La sociedad israelí afronta una de las citas electorales más decisivas de su historia reciente. El parlamento (Kneset) votó de madrugada, el 17 de julio, su propia disolución tras un maratoniano paquete legislativo, y confirmó que las elecciones se celebrarán el 27 de octubre. Será una votación marcada por la guerra en Gaza, la fractura entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, y la irrupción de un rival inesperado para el primer ministro Benjamín Netanyahu: el general Gadi Eisenkot.
La oposición pide a Netanyahu que rinda cuentas por la masacre del 7 de octubre
La sociedad israelí afronta una de las citas electorales más decisivas de su historia reciente. El parlamento (Kneset) votó de madrugada, el 17 de julio, su propia disolución tras un maratoniano paquete legislativo, y confirmó que las elecciones se celebrarán el 27 de octubre. Será una votación marcada por la guerra en Gaza, la fractura entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, y la irrupción de un rival inesperado para el primer ministro Benjamín Netanyahu: el general Gadi Eisenkot.
La convocatoria no ha estado exenta de tensión. En junio, la oposición intentó forzar elecciones anticipadas mediante una moción de disolución, rechazada por 61 votos frente a 53 después de que Shas y Judaísmo Unido de la Torá –los dos partidos ultraortodoxos que sostienen a Netanyahu– retiraran su apoyo al alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo sobre la ley del servicio militar. La coalición optó por agotar el mandato legal, algo que la oposición interpretó como una maniobra para ganar tiempo y aprobar, en sus últimas semanas, un paquete de leyes controvertidas antes de someterse al veredicto de las urnas.
Israel vivirá, además, un hito inédito en casi cuatro décadas: la primera vez que las elecciones se celebran en la fecha límite fijada por ley, sin disolución anticipada, y el primer Gobierno que completa su mandato íntegro desde 1988. El presidente de la Kneset, Amir Ohana, del Likud, tachó esta legislatura, marcada por la guerra más larga de la historia del país, de “la más desafiante” que ha conocido Israel.
La ultraderecha recorta el poder de la fiscal general en el último día de la legislatura
El nombre que más ha sacudido el tablero es el de Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor entre el 2015 y el 2019. Hijo de inmigrantes marroquíes, perdió a su hijo Gal y a dos sobrinos en Gaza, y dimitió del gabinete de guerra de Netanyahu en el 2024 por discrepancias sobre la ofensiva. En septiembre del 2025 fundó Yashar ( Recto en hebreo), un partido que, a diferencia de casi todo el resto del mapa israelí, no se define por la clásica dicotomía izquierda-derecha sino por un discurso de Estado, seguridad e instituciones. Su ascenso ha sido meteórico: encuestas de julio sitúan a Yashar empatado o por delante del Likud, y a Eisenkot como candidato preferido a primer ministro, con 41%-43% frente al 34%-37% de Netanyahu, de 76 años y con un mandato marcado por la guerra, la corrupción y las disputas constitucionales. Formar gobierno no será sencillo: los sondeos muestran a la oposición judía rozando la mayoría sin los partidos árabes –agrupados en listas de izquierda como Hadash-Ta’al, de raíz comunista, y la islamista moderada Lista Árabe Unida–, aunque Eisenkot no descarta pactar con esta última si acepta el servicio militar para haredíes y árabes.
Antes de disolverse, la coalición aprobó a contrarreloj un paquete controvertido, en buena medida impulsado por los socios ultraortodoxos y por Religión Sionista y Otzma Yehudit, los partidos de extrema derecha ultranacionalista de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir: una reforma que recorta los poderes de la fiscal general Gali Baharav-Miara, permitiendo a los ministros ignorar sus dictámenes vinculantes; una ley que congela el arresto de ultraortodoxos que eluden el servicio militar; la Ley Básica sobre el Estudio de la Torá; una reforma de la radiodifusión que amplía el control gubernamental sobre los medios, y una norma que legaliza la segregación por género en programas académicos avanzados. Varias ya fueron recurridas ante el Tribunal Supremo, que congeló cautelarmente la de los prófugos.
El reclutamiento de los jóvenes haredíes sigue siendo la fractura más profunda de la política israelí, agravada por las necesidades del ejército tras años de guerra. La Kneset mantuvo el servicio en 32 meses, rechazando la petición del ejército de ampliarlo a 36; unos 70.000 ultraortodoxos en edad de reclutamiento siguen sin ser llamados a filas.
Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, lidera a la oposición y su bloque electoral supera a la derecha
La popularidad de Eisenkot se explica en buena parte por su campaña contra las exenciones y los beneficios estatales de los estudiantes de yeshivá exentos.
A ello se suma la tensión entre el Ejecutivo y los jueces, ya visible en la reforma judicial del 2023. El recorte de competencias a la Fiscalía, la ley que blinda a los prófugos y otras normas de última hora han sido impugnadas ante el Alto Tribunal, que ya emitió medidas cautelares para congelarlas. El Gobierno buscará además limitar el nombramiento de jueces y reabrir los intentos de destituir a la fiscal general.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que su Administración estudia la posibilidad de ordenar el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si asiste a la Asamblea General de la ONU el próximo septiembre. En una entrevista con The New York Times, Mamdani indicó que mantiene una “conversación activa” con el Departamento Legal de la ciudad con este fin. “Creo que el lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya”, afirmó el alcalde, refiriéndose a la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Mamdani, además, señaló que se trata de un “criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”. Y añadió que “es una opinión compartida por muchos, precisamente debido a las consecuencias de sus acciones a lo largo de estos últimos años”. Netanyahu, por su parte, acusó a Mamdani de apoyar a Hamás.
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