Francisco del Río, el hombre que pilotó durante 30 años el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y Juan María González Mejías, un sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, engrosan la lista de imputados por una pieza clave de la macrocausa de supuesta corrupción en torno a la inyección millonaria de dinero público a la fábrica automovilística de Santana Motor bajo distintos gobiernos del PSOE en Andalucía.En un auto dictado el pasado 16 de octubre, al que ha accedido ABC, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla (integrado en el nuevo Tribunal de Instancia), José Ignacio Vilaplana , ha acordado citar a declarar como investigados a 18 antiguos altos cargos socialistas. Entre ellos, sobresalen un hijo de Juan María González Márquez, hermano a su vez del exmandatario, y Francisco del Río Muñoz, un funcionario ya jubilado que tuvo un enorme peso institucional en la Junta. Del Río fue fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Administración autonómica durante tres décadas (1982-2012).Ambos formaban parte del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) , el organismo instrumental participado por las consejerías de Economía y Empleo que autorizaba el trasvase de fondos públicos hacia la malograda factoría automovilística Santana Motor SA y su red de empresas auxiliares incluso después de su liquidación acordada en abril de 2011. Se trata de una investigación abierta en marzo de 2025 que indaga en supuestos delitos de prevaricación administrativa , malversación y falsedad documental en la gestión del Plan Linares Futuro, un programa promovido por el Gobierno andaluz para pagar prestaciones con dinero público a trabajadores afectados por el cierre de la planta.Compromisos adquiridos con UGT y CCOOEl magistrado detalla que la administración andaluza recurrió al «uso indebido» de un mecanismo presupuestario conocido como transferencias de financiación. Este sistema permitía mover grandes sumas de dinero desde la agencia pública a la compañía automovilística sin pasar por los filtros de control fiscal ordinarios. Su propósito último era «dar soporte irregular a compromisos asumidos» por el Gobierno andaluz y los sindicatos UGT y CCOO. La causa se centra en «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores de la fábrica «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los fondos. Junto a Juan María González Mejías (quien desempeñó tres cargos con rango de secretario general en la Junta entre 2010 y 2012) y Francisco del Río, figuran como investigados también el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia entre 2010 y 2013, Antonio Ávila Cano , expresidente del consejo rector de IDEA; los exviceconsejeros Luis Nieto Ballesteros (Economía) y Justo Mañas Alcón (Empleo); el ex director general de IDEA Antonio Valverde Ramos, y otros vocales del consejo rector como Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri.El instructor ha fijado un calendario de declaraciones dividido en tres tandas. Los interrogatorios de los imputados se desarrollarán los días 24 y 26 de noviembre y el 1 de diciembre, y estarán precedidos por la declaración de seis testigos el 23 de noviembre. El exjefe jurídico Francisco del Río comparecerá el 26 de noviembre, mientras que Juan María González Mejías lo hará el 1 de diciembre. Francisco del Río, el hombre que pilotó durante 30 años el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y Juan María González Mejías, un sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, engrosan la lista de imputados por una pieza clave de la macrocausa de supuesta corrupción en torno a la inyección millonaria de dinero público a la fábrica automovilística de Santana Motor bajo distintos gobiernos del PSOE en Andalucía.En un auto dictado el pasado 16 de octubre, al que ha accedido ABC, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla (integrado en el nuevo Tribunal de Instancia), José Ignacio Vilaplana , ha acordado citar a declarar como investigados a 18 antiguos altos cargos socialistas. Entre ellos, sobresalen un hijo de Juan María González Márquez, hermano a su vez del exmandatario, y Francisco del Río Muñoz, un funcionario ya jubilado que tuvo un enorme peso institucional en la Junta. Del Río fue fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Administración autonómica durante tres décadas (1982-2012).Ambos formaban parte del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) , el organismo instrumental participado por las consejerías de Economía y Empleo que autorizaba el trasvase de fondos públicos hacia la malograda factoría automovilística Santana Motor SA y su red de empresas auxiliares incluso después de su liquidación acordada en abril de 2011. Se trata de una investigación abierta en marzo de 2025 que indaga en supuestos delitos de prevaricación administrativa , malversación y falsedad documental en la gestión del Plan Linares Futuro, un programa promovido por el Gobierno andaluz para pagar prestaciones con dinero público a trabajadores afectados por el cierre de la planta.Compromisos adquiridos con UGT y CCOOEl magistrado detalla que la administración andaluza recurrió al «uso indebido» de un mecanismo presupuestario conocido como transferencias de financiación. Este sistema permitía mover grandes sumas de dinero desde la agencia pública a la compañía automovilística sin pasar por los filtros de control fiscal ordinarios. Su propósito último era «dar soporte irregular a compromisos asumidos» por el Gobierno andaluz y los sindicatos UGT y CCOO. La causa se centra en «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores de la fábrica «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los fondos. Junto a Juan María González Mejías (quien desempeñó tres cargos con rango de secretario general en la Junta entre 2010 y 2012) y Francisco del Río, figuran como investigados también el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia entre 2010 y 2013, Antonio Ávila Cano , expresidente del consejo rector de IDEA; los exviceconsejeros Luis Nieto Ballesteros (Economía) y Justo Mañas Alcón (Empleo); el ex director general de IDEA Antonio Valverde Ramos, y otros vocales del consejo rector como Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri.El instructor ha fijado un calendario de declaraciones dividido en tres tandas. Los interrogatorios de los imputados se desarrollarán los días 24 y 26 de noviembre y el 1 de diciembre, y estarán precedidos por la declaración de seis testigos el 23 de noviembre. El exjefe jurídico Francisco del Río comparecerá el 26 de noviembre, mientras que Juan María González Mejías lo hará el 1 de diciembre.
Francisco del Río, el hombre que pilotó durante 30 años el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y Juan María González Mejías, un sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, engrosan la lista de imputados por una pieza clave de la macrocausa de … supuesta corrupción en torno a la inyección millonaria de dinero público a la fábrica automovilística de Santana Motor bajo distintos gobiernos del PSOE en Andalucía.
En un auto dictado el pasado 16 de octubre, al que ha accedido ABC, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla (integrado en el nuevo Tribunal de Instancia), José Ignacio Vilaplana, ha acordado citar a declarar como investigados a 18 antiguos altos cargos socialistas. Entre ellos, sobresalen un hijo de Juan María González Márquez, hermano a su vez del exmandatario, y Francisco del Río Muñoz, un funcionario ya jubilado que tuvo un enorme peso institucional en la Junta. Del Río fue fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Administración autonómica durante tres décadas (1982-2012).
Ambos formaban parte del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el organismo instrumental participado por las consejerías de Economía y Empleo que autorizaba el trasvase de fondos públicos hacia la malograda factoría automovilística Santana Motor SA y su red de empresas auxiliares incluso después de su liquidación acordada en abril de 2011. Se trata de una investigación abierta en marzo de 2025 que indaga en supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental en la gestión del Plan Linares Futuro, un programa promovido por el Gobierno andaluz para pagar prestaciones con dinero público a trabajadores afectados por el cierre de la planta.
Compromisos adquiridos con UGT y CCOO
El magistrado detalla que la administración andaluza recurrió al «uso indebido» de un mecanismo presupuestario conocido como transferencias de financiación. Este sistema permitía mover grandes sumas de dinero desde la agencia pública a la compañía automovilística sin pasar por los filtros de control fiscal ordinarios. Su propósito último era «dar soporte irregular a compromisos asumidos» por el Gobierno andaluz y los sindicatos UGT y CCOO. La causa se centra en «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores de la fábrica «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los fondos.
Junto a Juan María González Mejías (quien desempeñó tres cargos con rango de secretario general en la Junta entre 2010 y 2012) y Francisco del Río, figuran como investigados también el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia entre 2010 y 2013, Antonio Ávila Cano, expresidente del consejo rector de IDEA; los exviceconsejeros Luis Nieto Ballesteros (Economía) y Justo Mañas Alcón (Empleo); el ex director general de IDEA Antonio Valverde Ramos, y otros vocales del consejo rector como Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri.
El instructor ha fijado un calendario de declaraciones dividido en tres tandas. Los interrogatorios de los imputados se desarrollarán los días 24 y 26 de noviembre y el 1 de diciembre, y estarán precedidos por la declaración de seis testigos el 23 de noviembre. El exjefe jurídico Francisco del Río comparecerá el 26 de noviembre, mientras que Juan María González Mejías lo hará el 1 de diciembre.
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