La Audiencia Provincial de Madrid obliga al juez Antonio Viejo, que investiga por delitos de corrupción a Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a permitir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revise sus datos de Hacienda y de la Seguridad Social, además de los de sus cuentas bancarias.En el marco de la causa en la que se aborda si González Amador pudo pagar un soborno o mordida de casi 500.000 euros a Fernando Javier Camino (director general de Quirón Prevención) por medio de la compra de la compañía Círculo de Belleza o Masterman SL de la esposa de este último, Gloria Carrasco, la Guardia Civil solicitó revisar tanto las cuentas como la información financiera y de la Seguridad Social de los tres. Entre 2020 y 2023, González Amador recibió ingresos en sus empresas por unos seis millones de euros derivados de contratos facturados a Quirón, entre ellos de provisión de material sanitario durante la pandemia. De ahí que los investigadores sospechen que la compra pudo esconder un soborno.Por «celeridad»El pasado 10 de junio, el magistrado instructor autorizó revisar las cuentas, pero no la información de la Seguridad Social y de Hacienda, a pesar de que la representación legal de González Amador, el 7 de julio, manifestó «no oponerse a que se proceda conforme impulsa el Ministerio Fiscal y que por ello se practiquen los requerimientos a la TGSS y a la AEAT y se ponga su resultado a disposición de la fuerza actuante a la mayor brevedad posible». Igual que la representación de Gloria Carrasco, que tampoco se opuso, alegando que «resulta de interés de dicha parte que pueda acreditarse la ausencia de relevancia penal de los hechos por los que está siendo investigada».La Fiscalía recurrió la decisión del juez y tanto Más Madrid como el PSOE que ejercen la acusación popular de la causa se sumaron a su escrito para que la investigación de la UCO se recabase por las tres vías y no solo de las entidades bancarias. Ahora, los magistrados de la Audencia de Madrid Eduardo Víctor Bermúdez, Agustín Morales y Juan José Escalonilla, en un auto dictado este martes y consultado por ABC, concluyen que la decisión del juez fue «con el fin de evitar en la manera de lo posible la injerencia en los datos personales de dichas personas físicas y jurídicas». «No obstante a lo anterior cabe indicar que de cara a la investigación llevada a cabo por la UCO resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas y que éstas, en las alegaciones vertidas respecto del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal han mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación», se puede leer en la resolución. De ahí que la Sección Tercera estima el recurso e la Fiscalia y obliga al juez a pedir a remitir a la UCO los mandamientos interesados por la unidad investigadora. La Audiencia Provincial de Madrid obliga al juez Antonio Viejo, que investiga por delitos de corrupción a Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a permitir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revise sus datos de Hacienda y de la Seguridad Social, además de los de sus cuentas bancarias.En el marco de la causa en la que se aborda si González Amador pudo pagar un soborno o mordida de casi 500.000 euros a Fernando Javier Camino (director general de Quirón Prevención) por medio de la compra de la compañía Círculo de Belleza o Masterman SL de la esposa de este último, Gloria Carrasco, la Guardia Civil solicitó revisar tanto las cuentas como la información financiera y de la Seguridad Social de los tres. Entre 2020 y 2023, González Amador recibió ingresos en sus empresas por unos seis millones de euros derivados de contratos facturados a Quirón, entre ellos de provisión de material sanitario durante la pandemia. De ahí que los investigadores sospechen que la compra pudo esconder un soborno.Por «celeridad»El pasado 10 de junio, el magistrado instructor autorizó revisar las cuentas, pero no la información de la Seguridad Social y de Hacienda, a pesar de que la representación legal de González Amador, el 7 de julio, manifestó «no oponerse a que se proceda conforme impulsa el Ministerio Fiscal y que por ello se practiquen los requerimientos a la TGSS y a la AEAT y se ponga su resultado a disposición de la fuerza actuante a la mayor brevedad posible». Igual que la representación de Gloria Carrasco, que tampoco se opuso, alegando que «resulta de interés de dicha parte que pueda acreditarse la ausencia de relevancia penal de los hechos por los que está siendo investigada».La Fiscalía recurrió la decisión del juez y tanto Más Madrid como el PSOE que ejercen la acusación popular de la causa se sumaron a su escrito para que la investigación de la UCO se recabase por las tres vías y no solo de las entidades bancarias. Ahora, los magistrados de la Audencia de Madrid Eduardo Víctor Bermúdez, Agustín Morales y Juan José Escalonilla, en un auto dictado este martes y consultado por ABC, concluyen que la decisión del juez fue «con el fin de evitar en la manera de lo posible la injerencia en los datos personales de dichas personas físicas y jurídicas». «No obstante a lo anterior cabe indicar que de cara a la investigación llevada a cabo por la UCO resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas y que éstas, en las alegaciones vertidas respecto del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal han mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación», se puede leer en la resolución. De ahí que la Sección Tercera estima el recurso e la Fiscalia y obliga al juez a pedir a remitir a la UCO los mandamientos interesados por la unidad investigadora.
La Audiencia Provincial de Madrid obliga al juez Antonio Viejo, que investiga por delitos de corrupción a Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a permitir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revise sus datos … de Hacienda y de la Seguridad Social, además de los de sus cuentas bancarias.
En el marco de la causa en la que se aborda si González Amador pudo pagar un soborno o mordida de casi 500.000 euros a Fernando Javier Camino (director general de Quirón Prevención) por medio de la compra de la compañía Círculo de Belleza o Masterman SL de la esposa de este último, Gloria Carrasco, la Guardia Civil solicitó revisar tanto las cuentas como la información financiera y de la Seguridad Social de los tres. Entre 2020 y 2023, González Amador recibió ingresos en sus empresas por unos seis millones de euros derivados de contratos facturados a Quirón, entre ellos de provisión de material sanitario durante la pandemia. De ahí que los investigadores sospechen que la compra pudo esconder un soborno.
Por «celeridad»
El pasado 10 de junio, el magistrado instructor autorizó revisar las cuentas, pero no la información de la Seguridad Social y de Hacienda, a pesar de que la representación legal de González Amador, el 7 de julio, manifestó «no oponerse a que se proceda conforme impulsa el Ministerio Fiscal y que por ello se practiquen los requerimientos a la TGSS y a la AEAT y se ponga su resultado a disposición de la fuerza actuante a la mayor brevedad posible». Igual que la representación de Gloria Carrasco, que tampoco se opuso, alegando que «resulta de interés de dicha parte que pueda acreditarse la ausencia de relevancia penal de los hechos por los que está siendo investigada».
La Fiscalía recurrió la decisión del juez y tanto Más Madrid como el PSOE que ejercen la acusación popular de la causa se sumaron a su escrito para que la investigación de la UCO se recabase por las tres vías y no solo de las entidades bancarias.
Ahora, los magistrados de la Audencia de Madrid Eduardo Víctor Bermúdez, Agustín Morales y Juan José Escalonilla, en un auto dictado este martes y consultado por ABC, concluyen que la decisión del juez fue «con el fin de evitar en la manera de lo posible la injerencia en los datos personales de dichas personas físicas y jurídicas». «No obstante a lo anterior cabe indicar que de cara a la investigación llevada a cabo por la UCO resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas y que éstas, en las alegaciones vertidas respecto del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal han mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación», se puede leer en la resolución. De ahí que la Sección Tercera estima el recurso e la Fiscalia y obliga al juez a pedir a remitir a la UCO los mandamientos interesados por la unidad investigadora.
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