El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) logró salir ayer del punto muerto en el que se encontraba inmerso y aprobó la renovación anual de sus comisiones con 12 votos a favor y 9 en contra. Pese a que el acuerdo supone un hito histórico en materia de paridad, lo cierto es que ha dinamitado los puentes entre las distintas sensibilidades del Consejo y ha evidenciado una fractura total entre los bloques progresista y conservador, algo que ya se puso de manifiesto hace unos días con la negativa del primero de estos grupos a apoyar una declaración institucional de apoyo a la juez Biedma.El desenlace del acuerdo de ayer fue posible gracias a una «tercera vía» impulsada por el vocal Carlos Hugo Preciado , miembro del grupo progresista pero quien no vota con los otros nueve en bloque, como se ha evidenciado en otras ocasiones. Su lista logró recabar el apoyo de los vocales conservadores —que de hecho retiraron la propuesta de José Antonio Montero para sumar sus votos a la de Preciado— y de la presidenta de la institución, Isabel Perelló. Por el contrario, la alternativa defendida por el bloque progresista, encabezada por José María Fernández Seijo, naufragó al quedarse con tan solo 9 apoyos.Paridad históricaA nivel institucional, el nuevo reparto reorganiza 39 órganos y estructuras del Consejo. Por primera vez en la historia de la institución, la Comisión Permanente —el máximo órgano de poder diario del CGPJ— tendrá una composición estrictamente paritaria: cuatro mujeres y cuatro hombres (incluyendo el voto de calidad de la presidenta Perelló).Además, la propuesta ganadora otorga un fuerte protagonismo femenino en los puestos de dirección, situando a mujeres al frente de seis de las diez comisiones renovadas, entre ellas Asuntos Económicos, Igualdad, Estudios e Informes, Escuela Judicial y Relaciones Internacionales.Indignación en el bloque progresistaEl pacto ha desatado una tormenta en el seno del grupo de los nueve vocales progresistas, que han emitido un duro comunicado en el que acusan directamente a Preciado de haber «entregado» la institución a la derecha y de consumar la «ruptura de la cogobernanza» pactada en 2024.Para este grupo el nuevo organigrama esconde una grave desproporción, porque bajo la coartada de la paridad, dicen, el bloque conservador «acapara 10 de las 13 presidencias» de comisiones y la totalidad de las representaciones unipersonales, dejando a los progresistas con solo dos direcciones y una para el propio Preciado. «No se trata de reclamar comisiones, sino de que el Consejo se reparta con proporción y con respeto de las rotaciones que sustentan la cogobernanza», reza el escrito.Los vocales progresistas también han alzado la voz para rechazar el uso del argumento feminista por parte de Preciado: « No somos títeres al servicio de sus intereses, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo». Además, han lanzado una seria advertencia de cara al futuro: esta «imposición» compromete la confianza necesaria para acordar los trascendentales nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.Desde el otro lado, la lectura es radicalmente opuesta. Los defensores de la lista ganadora, apoyados en fuentes del sector conservador, lamentan profundamente las descalificaciones personales dirigidas contra Carlos Hugo Preciado y reivindican su «independencia de criterio».Para el bloque conservador, la indignación de los nueve vocales progresistas no responde a una verdadera preocupación por la paridad o el pluralismo, sino a intereses personalistas. Según estas fuentes, el verdadero escollo que impidió un acuerdo unánime fue la exigencia progresista de incorporar a toda costa a José María Fernández Seijo y a Ricardo Bodas a la Comisión Permanente, anteponiendo estos nombres al entendimiento institucional.El entorno de Preciado defiende además que su «tercera vía» salva al poder judicial de las trabas de la política de bloques y critica duramente la propuesta alternativa de Seijo. Según sostienen, el plan de los nueve progresistas era mucho menos igualitario: reducía las presidencias femeninas a solo dos, rebajaba la cuota de mujeres en la Comisión Permanente al 37,5% y concentraba el poder en unas pocas manos, reflejando «peor la pluralidad del bloque progresista».El Supremo en el horizonteEn medio de este fuego cruzado, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, se enfrenta a un panorama de profunda división. Pese a haber logrado desatascar la renovación de las comisiones tras el pleno fallido del pasado 14 de octubre, Perelló ha vuelto a exhortar a los vocales a que abandonen las las luchas internas. Sobre la mesa del Pleno aguarda una tarea urgente: la de los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo, algunos tan clave como los de la Sala Penal o la presidencia de la Sala Tercera, la que ha suspendido el censo de la ‘ley de nietos’. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) logró salir ayer del punto muerto en el que se encontraba inmerso y aprobó la renovación anual de sus comisiones con 12 votos a favor y 9 en contra. Pese a que el acuerdo supone un hito histórico en materia de paridad, lo cierto es que ha dinamitado los puentes entre las distintas sensibilidades del Consejo y ha evidenciado una fractura total entre los bloques progresista y conservador, algo que ya se puso de manifiesto hace unos días con la negativa del primero de estos grupos a apoyar una declaración institucional de apoyo a la juez Biedma.El desenlace del acuerdo de ayer fue posible gracias a una «tercera vía» impulsada por el vocal Carlos Hugo Preciado , miembro del grupo progresista pero quien no vota con los otros nueve en bloque, como se ha evidenciado en otras ocasiones. Su lista logró recabar el apoyo de los vocales conservadores —que de hecho retiraron la propuesta de José Antonio Montero para sumar sus votos a la de Preciado— y de la presidenta de la institución, Isabel Perelló. Por el contrario, la alternativa defendida por el bloque progresista, encabezada por José María Fernández Seijo, naufragó al quedarse con tan solo 9 apoyos.Paridad históricaA nivel institucional, el nuevo reparto reorganiza 39 órganos y estructuras del Consejo. Por primera vez en la historia de la institución, la Comisión Permanente —el máximo órgano de poder diario del CGPJ— tendrá una composición estrictamente paritaria: cuatro mujeres y cuatro hombres (incluyendo el voto de calidad de la presidenta Perelló).Además, la propuesta ganadora otorga un fuerte protagonismo femenino en los puestos de dirección, situando a mujeres al frente de seis de las diez comisiones renovadas, entre ellas Asuntos Económicos, Igualdad, Estudios e Informes, Escuela Judicial y Relaciones Internacionales.Indignación en el bloque progresistaEl pacto ha desatado una tormenta en el seno del grupo de los nueve vocales progresistas, que han emitido un duro comunicado en el que acusan directamente a Preciado de haber «entregado» la institución a la derecha y de consumar la «ruptura de la cogobernanza» pactada en 2024.Para este grupo el nuevo organigrama esconde una grave desproporción, porque bajo la coartada de la paridad, dicen, el bloque conservador «acapara 10 de las 13 presidencias» de comisiones y la totalidad de las representaciones unipersonales, dejando a los progresistas con solo dos direcciones y una para el propio Preciado. «No se trata de reclamar comisiones, sino de que el Consejo se reparta con proporción y con respeto de las rotaciones que sustentan la cogobernanza», reza el escrito.Los vocales progresistas también han alzado la voz para rechazar el uso del argumento feminista por parte de Preciado: « No somos títeres al servicio de sus intereses, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo». Además, han lanzado una seria advertencia de cara al futuro: esta «imposición» compromete la confianza necesaria para acordar los trascendentales nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.Desde el otro lado, la lectura es radicalmente opuesta. Los defensores de la lista ganadora, apoyados en fuentes del sector conservador, lamentan profundamente las descalificaciones personales dirigidas contra Carlos Hugo Preciado y reivindican su «independencia de criterio».Para el bloque conservador, la indignación de los nueve vocales progresistas no responde a una verdadera preocupación por la paridad o el pluralismo, sino a intereses personalistas. Según estas fuentes, el verdadero escollo que impidió un acuerdo unánime fue la exigencia progresista de incorporar a toda costa a José María Fernández Seijo y a Ricardo Bodas a la Comisión Permanente, anteponiendo estos nombres al entendimiento institucional.El entorno de Preciado defiende además que su «tercera vía» salva al poder judicial de las trabas de la política de bloques y critica duramente la propuesta alternativa de Seijo. Según sostienen, el plan de los nueve progresistas era mucho menos igualitario: reducía las presidencias femeninas a solo dos, rebajaba la cuota de mujeres en la Comisión Permanente al 37,5% y concentraba el poder en unas pocas manos, reflejando «peor la pluralidad del bloque progresista».El Supremo en el horizonteEn medio de este fuego cruzado, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, se enfrenta a un panorama de profunda división. Pese a haber logrado desatascar la renovación de las comisiones tras el pleno fallido del pasado 14 de octubre, Perelló ha vuelto a exhortar a los vocales a que abandonen las las luchas internas. Sobre la mesa del Pleno aguarda una tarea urgente: la de los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo, algunos tan clave como los de la Sala Penal o la presidencia de la Sala Tercera, la que ha suspendido el censo de la ‘ley de nietos’.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) logró salir ayer del punto muerto en el que se encontraba inmerso y aprobó la renovación anual de sus comisiones con 12 votos a favor y 9 en contra. Pese a que el acuerdo supone un hito histórico … en materia de paridad, lo cierto es que ha dinamitado los puentes entre las distintas sensibilidades del Consejo y ha evidenciado una fractura total entre los bloques progresista y conservador, algo que ya se puso de manifiesto hace unos días con la negativa del primero de estos grupos a apoyar una declaración institucional de apoyo a la juez Biedma.
El desenlace del acuerdo de ayer fue posible gracias a una «tercera vía» impulsada por el vocal Carlos Hugo Preciado, miembro del grupo progresista pero quien no vota con los otros nueve en bloque, como se ha evidenciado en otras ocasiones. Su lista logró recabar el apoyo de los vocales conservadores —que de hecho retiraron la propuesta de José Antonio Montero para sumar sus votos a la de Preciado— y de la presidenta de la institución, Isabel Perelló. Por el contrario, la alternativa defendida por el bloque progresista, encabezada por José María Fernández Seijo, naufragó al quedarse con tan solo 9 apoyos.
Paridad histórica
A nivel institucional, el nuevo reparto reorganiza 39 órganos y estructuras del Consejo. Por primera vez en la historia de la institución, la Comisión Permanente —el máximo órgano de poder diario del CGPJ— tendrá una composición estrictamente paritaria: cuatro mujeres y cuatro hombres (incluyendo el voto de calidad de la presidenta Perelló).
Además, la propuesta ganadora otorga un fuerte protagonismo femenino en los puestos de dirección, situando a mujeres al frente de seis de las diez comisiones renovadas, entre ellas Asuntos Económicos, Igualdad, Estudios e Informes, Escuela Judicial y Relaciones Internacionales.
Indignación en el bloque progresista
El pacto ha desatado una tormenta en el seno del grupo de los nueve vocales progresistas, que han emitido un duro comunicado en el que acusan directamente a Preciado de haber «entregado» la institución a la derecha y de consumar la «ruptura de la cogobernanza» pactada en 2024.
Para este grupo el nuevo organigrama esconde una grave desproporción, porque bajo la coartada de la paridad, dicen, el bloque conservador «acapara 10 de las 13 presidencias» de comisiones y la totalidad de las representaciones unipersonales, dejando a los progresistas con solo dos direcciones y una para el propio Preciado. «No se trata de reclamar comisiones, sino de que el Consejo se reparta con proporción y con respeto de las rotaciones que sustentan la cogobernanza», reza el escrito.
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Los vocales progresistas también han alzado la voz para rechazar el uso del argumento feminista por parte de Preciado: «No somos títeres al servicio de sus intereses, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo». Además, han lanzado una seria advertencia de cara al futuro: esta «imposición» compromete la confianza necesaria para acordar los trascendentales nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.
Desde el otro lado, la lectura es radicalmente opuesta. Los defensores de la lista ganadora, apoyados en fuentes del sector conservador, lamentan profundamente las descalificaciones personales dirigidas contra Carlos Hugo Preciado y reivindican su «independencia de criterio».
Para el bloque conservador, la indignación de los nueve vocales progresistas no responde a una verdadera preocupación por la paridad o el pluralismo, sino a intereses personalistas. Según estas fuentes, el verdadero escollo que impidió un acuerdo unánime fue la exigencia progresista de incorporar a toda costa a José María Fernández Seijo y a Ricardo Bodas a la Comisión Permanente, anteponiendo estos nombres al entendimiento institucional.
El entorno de Preciado defiende además que su «tercera vía» salva al poder judicial de las trabas de la política de bloques y critica duramente la propuesta alternativa de Seijo. Según sostienen, el plan de los nueve progresistas era mucho menos igualitario: reducía las presidencias femeninas a solo dos, rebajaba la cuota de mujeres en la Comisión Permanente al 37,5% y concentraba el poder en unas pocas manos, reflejando «peor la pluralidad del bloque progresista».
El Supremo en el horizonte
En medio de este fuego cruzado, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, se enfrenta a un panorama de profunda división. Pese a haber logrado desatascar la renovación de las comisiones tras el pleno fallido del pasado 14 de octubre, Perelló ha vuelto a exhortar a los vocales a que abandonen las las luchas internas. Sobre la mesa del Pleno aguarda una tarea urgente: la de los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo, algunos tan clave como los de la Sala Penal o la presidencia de la Sala Tercera, la que ha suspendido el censo de la ‘ley de nietos’.
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