugiere que está más vinculada a prioridades ideológicas que al desarrollo cognitivo de los chavales. «¿Y por qué 16 y no 14? No hemos visto ningún fundamento teórico o, al menos yo no he visto, de por qué se elige esa edad para prohibir las redes», critica este jurista, que insiste en acompañar de fundamentación cualquier anuncio sobre restricción de derechos.«Eligen qué se puede hacer en según qué edad en función no del interés del menor, sino de intereses políticos e ideologías», abunda Abad, que añade además que se trata de decisiones políticas que interfieren en la esfera educativa de cada familia. La última de las reflexiones de este jurista es la siguiente: «Según las políticas que plantean, me llama la atención que sería más fácil cambiarse de género en el DNI y votar a los 16 que ir a los toros , si ese es el modelo de sociedad que queremos, vamos por el lugar equivocado». «¿Y por qué 16 y no 14? No hemos visto ningún fundamento teórico o, al menos, yo no lo he visto de por qué se elige esa edad« Leopoldo Abad Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad CEU San PabloPara Myriam Cabrera, directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas, la «referencia» que se debe tomar para legislar sobre esto no es una edad, que no deja de ser «una presunción de capacidades», sino lo que digan los Derechos Humanos de la Infancia y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.Estos tratados internacionales apuntan a garantizar todos los derechos de los niños en el entorno digital, recuerdan que lo digital es «esencial» en la vida de los menores y apuntan a no prohibir los accesos, sino a que los Estados vuelquen sus esfuerzos en mayor protección, divulgación y educación tanto para familias como en contenidos lectivos y políticas. «El deber de protección del Estado nunca puede pasar por encima del respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del menor», explica la directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas.Cabrera añade que estas propuestas legislativas donde se pone de pretexto «la seguridad de los niños» no tienen dificultad para alcanzar consensos, «proporcionan mayor rédito electoral», «son más baratas» y «contentan a corto plazo» a la opinión pública alarmada. Pero la jurista lo tiene claro: «No siempre son más eficaces o garantistas». Incluso, añade, pueden dar la «falsa sensación de seguridad a las familias, sociedad y niños», cuando, en realidad, se podrían burlar los sistemas.«El deber de protección del Estado nunca puede pasar por encima del respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del menor» Myriam Cabrera Directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de ComillasNo se pueden perder más derechos con la prohibición de los que se intentan proteger con la medida. Y precisamente esta referencia es la que utiliza Cabrera para matizar que en el caso de los toros la ONU sí recomendó prohibir la participación de menores de 18 años en espectáculos taurinos en España para garantizar que puedan «desarrollarse en entornos libres de violencia». Según señalan, aunque se debe respetar la cultura y las tradiciones, «los derechos fundamentales de los menores tienen prioridad». Las iniciativas del Gobierno para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años en pleno pulso con las grandes plataformas y vetar a los que no tengan 18 en espectáculos taurinos lanzan mensajes contradictorios sobre la autonomía de los adolescentes. Expertos consultados creen que puede darse sensación de «arbitrariedad» al compararse con normas ya en vigor, como poder abortar a partir de los 16 sin consentimiento de tus representantes legales, u propuestas que el Gobierno estudia, como bajar la edad del voto a esa edad. La madurez de los adolescentes se ha convertido en un terreno de debate jurídico, político y social, donde conviven leyes e iniciativas legislativas permisivas para unas decisiones y restrictivas para otras.El pretexto de los cambios legales siempre es la protección a la infancia y adolescencia. Pero hay riesgo de no ofrecer un marco claro entre anuncio y reforma. Juristas y psicólogos especialistas en menores advierten en ABC de los peligros que suponen estos límites basados en una edad concreta sin atender a los tratados internacionales, sin analizar los riesgos y sin ofrecer alternativas a la prohibición. Y si bien todos entienden la necesidad de introducir límites de edad en el ordenamiento jurídico, también coinciden en que hay que tener en cuenta que son umbrales legales que «generalizan» y «presuponen» las capacidades de los chavales. La madurez de un adolescente no llega con un cumpleaños concreto, asegura la psicóloga forense Marta de Prado , que explica que el desarrollo madurativo es «gradual» y depende de muchos factores. Hay niños que tienen una «historia personal» o han crecido en un entorno que les facilita un grado de madurez mayor a los que crecen en una «burbuja». Eso influye en su capacidad cognitiva para tomar decisiones complejas, continúa. Es decir, una adolescente de 16 años podría estar mucho más desprotegida en lo digital que una de 14 que por el contexto que le tocó vivir está más capacitada para gestionar su información en un perfil de Instagram o TikTok. Este ejemplo ya evidencia que, a pesar de ese eventual límite en la edad, al ser el desarrollo madurativo gradual, se dejaría desprotegidos a una parte de adolescentes con la prohibición por edad, a la vez que a otros sí capacitados se les privaría de un derecho. Porque una cosa es la petición del consentimiento parental hasta los 16 (actualmente está en los 14) para acceder a las redes sociales y otra la prohibición directa. Esta visión «fragmentada» del legislador puede generar confusión en los adolescentes. «Me pongo en la mirada de ellos y es un caos , porque se plantean: ‘¿Cómo es posible que me digas que soy mayor para unas cosas y pequeño para otras?’», explica esta psicóloga, que dice que esto podría generar «tensiones por falta de entendimiento» y situaciones de «desobediencia» por tratarse de una restricción difícil de comprender. Otro ejemplo: que encuentren canales clandestinos a través de los que acceder y saltarse las normas donde ahí sí que no existe ningún tipo de control o protección. «Me pongo en la mirada de ellos y es un caos, se plantean: ‘¿Cómo es posible que me digas que soy mayor unas cosas y pequeño para otras?’» Marta de Prado Psicóloga forense especialista en menores«Proteger no equivale a aislar», insiste De Prado, que en conversación con ABC explica, sobre todo, que lo más importante es que el Estado trabaje para ofrecer a familias, tutores y profesores herramientas que les hagan entender el entorno digital al que se enfrentan los niños para así poder ayudarlos a moverse con seguridad en ellos.Desde el ámbito jurídico, Leopoldo Abad , catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, pone en duda que la fijación de edades responda siempre al interés superior del menor. Es más, sugiere que está más vinculada a prioridades ideológicas que al desarrollo cognitivo de los chavales. «¿Y por qué 16 y no 14? No hemos visto ningún fundamento teórico o, al menos yo no he visto, de por qué se elige esa edad para prohibir las redes», critica este jurista, que insiste en acompañar de fundamentación cualquier anuncio sobre restricción de derechos.«Eligen qué se puede hacer en según qué edad en función no del interés del menor, sino de intereses políticos e ideologías», abunda Abad, que añade además que se trata de decisiones políticas que interfieren en la esfera educativa de cada familia. La última de las reflexiones de este jurista es la siguiente: «Según las políticas que plantean, me llama la atención que sería más fácil cambiarse de género en el DNI y votar a los 16 que ir a los toros , si ese es el modelo de sociedad que queremos, vamos por el lugar equivocado». «¿Y por qué 16 y no 14? No hemos visto ningún fundamento teórico o, al menos, yo no lo he visto de por qué se elige esa edad« Leopoldo Abad Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad CEU San PabloPara Myriam Cabrera, directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas, la «referencia» que se debe tomar para legislar sobre esto no es una edad, que no deja de ser «una presunción de capacidades», sino lo que digan los Derechos Humanos de la Infancia y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.Estos tratados internacionales apuntan a garantizar todos los derechos de los niños en el entorno digital, recuerdan que lo digital es «esencial» en la vida de los menores y apuntan a no prohibir los accesos, sino a que los Estados vuelquen sus esfuerzos en mayor protección, divulgación y educación tanto para familias como en contenidos lectivos y políticas. «El deber de protección del Estado nunca puede pasar por encima del respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del menor», explica la directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas.Cabrera añade que estas propuestas legislativas donde se pone de pretexto «la seguridad de los niños» no tienen dificultad para alcanzar consensos, «proporcionan mayor rédito electoral», «son más baratas» y «contentan a corto plazo» a la opinión pública alarmada. Pero la jurista lo tiene claro: «No siempre son más eficaces o garantistas». Incluso, añade, pueden dar la «falsa sensación de seguridad a las familias, sociedad y niños», cuando, en realidad, se podrían burlar los sistemas.«El deber de protección del Estado nunca puede pasar por encima del respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del menor» Myriam Cabrera Directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de ComillasNo se pueden perder más derechos con la prohibición de los que se intentan proteger con la medida. Y precisamente esta referencia es la que utiliza Cabrera para matizar que en el caso de los toros la ONU sí recomendó prohibir la participación de menores de 18 años en espectáculos taurinos en España para garantizar que puedan «desarrollarse en entornos libres de violencia». Según señalan, aunque se debe respetar la cultura y las tradiciones, «los derechos fundamentales de los menores tienen prioridad».
Las iniciativas del Gobierno para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años en pleno pulso con las grandes plataformas y vetar a los que no tengan 18 en espectáculos taurinos lanzan mensajes contradictorios sobre la autonomía de los adolescentes. … Expertos consultados creen que puede darse sensación de «arbitrariedad» al compararse con normas ya en vigor, como poder abortar a partir de los 16 sin consentimiento de tus representantes legales, u propuestas que el Gobierno estudia, como bajar la edad del voto a esa edad. La madurez de los adolescentes se ha convertido en un terreno de debate jurídico, político y social, donde conviven leyes e iniciativas legislativas permisivas para unas decisiones y restrictivas para otras.
El pretexto de los cambios legales siempre es la protección a la infancia y adolescencia. Pero hay riesgo de no ofrecer un marco claro entre anuncio y reforma. Juristas y psicólogos especialistas en menores advierten en ABC de los peligros que suponen estos límites basados en una edad concreta sin atender a los tratados internacionales, sin analizar los riesgos y sin ofrecer alternativas a la prohibición. Y si bien todos entienden la necesidad de introducir límites de edad en el ordenamiento jurídico, también coinciden en que hay que tener en cuenta que son umbrales legales que «generalizan» y «presuponen» las capacidades de los chavales.
Noticia Relacionada
La madurez de un adolescente no llega con un cumpleaños concreto, asegura la psicóloga forense Marta de Prado, que explica que el desarrollo madurativo es «gradual» y depende de muchos factores. Hay niños que tienen una «historia personal» o han crecido en un entorno que les facilita un grado de madurez mayor a los que crecen en una «burbuja». Eso influye en su capacidad cognitiva para tomar decisiones complejas, continúa. Es decir, una adolescente de 16 años podría estar mucho más desprotegida en lo digital que una de 14 que por el contexto que le tocó vivir está más capacitada para gestionar su información en un perfil de Instagram o TikTok.
Este ejemplo ya evidencia que, a pesar de ese eventual límite en la edad, al ser el desarrollo madurativo gradual, se dejaría desprotegidos a una parte de adolescentes con la prohibición por edad, a la vez que a otros sí capacitados se les privaría de un derecho. Porque una cosa es la petición del consentimiento parental hasta los 16 (actualmente está en los 14) para acceder a las redes sociales y otra la prohibición directa.
Esta visión «fragmentada» del legislador puede generar confusión en los adolescentes. «Me pongo en la mirada de ellos y es un caos, porque se plantean: ‘¿Cómo es posible que me digas que soy mayor para unas cosas y pequeño para otras?’», explica esta psicóloga, que dice que esto podría generar «tensiones por falta de entendimiento» y situaciones de «desobediencia» por tratarse de una restricción difícil de comprender. Otro ejemplo: que encuentren canales clandestinos a través de los que acceder y saltarse las normas donde ahí sí que no existe ningún tipo de control o protección.
«Me pongo en la mirada de ellos y es un caos, se plantean: ‘¿Cómo es posible que me digas que soy mayor unas cosas y pequeño para otras?’»
Marta de Prado
Psicóloga forense especialista en menores
«Proteger no equivale a aislar», insiste De Prado, que en conversación con ABC explica, sobre todo, que lo más importante es que el Estado trabaje para ofrecer a familias, tutores y profesores herramientas que les hagan entender el entorno digital al que se enfrentan los niños para así poder ayudarlos a moverse con seguridad en ellos.
Desde el ámbito jurídico, Leopoldo Abad, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, pone en duda que la fijación de edades responda siempre al interés superior del menor. Es más, sugiere que está más vinculada a prioridades ideológicas que al desarrollo cognitivo de los chavales. «¿Y por qué 16 y no 14? No hemos visto ningún fundamento teórico o, al menos yo no he visto, de por qué se elige esa edad para prohibir las redes», critica este jurista, que insiste en acompañar de fundamentación cualquier anuncio sobre restricción de derechos.
«Eligen qué se puede hacer en según qué edad en función no del interés del menor, sino de intereses políticos e ideologías», abunda Abad, que añade además que se trata de decisiones políticas que interfieren en la esfera educativa de cada familia. La última de las reflexiones de este jurista es la siguiente: «Según las políticas que plantean, me llama la atención que sería más fácil cambiarse de género en el DNI y votar a los 16 que ir a los toros, si ese es el modelo de sociedad que queremos, vamos por el lugar equivocado».
«¿Y por qué 16 y no 14? No hemos visto ningún fundamento teórico o, al menos, yo no lo he visto de por qué se elige esa edad«
Leopoldo Abad
Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo
Para Myriam Cabrera, directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas, la «referencia» que se debe tomar para legislar sobre esto no es una edad, que no deja de ser «una presunción de capacidades», sino lo que digan los Derechos Humanos de la Infancia y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Estos tratados internacionales apuntan a garantizar todos los derechos de los niños en el entorno digital, recuerdan que lo digital es «esencial» en la vida de los menores y apuntan a no prohibir los accesos, sino a que los Estados vuelquen sus esfuerzos en mayor protección, divulgación y educación tanto para familias como en contenidos lectivos y políticas. «El deber de protección del Estado nunca puede pasar por encima del respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del menor», explica la directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas.
Cabrera añade que estas propuestas legislativas donde se pone de pretexto «la seguridad de los niños» no tienen dificultad para alcanzar consensos, «proporcionan mayor rédito electoral», «son más baratas» y «contentan a corto plazo» a la opinión pública alarmada. Pero la jurista lo tiene claro: «No siempre son más eficaces o garantistas». Incluso, añade, pueden dar la «falsa sensación de seguridad a las familias, sociedad y niños», cuando, en realidad, se podrían burlar los sistemas.
«El deber de protección del Estado nunca puede pasar por encima del respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del menor»
Myriam Cabrera
Directora de la cátedra de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas
No se pueden perder más derechos con la prohibición de los que se intentan proteger con la medida. Y precisamente esta referencia es la que utiliza Cabrera para matizar que en el caso de los toros la ONU sí recomendó prohibir la participación de menores de 18 años en espectáculos taurinos en España para garantizar que puedan «desarrollarse en entornos libres de violencia». Según señalan, aunque se debe respetar la cultura y las tradiciones, «los derechos fundamentales de los menores tienen prioridad».
RSS de noticias de sociedad
