Las Fuerzas Armadas españolas no se sostienen únicamente sobre el compromiso individual de cada militar. Detrás de cada servicio, de cada misión en el exterior y de cada cambio de destino se encuentra una realidad que el Observatorio de la Vida Militar ha venido analizando con rigor en sus Memorias-Informes de 2023 y 2024: la familia. Sin una atención adecuada a las condiciones de vida de quienes acompañan al militar, la operatividad se resiente, la retención de personal se debilita y el atractivo de la carrera militar se diluye. Esto es una realidad incuestionable pero poco conocida.El Observatorio de la vida militar, en cumplimiento de su mandato legal, ha examinado de manera permanente la condición de militar y la forma en que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. En 2023 dedicó un estudio específico a la movilidad geográfica. En 2023 y 2024 reiteró varias de sus recomendaciones referentes a las retribuciones, la conciliación, el apoyo a las familias y la transición profesional. De ambos documentos se desprende una conclusión clara: la familia debe situarse en el centro de las políticas de personal. La movilidad geográfica constituye, sin duda, uno de los factores que más influye tanto en la operatividad de las unidades como en la calidad de vida y carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre junio de 2022 y julio de 2023, aproximadamente el 7,1 por ciento de los efectivos cambió de localidad de residencia. Los datos analizados por el Observatorio revelaron que aproximadamente el 30 por ciento de quienes se trasladaron lo hicieron sin su familia, convirtiéndose en ‘solteros/as geográficos/as’. Las causas son conocidas: el elevado coste de la vivienda, la dificultad del cónyuge para encontrar empleo y los problemas de escolarización de los hijos. En 2023, 445 militares renunciaron voluntariamente a un posible ascenso, en la mayoría de los casos para evitar un nuevo traslado. Además, más de la mitad de los militares reconoce que, a la hora de solicitar una vacante, o de plantearse un ascenso prioriza las consecuencias para su vida familiar sobre su carrera profesional.Estos datos no son anecdóticos. Reflejan un modelo de carrera y de movilidad que, en muchos aspectos, ha quedado desfasado respecto a la evolución de la sociedad española y de las propias Fuerzas Armadas. Las mudanzas a las islas, a Ceuta o a Melilla resultan especialmente gravosas. El personal que se traslada con su familia y debe alquilar una vivienda asume, en no pocos casos, una pérdida de poder adquisitivo que puede alcanzar el 30 por ciento de sus retribuciones. En núcleos urbanos, un porcentaje significativo de militares destina más del 45 por ciento de su salario al alquiler, muy por encima de las recomendaciones del Banco de España. La situación de la vivienda afecta intensamente a las familias de los miembros de los Ejércitos y de la Armada.El Observatorio ha recomendado, por ello, la aprobación de un Plan integral de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar. Este plan debe incluir un complemento retributivo acorde al nivel de vida de la localidad de destino, medidas efectivas para facilitar el acceso del cónyuge al mercado de trabajo y mecanismos que garanticen la escolarización de los hijos, especialmente cuando el traslado se produce fuera de los plazos ordinarios de matriculación o en comunidades con lengua curricular distinta. Resulta igualmente necesario adaptar la tipología de los alojamientos y residencias militares a las nuevas realidades familiares, entre ellas las parejas en las que ambos progenitores son militares. La falta de alojamientos es crítica en muchas unidades.La conciliación de la vida profesional, personal y familiar ha experimentado avances notables. En 2024 casi 30.000 militares se acogieron a alguna medida de conciliación, un millar más que el año anterior. Sin embargo, las unidades de la Fuerza, sometidas a ejercicios, maniobras y despliegues frecuentes, encuentran mayores dificultades para aplicar estas medidas sin afectar a su adiestramiento y operatividad. El Observatorio insiste en la necesidad de incrementar las plantillas no solo para reponer efectivos, sino para amortiguar el impacto del ejercicio de estos derechos. Asimismo, ha propuesto ampliar el límite de edad de los hijos para la concesión de determinadas medidas hasta los 16 años y establecer indicadores que permitan evaluar de forma objetiva la eficacia del sistema de conciliación.Las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) desempeñan un papel fundamental como punto de contacto entre la institución y las familias. Su refuerzo, incluyendo la incorporación de suficiente personal experimentado y bien formado, resulta imprescindible, especialmente en un contexto de incremento de las misiones internacionales. En 2025 aproximadamente 22.000 militares participaron en operaciones en el exterior lo que supone un 44% más que en 2023. Cuando se ordena una misión de un día para otro, el militar cumple, pero la familia necesita estructuras de apoyo potentes y permanentes.Las retribuciones constituyen otro elemento central. Sin un salario atractivo, resultará cada vez más difícil retener al personal y atraer a las nuevas generaciones. Las familias tienen la legítima expectativa de una vida digna. La comparación con otros colectivos de la Administración pone de manifiesto agravios que deben ser corregidos. El Observatorio ha reiterado la necesidad de una mejora retributiva que reconozca la permanente disponibilidad, la penosidad y la peligrosidad de los cometidos militares. Las medidas que se han adoptado en este terreno son positivas pero insuficientes.En definitiva, los datos y las observaciones recogidas en las Memorias-Informes de 2023 y 2024 nos conducen a una recomendación de carácter general: es preciso modernizar el marco normativo de la movilidad geográfica con una nueva ley, reforzar las estructuras de apoyo a las familias, mejorar las condiciones retributivas y situar la perspectiva familiar en el diseño de todas las políticas de personal. Las Fuerzas Armadas necesitan efectivos suficientes, motivados y con estabilidad. Esa estabilidad comienza en el hogar, en la retaguardia.El diagnóstico está hecho. Ahora corresponde a las instituciones competentes convertir estas recomendaciones en actuaciones concretas y efectivas. Solo así se logrará que las familias de los militares dejen de asumir en silencio una parte esencial del esfuerzo que exige la operatividad de las Fuerzas Armadas y pasen a ser reconocidas como uno de sus principales pilares de apoyo y sostenimiento. Para ello, es imprescindible que las familias militares sean escuchadas y dispongan de cauces propios de participación en aquellas cuestiones que les afectan directamente. La próxima legislatura debe marcar un auténtico punto de inflexión, situando a los militares y a sus familias en el centro de las políticas públicas de defensa, en reconocimiento de su contribución al servicio de España. Las Fuerzas Armadas españolas no se sostienen únicamente sobre el compromiso individual de cada militar. Detrás de cada servicio, de cada misión en el exterior y de cada cambio de destino se encuentra una realidad que el Observatorio de la Vida Militar ha venido analizando con rigor en sus Memorias-Informes de 2023 y 2024: la familia. Sin una atención adecuada a las condiciones de vida de quienes acompañan al militar, la operatividad se resiente, la retención de personal se debilita y el atractivo de la carrera militar se diluye. Esto es una realidad incuestionable pero poco conocida.El Observatorio de la vida militar, en cumplimiento de su mandato legal, ha examinado de manera permanente la condición de militar y la forma en que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. En 2023 dedicó un estudio específico a la movilidad geográfica. En 2023 y 2024 reiteró varias de sus recomendaciones referentes a las retribuciones, la conciliación, el apoyo a las familias y la transición profesional. De ambos documentos se desprende una conclusión clara: la familia debe situarse en el centro de las políticas de personal. La movilidad geográfica constituye, sin duda, uno de los factores que más influye tanto en la operatividad de las unidades como en la calidad de vida y carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre junio de 2022 y julio de 2023, aproximadamente el 7,1 por ciento de los efectivos cambió de localidad de residencia. Los datos analizados por el Observatorio revelaron que aproximadamente el 30 por ciento de quienes se trasladaron lo hicieron sin su familia, convirtiéndose en ‘solteros/as geográficos/as’. Las causas son conocidas: el elevado coste de la vivienda, la dificultad del cónyuge para encontrar empleo y los problemas de escolarización de los hijos. En 2023, 445 militares renunciaron voluntariamente a un posible ascenso, en la mayoría de los casos para evitar un nuevo traslado. Además, más de la mitad de los militares reconoce que, a la hora de solicitar una vacante, o de plantearse un ascenso prioriza las consecuencias para su vida familiar sobre su carrera profesional.Estos datos no son anecdóticos. Reflejan un modelo de carrera y de movilidad que, en muchos aspectos, ha quedado desfasado respecto a la evolución de la sociedad española y de las propias Fuerzas Armadas. Las mudanzas a las islas, a Ceuta o a Melilla resultan especialmente gravosas. El personal que se traslada con su familia y debe alquilar una vivienda asume, en no pocos casos, una pérdida de poder adquisitivo que puede alcanzar el 30 por ciento de sus retribuciones. En núcleos urbanos, un porcentaje significativo de militares destina más del 45 por ciento de su salario al alquiler, muy por encima de las recomendaciones del Banco de España. La situación de la vivienda afecta intensamente a las familias de los miembros de los Ejércitos y de la Armada.El Observatorio ha recomendado, por ello, la aprobación de un Plan integral de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar. Este plan debe incluir un complemento retributivo acorde al nivel de vida de la localidad de destino, medidas efectivas para facilitar el acceso del cónyuge al mercado de trabajo y mecanismos que garanticen la escolarización de los hijos, especialmente cuando el traslado se produce fuera de los plazos ordinarios de matriculación o en comunidades con lengua curricular distinta. Resulta igualmente necesario adaptar la tipología de los alojamientos y residencias militares a las nuevas realidades familiares, entre ellas las parejas en las que ambos progenitores son militares. La falta de alojamientos es crítica en muchas unidades.La conciliación de la vida profesional, personal y familiar ha experimentado avances notables. En 2024 casi 30.000 militares se acogieron a alguna medida de conciliación, un millar más que el año anterior. Sin embargo, las unidades de la Fuerza, sometidas a ejercicios, maniobras y despliegues frecuentes, encuentran mayores dificultades para aplicar estas medidas sin afectar a su adiestramiento y operatividad. El Observatorio insiste en la necesidad de incrementar las plantillas no solo para reponer efectivos, sino para amortiguar el impacto del ejercicio de estos derechos. Asimismo, ha propuesto ampliar el límite de edad de los hijos para la concesión de determinadas medidas hasta los 16 años y establecer indicadores que permitan evaluar de forma objetiva la eficacia del sistema de conciliación.Las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) desempeñan un papel fundamental como punto de contacto entre la institución y las familias. Su refuerzo, incluyendo la incorporación de suficiente personal experimentado y bien formado, resulta imprescindible, especialmente en un contexto de incremento de las misiones internacionales. En 2025 aproximadamente 22.000 militares participaron en operaciones en el exterior lo que supone un 44% más que en 2023. Cuando se ordena una misión de un día para otro, el militar cumple, pero la familia necesita estructuras de apoyo potentes y permanentes.Las retribuciones constituyen otro elemento central. Sin un salario atractivo, resultará cada vez más difícil retener al personal y atraer a las nuevas generaciones. Las familias tienen la legítima expectativa de una vida digna. La comparación con otros colectivos de la Administración pone de manifiesto agravios que deben ser corregidos. El Observatorio ha reiterado la necesidad de una mejora retributiva que reconozca la permanente disponibilidad, la penosidad y la peligrosidad de los cometidos militares. Las medidas que se han adoptado en este terreno son positivas pero insuficientes.En definitiva, los datos y las observaciones recogidas en las Memorias-Informes de 2023 y 2024 nos conducen a una recomendación de carácter general: es preciso modernizar el marco normativo de la movilidad geográfica con una nueva ley, reforzar las estructuras de apoyo a las familias, mejorar las condiciones retributivas y situar la perspectiva familiar en el diseño de todas las políticas de personal. Las Fuerzas Armadas necesitan efectivos suficientes, motivados y con estabilidad. Esa estabilidad comienza en el hogar, en la retaguardia.El diagnóstico está hecho. Ahora corresponde a las instituciones competentes convertir estas recomendaciones en actuaciones concretas y efectivas. Solo así se logrará que las familias de los militares dejen de asumir en silencio una parte esencial del esfuerzo que exige la operatividad de las Fuerzas Armadas y pasen a ser reconocidas como uno de sus principales pilares de apoyo y sostenimiento. Para ello, es imprescindible que las familias militares sean escuchadas y dispongan de cauces propios de participación en aquellas cuestiones que les afectan directamente. La próxima legislatura debe marcar un auténtico punto de inflexión, situando a los militares y a sus familias en el centro de las políticas públicas de defensa, en reconocimiento de su contribución al servicio de España.
Las Fuerzas Armadas españolas no se sostienen únicamente sobre el compromiso individual de cada militar. Detrás de cada servicio, de cada misión en el exterior y de cada cambio de destino se encuentra una realidad que el Observatorio de la Vida Militar ha venido analizando … con rigor en sus Memorias-Informes de 2023 y 2024: la familia. Sin una atención adecuada a las condiciones de vida de quienes acompañan al militar, la operatividad se resiente, la retención de personal se debilita y el atractivo de la carrera militar se diluye. Esto es una realidad incuestionable pero poco conocida.
El Observatorio de la vida militar, en cumplimiento de su mandato legal, ha examinado de manera permanente la condición de militar y la forma en que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. En 2023 dedicó un estudio específico a la movilidad geográfica. En 2023 y 2024 reiteró varias de sus recomendaciones referentes a las retribuciones, la conciliación, el apoyo a las familias y la transición profesional. De ambos documentos se desprende una conclusión clara: la familia debe situarse en el centro de las políticas de personal.
La movilidad geográfica constituye, sin duda, uno de los factores que más influye tanto en la operatividad de las unidades como en la calidad de vida y carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre junio de 2022 y julio de 2023, aproximadamente el 7,1 por ciento de los efectivos cambió de localidad de residencia. Los datos analizados por el Observatorio revelaron que aproximadamente el 30 por ciento de quienes se trasladaron lo hicieron sin su familia, convirtiéndose en ‘solteros/as geográficos/as’. Las causas son conocidas: el elevado coste de la vivienda, la dificultad del cónyuge para encontrar empleo y los problemas de escolarización de los hijos. En 2023, 445 militares renunciaron voluntariamente a un posible ascenso, en la mayoría de los casos para evitar un nuevo traslado. Además, más de la mitad de los militares reconoce que, a la hora de solicitar una vacante, o de plantearse un ascenso prioriza las consecuencias para su vida familiar sobre su carrera profesional.
Estos datos no son anecdóticos. Reflejan un modelo de carrera y de movilidad que, en muchos aspectos, ha quedado desfasado respecto a la evolución de la sociedad española y de las propias Fuerzas Armadas. Las mudanzas a las islas, a Ceuta o a Melilla resultan especialmente gravosas. El personal que se traslada con su familia y debe alquilar una vivienda asume, en no pocos casos, una pérdida de poder adquisitivo que puede alcanzar el 30 por ciento de sus retribuciones. En núcleos urbanos, un porcentaje significativo de militares destina más del 45 por ciento de su salario al alquiler, muy por encima de las recomendaciones del Banco de España. La situación de la vivienda afecta intensamente a las familias de los miembros de los Ejércitos y de la Armada.
El Observatorio ha recomendado, por ello, la aprobación de un Plan integral de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar. Este plan debe incluir un complemento retributivo acorde al nivel de vida de la localidad de destino, medidas efectivas para facilitar el acceso del cónyuge al mercado de trabajo y mecanismos que garanticen la escolarización de los hijos, especialmente cuando el traslado se produce fuera de los plazos ordinarios de matriculación o en comunidades con lengua curricular distinta. Resulta igualmente necesario adaptar la tipología de los alojamientos y residencias militares a las nuevas realidades familiares, entre ellas las parejas en las que ambos progenitores son militares. La falta de alojamientos es crítica en muchas unidades.
La conciliación de la vida profesional, personal y familiar ha experimentado avances notables. En 2024 casi 30.000 militares se acogieron a alguna medida de conciliación, un millar más que el año anterior. Sin embargo, las unidades de la Fuerza, sometidas a ejercicios, maniobras y despliegues frecuentes, encuentran mayores dificultades para aplicar estas medidas sin afectar a su adiestramiento y operatividad. El Observatorio insiste en la necesidad de incrementar las plantillas no solo para reponer efectivos, sino para amortiguar el impacto del ejercicio de estos derechos. Asimismo, ha propuesto ampliar el límite de edad de los hijos para la concesión de determinadas medidas hasta los 16 años y establecer indicadores que permitan evaluar de forma objetiva la eficacia del sistema de conciliación.
Las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) desempeñan un papel fundamental como punto de contacto entre la institución y las familias. Su refuerzo, incluyendo la incorporación de suficiente personal experimentado y bien formado, resulta imprescindible, especialmente en un contexto de incremento de las misiones internacionales. En 2025 aproximadamente 22.000 militares participaron en operaciones en el exterior lo que supone un 44% más que en 2023. Cuando se ordena una misión de un día para otro, el militar cumple, pero la familia necesita estructuras de apoyo potentes y permanentes.
Las retribuciones constituyen otro elemento central. Sin un salario atractivo, resultará cada vez más difícil retener al personal y atraer a las nuevas generaciones. Las familias tienen la legítima expectativa de una vida digna. La comparación con otros colectivos de la Administración pone de manifiesto agravios que deben ser corregidos. El Observatorio ha reiterado la necesidad de una mejora retributiva que reconozca la permanente disponibilidad, la penosidad y la peligrosidad de los cometidos militares. Las medidas que se han adoptado en este terreno son positivas pero insuficientes.
En definitiva, los datos y las observaciones recogidas en las Memorias-Informes de 2023 y 2024 nos conducen a una recomendación de carácter general: es preciso modernizar el marco normativo de la movilidad geográfica con una nueva ley, reforzar las estructuras de apoyo a las familias, mejorar las condiciones retributivas y situar la perspectiva familiar en el diseño de todas las políticas de personal. Las Fuerzas Armadas necesitan efectivos suficientes, motivados y con estabilidad. Esa estabilidad comienza en el hogar, en la retaguardia.
El diagnóstico está hecho. Ahora corresponde a las instituciones competentes convertir estas recomendaciones en actuaciones concretas y efectivas. Solo así se logrará que las familias de los militares dejen de asumir en silencio una parte esencial del esfuerzo que exige la operatividad de las Fuerzas Armadas y pasen a ser reconocidas como uno de sus principales pilares de apoyo y sostenimiento. Para ello, es imprescindible que las familias militares sean escuchadas y dispongan de cauces propios de participación en aquellas cuestiones que les afectan directamente. La próxima legislatura debe marcar un auténtico punto de inflexión, situando a los militares y a sus familias en el centro de las políticas públicas de defensa, en reconocimiento de su contribución al servicio de España.
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