Las exmonjas de Belorado invocan ahora el Derecho Canónico para justificar el uso de las pensiones de las mayores

Ni una semana sin novedades de las exmonjas de Belorado. Si la semana pasada se conocía que las siete que perseveran en el cisma iban a ser procesadas en los juzgados de Bilbao por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, coacciones, abandono y malos tratos a las cinco monjas mayores que fueron rescatadas por la Guardia Civil, ahora hacen pública una respuesta que introduce una llamativa contradicción en su defensa. Después de haber sostenido durante más de dos años que, tras romper con Roma, el Derecho Canónico ya no les era aplicable, recurren precisamente a esa legislación para justificar el desvío de cuatro de las pensiones de las ancianas a cuentas personales.El cambio de planteamiento resulta especialmente llamativo porque, desde la ruptura con la Iglesia católica en mayo de 2024, las exreligiosas habían defendido reiteradamente que, al haber abandonado la obediencia a Roma, ya no estaban sometidas al Derecho Canónico. Sin embargo, para defender ahora la legalidad del destino dado a las pensiones de las ancianas apelan precisamente a la normativa canónica que regula la vida religiosa y permite que los ingresos personales de monjes y monjas, como en este caso las pensiones, vayan a una cuenta de la comunidad.En el caso de las exmonjas de Belorado, sin embargo, la excomunión decretada en junio de 2024 implicó también su expulsión de la vida religiosa, por lo que dejaron de pertenecer jurídicamente a la comunidad de clarisas de Belorado. Antes incluso, tras el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, las cuentas de esta persona jurídica ya habían pasado a estar controladas por la gestora creada para administrar los monasterios. Ante la imposibilidad de acceder a esos fondos, las exmonjas abrieron varias cuentas personales en las que figuraban como titulares las hermanas mayores –que no habían sido excomulgadas– y como cotitular o apoderada una de las cismáticas. Fue en esas cuentas donde domiciliaron las pensiones de cuatro de las ancianas, de las que tenían poderes de representación.Noticia relacionada general No No La Fiscalía pide 12 años de cárcel y 300.000 euros de fianza para siete de las exmonjas de Belorado José Ramón Navarro-ParejaDe acuerdo con la investigación, y tal como recoge el auto, eran las procesadas quienes realizaban efectivamente los movimientos bancarios. Parte del dinero habría servido para afrontar gastos relacionados con las nuevas actividades económicas emprendidas por las exmonjas, como el restaurante abierto en Asturias o el criadero de perros, además de transferencias a la cuenta personal de la exabadesa. Desde esa cuenta, añade el auto, se efectuaron posteriormente ingresos a favor de dos de sus hermanos. De ahí las imputaciones por administración desleal y apropiación indebida.Frente a esas acusaciones, las procesadas sostienen ahora que el destino de las pensiones fue exactamente el mismo que siempre habían tenido los ingresos del monasterio. «El uso que las monjas han dado a las pensiones es el mismo que el de todos los ingresos del monasterio, pues se incorporaban a la caja común igual que en todo monasterio de clausura: el pago de los gastos de la comunidad, entre ellos los generados por la atención de las propias mayores», afirman en un comunicado firmado por las «Monjas de Belorado».Para justificar esa afirmación, y a preguntas de su responsable de prensa, Francisco Canals, una de las exreligiosas, sor Berit, apela expresamente tanto al Código de Derecho Canónico de 1917 como al vigente de 1983, además de las constituciones de las clarisas. Según defiende en un vídeo grabado en la localidad de Toledo en la que ahora residen, la normativa eclesiástica establece que las religiosas viven «sin lo propio» y que todos los bienes personales se integran en un patrimonio común.La exmonja insiste en esa idea apoyándose incluso en su experiencia anterior en otra congregación religiosa. Explica que durante años ejerció como profesora en colegios concertados, percibiendo un salario que nunca administró personalmente porque era la congregación quien gestionaba todos los ingresos comunes. «Yo no sabían ni cual era mi nómina, ni en que banco se ingresaba, a mí me pagaban una RETA [el régimen de autónomos en el que tienen que estar dados de alta los religiosos] y yo no me enteraba de nada», asegura, defendiendo que esa forma de organización responde al voto de pobreza propio de la vida religiosa. Lo que no especifica es que, tras ser expulsadas de la vida religiosa como consecuencia del cisma, dejaron de actuar como miembros de una comunidad religiosa y pasaron a hacerlo como personas físicas.Rechazan delitos de coaccionesEn su comunicado, las acusadas rechazan igualmente el resto de los delitos que les atribuye el auto. Califican de «imaginario» el delito de coacciones y sostienen que existen declaraciones ante la Guardia Civil y ante el juzgado en las que las cuatro religiosas mayores manifestaban su voluntad de permanecer junto a ellas.También niegan los presuntos malos tratos y el abandono de las ancianas. Según afirman, cuando las religiosas fueron trasladadas al hospital presentaban un estado de salud «plenamente normal», estaban correctamente hidratadas y nutridas y los análisis demostraban que recibían regularmente la medicación prescrita. Las referencias a problemas de higiene, falta de cuidados o situaciones de riesgo con animales son, sostienen, «burdas mentiras» elaboradas por personas que nunca convivieron en el monasterio.En relación con la administración de las pensiones, las exclarisas trasladan además las críticas al comisario pontificio, el arzobispo Mario Iceta. Según mantienen, resulta «lo más normal del mundo» que las religiosas administraran las pensiones de quienes cuidaban diariamente, mientras consideran «ilógico» que esos ingresos los percibiera quien no convivía con ellas. También reprochan que el comisario recibiera las prestaciones desde junio hasta diciembre de 2024, momento en el que ellas crearon las cuentas personales, y que continúe percibiendo las correspondientes a dos de las ancianas, extremo que, a su juicio, no ha sido investigado.Las procesadas insisten además en que nunca utilizaron el dinero para fines particulares. Niegan que el restaurante o el criadero de perros constituyeran negocios privados y sostienen que ambas actividades únicamente pretendían obtener recursos para el sostenimiento de la comunidad tras perder su tradicional fuente de ingresos con la elaboración de chocolates.Paralelamente a la difusión de este escrito, las procesadas han introducido un cambio relevante en su estrategia de defensa . Tras hacerse público el auto de apertura de juicio oral, han prescindido de los servicios de la abogada bilbaína Norma Riaño, que había llevado hasta ahora los principales procedimientos derivados del cisma. Su representación pasa desde este momento al abogado madrileño Florentino García González, que además de letrado es psicólogo y criminólogo y asumirá la defensa de las siete acusadas en el juicio oral que deberá celebrarse una vez concluyan los trámites de notificación personal del auto y el posterior señalamiento de la vista por parte del juzgado. Ni una semana sin novedades de las exmonjas de Belorado. Si la semana pasada se conocía que las siete que perseveran en el cisma iban a ser procesadas en los juzgados de Bilbao por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, coacciones, abandono y malos tratos a las cinco monjas mayores que fueron rescatadas por la Guardia Civil, ahora hacen pública una respuesta que introduce una llamativa contradicción en su defensa. Después de haber sostenido durante más de dos años que, tras romper con Roma, el Derecho Canónico ya no les era aplicable, recurren precisamente a esa legislación para justificar el desvío de cuatro de las pensiones de las ancianas a cuentas personales.El cambio de planteamiento resulta especialmente llamativo porque, desde la ruptura con la Iglesia católica en mayo de 2024, las exreligiosas habían defendido reiteradamente que, al haber abandonado la obediencia a Roma, ya no estaban sometidas al Derecho Canónico. Sin embargo, para defender ahora la legalidad del destino dado a las pensiones de las ancianas apelan precisamente a la normativa canónica que regula la vida religiosa y permite que los ingresos personales de monjes y monjas, como en este caso las pensiones, vayan a una cuenta de la comunidad.En el caso de las exmonjas de Belorado, sin embargo, la excomunión decretada en junio de 2024 implicó también su expulsión de la vida religiosa, por lo que dejaron de pertenecer jurídicamente a la comunidad de clarisas de Belorado. Antes incluso, tras el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, las cuentas de esta persona jurídica ya habían pasado a estar controladas por la gestora creada para administrar los monasterios. Ante la imposibilidad de acceder a esos fondos, las exmonjas abrieron varias cuentas personales en las que figuraban como titulares las hermanas mayores –que no habían sido excomulgadas– y como cotitular o apoderada una de las cismáticas. Fue en esas cuentas donde domiciliaron las pensiones de cuatro de las ancianas, de las que tenían poderes de representación.Noticia relacionada general No No La Fiscalía pide 12 años de cárcel y 300.000 euros de fianza para siete de las exmonjas de Belorado José Ramón Navarro-ParejaDe acuerdo con la investigación, y tal como recoge el auto, eran las procesadas quienes realizaban efectivamente los movimientos bancarios. Parte del dinero habría servido para afrontar gastos relacionados con las nuevas actividades económicas emprendidas por las exmonjas, como el restaurante abierto en Asturias o el criadero de perros, además de transferencias a la cuenta personal de la exabadesa. Desde esa cuenta, añade el auto, se efectuaron posteriormente ingresos a favor de dos de sus hermanos. De ahí las imputaciones por administración desleal y apropiación indebida.Frente a esas acusaciones, las procesadas sostienen ahora que el destino de las pensiones fue exactamente el mismo que siempre habían tenido los ingresos del monasterio. «El uso que las monjas han dado a las pensiones es el mismo que el de todos los ingresos del monasterio, pues se incorporaban a la caja común igual que en todo monasterio de clausura: el pago de los gastos de la comunidad, entre ellos los generados por la atención de las propias mayores», afirman en un comunicado firmado por las «Monjas de Belorado».Para justificar esa afirmación, y a preguntas de su responsable de prensa, Francisco Canals, una de las exreligiosas, sor Berit, apela expresamente tanto al Código de Derecho Canónico de 1917 como al vigente de 1983, además de las constituciones de las clarisas. Según defiende en un vídeo grabado en la localidad de Toledo en la que ahora residen, la normativa eclesiástica establece que las religiosas viven «sin lo propio» y que todos los bienes personales se integran en un patrimonio común.La exmonja insiste en esa idea apoyándose incluso en su experiencia anterior en otra congregación religiosa. Explica que durante años ejerció como profesora en colegios concertados, percibiendo un salario que nunca administró personalmente porque era la congregación quien gestionaba todos los ingresos comunes. «Yo no sabían ni cual era mi nómina, ni en que banco se ingresaba, a mí me pagaban una RETA [el régimen de autónomos en el que tienen que estar dados de alta los religiosos] y yo no me enteraba de nada», asegura, defendiendo que esa forma de organización responde al voto de pobreza propio de la vida religiosa. Lo que no especifica es que, tras ser expulsadas de la vida religiosa como consecuencia del cisma, dejaron de actuar como miembros de una comunidad religiosa y pasaron a hacerlo como personas físicas.Rechazan delitos de coaccionesEn su comunicado, las acusadas rechazan igualmente el resto de los delitos que les atribuye el auto. Califican de «imaginario» el delito de coacciones y sostienen que existen declaraciones ante la Guardia Civil y ante el juzgado en las que las cuatro religiosas mayores manifestaban su voluntad de permanecer junto a ellas.También niegan los presuntos malos tratos y el abandono de las ancianas. Según afirman, cuando las religiosas fueron trasladadas al hospital presentaban un estado de salud «plenamente normal», estaban correctamente hidratadas y nutridas y los análisis demostraban que recibían regularmente la medicación prescrita. Las referencias a problemas de higiene, falta de cuidados o situaciones de riesgo con animales son, sostienen, «burdas mentiras» elaboradas por personas que nunca convivieron en el monasterio.En relación con la administración de las pensiones, las exclarisas trasladan además las críticas al comisario pontificio, el arzobispo Mario Iceta. Según mantienen, resulta «lo más normal del mundo» que las religiosas administraran las pensiones de quienes cuidaban diariamente, mientras consideran «ilógico» que esos ingresos los percibiera quien no convivía con ellas. También reprochan que el comisario recibiera las prestaciones desde junio hasta diciembre de 2024, momento en el que ellas crearon las cuentas personales, y que continúe percibiendo las correspondientes a dos de las ancianas, extremo que, a su juicio, no ha sido investigado.Las procesadas insisten además en que nunca utilizaron el dinero para fines particulares. Niegan que el restaurante o el criadero de perros constituyeran negocios privados y sostienen que ambas actividades únicamente pretendían obtener recursos para el sostenimiento de la comunidad tras perder su tradicional fuente de ingresos con la elaboración de chocolates.Paralelamente a la difusión de este escrito, las procesadas han introducido un cambio relevante en su estrategia de defensa . Tras hacerse público el auto de apertura de juicio oral, han prescindido de los servicios de la abogada bilbaína Norma Riaño, que había llevado hasta ahora los principales procedimientos derivados del cisma. Su representación pasa desde este momento al abogado madrileño Florentino García González, que además de letrado es psicólogo y criminólogo y asumirá la defensa de las siete acusadas en el juicio oral que deberá celebrarse una vez concluyan los trámites de notificación personal del auto y el posterior señalamiento de la vista por parte del juzgado.  

Ni una semana sin novedades de las exmonjas de Belorado. Si la semana pasada se conocía que las siete que perseveran en el cisma iban a ser procesadas en los juzgados de Bilbao por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, coacciones, abandono y … malos tratos a las cinco monjas mayores que fueron rescatadas por la Guardia Civil, ahora hacen pública una respuesta que introduce una llamativa contradicción en su defensa. Después de haber sostenido durante más de dos años que, tras romper con Roma, el Derecho Canónico ya no les era aplicable, recurren precisamente a esa legislación para justificar el desvío de cuatro de las pensiones de las ancianas a cuentas personales.

 RSS de noticias de sociedad