La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) va a dar el verano al alcalde Carlos Velázquez y a su concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez. Tienen una segunda oportunidad para dialogar, negociar y sacar adelante la Ordenanza de Creación y Gestión de la ZBE antes del 30 de septiembre .Este miércoles, el portavoz municipal, Juan José Alcalde, insistía en que la aprobación de la ordenanza no es solo una cuestión del Gobierno local, sino una obligación compartida por toda la Corporación, al tiempo que volvía a cargar contra el PSOE por rechazar una iniciativa que, recordó, deriva de una legislación estatal promovida por los socialistas.En este punto, Alcalde omitió que sus socios de Gobierno, los cuatro concejales de Vox, dieron el visto bueno a la norma en la Junta de Gobierno, pero no en la comisión del pasado 20 de noviembre. Tampoco respaldaron el texto en el Pleno, donde votaron en contra.Noticia relacionada general No No Toledo gana tres meses para aprobar la Zona de Bajas Emisiones y evitar perder 10 millones Valle SánchezA preguntas de los medios, el portavoz defendía que «los 25 concejales» del Ayuntamiento tienen responsabilidad sobre el futuro de la normativa y advertía de las consecuencias económicas que puede tener para Toledo no culminar su aprobación.«Todos, desde el primero hasta el concejal número 25, somos responsables cada vez que nos sentamos en el Pleno. No vale decir que uno está en el Gobierno y otro en la oposición. Es una ley y las leyes están para cumplirlas », afirmó.Alcalde también recordó que la falta de aprobación de la ZBE ya ha tenido un impacto económico para el Ayuntamiento al afectar a las ayudas estatales destinadas a bonificar el transporte público, unos 800.000 euros.EL DATO 800.000 Euros Por el momento, el Ayuntamiento de Toledo tendrá que devolver unos 800.000 euros al no contar con la ZBE, en concepto de ayudas estatales destinadas a bonificar el transporte público.«La ley puede gustarnos más o menos, pero hay que cumplirla», insistía el portavoz, no sin antes reclamar al resto de grupos municipales que asuman también las consecuencias de sus decisiones.De esta forma, lanzó un mensaje dirigido en especial al Grupo Socialista, al que reprochó su posición respecto a una regulación impulsada desde el Gobierno central y desde Europa. «Me resulta extraño que el Partido Socialista, que es quien obliga con esta ley y quien la aprobó, ahora no la apoye», señaló.El portavoz sostuvo que, si finalmente el Ayuntamiento tuviera que devolver fondos europeos relacionados con la movilidad sostenible, quienes rechacen la ordenanza deberían explicar qué actuaciones municipales habría que dejar de financiar. «Si tenemos que devolver esos fondos, que nos digan qué proponen quitar», afirmó.Abiertas las negociacionesPese al rechazo que encontró la propuesta en el Pleno de noviembre, el Gobierno municipal aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con los distintos grupos políticos para intentar alcanzar un acuerdo.Alcalde confirmó que el concejal de Movilidad está manteniendo contactos con las formaciones representadas en el Ayuntamiento y aseguró que esas conversaciones continuarán en los próximos días.Preguntado por las críticas de la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, sobre la falta de diálogo, el portavoz respondió que el Gobierno llamará a todos los grupos municipales. «Se está hablando con los grupos para llegar a un acuerdo y llevar nuevamente la Zona de Bajas Emisiones al Pleno», indicó, para añadir que desconoce el orden en el que el responsable municipal de Movilidad ha planteado la ronda de contactos.Por último, desde el Ejecutivo municipal Alcalde incidía en que la aprobación de la ordenanza responde al cumplimiento de una obligación legal y no a una decisión política, al tiempo que insistió en que el futuro de la normativa dependerá del respaldo que obtenga cuando vuelva a someterse a votación antes del 30 de septiembre. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) va a dar el verano al alcalde Carlos Velázquez y a su concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez. Tienen una segunda oportunidad para dialogar, negociar y sacar adelante la Ordenanza de Creación y Gestión de la ZBE antes del 30 de septiembre .Este miércoles, el portavoz municipal, Juan José Alcalde, insistía en que la aprobación de la ordenanza no es solo una cuestión del Gobierno local, sino una obligación compartida por toda la Corporación, al tiempo que volvía a cargar contra el PSOE por rechazar una iniciativa que, recordó, deriva de una legislación estatal promovida por los socialistas.En este punto, Alcalde omitió que sus socios de Gobierno, los cuatro concejales de Vox, dieron el visto bueno a la norma en la Junta de Gobierno, pero no en la comisión del pasado 20 de noviembre. Tampoco respaldaron el texto en el Pleno, donde votaron en contra.Noticia relacionada general No No Toledo gana tres meses para aprobar la Zona de Bajas Emisiones y evitar perder 10 millones Valle SánchezA preguntas de los medios, el portavoz defendía que «los 25 concejales» del Ayuntamiento tienen responsabilidad sobre el futuro de la normativa y advertía de las consecuencias económicas que puede tener para Toledo no culminar su aprobación.«Todos, desde el primero hasta el concejal número 25, somos responsables cada vez que nos sentamos en el Pleno. No vale decir que uno está en el Gobierno y otro en la oposición. Es una ley y las leyes están para cumplirlas », afirmó.Alcalde también recordó que la falta de aprobación de la ZBE ya ha tenido un impacto económico para el Ayuntamiento al afectar a las ayudas estatales destinadas a bonificar el transporte público, unos 800.000 euros.EL DATO 800.000 Euros Por el momento, el Ayuntamiento de Toledo tendrá que devolver unos 800.000 euros al no contar con la ZBE, en concepto de ayudas estatales destinadas a bonificar el transporte público.«La ley puede gustarnos más o menos, pero hay que cumplirla», insistía el portavoz, no sin antes reclamar al resto de grupos municipales que asuman también las consecuencias de sus decisiones.De esta forma, lanzó un mensaje dirigido en especial al Grupo Socialista, al que reprochó su posición respecto a una regulación impulsada desde el Gobierno central y desde Europa. «Me resulta extraño que el Partido Socialista, que es quien obliga con esta ley y quien la aprobó, ahora no la apoye», señaló.El portavoz sostuvo que, si finalmente el Ayuntamiento tuviera que devolver fondos europeos relacionados con la movilidad sostenible, quienes rechacen la ordenanza deberían explicar qué actuaciones municipales habría que dejar de financiar. «Si tenemos que devolver esos fondos, que nos digan qué proponen quitar», afirmó.Abiertas las negociacionesPese al rechazo que encontró la propuesta en el Pleno de noviembre, el Gobierno municipal aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con los distintos grupos políticos para intentar alcanzar un acuerdo.Alcalde confirmó que el concejal de Movilidad está manteniendo contactos con las formaciones representadas en el Ayuntamiento y aseguró que esas conversaciones continuarán en los próximos días.Preguntado por las críticas de la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, sobre la falta de diálogo, el portavoz respondió que el Gobierno llamará a todos los grupos municipales. «Se está hablando con los grupos para llegar a un acuerdo y llevar nuevamente la Zona de Bajas Emisiones al Pleno», indicó, para añadir que desconoce el orden en el que el responsable municipal de Movilidad ha planteado la ronda de contactos.Por último, desde el Ejecutivo municipal Alcalde incidía en que la aprobación de la ordenanza responde al cumplimiento de una obligación legal y no a una decisión política, al tiempo que insistió en que el futuro de la normativa dependerá del respaldo que obtenga cuando vuelva a someterse a votación antes del 30 de septiembre.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) va a dar el verano al alcalde Carlos Velázquez y a su concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez. Tienen una segunda oportunidad para dialogar, negociar y sacar adelante la Ordenanza de Creación y Gestión de la ZBE … antes del 30 de septiembre.
Este miércoles, el portavoz municipal, Juan José Alcalde, insistía en que la aprobación de la ordenanza no es solo una cuestión del Gobierno local, sino una obligación compartida por toda la Corporación, al tiempo que volvía a cargar contra el PSOE por rechazar una iniciativa que, recordó, deriva de una legislación estatal promovida por los socialistas.
En este punto, Alcalde omitió que sus socios de Gobierno, los cuatro concejales de Vox, dieron el visto bueno a la norma en la Junta de Gobierno, pero no en la comisión del pasado 20 de noviembre. Tampoco respaldaron el texto en el Pleno, donde votaron en contra.
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A preguntas de los medios, el portavoz defendía que «los 25 concejales» del Ayuntamiento tienen responsabilidad sobre el futuro de la normativa y advertía de las consecuencias económicas que puede tener para Toledo no culminar su aprobación.
«Todos, desde el primero hasta el concejal número 25, somos responsables cada vez que nos sentamos en el Pleno. No vale decir que uno está en el Gobierno y otro en la oposición. Es una ley y las leyes están para cumplirlas», afirmó.
Alcalde también recordó que la falta de aprobación de la ZBE ya ha tenido un impacto económico para el Ayuntamiento al afectar a las ayudas estatales destinadas a bonificar el transporte público, unos 800.000 euros.
EL DATO
800.000
Euros
Por el momento, el Ayuntamiento de Toledo tendrá que devolver unos 800.000 euros al no contar con la ZBE, en concepto de ayudas estatales destinadas a bonificar el transporte público.
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«La ley puede gustarnos más o menos, pero hay que cumplirla», insistía el portavoz, no sin antes reclamar al resto de grupos municipales que asuman también las consecuencias de sus decisiones.
De esta forma, lanzó un mensaje dirigido en especial al Grupo Socialista, al que reprochó su posición respecto a una regulación impulsada desde el Gobierno central y desde Europa. «Me resulta extraño que el Partido Socialista, que es quien obliga con esta ley y quien la aprobó, ahora no la apoye», señaló.
El portavoz sostuvo que, si finalmente el Ayuntamiento tuviera que devolver fondos europeos relacionados con la movilidad sostenible, quienes rechacen la ordenanza deberían explicar qué actuaciones municipales habría que dejar de financiar. «Si tenemos que devolver esos fondos, que nos digan qué proponen quitar», afirmó.
Abiertas las negociaciones
Pese al rechazo que encontró la propuesta en el Pleno de noviembre, el Gobierno municipal aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con los distintos grupos políticos para intentar alcanzar un acuerdo.
Alcalde confirmó que el concejal de Movilidad está manteniendo contactos con las formaciones representadas en el Ayuntamiento y aseguró que esas conversaciones continuarán en los próximos días.
Preguntado por las críticas de la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, sobre la falta de diálogo, el portavoz respondió que el Gobierno llamará a todos los grupos municipales. «Se está hablando con los grupos para llegar a un acuerdo y llevar nuevamente la Zona de Bajas Emisiones al Pleno», indicó, para añadir que desconoce el orden en el que el responsable municipal de Movilidad ha planteado la ronda de contactos.
Por último, desde el Ejecutivo municipal Alcalde incidía en que la aprobación de la ordenanza responde al cumplimiento de una obligación legal y no a una decisión política, al tiempo que insistió en que el futuro de la normativa dependerá del respaldo que obtenga cuando vuelva a someterse a votación antes del 30 de septiembre.
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