La denuncia presentada el pasado viernes en los juzgados por el PP contra el alcalde de Muras, el nacionalista Manuel Requeijo, por supuestas irregularidades en los pagos desde el Concello a dos despachos de abogados, incurriendo en una presunta prevaricación continuada por un importe de 387.000 euros al exceder las cuantías anuales del contrato menor, ha puesto la lupa sobre estas asesorías legales: Leseo Bufete Legal y Stellgus. Los populares, en su denuncia, señalan las conexiones de ambos con el espacio del nacionalismo gallego a través de la figura de Oscar Insua, fundador de Leseo, exconcejal en Corcubión y actualmente diputado del BNG en el Parlamento de Galicia. Pero los ‘tentáculos’ se extienden más allá, llegando a Adega, el Consello Consultivo e, incluso, la institución del Valedor do Pobo.Oscar Insua es el punto de partida de esta red. Tras ser elegido diputado por las listas del BNG en las últimas elecciones autonómicas vendió sus participaciones en Leseo a dos personas: N. S. A. y María Concepción García Calvo. Esta última pasa a ser administradora única de la sociedad que gestiona el despacho, además de socia del mismo, en sustitución de Insua. García Calvo es la letrada que firma las demandas de Adega, el brazo ecologista vinculado al nacionalismo gallego, contra los parques eólicos autorizados por la Xunta, y que han ido encontrando durante años simpatía en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, provocando la parálisis masiva de estos proyectos a través de la figura de las medidas cautelares. El grueso de los procedimientos contra estas instalaciones salieron de este despacho, con sede en una parroquia del concello coruñés de Vedra. En total, fueron 19 recursos en 2024, 4 en 2025 y 4 en lo que va de año, todos ellos firmados por García Calvo.Pero no abandonemos Leseo Bufete Legal. Antes de que García Calvo asumiera la posición de administradora única de la sociedad, uno de los que figuraba como administrador mancomunado era Alberte Souto, abogado especializado en Derecho Administrativo y con una trazabilidad fácilmente identificable con el nacionalismo. Desempeñó el puesto de secretario xeral de la Consellería de Medio Rural durante la etapa del bipartito (2005-2009), ejerció como asesor de los grupos parlamentarios del BNG en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento gallego, así como de la Fundación Galiza Sempre. Llegó a formar parte del Consello Nacional del BNG. Su nombre volvió a salir a la palestra en 2020, cuando la organización nacionalista lo propuso para incorporarse al Consello Consultivo, del que es miembro gracias al voto unánime del Parlamento de Galicia. Ahí sigue.Recursos tumbados por el TSOtro de los nombres vinculados a estas sociedades de asesoría es la también abogada Montserrat Calvo Ríos. Es la administradora única de Stellgus SL, también señalada por el PP en el caso de los contratos con el Concello de Muras. Su firma aparece igualmente en varios recursos contra parques eólicos aprobados por la Xunta, algunos como los de Campelo o Bustelo (en el año 2022), aceptados en su día por el TSXG pero revocados por el Tribunal Supremo en casación, fijando una jurisprudencia que avalaba la tramitación realizada por la administración autonómica para su autorización. Acabó resultando intrascendente, porque el TSXG encontró otro argumento para seguir paralizando cautelarmente parques, en respuesta a más recursos de Adega.Se da la circunstancia de que Calvo Ríos es la pareja de Fernando de Abel Vilela, el profesor de Derecho Administrativo de la USC y candidato que el BNG viene proponiendo para ocupar el cargo de adjunto al Valedor do Pobo -puesto que le corresponde designar a los nacionalistas, en su condición de segunda fuerza del Parlamento y en virtud de la convención fijada por los propios grupos políticos- pero que el PP ha vetado en varias ocasiones, alegando la falta de idoneidad del perfil. De hecho, este miércoles se reúne de nuevo la Comisión de Peticiones del Legislativo autonómico para abordar esta cuestión, y ante la que se intuye que se va a repetir el guion conocido hasta la fecha: el BNG insistiendo en su candidato, el PP rechazándolo por «falta de institucionalidad» y por ser una figura que «rompe con el consenso» exigido. Vilela pertenece a la junta directiva de Adega, en calidad de vocal. El BNG lo atribuye a «un veto» político «inaudito».Abel Vilela fue el autor de un artículo el pasado diciembre en ‘Nos Diario’, el periódico más próximo al nacionalismo gallego, en el que se refería a un hecho acontecido en la fracasada comisión de investigación sobre supuestas anomalías en la contratación pública durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. Destacaba en él el desempeño de «un parlamentario experto» que «les tiró en los ‘fociños’ un rollo de papel que contenía un listado de contratos menores y que cruzó la sala de un lado a otro». Ese diputado era, precisamente, Oscar Insua. Al que fue su despacho lo han denunciado, precisamente, por excederse en la facturación vía contrato menor con un concello -casualmente- gobernado por el BNG-.«Esto es algo para investigar» Preguntado ayer por la denuncia presentada por su partido contra el alcalde de Muras por presunta prevaricación continuada en la contratación de dos despachos de abogados, Alfonso Rueda no escondió que el hecho de que «un Concello de muy pequeño tamaño tenga invertidos así 4000.000 euros en asesorías legales vinculadas al mismo partido político [en referencia al BNG] es algo para investigar». En declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno, el presidente de la Xunta y del PPdeG se limitó a añadir que «a partir de ahí será la justicia la que tome las determinaciones» respecto del rumbo que tome una eventual investigación judicial. La denuncia presentada el pasado viernes en los juzgados por el PP contra el alcalde de Muras, el nacionalista Manuel Requeijo, por supuestas irregularidades en los pagos desde el Concello a dos despachos de abogados, incurriendo en una presunta prevaricación continuada por un importe de 387.000 euros al exceder las cuantías anuales del contrato menor, ha puesto la lupa sobre estas asesorías legales: Leseo Bufete Legal y Stellgus. Los populares, en su denuncia, señalan las conexiones de ambos con el espacio del nacionalismo gallego a través de la figura de Oscar Insua, fundador de Leseo, exconcejal en Corcubión y actualmente diputado del BNG en el Parlamento de Galicia. Pero los ‘tentáculos’ se extienden más allá, llegando a Adega, el Consello Consultivo e, incluso, la institución del Valedor do Pobo.Oscar Insua es el punto de partida de esta red. Tras ser elegido diputado por las listas del BNG en las últimas elecciones autonómicas vendió sus participaciones en Leseo a dos personas: N. S. A. y María Concepción García Calvo. Esta última pasa a ser administradora única de la sociedad que gestiona el despacho, además de socia del mismo, en sustitución de Insua. García Calvo es la letrada que firma las demandas de Adega, el brazo ecologista vinculado al nacionalismo gallego, contra los parques eólicos autorizados por la Xunta, y que han ido encontrando durante años simpatía en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, provocando la parálisis masiva de estos proyectos a través de la figura de las medidas cautelares. El grueso de los procedimientos contra estas instalaciones salieron de este despacho, con sede en una parroquia del concello coruñés de Vedra. En total, fueron 19 recursos en 2024, 4 en 2025 y 4 en lo que va de año, todos ellos firmados por García Calvo.Pero no abandonemos Leseo Bufete Legal. Antes de que García Calvo asumiera la posición de administradora única de la sociedad, uno de los que figuraba como administrador mancomunado era Alberte Souto, abogado especializado en Derecho Administrativo y con una trazabilidad fácilmente identificable con el nacionalismo. Desempeñó el puesto de secretario xeral de la Consellería de Medio Rural durante la etapa del bipartito (2005-2009), ejerció como asesor de los grupos parlamentarios del BNG en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento gallego, así como de la Fundación Galiza Sempre. Llegó a formar parte del Consello Nacional del BNG. Su nombre volvió a salir a la palestra en 2020, cuando la organización nacionalista lo propuso para incorporarse al Consello Consultivo, del que es miembro gracias al voto unánime del Parlamento de Galicia. Ahí sigue.Recursos tumbados por el TSOtro de los nombres vinculados a estas sociedades de asesoría es la también abogada Montserrat Calvo Ríos. Es la administradora única de Stellgus SL, también señalada por el PP en el caso de los contratos con el Concello de Muras. Su firma aparece igualmente en varios recursos contra parques eólicos aprobados por la Xunta, algunos como los de Campelo o Bustelo (en el año 2022), aceptados en su día por el TSXG pero revocados por el Tribunal Supremo en casación, fijando una jurisprudencia que avalaba la tramitación realizada por la administración autonómica para su autorización. Acabó resultando intrascendente, porque el TSXG encontró otro argumento para seguir paralizando cautelarmente parques, en respuesta a más recursos de Adega.Se da la circunstancia de que Calvo Ríos es la pareja de Fernando de Abel Vilela, el profesor de Derecho Administrativo de la USC y candidato que el BNG viene proponiendo para ocupar el cargo de adjunto al Valedor do Pobo -puesto que le corresponde designar a los nacionalistas, en su condición de segunda fuerza del Parlamento y en virtud de la convención fijada por los propios grupos políticos- pero que el PP ha vetado en varias ocasiones, alegando la falta de idoneidad del perfil. De hecho, este miércoles se reúne de nuevo la Comisión de Peticiones del Legislativo autonómico para abordar esta cuestión, y ante la que se intuye que se va a repetir el guion conocido hasta la fecha: el BNG insistiendo en su candidato, el PP rechazándolo por «falta de institucionalidad» y por ser una figura que «rompe con el consenso» exigido. Vilela pertenece a la junta directiva de Adega, en calidad de vocal. El BNG lo atribuye a «un veto» político «inaudito».Abel Vilela fue el autor de un artículo el pasado diciembre en ‘Nos Diario’, el periódico más próximo al nacionalismo gallego, en el que se refería a un hecho acontecido en la fracasada comisión de investigación sobre supuestas anomalías en la contratación pública durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. Destacaba en él el desempeño de «un parlamentario experto» que «les tiró en los ‘fociños’ un rollo de papel que contenía un listado de contratos menores y que cruzó la sala de un lado a otro». Ese diputado era, precisamente, Oscar Insua. Al que fue su despacho lo han denunciado, precisamente, por excederse en la facturación vía contrato menor con un concello -casualmente- gobernado por el BNG-.«Esto es algo para investigar» Preguntado ayer por la denuncia presentada por su partido contra el alcalde de Muras por presunta prevaricación continuada en la contratación de dos despachos de abogados, Alfonso Rueda no escondió que el hecho de que «un Concello de muy pequeño tamaño tenga invertidos así 4000.000 euros en asesorías legales vinculadas al mismo partido político [en referencia al BNG] es algo para investigar». En declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno, el presidente de la Xunta y del PPdeG se limitó a añadir que «a partir de ahí será la justicia la que tome las determinaciones» respecto del rumbo que tome una eventual investigación judicial.
La denuncia presentada el pasado viernes en los juzgados por el PP contra el alcalde de Muras, el nacionalista Manuel Requeijo, por supuestas irregularidades en los pagos desde el Concello a dos despachos de abogados, incurriendo en una presunta prevaricación continuada por un importe … de 387.000 euros al exceder las cuantías anuales del contrato menor, ha puesto la lupa sobre estas asesorías legales: Leseo Bufete Legal y Stellgus. Los populares, en su denuncia, señalan las conexiones de ambos con el espacio del nacionalismo gallego a través de la figura de Oscar Insua, fundador de Leseo, exconcejal en Corcubión y actualmente diputado del BNG en el Parlamento de Galicia. Pero los ‘tentáculos’ se extienden más allá, llegando a Adega, el Consello Consultivo e, incluso, la institución del Valedor do Pobo.
Oscar Insua es el punto de partida de esta red. Tras ser elegido diputado por las listas del BNG en las últimas elecciones autonómicas vendió sus participaciones en Leseo a dos personas: N. S. A. y María Concepción García Calvo. Esta última pasa a ser administradora única de la sociedad que gestiona el despacho, además de socia del mismo, en sustitución de Insua. García Calvo es la letrada que firma las demandas de Adega, el brazo ecologista vinculado al nacionalismo gallego, contra los parques eólicos autorizados por la Xunta, y que han ido encontrando durante años simpatía en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, provocando la parálisis masiva de estos proyectos a través de la figura de las medidas cautelares. El grueso de los procedimientos contra estas instalaciones salieron de este despacho, con sede en una parroquia del concello coruñés de Vedra. En total, fueron 19 recursos en 2024, 4 en 2025 y 4 en lo que va de año, todos ellos firmados por García Calvo.
Pero no abandonemos Leseo Bufete Legal. Antes de que García Calvo asumiera la posición de administradora única de la sociedad, uno de los que figuraba como administrador mancomunado era Alberte Souto, abogado especializado en Derecho Administrativo y con una trazabilidad fácilmente identificable con el nacionalismo. Desempeñó el puesto de secretario xeral de la Consellería de Medio Rural durante la etapa del bipartito (2005-2009), ejerció como asesor de los grupos parlamentarios del BNG en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento gallego, así como de la Fundación Galiza Sempre. Llegó a formar parte del Consello Nacional del BNG. Su nombre volvió a salir a la palestra en 2020, cuando la organización nacionalista lo propuso para incorporarse al Consello Consultivo, del que es miembro gracias al voto unánime del Parlamento de Galicia. Ahí sigue.
Recursos tumbados por el TS
Otro de los nombres vinculados a estas sociedades de asesoría es la también abogada Montserrat Calvo Ríos. Es la administradora única de Stellgus SL, también señalada por el PP en el caso de los contratos con el Concello de Muras. Su firma aparece igualmente en varios recursos contra parques eólicos aprobados por la Xunta, algunos como los de Campelo o Bustelo (en el año 2022), aceptados en su día por el TSXG pero revocados por el Tribunal Supremo en casación, fijando una jurisprudencia que avalaba la tramitación realizada por la administración autonómica para su autorización. Acabó resultando intrascendente, porque el TSXG encontró otro argumento para seguir paralizando cautelarmente parques, en respuesta a más recursos de Adega.
Se da la circunstancia de que Calvo Ríos es la pareja de Fernando de Abel Vilela, el profesor de Derecho Administrativo de la USC y candidato que el BNG viene proponiendo para ocupar el cargo de adjunto al Valedor do Pobo -puesto que le corresponde designar a los nacionalistas, en su condición de segunda fuerza del Parlamento y en virtud de la convención fijada por los propios grupos políticos- pero que el PP ha vetado en varias ocasiones, alegando la falta de idoneidad del perfil. De hecho, este miércoles se reúne de nuevo la Comisión de Peticiones del Legislativo autonómico para abordar esta cuestión, y ante la que se intuye que se va a repetir el guion conocido hasta la fecha: el BNG insistiendo en su candidato, el PP rechazándolo por «falta de institucionalidad» y por ser una figura que «rompe con el consenso» exigido. Vilela pertenece a la junta directiva de Adega, en calidad de vocal. El BNG lo atribuye a «un veto» político «inaudito».
Abel Vilela fue el autor de un artículo el pasado diciembre en ‘Nos Diario’, el periódico más próximo al nacionalismo gallego, en el que se refería a un hecho acontecido en la fracasada comisión de investigación sobre supuestas anomalías en la contratación pública durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. Destacaba en él el desempeño de «un parlamentario experto» que «les tiró en los ‘fociños’ un rollo de papel que contenía un listado de contratos menores y que cruzó la sala de un lado a otro». Ese diputado era, precisamente, Oscar Insua. Al que fue su despacho lo han denunciado, precisamente, por excederse en la facturación vía contrato menor con un concello -casualmente- gobernado por el BNG-.
«Esto es algo para investigar»
Preguntado ayer por la denuncia presentada por su partido contra el alcalde de Muras por presunta prevaricación continuada en la contratación de dos despachos de abogados, Alfonso Rueda no escondió que el hecho de que «un Concello de muy pequeño tamaño tenga invertidos así 4000.000 euros en asesorías legales vinculadas al mismo partido político [en referencia al BNG] es algo para investigar». En declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno, el presidente de la Xunta y del PPdeG se limitó a añadir que «a partir de ahí será la justicia la que tome las determinaciones» respecto del rumbo que tome una eventual investigación judicial.
RSS de noticias de espana
