Las Naciones Unidas establecieron que los fondos marinos estaban fuera de la jurisdicción nacional en tanto que “patrimonio común de la humanidad” y declararon en torno a un 70% del lecho marino como los bienes comunales más ambiciosos de la historia del derecho internacional. “La Zona” debía administrarse en forma de fideicomiso para todos los estados por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos). La carrera de las grandes potencias por explotar minerales críticos en los fondos marinos y buscar ventajas estratégicas en el ámbito submarino está ahora desintegrando desde dos frentes ese régimen aún incipiente de bienes comunales. China lo está vaciando desde dentro: moldeando el proceso normativo de la ISA para dejar de lado la precaución y establecer un régimen de extracción permisivo, y utilizando la ciencia marina como tapadera para actividades estratégicas de doble uso. EE.UU. lo está socavando desde fuera: concede licencias sobre el lecho marino internacional en virtud de su propia legislación nacional, eludiendo por completo a la ISA, y sigue explorando las profundidades como potencia submarina dominante. La convergencia entre la apropiación por parte de China y la retirada de EE.UU. podría estar poniendo fin a una época de optimismo respecto a las instituciones multilaterales y el derecho internacional del mar.
Existe una Autoridad Internacional para repartir permisos de exploración y explotación de los lechos marinos, aunque EE.UU. se ha desmarcado y actúa por libre y China la moldea desde dentro a su favor
Las Naciones Unidas establecieron que los fondos marinos estaban fuera de la jurisdicción nacional en tanto que “patrimonio común de la humanidad” y declararon en torno a un 70% del lecho marino como los bienes comunales más ambiciosos de la historia del derecho internacional. “La Zona” debía administrarse en forma de fideicomiso para todos los estados por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos). La carrera de las grandes potencias por explotar minerales críticos en los fondos marinos y buscar ventajas estratégicas en el ámbito submarino está ahora desintegrando desde dos frentes ese régimen aún incipiente de bienes comunales. China lo está vaciando desde dentro: moldeando el proceso normativo de la ISA para dejar de lado la precaución y establecer un régimen de extracción permisivo, y utilizando la ciencia marina como tapadera para actividades estratégicas de doble uso. EE.UU. lo está socavando desde fuera: concede licencias sobre el lecho marino internacional en virtud de su propia legislación nacional, eludiendo por completo a la ISA, y sigue explorando las profundidades como potencia submarina dominante. La convergencia entre la apropiación por parte de China y la retirada de EE.UU. podría estar poniendo fin a una época de optimismo respecto a las instituciones multilaterales y el derecho internacional del mar.
El 28 de mayo de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE.UU. (NOAA) certificó una ambiciosa solicitud presentada por una empresa canadiense, The Metals Company (TMC), para explorar una zona del océano Pacífico situada mucho más allá de la jurisdicción estadounidense y dentro de un área ya adjudicada a otros estados por la ISA. Tras haber aprobado ya la anterior solicitud de la compañía que podría dar lugar a una licencia minera efectiva en un futuro próximo, Washington está tomando ahora medidas rápidas que orillan el derecho internacional y señalan un nuevo enfoque radical respecto a las normas multilaterales.
Los bienes comunales oceánicos cuentan con una Constitución, pero carecen de normas de aplicación, lo que invita a China y a EE.UU. a desarrollar estrategias ventajistas
Este alejamiento del derecho marítimo internacional se ha acelerado durante la segunda presidencia de Trump. Además, otro desafío al frágil orden de las profundidades marinas se vislumbra desde un eje de ataque totalmente diferente. China está moviendo sus fichas en gran medida dentro del marco legal, una posición irónica para el país que suele describirse como la potencia revisionista más hostil al orden vigente. Beijing ha criticado la actitud estadounidense de desprecio ante la ley y se presenta como defensor del derecho internacional, aun cuando lo socava desde dentro de las principales instituciones multilaterales.
Al tiempo que EE.UU. y China extienden su competencia estratégica a largo plazo al ámbito de las aguas profundas, ninguna de esas dos grandes potencias muestra voluntad alguna de respetar las normas multilaterales en la práctica.
Los bienes comunales más ambiciosos jamás concebidos
“La Zona” designada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar III (Unclos III) abarca aproximadamente la mitad de la superficie del planeta y comprende alrededor de un 70% del lecho marino que se encuentra más allá de un régimen ya de por sí amplio de jurisdicción nacional sobre la plataforma continental. En virtud de la parte XI de dicho tratado, que cuenta con 172 estados firmantes, la Zona es el “patrimonio común de la humanidad”: ningún Estado puede apropiarse de ella, y sus beneficios deben compartirse de manera equitativa.
La ISA (establecida en 1994 mediante un acuerdo de aplicación diseñado para abordar las preocupaciones de Washington sobre la ratificación) es el fideicomisario designado encargado de desarrollar normas y reglamentos, conceder licencias para actividades de exploración y explotación, así como garantizar la equidad en los ingresos de cualquier actividad de minería en aguas profundas (MAP).
Ese régimen de bienes comunales se concibió como alternativa deliberada a la norma de res nullius heredada de una época anterior. Es decir, se diseñó para preservar los vastos recursos de los bienes comunales de la dinámica de “el primero en llegar es el primero en servirse” que tradicionalmente había regido las regiones fronterizas tanto en tierra como en el mar. La mera existencia del tratado Unclos III suele considerarse como una victoria del mundo en desarrollo de la década de 1970 frente a las potencias marítimas que, de otro modo, habrían reclamado vastas extensiones de espacio y recursos marítimos.
Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna actividad comercial de MAP, aunque ya se ha demostrado su viabilidad técnica en proyectos piloto a pequeña escala. Debido en gran parte al principio de precaución defendido por muchos Estados, y al dominio institucional de China en la ISA, dicho organismo aún no ha adoptado ningún código de minería que regule la explotación (en contraposición a la exploración). Sin embargo, la demanda mundial de níquel, cobalto, manganeso y zinc (minerales cuya abundancia ha quedado patente en el lecho marino) está aumentando a medida que despegan los vehículos eléctricos y otras nuevas tecnologías energéticas dependientes de baterías. No existe ningún régimen jurídico que controle o limite a los agentes ambiciosos en esa zona fronteriza que podría convertirse en espacio compartido solo de forma nominal.
En efecto, los bienes comunales oceánicos cuentan con una Constitución, pero carecen de normas de aplicación. Ese vacío invita a las estrategias china y estadounidense (captura y salida, respectivamente) para obtener una ventaja en materia de minerales críticos, la elaboración de normas y estándares internacionales y la competencia estratégica entre grandes potencias. Las presiones procedentes de ambos lados del régimen están fracturando el orden multilateral de los bienes comunales marítimos, lo que supone un desafío para el resto del mundo a la hora de establecer un sistema multilateral viable que regule el uso del lecho marino internacional.
El lecho marino de Procusto: China adapta las normas a sus intereses
Como única gran potencia que es parte del tratado Unclos III y miembro de la ISA, China no ha desafiado abiertamente el régimen de los bienes comunales de las profundidades marinas. Ahora bien, Beijing va diciendo cosas agradables mientras se apodera silenciosamente desde dentro del régimen emergente. Utiliza la influencia diplomática y aprovecha la capacidad financiera e industrial para promover un conjunto de normas que favorezcan sus ya avanzados planes industriales de MAP y crear una fachada legítima para una serie de actividades estratégicas tanto por encima como por debajo del agua.
Las entidades chinas poseen cinco de los 31 contratos de exploración totales emitidos por la ISA, más que cualquier país. Con su escala ya dominante en los sectores de la minería y el procesamiento, China está llamada a ser el agente más importante en cualquier MAP futura. También va a la cabeza en cuanto a preparativos gracias a la solidez de sus extensas prospecciones en esos (y otros) bloques contractuales en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. Las entidades chinas son, sobre el papel, una mezcla de agentes estatales y privados, pero en la práctica cada uno de ellos forma parte de un sistema industrial estatal integrado que cuenta con investigación universitaria, fabricación de equipos industriales y construcción naval, así como apoyo diplomático de alto nivel para la MAP. El hallazgo de enormes reservas de minerales críticos que no requieran negociar con países extranjeros constituye la mejor oportunidad de China para dominar el nuevo sector energético en el siglo XXI.
Hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna actividad comercial de minería en aguas profundas, pero ya se ha demostrado su viabilidad técnica en proyectos piloto a pequeña escala
China es el principal financiador de la ISA, dota de personal y dirige sus diversos órganos legislativos y técnicos según cuotas desproporcionadas y forma a delegados del mundo en desarrollo en su “base nacional de aguas profundas” construida expresamente en Qingdao, probablemente el lugar donde se está llevando a cabo el desarrollo más avanzado hacia una industria comercial de MAP. En las asambleas de la ISA celebradas en el 2023 y el 2024, Beijing bloqueó unilateralmente las iniciativas encaminadas a una pausa cautelar y presionó para que se ultimara un código permisivo “lo antes posible”. El impulso generalizado para hacer una pausa o adoptar medidas precautorias refleja el consenso entre los científicos marinos y medioambientales de que los procesos de MAP generan consecuencias altamente inciertas para el medio marino y distan todavía mucho de cumplir los requisitos desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Al no estar limitados por intereses medioambientales nacionales, los diplomáticos chinos suelen recurrir a la retórica del “patrimonio común de la humanidad”, al tiempo que presionan entre bastidores a favor de un régimen de “por orden de llegada” que aproveche sus ventajas de escala; y todo ello a expensas de los estados en desarrollo a los que la doctrina del patrimonio común pretendía proteger. Cuando suene el silbato, China será la primera en salir corriendo.
Mientras tanto, el país está avanzando en varios objetivos estratégicos al tiempo que lo hace en sus ambiciones comerciales. Los estudios comerciales y la investigación científica marina sobre el lecho marino y el espacio acuático funcionan como herramientas estratégicas de doble uso: el estudio del lecho marino es también una prospección del ámbito submarino en la que se registran los contornos, la salinidad del agua, la temperatura y las corrientes, datos de suma importancia tanto para la minería como para la guerra submarina. Contrarrestar las ventajas estadounidenses en ese ámbito es una alta prioridad para el ejército chino, y una externalidad positiva de sus esfuerzos nominalmente civiles.
La flota científica marina china es, con diferencia, la más grande y activa del mundo. En la actualidad, unas 60 sofisticadas naves de alta mar surcan diversas aguas estratégicamente sensibles: cerca de Taiwán, Guam, Hawái, el mar de Bering y en todo el Pacífico sur y el océano Índico occidental. Complementada por los buques de prospección comerciales que exploran bloques contratados, la conciencia situacional china en aguas profundas es omnipresente y crece a toda prisa. No solo ofrece a dicho país una ventaja en cualquier exploración comercial que pueda resultar viable, sino que le proporciona una conveniente proximidad a los cables submarinos que transportan datos, electricidad y energía, así como los datos más completos y actualizados en zonas donde podría producirse una guerra antisubmarina con sus rivales estratégicos.
Mientras los diplomáticos chinos retrasan el proceso de elaboración de normas, los buques de investigación chinos van ganando terreno.
Salida desde fuera: el giro unilateralista de EE.UU.
La no ratificación de la Unclos por parte de EE.UU. ha dejado a ese país como simple observador en la ISA, lo que ha abierto la puerta a los constantes esfuerzos de China por moldear el sistema de las Naciones Unidas desde dentro.
La precipitada incursión del Gobierno de Trump en los minerales críticos de las profundidades marinas está acelerando ese daño. Al firmar la orden ejecutiva 14285, Desbloqueo de minerales y recursos críticos en aguas de EE.UU., en abril del 2025, Trump ordenó a la NOAA que comenzara a conceder licencias para la minería del lecho marino en virtud de la ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos Profundos (Dshmra) de 1980, aplicando un marco jurídico nacional hasta entonces no utilizado para eludir explícitamente a la ISA y al sistema de la Unclos basado en el principio del “patrimonio común”.
Su socio en dicha iniciativa es TMC, una empresa que ha presionado agresivamente para que la ISA finalice el código de explotación. Frustrada por la lentitud de las negociaciones multilaterales, TMC presionó directamente a la Casa Blanca y volvió a presentar su bloque contractual de la ISA como dos solicitudes estadounidenses ante la NOAA en virtud de la Dshmra. Vale la pena distinguirlas con precisión, ya que su forma y posición ilustran la naturaleza corrosiva de la nueva política en curso.
La estrategia de China consiste en apropiarse del proceso de la ISA, diluir su eficacia institucional desde dentro e inundar la Zona con una capacidad superior para explorar y explotar
“USA-A” es una solicitud consolidada: una licencia de exploración y un permiso de recuperación comercial al mismo tiempo. Abarca más de 65.000 kilómetros cuadrados, con un núcleo comercial que parece solaparse con el área del contrato con la ISA de TMC en la zona Clarion-Clipperton (CCZ) patrocinada por Nauru (su núcleo de recuperación de unos 25.000 kilómetros cuadrados coincide con el tan estudiado bloque NORI-D). Se trata de una estrategia de “minar ahora, litigar después”, reconocible en otras medidas ejecutivas unilaterales recientes en EE.UU. La NOAA determinó el 28 de abril del 2026 que la solicitud cumplía con los requisitos, y TMC tiene como objetivo obtener un permiso efectivo antes de que finalice el primer trimestre del 2027.
“USA-B” es una solicitud de licencia de exploración exclusiva que abarca unos 122.000 kilómetros cuadrados y unos 1.020 millones de toneladas de nódulos polimetálicos, el tipo de recurso mineral de aguas profundas con mayor potencial comercial. Sin embargo, este yacimiento de níquel y cobalto, potencialmente extenso, también parece solaparse con el área TOML de TMC patrocinada por Tonga; además, es mucho más grande que cualquier contrato individual de la ISA, ya que se extiende a través de fondos marinos adicionales de la CCZ adjudicados a otros estados con licencia, y necesariamente más allá de los títulos internacionales existentes de TMC. USA-B es la iniciativa más reciente, aprobada el 28 de mayo, y no indica ninguna actividad minera inminente. Sin embargo, reclama un dominio muy extenso sobre las zonas reguladas por la ISA, haciendo caso omiso del hecho de que otros estados han seguido las normas. El efecto corrosivo sobre el régimen es evidente, incluso si nunca conduce a ninguna explotación minera comercial.
La decisión del Gobierno de Trump de autorizar la actividad en “la Zona” en lugar de hacerlo en la enorme zona económica exclusiva (ZEE) de EE.UU. es importante. Si Washington solo hubiera aplicado la legislación nacional a las zonas que se encuentran claramente bajo su jurisdicción, habría evitado cualquier desafío directo a la Unclos y la ISA. Sin embargo, la CCZ es la región nodular más rica y más estudiada de la Tierra; las aguas estadounidenses ofrecen sobre todo costras de cobalto adheridas a montes submarinos (Hawái, el atolón Johnston y otras formaciones remotas del Pacífico). Es probable que estas sean más difíciles de explotar y apenas hayan sido exploradas por los intereses de la MAP. La ambición es clara: quedarse con los recursos, dejar de lado las normas.
La Dshmra es, por su propia concepción, una ley que elude la jurisdicción de la Unclos. La ley de 1980 se concibió como un régimen provisional para la explotación minera del lecho marino más allá de la jurisdicción nacional. La autoridad de concesión de licencias de la NOAA se extiende a la zona de alta mar, no a la ZEE (que es competencia del Departamento del Interior). Mientras que el gobierno de Reagan concibió la Dshmra como una medida provisional destinada a proteger los intereses estadounidenses hasta el establecimiento de normas internacionales, el decreto ejecutivo 14285 de Trump pretende eludir por completo ese proceso de elaboración de normas.
China y la UE han denunciado la medida como una infracción de la Unclos. La indignación europea ante las transgresiones estadounidenses del derecho internacional no es nada nuevo, pero resulta notable que Beijing se erija ahora en defensor del régimen que se ha pasado una década eludiendo en los mares de China Meridional y Oriental. El modo en que EE.UU. proceda o no a la extracción minera efectiva, así como la respuesta de China (ya sea una postura diplomática o una competencia comercial a gran escala), tendrá consecuencias significativas para el futuro desarrollo del derecho marítimo y el orden internacional en general.
El fin del espacio compartido y la posición de Europa
Dos caminos distintos se alejan ahora del acuerdo alcanzado en la Unclos III en 1982 para crear unos bienes comunales en las profundidades marinas. La estrategia de China consiste en apropiarse del proceso de la ISA, diluir su eficacia institucional desde dentro e inundar la Zona con una capacidad superior para explorar y explotar (ya sea bajo los auspicios de la ciencia marina o de la prospección comercial). Su demanda de minerales críticos y otros recursos potenciales en las profundidades marinas es insaciable, y su historial de cumplimiento de los compromisos jurídicos internacionales es bastante deficiente. La vía estadounidense tiende hacia la salida; las acciones más recientes no son más que un insulto añadido a la antigua ofensa de mantenerse al margen del sistema del tratado de la Unclos.
La desafortunada realidad es que ambas vías conducen al mismo resultado: una tragedia de los bienes comunales oceánicos. A falta de un acuerdo multilateral para gestionar el medio ambiente y compartir la riqueza de los fondos marinos internacionales, estamos asistiendo a una carrera hacia las profundidades. Cada licencia unilateral de EE.UU. debilita la reivindicación de exclusividad de la ISA; cada maniobra china dentro de la ISA debilita su reivindicación de neutralidad. El “patrimonio común de la humanidad” se enfrenta a un peligro procedente de ambos extremos del espectro institucional.
Europa es el bastión residual de los bienes comunales (junto con unos pocos incondicionales en América Latina y el Pacífico). Francia aboga por una prohibición total; Portugal ha impuesto una moratoria estricta hasta el 2050; España, Alemania y la mayoría de los estados miembros de la UE presionan para que se aplique una pausa cautelar.
Sin embargo, Europa tiene pocas cartas en la mano: escasa solidaridad diplomática, un puñado de contratos con la ISA, capacidad comercial limitada para la explotación minera y ningún derecho de veto sobre Washington o Beijing. La verdadera incógnita es si un patrimonio común basado en normas puede sobrevivir cuando sus defensores más acérrimos son sus agentes más débiles. La idea de un patrimonio común en los fondos marinos internacionales fue quizás el último gran experimento multilateral para forjar un espacio genuinamente compartido. La época actual de decadencia de la gobernanza global pondrá a prueba si ese experimento sobrevive a la carrera por lo que yace bajo la superficie.
Isaac Kardon es investigador principal en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional
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