Antes de las vacaciones, la Xunta dejó sobre la mesa su propuesta de actualización del Plan de Normalización Lingüística, un documento de casi 400 páginas lleno de medidas de todo tipo y ámbito. Cumplía así su compromiso de responder a la caída de hablantes -principalmente entre las generaciones más jóvenes- que estaba detectándose en los informes oficiales, especialmente el del IGE de octubre de 2024. Dos años y un largo proceso de trabajo después, el conselleiro José López Campos puso sobre la mesa un documento sobre el que construir un Pacto pola Lingua con agentes sociales, económicos, culturales y políticos.No lo tiene fácil en este último campo. Enfrente tiene una oposición que entiende que cualquier acuerdo con el PP en materia lingüística es una claudicación a sus posturas maximalistas. El nacionalismo -en sus diversas manifestaciones- lleva años arrogándose para sí la exclusiva competencia de la defensa del idioma. Todo lo que no sea pasar por su aro, aceptar sus exigencias, tragar con sus postulados, es estar al servicio de la ultraderecha española que quiere liquidar la identidad gallega y no se sabe cuántas cosas más. Con todo, el caballo de batalla del documento está en la educación, cómo no. El BNG solo concibe la derogación del decreto de plurilingüismo, no su retoque o flexibilización. Tan contundente ha sido desde su aprobación que ahora no tiene margen para aceptar matices. Si lo hiciera, su relato de los últimos años quedaría en entredicho. Ha utilizado como argumento recurrente que las matemáticas -en general las asignaturas de ciencias- están prohibidas en gallego. Si ahora se revierte la norma y son las materias de letras las que pasan a impartirse en castellano, también se quejará. Es como aquello de la gata Flora, ya saben el dicho popular.El modelo educativo del nacionalismo pasa por la práctica desaparición de la lengua castellana salvo en aquellas asignaturas donde es impepinable su uso. Inmersión en gallego sí o sí, un modelo de imposición de resultados más que dudosos, cuestionado incluso por la anterior presidenta del Consello da Cultura Galega . Y si todavía así no se salva la caída en el uso de hablantes, pues ya se buscarán las medidas coercitivas adecuadas para que la gente hable en el idioma adecuado. Nunca lo han ocultado, hay que reconocérselo, incluso en aquella época en que nos querían vender su viaje a la moderación.En este escenario, el acuerdo es muy, muy improbable. En realidad el BNG tampoco lo quiere, porque estar a la contra es más rentable políticamente. Si, además, el discurso que se intenta imponer es que este PPdeG de Alfonso Rueda está derechizado, españolizado y radicalizado, ¿cómo se puede pactar con él algo tan sensible y tan identitario como la política lingüística? Siguiendo la consigna nacionalista, ¿se puede estar a minuto y medio de Vox y, al mismo tiempo, favorecer el uso del gallego en las instituciones, los centros educativos y el sector empresarial? En la acera de enfrente está una Xunta que ha cuidado los equilibrios para esta actualización de la política lingüística. Sabe que el votante del PPdeG se mueve en un espectro ideológico muy amplio y heterogéneo, con diferentes perfiles entre lo urbano y lo rural. Parece haber encontrado en el nuevo documento una suerte de punto intermedio entre el respeto al castellano y la promulgación de medidas que incentiven -desde la libertad individual del ciudadano- a un mayor uso del gallego. No se entendería de otro modo. El equilibrio en la educación funciona como un blindaje ante la presión de Vox, acreditado además por las sucesivas mayorías absolutas que respaldan el actual modelo lingüístico. Las medidas, por su parte, muestran sensibilidad para una lengua que, incluso para quienes no la hablan habitualmente, forma parte de su identidad como gallegos. La duda está en las instituciones. ¿Va a validar la RAG este documento? ¿Y el Consello da Cultura Galega? ¿O van a ser, como acostumbran, rehenes de determinadas posiciones políticas? No descarten una solución de conveniencia, un «todo bien pero le falta», un querer congraciarse con todos al mismo tiempo. Para que cuando vayan a pedir a la Consellería no les digan que mañana va a llover, ni que en las manifas de A Mesa les piten los oídos o les tachen de traidores. El matrimonio Monteagudo-Iravedra se juega el tipo. MÁS INFORMACIÓN noticia Si La Xunta se abre a flexibilizar el gallego en la educación pero sin tocar el equilibrioEl Pacto pola Lingua es -lamentablemente- imposible. Por eso ni siquiera este PSOE necesitado de que alguien mire para él se deja tentar ante un eventual consenso. Imagínense como está la cosa. Antes de las vacaciones, la Xunta dejó sobre la mesa su propuesta de actualización del Plan de Normalización Lingüística, un documento de casi 400 páginas lleno de medidas de todo tipo y ámbito. Cumplía así su compromiso de responder a la caída de hablantes -principalmente entre las generaciones más jóvenes- que estaba detectándose en los informes oficiales, especialmente el del IGE de octubre de 2024. Dos años y un largo proceso de trabajo después, el conselleiro José López Campos puso sobre la mesa un documento sobre el que construir un Pacto pola Lingua con agentes sociales, económicos, culturales y políticos.No lo tiene fácil en este último campo. Enfrente tiene una oposición que entiende que cualquier acuerdo con el PP en materia lingüística es una claudicación a sus posturas maximalistas. El nacionalismo -en sus diversas manifestaciones- lleva años arrogándose para sí la exclusiva competencia de la defensa del idioma. Todo lo que no sea pasar por su aro, aceptar sus exigencias, tragar con sus postulados, es estar al servicio de la ultraderecha española que quiere liquidar la identidad gallega y no se sabe cuántas cosas más. Con todo, el caballo de batalla del documento está en la educación, cómo no. El BNG solo concibe la derogación del decreto de plurilingüismo, no su retoque o flexibilización. Tan contundente ha sido desde su aprobación que ahora no tiene margen para aceptar matices. Si lo hiciera, su relato de los últimos años quedaría en entredicho. Ha utilizado como argumento recurrente que las matemáticas -en general las asignaturas de ciencias- están prohibidas en gallego. Si ahora se revierte la norma y son las materias de letras las que pasan a impartirse en castellano, también se quejará. Es como aquello de la gata Flora, ya saben el dicho popular.El modelo educativo del nacionalismo pasa por la práctica desaparición de la lengua castellana salvo en aquellas asignaturas donde es impepinable su uso. Inmersión en gallego sí o sí, un modelo de imposición de resultados más que dudosos, cuestionado incluso por la anterior presidenta del Consello da Cultura Galega . Y si todavía así no se salva la caída en el uso de hablantes, pues ya se buscarán las medidas coercitivas adecuadas para que la gente hable en el idioma adecuado. Nunca lo han ocultado, hay que reconocérselo, incluso en aquella época en que nos querían vender su viaje a la moderación.En este escenario, el acuerdo es muy, muy improbable. En realidad el BNG tampoco lo quiere, porque estar a la contra es más rentable políticamente. Si, además, el discurso que se intenta imponer es que este PPdeG de Alfonso Rueda está derechizado, españolizado y radicalizado, ¿cómo se puede pactar con él algo tan sensible y tan identitario como la política lingüística? Siguiendo la consigna nacionalista, ¿se puede estar a minuto y medio de Vox y, al mismo tiempo, favorecer el uso del gallego en las instituciones, los centros educativos y el sector empresarial? En la acera de enfrente está una Xunta que ha cuidado los equilibrios para esta actualización de la política lingüística. Sabe que el votante del PPdeG se mueve en un espectro ideológico muy amplio y heterogéneo, con diferentes perfiles entre lo urbano y lo rural. Parece haber encontrado en el nuevo documento una suerte de punto intermedio entre el respeto al castellano y la promulgación de medidas que incentiven -desde la libertad individual del ciudadano- a un mayor uso del gallego. No se entendería de otro modo. El equilibrio en la educación funciona como un blindaje ante la presión de Vox, acreditado además por las sucesivas mayorías absolutas que respaldan el actual modelo lingüístico. Las medidas, por su parte, muestran sensibilidad para una lengua que, incluso para quienes no la hablan habitualmente, forma parte de su identidad como gallegos. La duda está en las instituciones. ¿Va a validar la RAG este documento? ¿Y el Consello da Cultura Galega? ¿O van a ser, como acostumbran, rehenes de determinadas posiciones políticas? No descarten una solución de conveniencia, un «todo bien pero le falta», un querer congraciarse con todos al mismo tiempo. Para que cuando vayan a pedir a la Consellería no les digan que mañana va a llover, ni que en las manifas de A Mesa les piten los oídos o les tachen de traidores. El matrimonio Monteagudo-Iravedra se juega el tipo. MÁS INFORMACIÓN noticia Si La Xunta se abre a flexibilizar el gallego en la educación pero sin tocar el equilibrioEl Pacto pola Lingua es -lamentablemente- imposible. Por eso ni siquiera este PSOE necesitado de que alguien mire para él se deja tentar ante un eventual consenso. Imagínense como está la cosa.
Antes de las vacaciones, la Xunta dejó sobre la mesa su propuesta de actualización del Plan de Normalización Lingüística, un documento de casi 400 páginas lleno de medidas de todo tipo y ámbito. Cumplía así su compromiso de responder a la caída de hablantes -principalmente … entre las generaciones más jóvenes- que estaba detectándose en los informes oficiales, especialmente el del IGE de octubre de 2024. Dos años y un largo proceso de trabajo después, el conselleiro José López Campos puso sobre la mesa un documento sobre el que construir un Pacto pola Lingua con agentes sociales, económicos, culturales y políticos.
No lo tiene fácil en este último campo. Enfrente tiene una oposición que entiende que cualquier acuerdo con el PP en materia lingüística es una claudicación a sus posturas maximalistas. El nacionalismo -en sus diversas manifestaciones- lleva años arrogándose para sí la exclusiva competencia de la defensa del idioma. Todo lo que no sea pasar por su aro, aceptar sus exigencias, tragar con sus postulados, es estar al servicio de la ultraderecha española que quiere liquidar la identidad gallega y no se sabe cuántas cosas más.
Con todo, el caballo de batalla del documento está en la educación, cómo no. El BNG solo concibe la derogación del decreto de plurilingüismo, no su retoque o flexibilización. Tan contundente ha sido desde su aprobación que ahora no tiene margen para aceptar matices. Si lo hiciera, su relato de los últimos años quedaría en entredicho. Ha utilizado como argumento recurrente que las matemáticas -en general las asignaturas de ciencias- están prohibidas en gallego. Si ahora se revierte la norma y son las materias de letras las que pasan a impartirse en castellano, también se quejará. Es como aquello de la gata Flora, ya saben el dicho popular.
El modelo educativo del nacionalismo pasa por la práctica desaparición de la lengua castellana salvo en aquellas asignaturas donde es impepinable su uso. Inmersión en gallego sí o sí, un modelo de imposición de resultados más que dudosos, cuestionado incluso por la anterior presidenta del Consello da Cultura Galega. Y si todavía así no se salva la caída en el uso de hablantes, pues ya se buscarán las medidas coercitivas adecuadas para que la gente hable en el idioma adecuado. Nunca lo han ocultado, hay que reconocérselo, incluso en aquella época en que nos querían vender su viaje a la moderación.
En este escenario, el acuerdo es muy, muy improbable. En realidad el BNG tampoco lo quiere, porque estar a la contra es más rentable políticamente. Si, además, el discurso que se intenta imponer es que este PPdeG de Alfonso Rueda está derechizado, españolizado y radicalizado, ¿cómo se puede pactar con él algo tan sensible y tan identitario como la política lingüística? Siguiendo la consigna nacionalista, ¿se puede estar a minuto y medio de Vox y, al mismo tiempo, favorecer el uso del gallego en las instituciones, los centros educativos y el sector empresarial?
En la acera de enfrente está una Xunta que ha cuidado los equilibrios para esta actualización de la política lingüística. Sabe que el votante del PPdeG se mueve en un espectro ideológico muy amplio y heterogéneo, con diferentes perfiles entre lo urbano y lo rural. Parece haber encontrado en el nuevo documento una suerte de punto intermedio entre el respeto al castellano y la promulgación de medidas que incentiven -desde la libertad individual del ciudadano- a un mayor uso del gallego. No se entendería de otro modo. El equilibrio en la educación funciona como un blindaje ante la presión de Vox, acreditado además por las sucesivas mayorías absolutas que respaldan el actual modelo lingüístico. Las medidas, por su parte, muestran sensibilidad para una lengua que, incluso para quienes no la hablan habitualmente, forma parte de su identidad como gallegos.
La duda está en las instituciones. ¿Va a validar la RAG este documento? ¿Y el Consello da Cultura Galega? ¿O van a ser, como acostumbran, rehenes de determinadas posiciones políticas? No descarten una solución de conveniencia, un «todo bien pero le falta», un querer congraciarse con todos al mismo tiempo. Para que cuando vayan a pedir a la Consellería no les digan que mañana va a llover, ni que en las manifas de A Mesa les piten los oídos o les tachen de traidores. El matrimonio Monteagudo-Iravedra se juega el tipo.
El Pacto pola Lingua es -lamentablemente- imposible. Por eso ni siquiera este PSOE necesitado de que alguien mire para él se deja tentar ante un eventual consenso. Imagínense como está la cosa.
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