En Tres Cantos, municipio creado en 1991, se sumaron 200 personas al censo electoral por la ley de nietos, que supuestamente deberían acreditar arraigo en el municipio entre 1936 y 1955. En el pequeño pueblo de Madarcos, hay más censo exterior que habitantes en el municipio. Y, en general, casi un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid, un total de 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40 por ciento del voto exterior. Con estos datos, la Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de este jueves la creación de una comisión de estudio sobre los efectos de la ley de nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid . Eso sí, el PSOE ha optado por dar otro portazo y ha anunciado que no participará en los trabajos de esa comisión. Así, este órgano se constituye con los votos a favor del PP y Vox, la abstención de Más Madrid y el rechazo del PSOE. El objetivo principal de esta iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, es conocer la incidencia en la evolución del censo electoral de la Comunidad de Madrid de las adquisiciones de nacionalidad española realizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como de la regularización masiva de inmigrantes.«Hoy no se vota la ley de Memoria Democrática ni la instrucción de 2022, no se vota quién es español ni quién deja de serlo. Lo que se vota es si esta Asamblea quiere saber lo que está pasando con el censo electoral de la Comunidad de Madrid», ha defendido el PP, que ha recordado que el pasado lunes el Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado y confirmó las medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la ley de nietos. El Grupo Popular ha sido rotundo al subrayar la falta de confianza que existe ante el Gobierno de Sánchez y un posible «pucherazo»: «De quien no nos fiamos, es de ustedes. Y por lo que parece, el Tribunal Supremo, tampoco». Desde Vox, Ana Velasco Vidal-Abarca ha señalado que los partidos de la izquierda quieren por todos los medios subvertir el orden de los españoles y cómo utilizan las instituciones para sus propios fines, o como levantan muros entre españoles. «No podemos confiar en ellos. Si lo hiciéramos seríamos unos ingenuos y unos irresponsables. Y por eso la comisión de estudio sobre la ley de nietos es necesaria». La diputada de Vox ha acusado directamente a la izquierda de estar preparando «un pucherazo». Desde el PSOE, Fernando Fernández Lara ha defendido el voto en contra de su grupo parlamentario y ha sostenido que la comisión no resuelve ninguno de los problemas que tienen los madrileños. Por eso, ha acusado al PP de querer convertir la Asamblea en un plató televisivo y cuestionar el «derecho a voto de miles de españoles». «Esta comisión no nace para buscar la verdad, sino para construir un relato político». Los socialistas han acusado al PP y Vox de alimentar el enfrentamiento y de llevar la controversia a un pilar de la democracia como es el derecho al sufragio. El PSOE ha confirmado que no participará en la comisión. En Más Madrid, Hugo Martínez Abarca cree que lo que se está produciendo es un «cuestionamiento democrático» por parte del PP y Vox. «No es una cuestión de Estado de Derecho ni gaitas, se está aplicando lo que dijo José María Aznar: ‘el que pueda hacer que haga’». «Están cuestionando todos los elementos del sistema electoral español porque están socavando la democracia en España», ha asegurado el diputado de Más Madrid. Sospechas con el censo exteriorLa Ley de Memoria Democrática permite que los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo puedan adquirir la nacionalidad española de origen. Sin embargo, la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, hace extensiva la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cualquier descendiente de español, independientemente del momento histórico en el que el familiar salió de España e independientemente de cuántas generaciones hayan trascurrido. Lo que ha dado lugar a un censo exterior que ha despertado las sospechas del PP y de Vox, y también las dudas del Supremo. La comisión de estudio en la Asamblea prestará especial atención al análisis del número de nacionalizaciones efectuadas a través de la ley de nietos, su posible incidencia en el censo electoral madrileño y la evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de esta norma.Asimismo, se estudiará la distribución de las inscripciones electorales por países de residencia, el impacto habitual del voto CERA en procesos electorales, la coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes, así como los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal. En Tres Cantos, municipio creado en 1991, se sumaron 200 personas al censo electoral por la ley de nietos, que supuestamente deberían acreditar arraigo en el municipio entre 1936 y 1955. En el pequeño pueblo de Madarcos, hay más censo exterior que habitantes en el municipio. Y, en general, casi un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid, un total de 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40 por ciento del voto exterior. Con estos datos, la Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de este jueves la creación de una comisión de estudio sobre los efectos de la ley de nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid . Eso sí, el PSOE ha optado por dar otro portazo y ha anunciado que no participará en los trabajos de esa comisión. Así, este órgano se constituye con los votos a favor del PP y Vox, la abstención de Más Madrid y el rechazo del PSOE. El objetivo principal de esta iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, es conocer la incidencia en la evolución del censo electoral de la Comunidad de Madrid de las adquisiciones de nacionalidad española realizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como de la regularización masiva de inmigrantes.«Hoy no se vota la ley de Memoria Democrática ni la instrucción de 2022, no se vota quién es español ni quién deja de serlo. Lo que se vota es si esta Asamblea quiere saber lo que está pasando con el censo electoral de la Comunidad de Madrid», ha defendido el PP, que ha recordado que el pasado lunes el Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado y confirmó las medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la ley de nietos. El Grupo Popular ha sido rotundo al subrayar la falta de confianza que existe ante el Gobierno de Sánchez y un posible «pucherazo»: «De quien no nos fiamos, es de ustedes. Y por lo que parece, el Tribunal Supremo, tampoco». Desde Vox, Ana Velasco Vidal-Abarca ha señalado que los partidos de la izquierda quieren por todos los medios subvertir el orden de los españoles y cómo utilizan las instituciones para sus propios fines, o como levantan muros entre españoles. «No podemos confiar en ellos. Si lo hiciéramos seríamos unos ingenuos y unos irresponsables. Y por eso la comisión de estudio sobre la ley de nietos es necesaria». La diputada de Vox ha acusado directamente a la izquierda de estar preparando «un pucherazo». Desde el PSOE, Fernando Fernández Lara ha defendido el voto en contra de su grupo parlamentario y ha sostenido que la comisión no resuelve ninguno de los problemas que tienen los madrileños. Por eso, ha acusado al PP de querer convertir la Asamblea en un plató televisivo y cuestionar el «derecho a voto de miles de españoles». «Esta comisión no nace para buscar la verdad, sino para construir un relato político». Los socialistas han acusado al PP y Vox de alimentar el enfrentamiento y de llevar la controversia a un pilar de la democracia como es el derecho al sufragio. El PSOE ha confirmado que no participará en la comisión. En Más Madrid, Hugo Martínez Abarca cree que lo que se está produciendo es un «cuestionamiento democrático» por parte del PP y Vox. «No es una cuestión de Estado de Derecho ni gaitas, se está aplicando lo que dijo José María Aznar: ‘el que pueda hacer que haga’». «Están cuestionando todos los elementos del sistema electoral español porque están socavando la democracia en España», ha asegurado el diputado de Más Madrid. Sospechas con el censo exteriorLa Ley de Memoria Democrática permite que los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo puedan adquirir la nacionalidad española de origen. Sin embargo, la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, hace extensiva la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cualquier descendiente de español, independientemente del momento histórico en el que el familiar salió de España e independientemente de cuántas generaciones hayan trascurrido. Lo que ha dado lugar a un censo exterior que ha despertado las sospechas del PP y de Vox, y también las dudas del Supremo. La comisión de estudio en la Asamblea prestará especial atención al análisis del número de nacionalizaciones efectuadas a través de la ley de nietos, su posible incidencia en el censo electoral madrileño y la evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de esta norma.Asimismo, se estudiará la distribución de las inscripciones electorales por países de residencia, el impacto habitual del voto CERA en procesos electorales, la coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes, así como los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.
En Tres Cantos, municipio creado en 1991, se sumaron 200 personas al censo electoral por la ley de nietos, que supuestamente deberían acreditar arraigo en el municipio entre 1936 y 1955. En el pequeño pueblo de Madarcos, hay más censo exterior que habitantes en el … municipio. Y, en general, casi un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid, un total de 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40 por ciento del voto exterior. Con estos datos, la Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de este jueves la creación de una comisión de estudio sobre los efectos de la ley de nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid. Eso sí, el PSOE ha optado por dar otro portazo y ha anunciado que no participará en los trabajos de esa comisión. Así, este órgano se constituye con los votos a favor del PP y Vox, la abstención de Más Madrid y el rechazo del PSOE.
El objetivo principal de esta iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, es conocer la incidencia en la evolución del censo electoral de la Comunidad de Madrid de las adquisiciones de nacionalidad española realizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como de la regularización masiva de inmigrantes.
«Hoy no se vota la ley de Memoria Democrática ni la instrucción de 2022, no se vota quién es español ni quién deja de serlo. Lo que se vota es si esta Asamblea quiere saber lo que está pasando con el censo electoral de la Comunidad de Madrid», ha defendido el PP, que ha recordado que el pasado lunes el Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado y confirmó las medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la ley de nietos.
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El Grupo Popular ha sido rotundo al subrayar la falta de confianza que existe ante el Gobierno de Sánchez y un posible «pucherazo»: «De quien no nos fiamos, es de ustedes. Y por lo que parece, el Tribunal Supremo, tampoco».
Desde Vox, Ana Velasco Vidal-Abarca ha señalado que los partidos de la izquierda quieren por todos los medios subvertir el orden de los españoles y cómo utilizan las instituciones para sus propios fines, o como levantan muros entre españoles. «No podemos confiar en ellos. Si lo hiciéramos seríamos unos ingenuos y unos irresponsables. Y por eso la comisión de estudio sobre la ley de nietos es necesaria». La diputada de Vox ha acusado directamente a la izquierda de estar preparando «un pucherazo».
Desde el PSOE, Fernando Fernández Lara ha defendido el voto en contra de su grupo parlamentario y ha sostenido que la comisión no resuelve ninguno de los problemas que tienen los madrileños. Por eso, ha acusado al PP de querer convertir la Asamblea en un plató televisivo y cuestionar el «derecho a voto de miles de españoles». «Esta comisión no nace para buscar la verdad, sino para construir un relato político». Los socialistas han acusado al PP y Vox de alimentar el enfrentamiento y de llevar la controversia a un pilar de la democracia como es el derecho al sufragio. El PSOE ha confirmado que no participará en la comisión.
En Más Madrid, Hugo Martínez Abarca cree que lo que se está produciendo es un «cuestionamiento democrático» por parte del PP y Vox. «No es una cuestión de Estado de Derecho ni gaitas, se está aplicando lo que dijo José María Aznar: ‘el que pueda hacer que haga’». «Están cuestionando todos los elementos del sistema electoral español porque están socavando la democracia en España», ha asegurado el diputado de Más Madrid.
Sospechas con el censo exterior
La Ley de Memoria Democrática permite que los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo puedan adquirir la nacionalidad española de origen. Sin embargo, la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, hace extensiva la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cualquier descendiente de español, independientemente del momento histórico en el que el familiar salió de España e independientemente de cuántas generaciones hayan trascurrido. Lo que ha dado lugar a un censo exterior que ha despertado las sospechas del PP y de Vox, y también las dudas del Supremo.
La comisión de estudio en la Asamblea prestará especial atención al análisis del número de nacionalizaciones efectuadas a través de la ley de nietos, su posible incidencia en el censo electoral madrileño y la evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de esta norma.
Asimismo, se estudiará la distribución de las inscripciones electorales por países de residencia, el impacto habitual del voto CERA en procesos electorales, la coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes, así como los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.
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