Si la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya ha condenado reiteradamente los ataques a los jueces pidiendo respeto a su independencia, este jueves ha dado un paso más y ha calificado de «no admisible» que la descalificación pública de los togados «se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». «El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad», ha dicho en su intervención durante el acto de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo. Perelló ha afirmado que la lealtad institucional constituye «un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». No se trata de una simple «deferencia política», ha dicho, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho.La presidenta del CGPJ ha reiterado su compromiso de trabajar para alcanzar «los más amplios consensos» ejerciendo un «criterio neutral» y en lo que se interpreta como un aviso a la clase política ha recordado que «nuestras decisiones están al servicio de la justicia y del interés general y nunca al servicio de otros intereses» y en este sentido ha defendido una justicia «independiente y profesional». «Si falta un poder judicial independiente, desaparece el Estado de derecho». Perelló ha abundado en que los jueces no se deben a nadie más que a la Constitución y las leyes y toman las decisiones «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».La presidenta del Supremo ha defendido la critica a las resoluciones judiciales porque no están sustraidos al debate público«. Sin embargo, acusaciones »expresas y generalizadas« de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas son imputaciones »de extraordinaria gravedad que pueden llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva«, ha dicho en alusión al delito de prevaricación. Si la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya ha condenado reiteradamente los ataques a los jueces pidiendo respeto a su independencia, este jueves ha dado un paso más y ha calificado de «no admisible» que la descalificación pública de los togados «se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». «El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad», ha dicho en su intervención durante el acto de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo. Perelló ha afirmado que la lealtad institucional constituye «un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». No se trata de una simple «deferencia política», ha dicho, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho.La presidenta del CGPJ ha reiterado su compromiso de trabajar para alcanzar «los más amplios consensos» ejerciendo un «criterio neutral» y en lo que se interpreta como un aviso a la clase política ha recordado que «nuestras decisiones están al servicio de la justicia y del interés general y nunca al servicio de otros intereses» y en este sentido ha defendido una justicia «independiente y profesional». «Si falta un poder judicial independiente, desaparece el Estado de derecho». Perelló ha abundado en que los jueces no se deben a nadie más que a la Constitución y las leyes y toman las decisiones «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».La presidenta del Supremo ha defendido la critica a las resoluciones judiciales porque no están sustraidos al debate público«. Sin embargo, acusaciones »expresas y generalizadas« de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas son imputaciones »de extraordinaria gravedad que pueden llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva«, ha dicho en alusión al delito de prevaricación.
Si la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya ha condenado reiteradamente los ataques a los jueces pidiendo respeto a su independencia, este jueves ha dado un paso más y ha calificado de «no admisible» que la descalificación … pública de los togados «se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». «El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad», ha dicho en su intervención durante el acto de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo.
Perelló ha afirmado que la lealtad institucional constituye «un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». No se trata de una simple «deferencia política», ha dicho, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho.
La presidenta del CGPJ ha reiterado su compromiso de trabajar para alcanzar «los más amplios consensos» ejerciendo un «criterio neutral» y en lo que se interpreta como un aviso a la clase política ha recordado que «nuestras decisiones están al servicio de la justicia y del interés general y nunca al servicio de otros intereses» y en este sentido ha defendido una justicia «independiente y profesional». «Si falta un poder judicial independiente, desaparece el Estado de derecho».
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Perelló ha abundado en que los jueces no se deben a nadie más que a la Constitución y las leyes y toman las decisiones «sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo».
La presidenta del Supremo ha defendido la critica a las resoluciones judiciales porque no están sustraidos al debate público«. Sin embargo, acusaciones »expresas y generalizadas« de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas son imputaciones »de extraordinaria gravedad que pueden llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva«, ha dicho en alusión al delito de prevaricación.
Se ha referido también la presidenta del Poder Judicial a los nuevos tribunales de instancia, cuya improvisación en su implantación ha generado un caos enorme. Todavía es pronto para hacer un balance de la ley de eficiencia, ha dicho en presencia de Bolaños, pero la transformación «está generando algunas dificultades que es necesario atajar entre todos».
Falta de adaptación de las instalaciones y los sistemas informáticos de gestión procesal; la reducción generalizada de personal que esta transformación ha conllevado y la pérdida de contacto del juez con la oficina judicial son algunas de estas trabas.
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