Sólo 16 oficinas consulares acumulan 142.739 de las 168.896 inscripciones que se han llevado a cabo al amparo de la ley de nietos. Nada menos que un 84,5% del total. La magnitud de estas cifras, registradas en los consulados generales en La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza, hace inviable el análisis de los expedientes antes del 1 de enero de 2027, que es cuando se cierra el censo. Así lo ha expuesto la Abogacía del Estado en el recurso que ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión de paralizar las altas censales hasta que se desglosen las inscripciones hechas bajo la disposición octava de la ley de memoria democrática (conocida como la ‘ley de nietos’) de las efectuadas al amparo de la polémica instrucción de 2022. Su autora, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, amplió el número de beneficiarios de la ley original convirtiendo las nacionalizaciones en un auténtico coladero, denuncian las acusaciones. En su escrito ante el Supremo, al que ha tenido acceso ABC, los servicios jurídicos del Estado asumen la dificultad de que estas 16 oficinas procedan a la revisión de esos expedientes no sólo por las «difíciles circunstancias estructurales (volumen de trabajo)« que soportan sino también por circunstancias coyunturales como los »cortes de luz, la falta de combustible o los efectos de desastres naturales». Este argumento, sumado al porcentaje irrisorio que, a su juicio, supondrá el voto de la ley de nietos en las elecciones (un 0,06% de los votos emitidos) es suficiente, en su opinión, para levantar la medida cautelar. Lo contrario, dice, supondrá dejar sin derecho a voto a los nacionalizados correctamente y vulnerar un derecho fundamental.Apoyándose en un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares que aporta como medio de prueba, la Abogacía revela que junto a las 16 oficinas consulares que ostentan el grueso de las inscripciones, hay otras 137 que han practicado menos de 500. «Calculando una media de 20 minutos para analizar cada expediente se estima que, salvo circunstancias excepcionales», en este caso sí se podría cumplir con el requerimiento de la Junta Electoral Central (análisis de los expedientes) antes de finalizar el año en curso. Otras 19 oficinas consulares han practicado entre 500 y 1.500 inscripciones. En este caso el Gobierno cree que se podría cumplir con ese requerimiento en un plazo de seis meses, aunque «contando con refuerzo para esta labor», el plazo podría verse reducido a la mitad, a finales de este 2026. Sin oír a los interesadosComo hizo durante la vista pública celebrada a principios de mes, la Abogacía denuncia que la suspensión de las altas en el CERA (Censo Exterior de Residentes Ausentes) supone la privación absoluta del derecho fundamental al sufragio activo de cientos de miles de personas. Esta paralización se ha llevado a cabo además, señala, de forma masiva sin conceder trámite de audiencia ni permitir la participación procesal de los ciudadanos afectados.Advierte, además, de que la inscripción censal no es un procedimiento sujeto a «calificación previa» por parte de la Administración electoral, sino que la inclusión en el censo es una mera consecuencia «automática» del acto verdaderamente constitutivo, que es la concesión firme de la nacionalidad española, cuya revisión corresponde a la jurisdicción civil y no a la contencioso-administrativa.En el recurso acusa a la Sala Tercera de exceder el ámbito propio de una medida cautelar al anticipar el fondo del asunto. En este sentido le reprocha que entre a valorar una instrucción (la de Sofía Puente) sin haber sido aquí recurrida y que en todo caso «no podría serlo ante la jurisdicción contenciosa, entre otros motivos porque hace ya mucho tiempo que es firme». «Mucho menos puede alcanzar esta resolución, que lo hace, sobre los actos administrativos, muchos firmes, de concesión de la nacionalidad, dictados en aplicación de la citada instrucción».La Abogacía contrapone el 0,06% del impacto real que tendría este voto en unas elecciones con el perjuicio que se causaría si no se permite votar a miles de personas nacionalizadas correctamente Frente al argumento de un supuesto «crecimiento extraordinario» del censo en el extranjero, la Abogacía señala que la realidad es que los 168.896 inscritos por esta vía representan apenas un 0,44% de un censo general que ronda los 38,5 millones de electores. Proyectando la participación histórica, concluye que el impacto real sería de un ínfimo 0,06% de los votos emitidos, lo que descarta cualquier riesgo serio de alteración de los resultados electorales.Desfile de cónsulesFrente a la laxitud de la Abogacía del Estado, y por ínfima que resulte la aportación de los beneficiados por la ‘ley de nietos’ al recuento general de unos comicios, Vox, acusación popular en esta causa, ha vuelto a reclamar ante el Supremo la transparencia absoluta del proceso electoral y ha pedido al tribunal que cite a los responsables de los consulados que están bajo sospecha y también a la autora de la polémica instrucción, a Sofía Puente.La petición de Vox se basa en una resolución del Portal de Transparencia dictada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación según la cual la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares habría instruido de forma explícita a las oficinas consulares para que aplicasen los criterios fijados en las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022 y de 5 de noviembre de 2024. La primera es la que firmó la hermana del ministro. El escrito denuncia prácticas arbitrarias en diversas sedes consulares como en el Consulado General de España en Rosario (Argentina). Esa oficina consular habría agrupado expedientes de numerosos familiares en torno a un mismo ascendiente español sin exigir la acreditación individualizada de la condición de exiliado. Según Vox, con este mecanismo de reutilización de documentos, se nacionalizó a decenas de familiares: por ejemplo, en una sola familia obtuvieron el pasaporte español más de 30 personas (entre nietos y bisnietos). El escrito identifica como responsable al cónsul general, Pablo Platas.Como ejemplo del coladero de la instrucción de Sofía Puente, Vox relata el caso de treinta personas de la misma familia que han conseguido el pasaporte español sin acreditación individualizadaLa formación apunta que no este patrón no es un hecho aislado y que a él se unen otras supuestas irregularidades en sedes como Caracas (Venezuela), Asunción (Paraguay), La Habana (Cuba) o Buenos Aires (Argentina), esta última con más de 645.000 solicitudes tramitadas a mediados de 2026.Para determinar el impacto directo que estas concesiones hayan podido tener sobre la elaboración del Censo Español de Residentes Ausentes (CERA), Vox solicita que comparezcan ante el Alto Tribunal la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes) y su sucesora; la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez; el citado Pablo Platas, Cónsul General en Rosario (Argentina), y su antecesor en el cargo; José María Ridao, cónsul General en Buenos Aires (Argentina), y su antecesor en el cargo; así como los titulares de los 10 consulados que concentren el mayor volumen de solicitudes tramitadas al amparo de la ley de nietos. Sólo 16 oficinas consulares acumulan 142.739 de las 168.896 inscripciones que se han llevado a cabo al amparo de la ley de nietos. Nada menos que un 84,5% del total. La magnitud de estas cifras, registradas en los consulados generales en La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza, hace inviable el análisis de los expedientes antes del 1 de enero de 2027, que es cuando se cierra el censo. Así lo ha expuesto la Abogacía del Estado en el recurso que ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión de paralizar las altas censales hasta que se desglosen las inscripciones hechas bajo la disposición octava de la ley de memoria democrática (conocida como la ‘ley de nietos’) de las efectuadas al amparo de la polémica instrucción de 2022. Su autora, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, amplió el número de beneficiarios de la ley original convirtiendo las nacionalizaciones en un auténtico coladero, denuncian las acusaciones. En su escrito ante el Supremo, al que ha tenido acceso ABC, los servicios jurídicos del Estado asumen la dificultad de que estas 16 oficinas procedan a la revisión de esos expedientes no sólo por las «difíciles circunstancias estructurales (volumen de trabajo)« que soportan sino también por circunstancias coyunturales como los »cortes de luz, la falta de combustible o los efectos de desastres naturales». Este argumento, sumado al porcentaje irrisorio que, a su juicio, supondrá el voto de la ley de nietos en las elecciones (un 0,06% de los votos emitidos) es suficiente, en su opinión, para levantar la medida cautelar. Lo contrario, dice, supondrá dejar sin derecho a voto a los nacionalizados correctamente y vulnerar un derecho fundamental.Apoyándose en un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares que aporta como medio de prueba, la Abogacía revela que junto a las 16 oficinas consulares que ostentan el grueso de las inscripciones, hay otras 137 que han practicado menos de 500. «Calculando una media de 20 minutos para analizar cada expediente se estima que, salvo circunstancias excepcionales», en este caso sí se podría cumplir con el requerimiento de la Junta Electoral Central (análisis de los expedientes) antes de finalizar el año en curso. Otras 19 oficinas consulares han practicado entre 500 y 1.500 inscripciones. En este caso el Gobierno cree que se podría cumplir con ese requerimiento en un plazo de seis meses, aunque «contando con refuerzo para esta labor», el plazo podría verse reducido a la mitad, a finales de este 2026. Sin oír a los interesadosComo hizo durante la vista pública celebrada a principios de mes, la Abogacía denuncia que la suspensión de las altas en el CERA (Censo Exterior de Residentes Ausentes) supone la privación absoluta del derecho fundamental al sufragio activo de cientos de miles de personas. Esta paralización se ha llevado a cabo además, señala, de forma masiva sin conceder trámite de audiencia ni permitir la participación procesal de los ciudadanos afectados.Advierte, además, de que la inscripción censal no es un procedimiento sujeto a «calificación previa» por parte de la Administración electoral, sino que la inclusión en el censo es una mera consecuencia «automática» del acto verdaderamente constitutivo, que es la concesión firme de la nacionalidad española, cuya revisión corresponde a la jurisdicción civil y no a la contencioso-administrativa.En el recurso acusa a la Sala Tercera de exceder el ámbito propio de una medida cautelar al anticipar el fondo del asunto. En este sentido le reprocha que entre a valorar una instrucción (la de Sofía Puente) sin haber sido aquí recurrida y que en todo caso «no podría serlo ante la jurisdicción contenciosa, entre otros motivos porque hace ya mucho tiempo que es firme». «Mucho menos puede alcanzar esta resolución, que lo hace, sobre los actos administrativos, muchos firmes, de concesión de la nacionalidad, dictados en aplicación de la citada instrucción».La Abogacía contrapone el 0,06% del impacto real que tendría este voto en unas elecciones con el perjuicio que se causaría si no se permite votar a miles de personas nacionalizadas correctamente Frente al argumento de un supuesto «crecimiento extraordinario» del censo en el extranjero, la Abogacía señala que la realidad es que los 168.896 inscritos por esta vía representan apenas un 0,44% de un censo general que ronda los 38,5 millones de electores. Proyectando la participación histórica, concluye que el impacto real sería de un ínfimo 0,06% de los votos emitidos, lo que descarta cualquier riesgo serio de alteración de los resultados electorales.Desfile de cónsulesFrente a la laxitud de la Abogacía del Estado, y por ínfima que resulte la aportación de los beneficiados por la ‘ley de nietos’ al recuento general de unos comicios, Vox, acusación popular en esta causa, ha vuelto a reclamar ante el Supremo la transparencia absoluta del proceso electoral y ha pedido al tribunal que cite a los responsables de los consulados que están bajo sospecha y también a la autora de la polémica instrucción, a Sofía Puente.La petición de Vox se basa en una resolución del Portal de Transparencia dictada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación según la cual la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares habría instruido de forma explícita a las oficinas consulares para que aplicasen los criterios fijados en las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022 y de 5 de noviembre de 2024. La primera es la que firmó la hermana del ministro. El escrito denuncia prácticas arbitrarias en diversas sedes consulares como en el Consulado General de España en Rosario (Argentina). Esa oficina consular habría agrupado expedientes de numerosos familiares en torno a un mismo ascendiente español sin exigir la acreditación individualizada de la condición de exiliado. Según Vox, con este mecanismo de reutilización de documentos, se nacionalizó a decenas de familiares: por ejemplo, en una sola familia obtuvieron el pasaporte español más de 30 personas (entre nietos y bisnietos). El escrito identifica como responsable al cónsul general, Pablo Platas.Como ejemplo del coladero de la instrucción de Sofía Puente, Vox relata el caso de treinta personas de la misma familia que han conseguido el pasaporte español sin acreditación individualizadaLa formación apunta que no este patrón no es un hecho aislado y que a él se unen otras supuestas irregularidades en sedes como Caracas (Venezuela), Asunción (Paraguay), La Habana (Cuba) o Buenos Aires (Argentina), esta última con más de 645.000 solicitudes tramitadas a mediados de 2026.Para determinar el impacto directo que estas concesiones hayan podido tener sobre la elaboración del Censo Español de Residentes Ausentes (CERA), Vox solicita que comparezcan ante el Alto Tribunal la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes) y su sucesora; la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez; el citado Pablo Platas, Cónsul General en Rosario (Argentina), y su antecesor en el cargo; José María Ridao, cónsul General en Buenos Aires (Argentina), y su antecesor en el cargo; así como los titulares de los 10 consulados que concentren el mayor volumen de solicitudes tramitadas al amparo de la ley de nietos.
Sólo 16 oficinas consulares acumulan 142.739 de las 168.896 inscripciones que se han llevado a cabo al amparo de la ley de nietos. Nada menos que un 84,5% del total. La magnitud de estas cifras, registradas en los consulados generales en La … Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza, hace inviable el análisis de los expedientes antes del 1 de enero de 2027, que es cuando se cierra el censo. Así lo ha expuesto la Abogacía del Estado en el recurso que ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión de paralizar las altas censales hasta que se desglosen las inscripciones hechas bajo la disposición octava de la ley de memoria democrática (conocida como la ‘ley de nietos’) de las efectuadas al amparo de la polémica instrucción de 2022. Su autora, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, amplió el número de beneficiarios de la ley original convirtiendo las nacionalizaciones en un auténtico coladero, denuncian las acusaciones.
En su escrito ante el Supremo, al que ha tenido acceso ABC, los servicios jurídicos del Estado asumen la dificultad de que estas 16 oficinas procedan a la revisión de esos expedientes no sólo por las «difíciles circunstancias estructurales (volumen de trabajo)« que soportan sino también por circunstancias coyunturales como los »cortes de luz, la falta de combustible o los efectos de desastres naturales». Este argumento, sumado al porcentaje irrisorio que, a su juicio, supondrá el voto de la ley de nietos en las elecciones (un 0,06% de los votos emitidos) es suficiente, en su opinión, para levantar la medida cautelar. Lo contrario, dice, supondrá dejar sin derecho a voto a los nacionalizados correctamente y vulnerar un derecho fundamental.
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Apoyándose en un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares que aporta como medio de prueba, la Abogacía revela que junto a las 16 oficinas consulares que ostentan el grueso de las inscripciones, hay otras 137 que han practicado menos de 500. «Calculando una media de 20 minutos para analizar cada expediente se estima que, salvo circunstancias excepcionales», en este caso sí se podría cumplir con el requerimiento de la Junta Electoral Central (análisis de los expedientes) antes de finalizar el año en curso. Otras 19 oficinas consulares han practicado entre 500 y 1.500 inscripciones. En este caso el Gobierno cree que se podría cumplir con ese requerimiento en un plazo de seis meses, aunque «contando con refuerzo para esta labor», el plazo podría verse reducido a la mitad, a finales de este 2026.
Sin oír a los interesados
Como hizo durante la vista pública celebrada a principios de mes, la Abogacía denuncia que la suspensión de las altas en el CERA (Censo Exterior de Residentes Ausentes) supone la privación absoluta del derecho fundamental al sufragio activo de cientos de miles de personas. Esta paralización se ha llevado a cabo además, señala, de forma masiva sin conceder trámite de audiencia ni permitir la participación procesal de los ciudadanos afectados.
Advierte, además, de que la inscripción censal no es un procedimiento sujeto a «calificación previa» por parte de la Administración electoral, sino que la inclusión en el censo es una mera consecuencia «automática» del acto verdaderamente constitutivo, que es la concesión firme de la nacionalidad española, cuya revisión corresponde a la jurisdicción civil y no a la contencioso-administrativa.
En el recurso acusa a la Sala Tercera de exceder el ámbito propio de una medida cautelar al anticipar el fondo del asunto. En este sentido le reprocha que entre a valorar una instrucción (la de Sofía Puente) sin haber sido aquí recurrida y que en todo caso «no podría serlo ante la jurisdicción contenciosa, entre otros motivos porque hace ya mucho tiempo que es firme». «Mucho menos puede alcanzar esta resolución, que lo hace, sobre los actos administrativos, muchos firmes, de concesión de la nacionalidad, dictados en aplicación de la citada instrucción».
La Abogacía contrapone el 0,06% del impacto real que tendría este voto en unas elecciones con el perjuicio que se causaría si no se permite votar a miles de personas nacionalizadas correctamente
Frente al argumento de un supuesto «crecimiento extraordinario» del censo en el extranjero, la Abogacía señala que la realidad es que los 168.896 inscritos por esta vía representan apenas un 0,44% de un censo general que ronda los 38,5 millones de electores. Proyectando la participación histórica, concluye que el impacto real sería de un ínfimo 0,06% de los votos emitidos, lo que descarta cualquier riesgo serio de alteración de los resultados electorales.
Desfile de cónsules
Frente a la laxitud de la Abogacía del Estado, y por ínfima que resulte la aportación de los beneficiados por la ‘ley de nietos’ al recuento general de unos comicios, Vox, acusación popular en esta causa, ha vuelto a reclamar ante el Supremo la transparencia absoluta del proceso electoral y ha pedido al tribunal que cite a los responsables de los consulados que están bajo sospecha y también a la autora de la polémica instrucción, a Sofía Puente.
La petición de Vox se basa en una resolución del Portal de Transparencia dictada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación según la cual la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares habría instruido de forma explícita a las oficinas consulares para que aplicasen los criterios fijados en las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022 y de 5 de noviembre de 2024. La primera es la que firmó la hermana del ministro.
El escrito denuncia prácticas arbitrarias en diversas sedes consulares como en el Consulado General de España en Rosario (Argentina). Esa oficina consular habría agrupado expedientes de numerosos familiares en torno a un mismo ascendiente español sin exigir la acreditación individualizada de la condición de exiliado. Según Vox, con este mecanismo de reutilización de documentos, se nacionalizó a decenas de familiares: por ejemplo, en una sola familia obtuvieron el pasaporte español más de 30 personas (entre nietos y bisnietos). El escrito identifica como responsable al cónsul general, Pablo Platas.
Como ejemplo del coladero de la instrucción de Sofía Puente, Vox relata el caso de treinta personas de la misma familia que han conseguido el pasaporte español sin acreditación individualizada
La formación apunta que no este patrón no es un hecho aislado y que a él se unen otras supuestas irregularidades en sedes como Caracas (Venezuela), Asunción (Paraguay), La Habana (Cuba) o Buenos Aires (Argentina), esta última con más de 645.000 solicitudes tramitadas a mediados de 2026.
Para determinar el impacto directo que estas concesiones hayan podido tener sobre la elaboración del Censo Español de Residentes Ausentes (CERA), Vox solicita que comparezcan ante el Alto Tribunal la ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes) y su sucesora; la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez; el citado Pablo Platas, Cónsul General en Rosario (Argentina), y su antecesor en el cargo; José María Ridao, cónsul General en Buenos Aires (Argentina), y su antecesor en el cargo; así como los titulares de los 10 consulados que concentren el mayor volumen de solicitudes tramitadas al amparo de la ley de nietos.
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