El partido político Iustitia Europa, acusación popular en los principales casos de corrupción, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) en el que pide que se paralice la incorporación automática al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la ley de Memoria Democrática. Según el recurso, al que ha tenido acceso ABC, con su acuerdo del pasado 16 de julio la JEC ha incurrido en una «dejación de funciones» al declararse incompetente para auditar y controlar el censo frente a las altas masivas y recuerda que la población española residente en el exterior ha crecido de forma extraordinaria sumando 156.036 nuevos inscritos en un solo año.Para Iustitia Europa este incremento puede estar viciado por la aplicación de la Instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que amplió con creces las previsiones legales hasta el punto de crear una «presunción de exilio».El recurso de esta formación pone de relieve la profunda división existente en el seno de la propia JEC, donde cuatro vocales, entre ellos dos magistrados del Supremo, firmaron un voto particular en el que sostienen de forma categórica que la administración electoral tiene la «obligación inexcusable» de impedir que el censo sea ampliado «contra legem», advirtiendo expresamente de que la inacción institucional podría provocar «efectos irreversibles». Ante el inminente escenario electoral de 2027 y ese «daño institucional irreversible», Iustitia Europa pide al Supremo la adopción de medidas cautelares, entre ellas la suspensión provisional de las altas automáticas en el Censo Exterior de Residentes Ausentes (CERA) que se hayan basado únicamente en presunciones y carezcan de prueba documental individualizada de exilio. De forma subsidiaria, solicita que se ordene a la Oficina del Censo Electoral identificar y «marcar» de forma separada estas inscripciones específicas en sus bases de datos. El objetivo de esta medida técnica es garantizar la trazabilidad de los expedientes y evitar que estos electores se mezclen de manera irreversible con el resto del censo legalmente establecido, permitiendo su depuración en caso de que el Supremo les acabe dando la razón. Precisión de criteriosEn su acuerdo del 16 de julio, la JEC manifestaba que excede de sus competencias pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento y se limitó a ordenar a la Oficina del Censo Electoral la elaboración de una instrucción dirigida a los consulados para que precisen los criterios aplicables para determinar qué municipio le corresponde a cada nuevo votante.Respondía así a una multitud de escritos de formaciones políticas, personas y entidades que le instaban a intervenir tanto por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la ‘ley de nietos’ como por la posterior instrucción de Sofía Puente que hizo aún más extensivo el rango de aplicación de la norma. Como adelantó este diario, incluso desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) habían reclamado una intervención inmediata del órgano que vela por la limpieza electoral para proteger a los trabajadores públicos de la inseguridad jurídica generada por el texto del departamento ahora en manos de Félix Bolaños. El partido político Iustitia Europa, acusación popular en los principales casos de corrupción, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) en el que pide que se paralice la incorporación automática al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la ley de Memoria Democrática. Según el recurso, al que ha tenido acceso ABC, con su acuerdo del pasado 16 de julio la JEC ha incurrido en una «dejación de funciones» al declararse incompetente para auditar y controlar el censo frente a las altas masivas y recuerda que la población española residente en el exterior ha crecido de forma extraordinaria sumando 156.036 nuevos inscritos en un solo año.Para Iustitia Europa este incremento puede estar viciado por la aplicación de la Instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que amplió con creces las previsiones legales hasta el punto de crear una «presunción de exilio».El recurso de esta formación pone de relieve la profunda división existente en el seno de la propia JEC, donde cuatro vocales, entre ellos dos magistrados del Supremo, firmaron un voto particular en el que sostienen de forma categórica que la administración electoral tiene la «obligación inexcusable» de impedir que el censo sea ampliado «contra legem», advirtiendo expresamente de que la inacción institucional podría provocar «efectos irreversibles». Ante el inminente escenario electoral de 2027 y ese «daño institucional irreversible», Iustitia Europa pide al Supremo la adopción de medidas cautelares, entre ellas la suspensión provisional de las altas automáticas en el Censo Exterior de Residentes Ausentes (CERA) que se hayan basado únicamente en presunciones y carezcan de prueba documental individualizada de exilio. De forma subsidiaria, solicita que se ordene a la Oficina del Censo Electoral identificar y «marcar» de forma separada estas inscripciones específicas en sus bases de datos. El objetivo de esta medida técnica es garantizar la trazabilidad de los expedientes y evitar que estos electores se mezclen de manera irreversible con el resto del censo legalmente establecido, permitiendo su depuración en caso de que el Supremo les acabe dando la razón. Precisión de criteriosEn su acuerdo del 16 de julio, la JEC manifestaba que excede de sus competencias pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento y se limitó a ordenar a la Oficina del Censo Electoral la elaboración de una instrucción dirigida a los consulados para que precisen los criterios aplicables para determinar qué municipio le corresponde a cada nuevo votante.Respondía así a una multitud de escritos de formaciones políticas, personas y entidades que le instaban a intervenir tanto por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la ‘ley de nietos’ como por la posterior instrucción de Sofía Puente que hizo aún más extensivo el rango de aplicación de la norma. Como adelantó este diario, incluso desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) habían reclamado una intervención inmediata del órgano que vela por la limpieza electoral para proteger a los trabajadores públicos de la inseguridad jurídica generada por el texto del departamento ahora en manos de Félix Bolaños.
El partido político Iustitia Europa, acusación popular en los principales casos de corrupción, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) en el que pide que se paralice la incorporación automática … al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la ley de Memoria Democrática.
Según el recurso, al que ha tenido acceso ABC, con su acuerdo del pasado 16 de julio la JEC ha incurrido en una «dejación de funciones» al declararse incompetente para auditar y controlar el censo frente a las altas masivas y recuerda que la población española residente en el exterior ha crecido de forma extraordinaria sumando 156.036 nuevos inscritos en un solo año.
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Para Iustitia Europa este incremento puede estar viciado por la aplicación de la Instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que amplió con creces las previsiones legales hasta el punto de crear una «presunción de exilio».
El recurso de esta formación pone de relieve la profunda división existente en el seno de la propia JEC, donde cuatro vocales, entre ellos dos magistrados del Supremo, firmaron un voto particular en el que sostienen de forma categórica que la administración electoral tiene la «obligación inexcusable» de impedir que el censo sea ampliado «contra legem», advirtiendo expresamente de que la inacción institucional podría provocar «efectos irreversibles».
Ante el inminente escenario electoral de 2027 y ese «daño institucional irreversible», Iustitia Europa pide al Supremo la adopción de medidas cautelares, entre ellas la suspensión provisional de las altas automáticas en el Censo Exterior de Residentes Ausentes (CERA) que se hayan basado únicamente en presunciones y carezcan de prueba documental individualizada de exilio.
De forma subsidiaria, solicita que se ordene a la Oficina del Censo Electoral identificar y «marcar» de forma separada estas inscripciones específicas en sus bases de datos. El objetivo de esta medida técnica es garantizar la trazabilidad de los expedientes y evitar que estos electores se mezclen de manera irreversible con el resto del censo legalmente establecido, permitiendo su depuración en caso de que el Supremo les acabe dando la razón.
Precisión de criterios
En su acuerdo del 16 de julio, la JEC manifestaba que excede de sus competencias pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento y se limitó a ordenar a la Oficina del Censo Electoral la elaboración de una instrucción dirigida a los consulados para que precisen los criterios aplicables para determinar qué municipio le corresponde a cada nuevo votante.
Respondía así a una multitud de escritos de formaciones políticas, personas y entidades que le instaban a intervenir tanto por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la ‘ley de nietos’ como por la posterior instrucción de Sofía Puente que hizo aún más extensivo el rango de aplicación de la norma. Como adelantó este diario, incluso desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) habían reclamado una intervención inmediata del órgano que vela por la limpieza electoral para proteger a los trabajadores públicos de la inseguridad jurídica generada por el texto del departamento ahora en manos de Félix Bolaños.
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