Uatae y UPTA apoyan la convocatoria de CCOO y UGT mientras ATA apuesta por ‘manifestarse’ en las elecciones generales del 29 de noviembre Leer Uatae y UPTA apoyan la convocatoria de CCOO y UGT mientras ATA apuesta por ‘manifestarse’ en las elecciones generales del 29 de noviembre Leer
Audio generado con IA
La huelga general por la vivienda no solo ha provocado un cisma entre los sindicatos de trabajadores por cuenta ajena, sino que está generando una gran división también entre los representantes de los autónomos. De un lado, Uatae y UPTA, vinculadas a los sindicatos de clase, llaman a bajar las persianas el 11 de noviembre. Y del otro, ATA, la organización asociada a la CEOE, rechaza la convocatoria y defiende que los autónomos deben manifestarse en las elecciones.
La iniciativa impulsada por el Sindicato de Inquilinas y materializada por CCOO y UGT no ha hecho más que ahondar en la histórica grieta que separa a estas tres organizaciones, que vienen manteniendo perfiles distintos en el diálogo social y en sus relaciones con el Gobierno: Uatae, ligada al espacio sindical próximo a CCOO, y UPTA, vinculada a UGT, ambas con un discurso más centrado en la protección social y la equiparación de derechos con los asalariados; y ATA, focalizada en la defensa de los intereses empresariales de los autónomos dentro de la patronal.
Las organizaciones más próximas a las reivindicaciones de los sindicatos de clase han recogido el guante de CCOO y UGT, que han pedido expresamente a los autónomos que se sumen a la huelga para protestar contra el precio de los alquileres. Uatae ha hecho un llamamiento al conjunto de los autónomos a unirse el 11-N «para frenar la especulación» con la vivienda y los locales comerciales. Y UPTA ha respaldado las movilizaciones contra unos alquileres cada vez más altos y por «pensiones públicas dignas, protección social, poder adquisitivo y justicia fiscal».
Según denuncian desde Uatae, la presión inmobiliaria se ha convertido en uno de los principales problemas para la continuidad del comercio de proximidad en los barrios de las grandes ciudades. Una encuesta interna refleja que el 49% de los autónomos encuentra dificultades para alquilar una vivienda por el hecho de trabajar por cuenta propia, mientras el 43% destina entre una cuarta parte y la mitad de sus ingresos mensuales al alquiler del local.
«Quienes trabajamos por cuenta propia también formamos parte de la clase trabajadora y compartimos sus preocupaciones», reivindica UPTA. Según sus datos, «la suma del alquiler de la vivienda familiar y del local comercial puede absorber más del 60% de los ingresos que obtiene el autónomo de su actividad». «Esta situación deja un margen económico extraordinariamente reducido para afrontar los gastos familiares, mantener el negocio y garantizar unas condiciones de vida dignas», zanjan.
El último barómetro de ATA también recoge tendencias preocupantes. Siete de cada diez autónomos (70,9%) se han visto obligados a incrementar sus precios en los últimos doce meses para amortiguar la escalada inflacionista y el 58,3% contemplan subirlos antes de que acabe el año por el encarecimiento de los costes. Cuatro de cada diez han sufrido una caída de la facturación respecto a hace un año y el 17,5% ve peligrar la continuidad de su actividad y teme tener que cerrar.
Sin embargo, y pese a la compleja situación que refleja su propio barómetro interno, ATA considera que los autónomos deben expresarse «en las urnas» y no en las calles. Así lo defiende su presidente, Lorenzo Amor: «Nosotros nos manifestaremos el 29 de noviembre». Amor es también vicepresidente de la CEOE y hay que recordar que la patronal planeaba impugnar la huelga por considerarla ilegal, aunque finalmente ha optado por no recurrirla.
La movilización, en todo caso, es simbólica. A efectos jurídicos los autónomos no tienen derecho a huelga porque no pueden suspender su relación laboral ni reducir las cuotas a la Seguridad Social en una situación de alta especial, como es el caso de los trabajadores por cuenta ajena. Además, si tiene empleados a su cargo y decide cerrar el centro de trabajo puede ser considerado como cierre patronal y declarado ilícito.
Actualidad Económica // elmundo
