Cuando Donald Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una “revisión” de la tarjeta roja al máximo goleador de Estados Unidos en la Copa del Mundo, Folarin Balogun, echó mano de su libro de estilo: sembrar dudas sobre la credibilidad de un sistema basado en normas, usar su gran poder de influencia para beneficiar intereses privados y normalizar una cultura de la corrupción con luz y taquígrafos en la Casa Blanca. Su llamada surtió efecto y, en una decisión con poco precedente, el máximo organismo del fútbol retiró la suspensión de un partido al delantero. Aunque no fue suficiente para que la selección nacional pasara la eliminatoria de octavos de final (perdió por goleada frente a Bélgica), la injerencia de Trump había cumplido su objetivo.
El presidente, protegido por un fallo del Supremo que le dio inmunidad penal, ha beneficiado intereses privados en el ejercicio público de sus funciones
Cuando Donald Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una “revisión” de la tarjeta roja al máximo goleador de Estados Unidos en la Copa del Mundo, Folarin Balogun, echó mano de su libro de estilo: sembrar dudas sobre la credibilidad de un sistema basado en normas, usar su gran poder de influencia para beneficiar intereses privados y normalizar una cultura de la corrupción con luz y taquígrafos en la Casa Blanca. Su llamada surtió efecto y, en una decisión con poco precedente, el máximo organismo del fútbol retiró la suspensión de un partido al delantero. Aunque no fue suficiente para que la selección nacional pasara la eliminatoria de octavos de final (perdió por goleada frente a Bélgica), la injerencia de Trump había cumplido su objetivo.
“Si gana Bélgica, diré que el partido estaba amañado, tal como me amañaron las elecciones del 2020”, dijo el mandatario en tono jocoso desde la Casa Blanca, un chascarrillo con el que recordó al mundo que este es su modus operandi. En los meses previos a las elecciones presidenciales que perdió contra Joe Biden, el entonces presidente cuestionó repetidamente el proceso electoral, alimentando teorías de la conspiración sobre la validez del voto por correo y de un complot demócrata para impedir su victoria. Tras la votación, también realizó una llamada: exigió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” 11.780 votos, exactamente los que le faltaron para ser vencedor.
En aquella ocasión, a diferencia de Infantino, el político estatal republicano no dio su brazo a torcer. Múltiples revisiones de las papeletas, así como los tribunales, confirmaron que Trump había perdido aquellas elecciones y, pese a alentar después una insurrección en el Capitolio para perpetuarse por la fuerza en el poder, los legisladores certificaron la victoria de Biden. Pero Trump había cumplido su objetivo. Cuatro años después, cuando sí ganó los comicios, aquel caldo de cultivo afianzó el apoyo de sus bases y su descrédito sobre el sistema electoral: si en el 2020 el 44% de los republicanos confiaba en la limpieza de las elecciones, en el 2024 el dato de la misma encuesta (Gallup) cayó hasta el 28%. Tras su victoria, ahora los demócratas también creen menos en la democracia: su confianza en el sistema electoral ha caído desde el 55% después de la elección hasta el 45% en las encuestas recientes.
La llamada de Trump a Infantino revela una manera de actuar de un presidente sin límites ni rendición de cuentas. Al igual que se jactó de haber presionado al jefe de la FIFA, el republicano también lleva con orgullo la medalla de ser el inquilino de la Casa Blanca que más se ha enriquecido en el ejercicio del cargo. Cuando abandonó involuntariamente el poder en el 2021, su fortuna había crecido al menos 2.400 millones de dólares. Pero su declaración financiera del 2025 arroja luz sobre cómo ha utilizado su trono en Washington para enriquecerse de manera todavía más descarada: sus ingresos declarados en el primer año de su segundo mandato casi alcanzan los de toda su primera presidencia: más de 2.200 millones de dólares, 1.400 millones de los cuales proceden de criptomonedas.
Gran parte de este amasamiento ha llegado de los países del Golfo Pérsico, donde Trump realizó su primera gira al extranjero junto a sus hijos, que aprovecharon para encauzar negocios para su empresa familiar: campos de golf, resorts de lujo, hoteles, torres Trump… y criptomonedas. De hecho, uno de sus mayores ingresos el año pasado se produjo cuando una compañía vinculada al fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos compró casi la mitad de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas creada por la familia de Trump y Steve Witkoff, su amigo y enviado especial a Ucrania, Gaza, Irán, Rusia y cualquier lugar en conflicto.
“Si gana Bélgica, diré que el partido estaba amañado, tal como me amañaron las elecciones del 2020”
Pero su uso del trono de la Casa Blanca para favorecer intereses personales no se queda ahí. También es esclarecedor el listado de personas indultadas por Trump durante su segundo mandato. La Constitución otorga al presidente una amplia autoridad para conceder clemencia, pero el republicano ha convertido los indultos en una moneda de cambio, creando un sistema de justicia basado en la lealtad, donde la fidelidad y el dinero determinan quién debe rendir cuentas.
El primer día de su mandato, indultó a todos los condenados por el asalto al Capitolio, incluidos miembros de milicias ultraderechistas como los Oath Keepers o los Proud Boys. También ha indultado a Rudy Giuliani, Sidney Powell, Tina Peters y otros aliados que le ayudaron en su intento de revertir las elecciones del 2020. Pero eso fue solo el comienzo: durante su mandato, ha extendido ese perdón presidencial a decenas de personas que le han entregado dinero a él o a su familia.
Por ejemplo, Trevor Milton, empresario tecnológico condenado por fraude a inversionistas, fue indultado después de aportar casi 2 millones de dólares a comités de acción política (PAC) favorables a Trump durante la campaña del 2024. Paul Walczak, ejecutivo del sector de residencias para ancianos condenado por apropiarse de 10 millones de dólares retenidos de los salarios de sus empleados, recibió clemencia semanas después de que su madre donara 1 millón de dólares a un PAC de Trump. Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, se declaró culpable en un caso de lavado de dinero y aceptó pagar 4.000 millones de dólares en sanciones, pero finalmente fue indultado después de que su empresa adoptara medidas que enriquecieron a la familia Trump en miles de millones de dólares.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo la cultura de la corrupción está generalizada en la Administración Trump, que, en vez de esconderla, la normaliza y justifica. Y es posible gracias a un sistema que ha dado cada vez más poder al presidente, por encima del poder legislativo o el judicial.
En el 2024, el Tribunal Supremo dictaminó que los presidentes gozan de inmunidad penal por los delitos cometidos en el ejercicio «oficial» de sus funciones. Ese polémico fallo podría proteger a Trump en el caso de que se demuestre en los tribunales que ha sido un corrupto. Los demócratas ya han advertido que, si ganan las elecciones legislativas de noviembre, lanzarán comisiones de investigación en el Capitolio sobre la corrupción de Trump. Este proceso podría derivar en un juicio político (impeachment), el único mecanismo constitucional para destituir a un presidente de EE.UU. antes de que termine su mandato.
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