La condena a cuatro años y medio de prisión al comisionista Víctor de Aldama y la simultánea suspensión de su entrada en la cárcel por el Tribunal Supremo debido a su papel en la trama Mascarillas ha vuelto a poner en el debate público y político una polémica figura jurídica: la del acusado que colaboró con la Justicia a cambio de un trato penal más favorable. El empresario evitará la cárcel tras haber aportado información determinante sobre las comisiones que involucraban a José Luis Ábalos, exministro y antigua mano derecha de Pedro Sánchez y a su exasesor Koldo García. Su caso no es una excepción. A lo largo de las últimas tres décadas, algunos de los escándalos de corrupción más graves de la democracia española han encontrado en la figura del delator su manera de evitar penas más duras o, incluso, la entrada en prisión como el caso de Aldama. Caso Gürtel: el denunciante de la tramaEl caso que durante años simbolizó la corrupción sistémica del Partido Popular demostró dos maneras distintas en las que la colaboración de la Justicia puede provocar rebajas de condena. La investigación del caso Gürtel descubrió una red de empresas que logró a principios del 2000 contratos de administraciones gobernadas por los populares a cambio de sobornos y sobrecostes. La sentencia de este caso provocó el fin de la legislatura de Mariano Rajoy en 2018.José Luis Peñas, exconcejal del PP que destapó el caso Gürtel. Jaime García José Luis Peñas, exconcejal popular en Majadahonda, optó por denunciar la situación ante la Fiscalía General del Estado en 2007 y aportar grabaciones ocultas de reuniones con los cabecillas de la red tras recibir más de 260.000 euros de la trama. A diferencia de Aldama, Peñas acudió a la Justicia antes de ser investigado, siendo su testimonio el que dio el pistoletazo de salida de la causa. Fue condenado a cinco años y tres meses, pena similar a la de Aldama, aunque nunca pisó la cárcel. En 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez —el mismo que esta semana ha criticado con dureza la suspensión del ingreso en prisión del comisionista— le concedió un indulto parcial amparándose en su «utilidad pública» en el caso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a afirmar que los colaboradores con la Justicia en tramas de corrupción debían tener el reconocimiento y apoyo del Gobierno.Noticia relacionada general No No La figura del colaborador se abre paso ante el horizonte del PSOE Carmen Lucas-TorresFrancisco Correa, cabecilla de la trama, también colaboró con la Justicia, aunque su implicación en la red corrupta provocó que la Audiencia Nacional le condenase a 51 años y 11 meses de prisión y, dos años después, el Supremo fallase con 51 años. Pocos días antes del inicio del juicio oral, Correa, al igual que el comisionista de la trama Mascarillas con su colaboración, decidió confesar los delitos de evasión fiscal continuada, repatriar fondos depositados en cuentas suizas y abonar indemnizaciones millonarias a varios ayuntamientos madrileños y a la propia Comunidad de Madrid.Cataluña: comisiones, confesiones y rebajasLa corrupción urbanística catalana también encontró en el supuesto arrepentimiento y la colaboración una salida para evitar entrar en la cárcel. En el caso Pretoria, que entre 2002 y 2009 desvió cerca de 45 millones de euros mediante la manipulación de adjudicaciones públicas en Cataluña, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, —secretario y consejero del Gobierno de Jordi Pujol con Convergencia y Unión— reconocieron el cobro de comisiones del cuatro por ciento por intermediar en operaciones urbanísticas. Lluís Prenafeta a su llegada a la Audiencia Nacional. Eduardo San BernardoLa Fiscalía Anticorrupción rebajó sus peticiones de pena en consecuencia, y ninguno de los dos ingresó en prisión tras ser condenados tan solo a un año y once meses. También fueron condenados a elevadas penas de multa: 3,2 millones para Alavedra y 5,8 para Prenafeta. Otros cuatro acusados suscribieron acuerdos de conformidad con la Fiscalía para mejorar sus penas. Macià Alavedra, exconsejero del Gobierno de Cataluña. Oscar del PozoLos que no colaboraron tuvieron menos suerte: el exdiputado socialista en el Parlamento de Cataluña Luis Andrés García Sáez —conocido como ‘Luigi’— fue condenado a siete años y Bartomeu Muñoz, el exalcalde de Santa Coloma, a cinco años y ocho meses por su implicación en la trama corrupta.Caso del 3%: colaboración aún sin condenaEl caso del 3%, el mayor escándalo que afectó a al partido liderado por Pujol, reproduce el mismo esquema que la trama Pretoria. Daniel Osàcar, extesorero del partido de Convergencia y Unión, confesó el cobro de comisiones ilegales sobre contratos de obra pública y aportó información sobre piezas separadas de la causa.El extesorero de CDC Daniel Osàcar. EFE Su colaboración le valió una rebaja de la petición de prisión de la Fiscalía a un año y medio de prisión, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad. Sin ella, habría sido uno de los acusados principales. Osàcar falleció en 2024 a los 88 años. No fue el único caso de corrupción en el que estuvo implicado: fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 4 años y 5 meses por el caso caso Palau-Millet.Valencia: el testaferro de ZaplanaLa operación Erial, que en 2024 culminó con la condena a diez años de prisión del expresidente valenciano y exministro popular Eduardo Zaplana por el amaño de concesiones públicas de ITV y del plan eólico de su comunidad autónoma, también tuvo su delator. Fernando Belhot, abogado uruguayo y testaferro internacional de Zaplana, pasó de figura investigada a testigo de la acusación tras confesar el entramado financiero que sostenía la red corrupta y devolver más de seis millones de euros depositados en cuentas suizas. Su colaboración con la Justicia le permitió salir del procedimiento sin condena, un desenlace radicalmente distinto al que afrontaban quienes optaron por no facilitar la investigación.Fernando Belhot, el abogado uruguayo de Zaplana ABCLa transformación procesal del abogado uruguayo es, quizá, el ejemplo más nítido de lo que la colaboración con la Justicia puede ofrecer a quien decide aprovecharla La condena a cuatro años y medio de prisión al comisionista Víctor de Aldama y la simultánea suspensión de su entrada en la cárcel por el Tribunal Supremo debido a su papel en la trama Mascarillas ha vuelto a poner en el debate público y político una polémica figura jurídica: la del acusado que colaboró con la Justicia a cambio de un trato penal más favorable. El empresario evitará la cárcel tras haber aportado información determinante sobre las comisiones que involucraban a José Luis Ábalos, exministro y antigua mano derecha de Pedro Sánchez y a su exasesor Koldo García. Su caso no es una excepción. A lo largo de las últimas tres décadas, algunos de los escándalos de corrupción más graves de la democracia española han encontrado en la figura del delator su manera de evitar penas más duras o, incluso, la entrada en prisión como el caso de Aldama. Caso Gürtel: el denunciante de la tramaEl caso que durante años simbolizó la corrupción sistémica del Partido Popular demostró dos maneras distintas en las que la colaboración de la Justicia puede provocar rebajas de condena. La investigación del caso Gürtel descubrió una red de empresas que logró a principios del 2000 contratos de administraciones gobernadas por los populares a cambio de sobornos y sobrecostes. La sentencia de este caso provocó el fin de la legislatura de Mariano Rajoy en 2018.José Luis Peñas, exconcejal del PP que destapó el caso Gürtel. Jaime García José Luis Peñas, exconcejal popular en Majadahonda, optó por denunciar la situación ante la Fiscalía General del Estado en 2007 y aportar grabaciones ocultas de reuniones con los cabecillas de la red tras recibir más de 260.000 euros de la trama. A diferencia de Aldama, Peñas acudió a la Justicia antes de ser investigado, siendo su testimonio el que dio el pistoletazo de salida de la causa. Fue condenado a cinco años y tres meses, pena similar a la de Aldama, aunque nunca pisó la cárcel. En 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez —el mismo que esta semana ha criticado con dureza la suspensión del ingreso en prisión del comisionista— le concedió un indulto parcial amparándose en su «utilidad pública» en el caso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a afirmar que los colaboradores con la Justicia en tramas de corrupción debían tener el reconocimiento y apoyo del Gobierno.Noticia relacionada general No No La figura del colaborador se abre paso ante el horizonte del PSOE Carmen Lucas-TorresFrancisco Correa, cabecilla de la trama, también colaboró con la Justicia, aunque su implicación en la red corrupta provocó que la Audiencia Nacional le condenase a 51 años y 11 meses de prisión y, dos años después, el Supremo fallase con 51 años. Pocos días antes del inicio del juicio oral, Correa, al igual que el comisionista de la trama Mascarillas con su colaboración, decidió confesar los delitos de evasión fiscal continuada, repatriar fondos depositados en cuentas suizas y abonar indemnizaciones millonarias a varios ayuntamientos madrileños y a la propia Comunidad de Madrid.Cataluña: comisiones, confesiones y rebajasLa corrupción urbanística catalana también encontró en el supuesto arrepentimiento y la colaboración una salida para evitar entrar en la cárcel. En el caso Pretoria, que entre 2002 y 2009 desvió cerca de 45 millones de euros mediante la manipulación de adjudicaciones públicas en Cataluña, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, —secretario y consejero del Gobierno de Jordi Pujol con Convergencia y Unión— reconocieron el cobro de comisiones del cuatro por ciento por intermediar en operaciones urbanísticas. Lluís Prenafeta a su llegada a la Audiencia Nacional. Eduardo San BernardoLa Fiscalía Anticorrupción rebajó sus peticiones de pena en consecuencia, y ninguno de los dos ingresó en prisión tras ser condenados tan solo a un año y once meses. También fueron condenados a elevadas penas de multa: 3,2 millones para Alavedra y 5,8 para Prenafeta. Otros cuatro acusados suscribieron acuerdos de conformidad con la Fiscalía para mejorar sus penas. Macià Alavedra, exconsejero del Gobierno de Cataluña. Oscar del PozoLos que no colaboraron tuvieron menos suerte: el exdiputado socialista en el Parlamento de Cataluña Luis Andrés García Sáez —conocido como ‘Luigi’— fue condenado a siete años y Bartomeu Muñoz, el exalcalde de Santa Coloma, a cinco años y ocho meses por su implicación en la trama corrupta.Caso del 3%: colaboración aún sin condenaEl caso del 3%, el mayor escándalo que afectó a al partido liderado por Pujol, reproduce el mismo esquema que la trama Pretoria. Daniel Osàcar, extesorero del partido de Convergencia y Unión, confesó el cobro de comisiones ilegales sobre contratos de obra pública y aportó información sobre piezas separadas de la causa.El extesorero de CDC Daniel Osàcar. EFE Su colaboración le valió una rebaja de la petición de prisión de la Fiscalía a un año y medio de prisión, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad. Sin ella, habría sido uno de los acusados principales. Osàcar falleció en 2024 a los 88 años. No fue el único caso de corrupción en el que estuvo implicado: fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 4 años y 5 meses por el caso caso Palau-Millet.Valencia: el testaferro de ZaplanaLa operación Erial, que en 2024 culminó con la condena a diez años de prisión del expresidente valenciano y exministro popular Eduardo Zaplana por el amaño de concesiones públicas de ITV y del plan eólico de su comunidad autónoma, también tuvo su delator. Fernando Belhot, abogado uruguayo y testaferro internacional de Zaplana, pasó de figura investigada a testigo de la acusación tras confesar el entramado financiero que sostenía la red corrupta y devolver más de seis millones de euros depositados en cuentas suizas. Su colaboración con la Justicia le permitió salir del procedimiento sin condena, un desenlace radicalmente distinto al que afrontaban quienes optaron por no facilitar la investigación.Fernando Belhot, el abogado uruguayo de Zaplana ABCLa transformación procesal del abogado uruguayo es, quizá, el ejemplo más nítido de lo que la colaboración con la Justicia puede ofrecer a quien decide aprovecharla
La condena a cuatro años y medio de prisión al comisionista Víctor de Aldama y la simultánea suspensión de su entrada en la cárcel por el Tribunal Supremo debido a su papel en la trama Mascarillas ha vuelto a poner en el debate público … y político una polémica figura jurídica: la del acusado que colaboró con la Justicia a cambio de un trato penal más favorable. El empresario evitará la cárcel tras haber aportado información determinante sobre las comisiones que involucraban a José Luis Ábalos, exministro y antigua mano derecha de Pedro Sánchez y a su exasesor Koldo García. Su caso no es una excepción. A lo largo de las últimas tres décadas, algunos de los escándalos de corrupción más graves de la democracia española han encontrado en la figura del delator su manera de evitar penas más duras o, incluso, la entrada en prisión como el caso de Aldama.
Caso Gürtel: el denunciante de la trama
El caso que durante años simbolizó la corrupción sistémica del Partido Popular demostró dos maneras distintas en las que la colaboración de la Justicia puede provocar rebajas de condena. La investigación del caso Gürtel descubrió una red de empresas que logró a principios del 2000 contratos de administraciones gobernadas por los populares a cambio de sobornos y sobrecostes. La sentencia de este caso provocó el fin de la legislatura de Mariano Rajoy en 2018.
(Jaime García)
José Luis Peñas, exconcejal popular en Majadahonda, optó por denunciar la situación ante la Fiscalía General del Estado en 2007 y aportar grabaciones ocultas de reuniones con los cabecillas de la red tras recibir más de 260.000 euros de la trama. A diferencia de Aldama, Peñas acudió a la Justicia antes de ser investigado, siendo su testimonio el que dio el pistoletazo de salida de la causa. Fue condenado a cinco años y tres meses, pena similar a la de Aldama, aunque nunca pisó la cárcel. En 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez —el mismo que esta semana ha criticado con dureza la suspensión del ingreso en prisión del comisionista— le concedió un indulto parcial amparándose en su «utilidad pública» en el caso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a afirmar que los colaboradores con la Justicia en tramas de corrupción debían tener el reconocimiento y apoyo del Gobierno.
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Carmen Lucas-Torres
Francisco Correa, cabecilla de la trama, también colaboró con la Justicia, aunque su implicación en la red corrupta provocó que la Audiencia Nacional le condenase a 51 años y 11 meses de prisión y, dos años después, el Supremo fallase con 51 años. Pocos días antes del inicio del juicio oral, Correa, al igual que el comisionista de la trama Mascarillas con su colaboración, decidió confesar los delitos de evasión fiscal continuada, repatriar fondos depositados en cuentas suizas y abonar indemnizaciones millonarias a varios ayuntamientos madrileños y a la propia Comunidad de Madrid.
Cataluña: comisiones, confesiones y rebajas
La corrupción urbanística catalana también encontró en el supuesto arrepentimiento y la colaboración una salida para evitar entrar en la cárcel. En el caso Pretoria, que entre 2002 y 2009 desvió cerca de 45 millones de euros mediante la manipulación de adjudicaciones públicas en Cataluña, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, —secretario y consejero del Gobierno de Jordi Pujol con Convergencia y Unión— reconocieron el cobro de comisiones del cuatro por ciento por intermediar en operaciones urbanísticas.
(Eduardo San Bernardo)
La Fiscalía Anticorrupción rebajó sus peticiones de pena en consecuencia, y ninguno de los dos ingresó en prisión tras ser condenados tan solo a un año y once meses. También fueron condenados a elevadas penas de multa: 3,2 millones para Alavedra y 5,8 para Prenafeta. Otros cuatro acusados suscribieron acuerdos de conformidad con la Fiscalía para mejorar sus penas.
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(Oscar del Pozo)
Los que no colaboraron tuvieron menos suerte: el exdiputado socialista en el Parlamento de Cataluña Luis Andrés García Sáez —conocido como ‘Luigi’— fue condenado a siete años y Bartomeu Muñoz, el exalcalde de Santa Coloma, a cinco años y ocho meses por su implicación en la trama corrupta.
Caso del 3%: colaboración aún sin condena
El caso del 3%, el mayor escándalo que afectó a al partido liderado por Pujol, reproduce el mismo esquema que la trama Pretoria. Daniel Osàcar, extesorero del partido de Convergencia y Unión, confesó el cobro de comisiones ilegales sobre contratos de obra pública y aportó información sobre piezas separadas de la causa.
(EFE)
Su colaboración le valió una rebaja de la petición de prisión de la Fiscalía a un año y medio de prisión, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad. Sin ella, habría sido uno de los acusados principales. Osàcar falleció en 2024 a los 88 años. No fue el único caso de corrupción en el que estuvo implicado: fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 4 años y 5 meses por el caso caso Palau-Millet.
Valencia: el testaferro de Zaplana
La operación Erial, que en 2024 culminó con la condena a diez años de prisión del expresidente valenciano y exministro popular Eduardo Zaplana por el amaño de concesiones públicas de ITV y del plan eólico de su comunidad autónoma, también tuvo su delator. Fernando Belhot, abogado uruguayo y testaferro internacional de Zaplana, pasó de figura investigada a testigo de la acusación tras confesar el entramado financiero que sostenía la red corrupta y devolver más de seis millones de euros depositados en cuentas suizas. Su colaboración con la Justicia le permitió salir del procedimiento sin condena, un desenlace radicalmente distinto al que afrontaban quienes optaron por no facilitar la investigación.
(ABC)
La transformación procesal del abogado uruguayo es, quizá, el ejemplo más nítido de lo que la colaboración con la Justicia puede ofrecer a quien decide aprovecharla
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