El Gobierno no paralizará sus vacaciones para explicar en el Congreso de los Diputados la crisis migratoria que provocó la entrada en la Ciudad Autónoma de Ceuta de más de 70.000 inmigrantes y que dejó en torno a los cien muertos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 25 de agosto; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el día 27, y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, el día 28. El principal responsable de la gestión política de la crisis, Pedro Sánchez , presidente del Gobierno, evitará esclarecer su gestión ante la Cámara Baja tras la vuelta de las vacaciones.Mientras la situación de la ciudad autónoma no ha vuelto aún a la normalidad, según explicó Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ante el Rey y la Comisión Europea, el Ejecutivo elude aclarar las numerosas dudas que se mantienen sin responder alrededor de la avalancha de personas que logró entrar en el territorio español. Entre ellas, el nivel de conocimiento del Ministerio del Interior y de Defensa sobre la movilización de miles de personas a la frontera entre Marruecos y España. Esta cuestión ha causado la enésima disputa entre Marlaska y Robles , que se han lanzado la pelota durante la última semana acerca de la existencia o no de informes de Inteligencia alertando de la posible invasión a Ceuta.Según reconoció el propio titular de Interior el pasado lunes, no hubo ningún aviso ni informe ni comunicación por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre «nada parecido» a la entrada de miles de inmigrantes irregulares el pasado 31 de julio. Una afirmación que no sentó nada bien entre las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil que, según desveló ABC, creen que el ministro conocía el llamamiento desde Marruecos y decidió «escurrir el bulto». Las críticas no se produjeron solo desde fuera del Ejecutivo. Robles, de cuyo departamento depende orgánicamente el CNI, rehusó contestar a su compañero en el Consejo de Ministros, aunque prefirió defender y alabar a los agentes de los servicios de Inteligencia, tildando su trabajo de «excepcional» en todo momento. Moncloa ha decidido impedir que ambos ministros puedan incluso coincidir en la Cámara Baja, programando sus comparecencias con tres días de diferencia.La principal ausencia en esta serie de comparecencias extraordinarias es la del propio Sánchez. El presidente del Gobierno no responderá ante las preguntas de los parlamentarios hasta que el Congreso de los Diputados no retome su actividad con normalidad. Será hasta septiembre y, a no ser que claudique ante la oposición y convoque un pleno monográfico para analizar su gestión al frente de la avalancha de inmigrantes en Ceuta, se enfrentará tan solo a preguntas de los diputados en las sesiones de control. En cualquier caso, socios y oposición —además de la ciudadanía— deberán esperar más de un mes para que el líder del Ejecutivo, la persona encargada de liderar al Gobierno frente a la crisis, comparezca.Rego, también ausenteTampoco estará presente la cuota de los socios en el Gobierno. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que anunció el miércoles que también se descolgaría del nuevo Sumar en las próximas elecciones, no ha sido convocada por Moncloa para analizar el estado de los más de mil menores extranjeros que han logrado cruzar la frontera de Ceuta y se encuentran bajo la tutela del Estado. La única medida impulsada por este departamento ha sido la habilitación y apertura de dos centros escolares como lugar de atención para los niños llegados a la ciudad. La ministra no explicará ante las Cortes el plan para la distribución de los menores a la península. Una cuestión que ha generado fricción entre el PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan debido a su rechazo explícito en sus pactos a la acogida de nuevos jóvenes extranjeros. Al igual que Sánchez, Rego se salva de responder ante el Congreso y no tendrá que aclarar el proceso de reparto de los niños.Poco después del anuncio de las comparecencias de ministros del Gobierno para finales de agosto, el Partido Popular ha confirmado que el Senado los citará la próxima semana para que los responsables políticos «no prolonguen más su silencio y sus vacaciones en la playa». Según han defendido, harán uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para obligar a Marlaska, Robles, Albares y Bolaños a que justifiquen por qué sus ministerios «permitieron la entrada ilegal» de 72.000 personas. Los populares, al igual que el Gobierno, han evitado llamarle a declarar en esta Cámara y le han acusado de seguir «erosionando España».«Estas explicaciones deberían haberse producido desde el minuto uno, y no de manera obligada por el PP» El PP, sobre las comparecencias de SánchezDesde el Grupo Parlamentario Popular han avisado que los ministros deberán acudir al Senado porque el Gobierno «no elige ante quién rinde cuentas». El Ejecutivo, en búsqueda de atrasar lo máximo posible las explicaciones en las Cortes, afirma que comparecen en el Congreso porque es la «Cámara constitucionalmente prevalente». Según han defendido los populares, el artículo 66.2 de la Carta Magna atribuye a las Cortes Generales la responsabilidad de control al Gobierno. «Es una doctrina inventada esta semana», han afeado los de Alicia García, que consideran el Senado como una institución «natural» para debatir la cuestión ceutí ya que, según el artículo 69.1 de la Constitución, la Cámara Alta está encargada de la «representación territorial».«Estas explicaciones deberían haberse producido desde el minuto uno, y no de manera obligada por el PP, después de una crisis de seguridad, inmigración y humanitaria sin precedentes con 150 fallecidos», han declarado los populares, afirmando que se le debería «caer la cara de vergüenza» a Sánchez —a quien califican de comportarse como un «dios»— y sus ministros por «buscar excusas» para evitar el Senado.Los socios critican a MarruecosLos miembros del Ejecutivo tendrán la complicada misión de no culpar a Marruecos por la permisividad para que sus ciudadanos lograran cruzar la frontera con España hacia Ceuta. Hace una semana, un día después de la entrada masiva de inmigrantes en territorio español, Marlaska tildó de «egoísta» e «irresponsable» que los socios europeos mostraran preocupación por lo ocurrido en Ceuta. Afirmó, además, sentirse «muy satisfecho» con Marruecos por su colaboración: «No es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, es un socio absolutamente fiable», confesó. Sánchez, ese mismo día, también eludió apuntar al reino norteafricano como culpable, en parte, de la crisis.Tanto la oposición como los socios no tardaron en apuntar al reino alauí como responsable interesado de la avalancha de personas. En ERC, Oriol Junqueras señaló a Marruecos como actor interesado en la situación y exigió explicaciones sobre la eficacia de la barrera de las boyas en el espigón de El Tarajal; en el PNV admiten la «gravedad extraordinaria» de lo ocurrido y señalan el «evidente» papel del vecino africano; desde EH Bildu, a pesar del silencio de la formación, el diputado Jon Iñárritu mostró indignación por la avalancha «auspiciada y tolerada por un Estado ‘amigo’»; y Podemos cuestionó al Gobierno por continuar considerando a Marruecos como un «país aliado». Sumar, socios del Ejecutivo, se desmarcó de Sánchez y culpó al reino norteafricano por «utilizar a personas vulnerables como herramienta de presión política». En casi un mes, los socios del Gobierno, sin contar con el presidente, deberán tratar de convencer a los parlamentarios de su gestión al frente de la situación y de la falta de culpabilidad de Marruecos en la avalancha de inmigrantes desde su país. El Gobierno no paralizará sus vacaciones para explicar en el Congreso de los Diputados la crisis migratoria que provocó la entrada en la Ciudad Autónoma de Ceuta de más de 70.000 inmigrantes y que dejó en torno a los cien muertos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 25 de agosto; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el día 27, y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, el día 28. El principal responsable de la gestión política de la crisis, Pedro Sánchez , presidente del Gobierno, evitará esclarecer su gestión ante la Cámara Baja tras la vuelta de las vacaciones.Mientras la situación de la ciudad autónoma no ha vuelto aún a la normalidad, según explicó Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ante el Rey y la Comisión Europea, el Ejecutivo elude aclarar las numerosas dudas que se mantienen sin responder alrededor de la avalancha de personas que logró entrar en el territorio español. Entre ellas, el nivel de conocimiento del Ministerio del Interior y de Defensa sobre la movilización de miles de personas a la frontera entre Marruecos y España. Esta cuestión ha causado la enésima disputa entre Marlaska y Robles , que se han lanzado la pelota durante la última semana acerca de la existencia o no de informes de Inteligencia alertando de la posible invasión a Ceuta.Según reconoció el propio titular de Interior el pasado lunes, no hubo ningún aviso ni informe ni comunicación por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre «nada parecido» a la entrada de miles de inmigrantes irregulares el pasado 31 de julio. Una afirmación que no sentó nada bien entre las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil que, según desveló ABC, creen que el ministro conocía el llamamiento desde Marruecos y decidió «escurrir el bulto». Las críticas no se produjeron solo desde fuera del Ejecutivo. Robles, de cuyo departamento depende orgánicamente el CNI, rehusó contestar a su compañero en el Consejo de Ministros, aunque prefirió defender y alabar a los agentes de los servicios de Inteligencia, tildando su trabajo de «excepcional» en todo momento. Moncloa ha decidido impedir que ambos ministros puedan incluso coincidir en la Cámara Baja, programando sus comparecencias con tres días de diferencia.La principal ausencia en esta serie de comparecencias extraordinarias es la del propio Sánchez. El presidente del Gobierno no responderá ante las preguntas de los parlamentarios hasta que el Congreso de los Diputados no retome su actividad con normalidad. Será hasta septiembre y, a no ser que claudique ante la oposición y convoque un pleno monográfico para analizar su gestión al frente de la avalancha de inmigrantes en Ceuta, se enfrentará tan solo a preguntas de los diputados en las sesiones de control. En cualquier caso, socios y oposición —además de la ciudadanía— deberán esperar más de un mes para que el líder del Ejecutivo, la persona encargada de liderar al Gobierno frente a la crisis, comparezca.Rego, también ausenteTampoco estará presente la cuota de los socios en el Gobierno. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que anunció el miércoles que también se descolgaría del nuevo Sumar en las próximas elecciones, no ha sido convocada por Moncloa para analizar el estado de los más de mil menores extranjeros que han logrado cruzar la frontera de Ceuta y se encuentran bajo la tutela del Estado. La única medida impulsada por este departamento ha sido la habilitación y apertura de dos centros escolares como lugar de atención para los niños llegados a la ciudad. La ministra no explicará ante las Cortes el plan para la distribución de los menores a la península. Una cuestión que ha generado fricción entre el PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan debido a su rechazo explícito en sus pactos a la acogida de nuevos jóvenes extranjeros. Al igual que Sánchez, Rego se salva de responder ante el Congreso y no tendrá que aclarar el proceso de reparto de los niños.Poco después del anuncio de las comparecencias de ministros del Gobierno para finales de agosto, el Partido Popular ha confirmado que el Senado los citará la próxima semana para que los responsables políticos «no prolonguen más su silencio y sus vacaciones en la playa». Según han defendido, harán uso de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para obligar a Marlaska, Robles, Albares y Bolaños a que justifiquen por qué sus ministerios «permitieron la entrada ilegal» de 72.000 personas. Los populares, al igual que el Gobierno, han evitado llamarle a declarar en esta Cámara y le han acusado de seguir «erosionando España».«Estas explicaciones deberían haberse producido desde el minuto uno, y no de manera obligada por el PP» El PP, sobre las comparecencias de SánchezDesde el Grupo Parlamentario Popular han avisado que los ministros deberán acudir al Senado porque el Gobierno «no elige ante quién rinde cuentas». El Ejecutivo, en búsqueda de atrasar lo máximo posible las explicaciones en las Cortes, afirma que comparecen en el Congreso porque es la «Cámara constitucionalmente prevalente». Según han defendido los populares, el artículo 66.2 de la Carta Magna atribuye a las Cortes Generales la responsabilidad de control al Gobierno. «Es una doctrina inventada esta semana», han afeado los de Alicia García, que consideran el Senado como una institución «natural» para debatir la cuestión ceutí ya que, según el artículo 69.1 de la Constitución, la Cámara Alta está encargada de la «representación territorial».«Estas explicaciones deberían haberse producido desde el minuto uno, y no de manera obligada por el PP, después de una crisis de seguridad, inmigración y humanitaria sin precedentes con 150 fallecidos», han declarado los populares, afirmando que se le debería «caer la cara de vergüenza» a Sánchez —a quien califican de comportarse como un «dios»— y sus ministros por «buscar excusas» para evitar el Senado.Los socios critican a MarruecosLos miembros del Ejecutivo tendrán la complicada misión de no culpar a Marruecos por la permisividad para que sus ciudadanos lograran cruzar la frontera con España hacia Ceuta. Hace una semana, un día después de la entrada masiva de inmigrantes en territorio español, Marlaska tildó de «egoísta» e «irresponsable» que los socios europeos mostraran preocupación por lo ocurrido en Ceuta. Afirmó, además, sentirse «muy satisfecho» con Marruecos por su colaboración: «No es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, es un socio absolutamente fiable», confesó. Sánchez, ese mismo día, también eludió apuntar al reino norteafricano como culpable, en parte, de la crisis.Tanto la oposición como los socios no tardaron en apuntar al reino alauí como responsable interesado de la avalancha de personas. En ERC, Oriol Junqueras señaló a Marruecos como actor interesado en la situación y exigió explicaciones sobre la eficacia de la barrera de las boyas en el espigón de El Tarajal; en el PNV admiten la «gravedad extraordinaria» de lo ocurrido y señalan el «evidente» papel del vecino africano; desde EH Bildu, a pesar del silencio de la formación, el diputado Jon Iñárritu mostró indignación por la avalancha «auspiciada y tolerada por un Estado ‘amigo’»; y Podemos cuestionó al Gobierno por continuar considerando a Marruecos como un «país aliado». Sumar, socios del Ejecutivo, se desmarcó de Sánchez y culpó al reino norteafricano por «utilizar a personas vulnerables como herramienta de presión política». En casi un mes, los socios del Gobierno, sin contar con el presidente, deberán tratar de convencer a los parlamentarios de su gestión al frente de la situación y de la falta de culpabilidad de Marruecos en la avalancha de inmigrantes desde su país.
El Gobierno no paralizará sus vacaciones para explicar en el Congreso de los Diputados la crisis migratoria que provocó la entrada en la Ciudad Autónoma de Ceuta de más de 70.000 inmigrantes y que dejó en torno a los cien muertos. La ministra de … Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 25 de agosto; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el día 27, y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, el día 28. El principal responsable de la gestión política de la crisis, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, evitará esclarecer su gestión ante la Cámara Baja tras la vuelta de las vacaciones.
Mientras la situación de la ciudad autónoma no ha vuelto aún a la normalidad, según explicó Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ante el Rey y la Comisión Europea, el Ejecutivo elude aclarar las numerosas dudas que se mantienen sin responder alrededor de la avalancha de personas que logró entrar en el territorio español. Entre ellas, el nivel de conocimiento del Ministerio del Interior y de Defensa sobre la movilización de miles de personas a la frontera entre Marruecos y España. Esta cuestión ha causado la enésima disputa entre Marlaska y Robles, que se han lanzado la pelota durante la última semana acerca de la existencia o no de informes de Inteligencia alertando de la posible invasión a Ceuta.
Según reconoció el propio Marlaska el pasado lunes, no hubo ningún aviso ni informe ni comunicación por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre «nada parecido» a la entrada de miles de inmigrantes irregulares el pasado 31 de julio. Una afirmación que no sentó nada bien entre las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil que, según desveló ABC, creen que el ministro conocía el llamamiento desde Marruecos y decidió «escurrir el bulto». Las críticas no se produjeron solo desde fuera del Ejecutivo. Robles, de cuyo departamento depende orgánicamente el CNI, rehusó contestar a su compañero en el Consejo de Ministros, aunque prefirió defender y alabar a los agentes de los servicios de Inteligencia, tildando su trabajo de «excepcional». Moncloa ha decidido impedir que ambos ministros puedan incluso coincidir en la Cámara Baja, programando sus comparecencias con tres días de diferencia.
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La principal ausencia en esta serie de comparecencias extraordinarias es la del propio Sánchez. El presidente del Gobierno no responderá ante las preguntas de los parlamentarios hasta que el Congreso de los Diputados no retome su actividad con normalidad. No será hasta septiembre y, a no ser que claudique ante la oposición y convoque un pleno monográfico para analizar su gestión al frente de la avalancha de inmigrantes en Ceuta, responderá tan solo a preguntas de los diputados en las sesiones de control. En cualquier caso, socios y oposición —además de la ciudadanía— deberán esperar más de un mes para que el líder del Ejecutivo, la persona encargada de liderar al Gobierno frente a la crisis, comparezca.
Tampoco estará presente la cuota de los socios en el Gobierno. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que anunció el miércoles que también se descolgaría del nuevo Sumar en las próximas elecciones, no ha sido convocada por Moncloa para analizar el estado de los más de mil menores extranjeros que han logrado cruzar la frontera de Ceuta y se encuentran bajo la tutela del Estado. La única medida impulsada por este departamento ha sido la habilitación y apertura de dos centros escolares como lugar de atención para los niños llegados a la ciudad. La ministra no explicará ante las Cortes el plan para la distribución de los menores a la península. Una cuestión que ha generado fricción entre el PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan debido a su rechazo explícito en sus pactos a la acogida de nuevos jóvenes extranjeros. Al igual que Sánchez, Rego se salva de responder ante el Congreso y no tendrá que aclarar el proceso de reparto de los niños.
Los socios critican a Marruecos
Los miembros del Ejecutivo tendrán la complicada misión de no culpar a Marruecos por la permisividad para que sus ciudadanos lograran cruzar la frontera con España hacia Ceuta. Hace una semana, un día después de la entrada masiva de inmigrantes en territorio español, Marlaska tildó de «egoísta» e «irresponsable» que los socios europeos mostraran preocupación por lo ocurrido en Ceuta. Afirmó, además, sentirse «muy satisfecho» con Marruecos por su colaboración: «No es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, es un socio absolutamente fiable», confesó. Sánchez, ese mismo día, también eludió apuntar al reino norteafricano como culpable, en parte, de la crisis.
Tanto la oposición como los socios no tardaron en apuntar al reino alauí como responsable interesado de la avalancha de personas. En ERC, Oriol Junqueras señaló a Marruecos como actor interesado en la situación y exigió explicaciones sobre la eficacia de la barrera de las boyas en el espigón de El Tarajal; en el PNV admiten la «gravedad extraordinaria» de lo ocurrido y señalan el «evidente» papel del vecino africano; desde EH Bildu, a pesar del silencio de la formación, el diputado Jon Iñárritu mostró indignación por la avalancha «auspiciada y tolerada por un Estado ‘amigo’»; y Podemos cuestionó al Gobierno por continuar considerando a Marruecos como un «país aliado». Sumar, socios del Ejecutivo, se desmarcó de Sánchez y culpó al reino norteafricano por «utilizar a personas vulnerables como herramienta de presión política». En casi un mes, los socios del Gobierno, sin contar con el presidente, deberán tratar de convencer a los parlamentarios de su gestión al frente de la situación y de la falta de culpabilidad de Marruecos en la avalancha de inmigrantes desde su país.
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