Este lunes 20 de abril ha arrancado oficialmente el trabajo en el Parlamento autonómico con la reunión de la Mesa de las Cortes, su órgano rector. Presidido por el popular, Francisco Vázquez, ha contado con la asistencia de todos sus miembros: los vicepresidentes, el primero Carlos Menéndez (Vox) y la segunda, la socialista Nuria Rubio, así como los tres secretarios: Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox). Una especie de ‘primer día de clase’ que ha servido para tomar algunas decisiones a nivel administrativo y poco más. Saludos, toma de contacto, y cuestiones organizativas para la que será la XII Legislatura. Nada de discusiones sino, al contrario, buen talante, que hay mucho camino por delante y tiempo para el debate, sobre todo cuando esté formado el Gobierno de Castilla y León en, principio, con PP y Vox en coalición.Noticia relacionada general No No El PP intenta marcar distancias del acuerdo con Vox en Extremadura: «No influye en nada» Montse Serrador.Así las cosas, la única medida acordada, o más bien refrendada porque venía de un acuerdo de enero, tiene que ver con las retribuciones de los seis miembros de la Mesa de las Cortes, que continuará siendo de 103.431,26 euros anuales por parlamentario, de los cuales 81.831,26 euros corresponden al salario propiamente dicho y 1.800 euros al mes a una indemnización para gastos.No se ha podido ir más allá en este primer encuentro, dado que aún falta por constituirse formalmente el Grupo Mixto , que lo integrarán los tres procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, el de Por Ávila y el de Soria ¡Ya!. Aunque ya cuentan con un reglamento por el que se regirán, aún no se ha registrado en el Legislativo, algo que se hará en breve, según ha señalado el parlamentario soriano, Ángel Ceña, que ha argumentado las dificultades para que los representantes de las tres formaciones puedan ponerse de acuerdo y viajar a Valladolid, precisamente, para la firma. En cualquier caso, el plazo finaliza este viernes 24.Será después cuando Francisco Vázquez convoque de nuevo a la Mesa y ponga en marcha la ronda de consultas con los diferentes grupos para designar al candidato a la Presidencia de la Junta, cuyo plazo expira el 7 de mayo. Esa será, probablemente, la fecha elegida para que el popular Alfonso Fernández Mañueco sea designado candidato a presidir al Gobierno autonómico. La peculiaridad de Castilla y León es que después ya no hay un plazo máximo para que se celebre el debate de investidura, por lo que hasta que el PP y Vox no tengan cerrado y firmado su acuerdo de Gobierno, Vázquez no convocará la sesión plenaria.La reunión de este martes también ha servido para recordar que sus señorías tienen dos meses desde el 14 de abril para presentar en el registro su declaración de bienes. Además, se ha repasado lo que será un posible calendario para los periodos de sesiones, sobre la base de que en uno de los primeros plenos hay que proceder a la elección de los dos senadores autonómicos. En este punto, habrá que esperar al acuerdo PP-Vox, donde puede estar incluido este asunto o, al menos, sería objeto de negociaciones si se sigue una pauta parecida a la del pacto alcanzado en Extremadura, donde los de Abascal se han quedado con uno de uno de los escaños de la Cámara alta.Vox plantea que la prioridad nacional sea un asunto común a las tres autonomías en las que compartirá gobierno con el PPEn Castilla y León, no obstante, no tiene por qué ser así, sobre todo porque Vox sí tiene dos miembros en la Mesa de las Cortes, entre ellos el puesto de vicepresidente, cosa que no ocurrió en la comunidad extremeña, por lo que el planteamiento no tendría que ser el mismo a la hora de negociar. Sí lo será, han señalado fuentes de la formación, en algunas cuestiones como la llamada prioridad nacional, es decir, que sean las personas nacidas en España las primeras en beneficiarse de las ayudas o subvenciones, antes que los inmigrantes. Este asunto, han señalado las mismas fuentes, «será común a las tres autonomías», en las que negocia el gobierno con el PP, aunque está por ver la forma de habilitar una medida que el Gobierno de España ya ha anunciado que recurrirá, si bien los de Abascal confían en sacarla adelante vía decreto por considerar que, por ejemplo, en el caso de las ayudas al alquiler, ese criterio es fundamental. Violencia intrafamiliarNo ocurre lo mismo con la ley de violencia intrafamiliar con la que en 2022 Vox puso especial empeño, pero que nunca llegó a ver la luz y que ha dejado de ser prioritaria. Tampoco parece que habrá mucho interés por la ley de concordia que durante el Gobierno PP-Vox en la Junta llegó a convertirse en una iniciativa legislativa de la que los populares acabaron por bajarse por lo que decayó definitivamente. Sí tratarán, en cambio, que se derogue el Decreto de Memoria Histórica .Son pinceladas o ideas que, sin embargo, deberán plasmarse en un documento que sirva de hoja de ruta a PP y Vox para los próximos cuatro años. De momento, las conversaciones no han comenzado formalmente a la espera de que también cuaje el pacto entre las dos formaciones en Aragón, algo que se podría producir de forma inminente. Después será ya el turno de Castilla y León, si las elecciones en Andalucía del 17 de mayo no lo impiden. Este lunes 20 de abril ha arrancado oficialmente el trabajo en el Parlamento autonómico con la reunión de la Mesa de las Cortes, su órgano rector. Presidido por el popular, Francisco Vázquez, ha contado con la asistencia de todos sus miembros: los vicepresidentes, el primero Carlos Menéndez (Vox) y la segunda, la socialista Nuria Rubio, así como los tres secretarios: Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox). Una especie de ‘primer día de clase’ que ha servido para tomar algunas decisiones a nivel administrativo y poco más. Saludos, toma de contacto, y cuestiones organizativas para la que será la XII Legislatura. Nada de discusiones sino, al contrario, buen talante, que hay mucho camino por delante y tiempo para el debate, sobre todo cuando esté formado el Gobierno de Castilla y León en, principio, con PP y Vox en coalición.Noticia relacionada general No No El PP intenta marcar distancias del acuerdo con Vox en Extremadura: «No influye en nada» Montse Serrador.Así las cosas, la única medida acordada, o más bien refrendada porque venía de un acuerdo de enero, tiene que ver con las retribuciones de los seis miembros de la Mesa de las Cortes, que continuará siendo de 103.431,26 euros anuales por parlamentario, de los cuales 81.831,26 euros corresponden al salario propiamente dicho y 1.800 euros al mes a una indemnización para gastos.No se ha podido ir más allá en este primer encuentro, dado que aún falta por constituirse formalmente el Grupo Mixto , que lo integrarán los tres procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, el de Por Ávila y el de Soria ¡Ya!. Aunque ya cuentan con un reglamento por el que se regirán, aún no se ha registrado en el Legislativo, algo que se hará en breve, según ha señalado el parlamentario soriano, Ángel Ceña, que ha argumentado las dificultades para que los representantes de las tres formaciones puedan ponerse de acuerdo y viajar a Valladolid, precisamente, para la firma. En cualquier caso, el plazo finaliza este viernes 24.Será después cuando Francisco Vázquez convoque de nuevo a la Mesa y ponga en marcha la ronda de consultas con los diferentes grupos para designar al candidato a la Presidencia de la Junta, cuyo plazo expira el 7 de mayo. Esa será, probablemente, la fecha elegida para que el popular Alfonso Fernández Mañueco sea designado candidato a presidir al Gobierno autonómico. La peculiaridad de Castilla y León es que después ya no hay un plazo máximo para que se celebre el debate de investidura, por lo que hasta que el PP y Vox no tengan cerrado y firmado su acuerdo de Gobierno, Vázquez no convocará la sesión plenaria.La reunión de este martes también ha servido para recordar que sus señorías tienen dos meses desde el 14 de abril para presentar en el registro su declaración de bienes. Además, se ha repasado lo que será un posible calendario para los periodos de sesiones, sobre la base de que en uno de los primeros plenos hay que proceder a la elección de los dos senadores autonómicos. En este punto, habrá que esperar al acuerdo PP-Vox, donde puede estar incluido este asunto o, al menos, sería objeto de negociaciones si se sigue una pauta parecida a la del pacto alcanzado en Extremadura, donde los de Abascal se han quedado con uno de uno de los escaños de la Cámara alta.Vox plantea que la prioridad nacional sea un asunto común a las tres autonomías en las que compartirá gobierno con el PPEn Castilla y León, no obstante, no tiene por qué ser así, sobre todo porque Vox sí tiene dos miembros en la Mesa de las Cortes, entre ellos el puesto de vicepresidente, cosa que no ocurrió en la comunidad extremeña, por lo que el planteamiento no tendría que ser el mismo a la hora de negociar. Sí lo será, han señalado fuentes de la formación, en algunas cuestiones como la llamada prioridad nacional, es decir, que sean las personas nacidas en España las primeras en beneficiarse de las ayudas o subvenciones, antes que los inmigrantes. Este asunto, han señalado las mismas fuentes, «será común a las tres autonomías», en las que negocia el gobierno con el PP, aunque está por ver la forma de habilitar una medida que el Gobierno de España ya ha anunciado que recurrirá, si bien los de Abascal confían en sacarla adelante vía decreto por considerar que, por ejemplo, en el caso de las ayudas al alquiler, ese criterio es fundamental. Violencia intrafamiliarNo ocurre lo mismo con la ley de violencia intrafamiliar con la que en 2022 Vox puso especial empeño, pero que nunca llegó a ver la luz y que ha dejado de ser prioritaria. Tampoco parece que habrá mucho interés por la ley de concordia que durante el Gobierno PP-Vox en la Junta llegó a convertirse en una iniciativa legislativa de la que los populares acabaron por bajarse por lo que decayó definitivamente. Sí tratarán, en cambio, que se derogue el Decreto de Memoria Histórica .Son pinceladas o ideas que, sin embargo, deberán plasmarse en un documento que sirva de hoja de ruta a PP y Vox para los próximos cuatro años. De momento, las conversaciones no han comenzado formalmente a la espera de que también cuaje el pacto entre las dos formaciones en Aragón, algo que se podría producir de forma inminente. Después será ya el turno de Castilla y León, si las elecciones en Andalucía del 17 de mayo no lo impiden.
Este lunes 20 de abril ha arrancado oficialmente el trabajo en el Parlamento autonómico con la reunión de la Mesa de las Cortes, su órgano rector. Presidido por el popular, Francisco Vázquez, ha contado con la asistencia de todos sus miembros: los vicepresidentes, el primero … Carlos Menéndez (Vox) y la segunda, la socialista Nuria Rubio, así como los tres secretarios: Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox). Una especie de ‘primer día de clase’ que ha servido para tomar algunas decisiones a nivel administrativo y poco más. Saludos, toma de contacto, y cuestiones organizativas para la que será la XII Legislatura. Nada de discusiones sino, al contrario, buen talante, que hay mucho camino por delante y tiempo para el debate, sobre todo cuando esté formado el Gobierno de Castilla y León en, principio, con PP y Vox en coalición.
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Así las cosas, la única medida acordada, o más bien refrendada porque venía de un acuerdo de enero, tiene que ver con las retribuciones de los seis miembros de la Mesa de las Cortes, que continuará siendo de 103.431,26 euros anuales por parlamentario, de los cuales 81.831,26 euros corresponden al salario propiamente dicho y 1.800 euros al mes a una indemnización para gastos.
No se ha podido ir más allá en este primer encuentro, dado que aún falta por constituirse formalmente el Grupo Mixto, que lo integrarán los tres procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, el de Por Ávila y el de Soria ¡Ya!. Aunque ya cuentan con un reglamento por el que se regirán, aún no se ha registrado en el Legislativo, algo que se hará en breve, según ha señalado el parlamentario soriano, Ángel Ceña, que ha argumentado las dificultades para que los representantes de las tres formaciones puedan ponerse de acuerdo y viajar a Valladolid, precisamente, para la firma. En cualquier caso, el plazo finaliza este viernes 24.
Será después cuando Francisco Vázquez convoque de nuevo a la Mesa y ponga en marcha la ronda de consultas con los diferentes grupos para designar al candidato a la Presidencia de la Junta, cuyo plazo expira el 7 de mayo. Esa será, probablemente, la fecha elegida para que el popular Alfonso Fernández Mañueco sea designado candidato a presidir al Gobierno autonómico. La peculiaridad de Castilla y León es que después ya no hay un plazo máximo para que se celebre el debate de investidura, por lo que hasta que el PP y Vox no tengan cerrado y firmado su acuerdo de Gobierno, Vázquez no convocará la sesión plenaria.
La reunión de este martes también ha servido para recordar que sus señorías tienen dos meses desde el 14 de abril para presentar en el registro su declaración de bienes. Además, se ha repasado lo que será un posible calendario para los periodos de sesiones, sobre la base de que en uno de los primeros plenos hay que proceder a la elección de los dos senadores autonómicos. En este punto, habrá que esperar al acuerdo PP-Vox, donde puede estar incluido este asunto o, al menos, sería objeto de negociaciones si se sigue una pauta parecida a la del pacto alcanzado en Extremadura, donde los de Abascal se han quedado con uno de uno de los escaños de la Cámara alta.
Vox plantea que la prioridad nacional sea un asunto común a las tres autonomías en las que compartirá gobierno con el PP
En Castilla y León, no obstante, no tiene por qué ser así, sobre todo porque Vox sí tiene dos miembros en la Mesa de las Cortes, entre ellos el puesto de vicepresidente, cosa que no ocurrió en la comunidad extremeña, por lo que el planteamiento no tendría que ser el mismo a la hora de negociar. Sí lo será, han señalado fuentes de la formación, en algunas cuestiones como la llamada prioridad nacional, es decir, que sean las personas nacidas en España las primeras en beneficiarse de las ayudas o subvenciones, antes que los inmigrantes. Este asunto, han señalado las mismas fuentes, «será común a las tres autonomías», en las que negocia el gobierno con el PP, aunque está por ver la forma de habilitar una medida que el Gobierno de España ya ha anunciado que recurrirá, si bien los de Abascal confían en sacarla adelante vía decreto por considerar que, por ejemplo, en el caso de las ayudas al alquiler, ese criterio es fundamental.
Violencia intrafamiliar
No ocurre lo mismo con la ley de violencia intrafamiliar con la que en 2022 Vox puso especial empeño, pero que nunca llegó a ver la luz y que ha dejado de ser prioritaria. Tampoco parece que habrá mucho interés por la ley de concordia que durante el Gobierno PP-Vox en la Junta llegó a convertirse en una iniciativa legislativa de la que los populares acabaron por bajarse por lo que decayó definitivamente. Sí tratarán, en cambio, que se derogue el Decreto de Memoria Histórica.
Son pinceladas o ideas que, sin embargo, deberán plasmarse en un documento que sirva de hoja de ruta a PP y Vox para los próximos cuatro años. De momento, las conversaciones no han comenzado formalmente a la espera de que también cuaje el pacto entre las dos formaciones en Aragón, algo que se podría producir de forma inminente. Después será ya el turno de Castilla y León, si las elecciones en Andalucía del 17 de mayo no lo impiden.
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