La Fiscalía General del Estado ha encendido todas las alarmas ante una realidad tan incómoda como incontestable: el machismo y las conductas atribuibles a violencia de género han aumentado de forma preocupante entre las nuevas generaciones. Según los datos oficiales de la última Memoria del Ministerio Público, las diligencias de investigación penal contra menores por violencia de género crecieron un 15,2% en 2025 , la cifra más alta registrada en el último lustro, lo que confirma una preocupante brecha generacional respecto a la tendencia a la baja observada ese mismo año en la población adulta.A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, han empeorado los comportamientos violentos entre adolescentes. En España, la Lomloe o ley Celaá, la última ley educativa aprobada en la era Sánchez, menciona que «los centros deberán incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollen para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad». Pero, a la luz de los datos, estas políticas parecen estar provocando el efecto inverso. En concreto, en el año 2025 se registraron 1.023 causas penales frente a las 888 causas contabilizadas en 2024.La radiografía judicial que ofrece el Ministerio Fiscal no deja margen al optimismo. Este incremento constata que el repunte no es un fenómeno coyuntural sino una tendencia al alza que venía larvándose desde hace tiempo. Si se analiza la evolución acumulada en este sector de la población durante los dos últimos ejercicios, el volumen de casos atendidos por los fiscales especializados de menores ha escalado casi un 30%. El problema no solo radica en que se denuncie más; la gravedad de los hechos también ha provocado que el número de adolescentes que terminaron formalmente sentados en el banquillo y enjuiciados en el tribunal penal por maltrato o control coercitivo hacia sus parejas o exparejas se haya disparado un 21,9% . Para la Fiscalía, esta tipología penal resulta «muy preocupante» y pone de manifiesto que los grandes esfuerzos institucionales en formación en igualdad en las escuelas no están calando entre los jóvenes. Más delitos contra la libertad sexual en menores El diagnóstico de la Memoria de la Fiscalía es todavía más sombrío al analizar la siguiente tipología penal, íntimamente ligada a la anterior. En el año 2025 se han incoado 4.459 causas por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, lo que representa un espectacular e inquietante incremento del 35,82% con relación a las 3.283 causas de 2024. Esta tónica ascendente no es nueva, sino que viene evidenciándose de forma continuada desde el año 2017, dibujando lo que el Ministerio Público califica como una «alarmante espiral que no para de crecer» si se comparan con los registros precedentes de 2023 (3.185 causas) y 2022 (2.947 causas).Desde la Unidad especializada de la Fiscalía se ha observado un patrón nítido: generalmente, los delitos de violencia de género entre adolescentes vienen asociados de forma directa a la violencia sexual, siendo objeto de calificación jurídica simultánea en múltiples ocasiones en los tribunales. Las razones detrás de estas conductas virulentas son complejas, confluyendo factores como el consumo de alcohol u otras sustancias, pero, sobre todo, una carencia de formación ético-sexual que genera consecuencias devastadoras en el desarrollo afectivo de los menores infractores. El impacto de la pornografía y los nuevos perfiles delictivos en el colegio El foco principal de la preocupación judicial se sitúa en el acceso indiscriminado a través de las TIC y las redes sociales a contenidos de pornografía violenta y dura. La Fiscalía advierte de que internet se ha convertido en la ventana descontrolada a través de la cual la infancia y la juventud se inician en la sexualidad, una exposición prematura que se produce cuando los menores aún no han terminado su proceso madurativo y carecen de capacidad crítica para comprender que lo que ven es ficción. El 54,1% de los adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales, y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. El Ministerio Público rescata además un dato demoledor: el 47,4% de los adolescentes que ven pornografía más a menudo ha llevado alguna escena a la práctica, una conducta de imitación liderada mayoritariamente por los varones. Este acceso temprano está desarrollando en los menores prácticas distorsionadas basadas en dinámicas de dominio y sumisión. Esta preocupante deriva de los menores en los últimos años se traslada de igual forma a las aulas. Por primera vez, tras su introducción en el cuadro estadístico en 2024, la Fiscalía ha podido realizar una comparativa significativa del acoso escolar: en 2025 se incoaron 1.407 casos de acoso escolar frente a los 1.196 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 17,64%. Los fiscales muestran una notable preocupación ante este déficit en la prevención dentro del entorno educativo, ya que estos expedientes reflejan una alarmante falta de empatía y una especial vulnerabilidad en las víctimas. En sintonía con esto, los delitos contra la integridad moral se dispararon un 29,04%, pasando de 1.057 casos en 2024 a 1.364 en 2025, confirmando el empeoramiento del ecosistema relacional de los jóvenes en colegios e institutos. La Fiscalía General del Estado ha encendido todas las alarmas ante una realidad tan incómoda como incontestable: el machismo y las conductas atribuibles a violencia de género han aumentado de forma preocupante entre las nuevas generaciones. Según los datos oficiales de la última Memoria del Ministerio Público, las diligencias de investigación penal contra menores por violencia de género crecieron un 15,2% en 2025 , la cifra más alta registrada en el último lustro, lo que confirma una preocupante brecha generacional respecto a la tendencia a la baja observada ese mismo año en la población adulta.A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, han empeorado los comportamientos violentos entre adolescentes. En España, la Lomloe o ley Celaá, la última ley educativa aprobada en la era Sánchez, menciona que «los centros deberán incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollen para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad». Pero, a la luz de los datos, estas políticas parecen estar provocando el efecto inverso. En concreto, en el año 2025 se registraron 1.023 causas penales frente a las 888 causas contabilizadas en 2024.La radiografía judicial que ofrece el Ministerio Fiscal no deja margen al optimismo. Este incremento constata que el repunte no es un fenómeno coyuntural sino una tendencia al alza que venía larvándose desde hace tiempo. Si se analiza la evolución acumulada en este sector de la población durante los dos últimos ejercicios, el volumen de casos atendidos por los fiscales especializados de menores ha escalado casi un 30%. El problema no solo radica en que se denuncie más; la gravedad de los hechos también ha provocado que el número de adolescentes que terminaron formalmente sentados en el banquillo y enjuiciados en el tribunal penal por maltrato o control coercitivo hacia sus parejas o exparejas se haya disparado un 21,9% . Para la Fiscalía, esta tipología penal resulta «muy preocupante» y pone de manifiesto que los grandes esfuerzos institucionales en formación en igualdad en las escuelas no están calando entre los jóvenes. Más delitos contra la libertad sexual en menores El diagnóstico de la Memoria de la Fiscalía es todavía más sombrío al analizar la siguiente tipología penal, íntimamente ligada a la anterior. En el año 2025 se han incoado 4.459 causas por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, lo que representa un espectacular e inquietante incremento del 35,82% con relación a las 3.283 causas de 2024. Esta tónica ascendente no es nueva, sino que viene evidenciándose de forma continuada desde el año 2017, dibujando lo que el Ministerio Público califica como una «alarmante espiral que no para de crecer» si se comparan con los registros precedentes de 2023 (3.185 causas) y 2022 (2.947 causas).Desde la Unidad especializada de la Fiscalía se ha observado un patrón nítido: generalmente, los delitos de violencia de género entre adolescentes vienen asociados de forma directa a la violencia sexual, siendo objeto de calificación jurídica simultánea en múltiples ocasiones en los tribunales. Las razones detrás de estas conductas virulentas son complejas, confluyendo factores como el consumo de alcohol u otras sustancias, pero, sobre todo, una carencia de formación ético-sexual que genera consecuencias devastadoras en el desarrollo afectivo de los menores infractores. El impacto de la pornografía y los nuevos perfiles delictivos en el colegio El foco principal de la preocupación judicial se sitúa en el acceso indiscriminado a través de las TIC y las redes sociales a contenidos de pornografía violenta y dura. La Fiscalía advierte de que internet se ha convertido en la ventana descontrolada a través de la cual la infancia y la juventud se inician en la sexualidad, una exposición prematura que se produce cuando los menores aún no han terminado su proceso madurativo y carecen de capacidad crítica para comprender que lo que ven es ficción. El 54,1% de los adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales, y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. El Ministerio Público rescata además un dato demoledor: el 47,4% de los adolescentes que ven pornografía más a menudo ha llevado alguna escena a la práctica, una conducta de imitación liderada mayoritariamente por los varones. Este acceso temprano está desarrollando en los menores prácticas distorsionadas basadas en dinámicas de dominio y sumisión. Esta preocupante deriva de los menores en los últimos años se traslada de igual forma a las aulas. Por primera vez, tras su introducción en el cuadro estadístico en 2024, la Fiscalía ha podido realizar una comparativa significativa del acoso escolar: en 2025 se incoaron 1.407 casos de acoso escolar frente a los 1.196 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 17,64%. Los fiscales muestran una notable preocupación ante este déficit en la prevención dentro del entorno educativo, ya que estos expedientes reflejan una alarmante falta de empatía y una especial vulnerabilidad en las víctimas. En sintonía con esto, los delitos contra la integridad moral se dispararon un 29,04%, pasando de 1.057 casos en 2024 a 1.364 en 2025, confirmando el empeoramiento del ecosistema relacional de los jóvenes en colegios e institutos.
La Fiscalía General del Estado ha encendido todas las alarmas ante una realidad tan incómoda como incontestable: el machismo y las conductas atribuibles a violencia de género han aumentado de forma preocupante entre las nuevas generaciones. Según los datos oficiales de la última Memoria del … Ministerio Público, las diligencias de investigación penal contra menores por violencia de género crecieron un 15,2% en 2025, la cifra más alta registrada en el último lustro, lo que confirma una preocupante brecha generacional respecto a la tendencia a la baja observada ese mismo año en la población adulta.
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, han empeorado los comportamientos violentos entre adolescentes. En España, la Lomloe o ley Celaá, la última ley educativa aprobada en la era Sánchez, menciona que «los centros deberán incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollen para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad». Pero, a la luz de los datos, estas políticas parecen estar provocando el efecto inverso.
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Esther Armora
En concreto, en el año 2025 se registraron 1.023 causas penales frente a las 888 causas contabilizadas en 2024.La radiografía judicial que ofrece el Ministerio Fiscal no deja margen al optimismo. Este incremento constata que el repunte no es un fenómeno coyuntural sino una tendencia al alza que venía larvándose desde hace tiempo. Si se analiza la evolución acumulada en este sector de la población durante los dos últimos ejercicios, el volumen de casos atendidos por los fiscales especializados de menores ha escalado casi un 30%.
El problema no solo radica en que se denuncie más; la gravedad de los hechos también ha provocado que el número de adolescentes que terminaron formalmente sentados en el banquillo y enjuiciados en el tribunal penal por maltrato o control coercitivo hacia sus parejas o exparejas se haya disparado un 21,9%. Para la Fiscalía, esta tipología penal resulta «muy preocupante» y pone de manifiesto que los grandes esfuerzos institucionales en formación en igualdad en las escuelas no están calando entre los jóvenes.
Más delitos contra la libertad sexual en menores
El diagnóstico de la Memoria de la Fiscalía es todavía más sombrío al analizar la siguiente tipología penal, íntimamente ligada a la anterior. En el año 2025 se han incoado 4.459 causas por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores, lo que representa un espectacular e inquietante incremento del 35,82% con relación a las 3.283 causas de 2024. Esta tónica ascendente no es nueva, sino que viene evidenciándose de forma continuada desde el año 2017, dibujando lo que el Ministerio Público califica como una «alarmante espiral que no para de crecer» si se comparan con los registros precedentes de 2023 (3.185 causas) y 2022 (2.947 causas).
Desde la Unidad especializada de la Fiscalía se ha observado un patrón nítido: generalmente, los delitos de violencia de género entre adolescentes vienen asociados de forma directa a la violencia sexual, siendo objeto de calificación jurídica simultánea en múltiples ocasiones en los tribunales. Las razones detrás de estas conductas virulentas son complejas, confluyendo factores como el consumo de alcohol u otras sustancias, pero, sobre todo, una carencia de formación ético-sexual que genera consecuencias devastadoras en el desarrollo afectivo de los menores infractores.
El impacto de la pornografía y los nuevos perfiles delictivos en el colegio
El foco principal de la preocupación judicial se sitúa en el acceso indiscriminado a través de las TIC y las redes sociales a contenidos de pornografía violenta y dura. La Fiscalía advierte de que internet se ha convertido en la ventana descontrolada a través de la cual la infancia y la juventud se inician en la sexualidad, una exposición prematura que se produce cuando los menores aún no han terminado su proceso madurativo y carecen de capacidad crítica para comprender que lo que ven es ficción.
El 54,1% de los adolescentes cree que la pornografía proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales, y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. El Ministerio Público rescata además un dato demoledor: el 47,4% de los adolescentes que ven pornografía más a menudo ha llevado alguna escena a la práctica, una conducta de imitación liderada mayoritariamente por los varones.
Este acceso temprano está desarrollando en los menores prácticas distorsionadas basadas en dinámicas de dominio y sumisión. Esta preocupante deriva de los menores en los últimos años se traslada de igual forma a las aulas. Por primera vez, tras su introducción en el cuadro estadístico en 2024, la Fiscalía ha podido realizar una comparativa significativa del acoso escolar: en 2025 se incoaron 1.407 casos de acoso escolar frente a los 1.196 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 17,64%. Los fiscales muestran una notable preocupación ante este déficit en la prevención dentro del entorno educativo, ya que estos expedientes reflejan una alarmante falta de empatía y una especial vulnerabilidad en las víctimas. En sintonía con esto, los delitos contra la integridad moral se dispararon un 29,04%, pasando de 1.057 casos en 2024 a 1.364 en 2025, confirmando el empeoramiento del ecosistema relacional de los jóvenes en colegios e institutos.
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